Sentencia TC/0276/15
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 18 de septiembre de 2015 · Expediente TC-05-2014-0120
Recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) contra la Sentencia núm. 002-20l4, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elías Piña el ocho (8) de abril de dos mil catorce (2014).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0276/15?
La revisión tiene especial trascendencia constitucional porque permite profundizar el criterio sobre el deber de motivar las decisiones judiciales como garantía del debido proceso y de la tutela judicial efectiva. La sentencia de amparo se limitó a enunciar los hechos, reseñar el régimen del amparo y citar disposiciones constitucionales, sin subsumir los hechos en esas normas ni explicar cómo el CESFRONT había vulnerado los derechos del accionante. Al carecer de una motivación clara, congruente y lógica, el Tribunal anuló la sentencia y conoció directamente la acción de amparo (TC/0276/15, numeral 9, c–d, pág. 9; TC/0276/15, numeral 10, a–b, pág. 10; TC/0276/15, numeral 10, c–e, pág. 11).
El artículo 172 de la Ley núm. 3489 faculta a los agentes del CESFRONT, como miembros de las Fuerzas Armadas, a incautar mercancías ante un presunto contrabando, pero exige levantar el acta correspondiente y someter a los prevenidos ante la jurisdicción competente. Como no constaba que los agentes hubieran cumplido ninguno de esos trámites al incautar las mercancías de Esteban de León Pirón, el Tribunal concluyó que su actuación vulneró las garantías de los artículos 68 y 69 de la Constitución (TC/0276/15, numeral 10, j–l, pág. 12; TC/0276/15, numeral 10, m–n, pág. 13; TC/0276/15, numeral 10, q–r, pág. 15; TC/0276/15, numeral 10, s, pág. 16).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo acoge parcialmente en cuanto al fondo y anula la Sentencia núm. 002-2014. Acoge la acción de amparo de Esteban de León Pirón, ordena al CESFRONT la entrega inmediata de las mercancías incautadas y fija una astreinte de RD$3,000.00 por cada día de retardo desde la notificación, en favor de Hogares Crea, Inc.; declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“Al establecer que frente al accionante se violaron los artículos 43, 46, 50, 62, 68, 69 de la Constitución, se limita a la simple mención de esos artículos, sin subsumir los hechos en su contenido normativo y sin explicar en qué la parte accionada CESFRONT vulnera los derechos fundamentales del accionante.” (TC/0276/15, numeral 10, a–b, pág. 10).
“Por lo anteriormente expresado, este tribunal considera que toda decisión judicial debe estar precedida de una motivación que reúna los elementos de claridad, congruencia y lógica, para cumplir con la garantía de que el fallo que resuelve una causa no sea arbitrario.” (TC/0276/15, numeral 10, c–e, pág. 11).
“En conclusión, este tribunal considera que la actuación de los miembros del CESFRONT, al proceder a la incautación de las mercancías en poder del señor Esteban de León Pirón sin levantar el acta correspondiente, ni someter al accionante a la jurisdicción competente, constituye una vulneración a los artículos 68 y 69.” (TC/0276/15, numeral 10, s, pág. 16).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 68, 69 (numerales 2, 4 y 10) y 72, in fine.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 94 y 100.
Ley núm. 3489, para el Régimen de las Aduanas: artículos 167 (modificado por la Ley núm. 302), 172 y 176.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/12, TC/0009/13, TC/0017/13 y TC/0370/14.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el conflicto se contrae a que miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) retuvieron una mercancía consistente en bebidas alcohólicas al señor Esteban de León Pirón, en un operativo realizado en la sección Guanito de la provincia Elías Piña, alegando que dicho ciudadano comercializaba dicha mercancía producto del delito de contrabando. Dicho ciudadano interpuso un recurso de amparo ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elías Piña, que mediante la Sentencia núm. 002-20l4 acogió la acción de amparo y ordenó a la parte accionada la entrega inmediata de setenta y seis (76) cajas de ron y nueve (9) cajas de vino al accionante, imponiendo además un astreinte de dos mil pesos (RD$2,000.00) diarios, en caso de incumplimiento en la ejecución de dicha sentencia. No conforme con esta decisión, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza interpuso el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de
amparo El Tribunal Constitucional ha estimado que el presente recurso de revisión constitucional resulta admisible, en atención a las siguientes razones:
a. Conforme las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.
b. En tal virtud, el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11 establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional, facultando al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
c. Este tribunal fijó su posición en relación con la aplicación del referido artículo 100 mediante la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012) (páginas 8-9), en el sentido de que el recurso de revisión constitucional está condicionado a la transcendencia o relevancia constitucional, y que tal condición solo se encuentra configurada, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
d. En ese tenor, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que el conocimiento del fondo del mismo le permitirá al Tribunal Constitucional profundizar su criterio relativo a los principios básicos del debido proceso y a la observancia de la garantía a la tutela judicial efectiva a cargo de los tribunales, en especial la obligación de motivación de las decisiones por parte de los jueces.
10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional en
materia de amparo
a. La parte recurrente interpuso el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo alegando que, con su sentencia, la jueza que conoció de la acción de amparo desvirtúo los hechos y la Constitución, por no evidenciarse la conculcación de derechos, toda vez que hace alusión a la violación del artículo 43 de la Constitución, que establece el derecho al libre desarrollo de la personalidad; sin embargo, no explica cómo el CESFRONT ha limitado ese derecho al desarrollo de la personalidad del señor Esteban de León Pirón. Indica, además, que en la especie se aprecia que no se le ha limitado el derecho de tránsito del recurrido, tal y como se afirma en la sentencia impugnada. De igual manera, señala la parte recurrente que la jueza actuante establece que se violó el artículo 50 de la Constitución, el cual establece el derecho a la libertad de empresa; no obstante, no aporta motivación sobre “cómo llegó a una conclusión que le permitiera retener la supuesta conculcación de derechos relativos a la limitación de empresas”.
b. Del análisis de la sentencia recurrida, se aprecia que ciertamente la misma centra su motivación en el enunciado de asuntos de hechos concernientes a la interposición de la acción de amparo por parte del accionante y a reseñar las características, el procedimiento, los propósitos, y requisitos de la acción de amparo. Al establecer que frente al accionante se violaron los artículos 43, 46, 50, 62, 68, 69 de la Constitución, se limita a la simple mención de esos artículos, sin subsumir los hechos en su contenido normativo y sin explicar en qué la parte accionada CESFRONT vulnera los derechos fundamentales del accionante.
c. Este tribunal constitucional, mediante la Sentencia TC/0009/13, párrafo d), páginas 10 y 11, del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), estableció el alcance de la obligación que tienen los tribunales de dictar decisiones debidamente motivadas como parte de la sujeción a la garantía constitucional del debido proceso:
b) Que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación.
d. Este tribunal entiende que una decisión que vulnere la obligación del juez a una debida motivación es cuando carece de los motivos que justifican el análisis del juez en cuanto a su decisión y las razones jurídicas que la determinan, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a decisión, con una argumentación clara, completa, legítima y lógica, así como la aplicación de la normativa vigente y aplicable al caso [criterio reiterado en la Sentencia TC/0017/13, del veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013)].
e. Por lo anteriormente expresado, este tribunal considera que toda decisión judicial debe estar precedida de una motivación que reúna los elementos de claridad, congruencia y lógica, para cumplir con la garantía de que el fallo que resuelve una causa no sea arbitrario. En la especie, si bien la jueza de amparo falló a favor del accionante, su sentencia no reúne los elementos fundamentales de una decisión motivada, por lo que este tribunal procederá a anular la sentencia recurrida y a conocer de la acción de amparo.
f. La acción de amparo se originó con motivo de un operativo realizado por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Terrestre, quienes interceptaron al señor Esteban de León Pirón el veintitrés (23) de marzo de dos mil catorce (2014). Al revisar su vehículo, se le requirió la factura de las mercancías que este transportaba, y al manifestarles que no la tenía, los militares procedieron a incautarle la carga, que fue trasladada a la base de la entidad en la provincia Elías Piña.
g. El señor Esteban de León Pirón interpuso una acción de amparo contra el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), por considerar arbitraria la actuación por parte de agentes de esa institución de despojarlo de una mercancía, sin justificación legal alguna, impidiéndole ejercer el comercio de dichos productos, lo cual consideró una violación del derecho fundamental al trabajo.
h. El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT) es dependiente de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, creado por el Decreto núm. 325-06 del Poder Ejecutivo, del ocho (8) de agosto de dos mil seis (2006), el cual dispone en su artículo 1 lo siguiente: Se crea el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), dependiente de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas, con la misión especial de establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en los puntos de entradas y salidas a lo largo de la frontera terrestre dominicana.
i. Según el alegato de la parte accionada en la especie, lo que ha existido es que el Estado dominicano, a través del CESFRONT, ha ejercido su derecho a incautar mercancías destinadas para exportación, por la exención del pago de impuestos, y que actuó apegado a la ley y a la Constitución.
j. Este tribunal entiende que cuando el CESFRONT procedió a la incautación de la mercancía, actuó bajo la presunción de que estaba en presencia de un delito de contrabando.
k. La Ley núm. 3489, para el Régimen de las Aduanas, en su artículo 167, modificado por la Ley núm. 302, G.O. 8993, define el delito de contrabando de la siguiente forma: Se califica delito de contrabando la introducción o la salida del territorio nacional, así como el transporte interno, la distribución, el almacenamiento, o la venta pública o clandestina de mercancías, implementos, productos, géneros, maquinarias, repuestos, materiales, materias primas, objetos y artículos con valor comercial o artístico que hayan sido pasados o no por las aduanas del país, en complicidad o no con cualquier funcionario o autoridad, sin haber cumplido con todos los requisitos ni satisfecho el pago total de los derechos e impuestos previstos por las leyes de importación y de exportación. Además, se reputará para los fines de esta Ley, delito de contrabando, el tráfico con mercancías exoneradas, sin llenar previamente los requisitos de la Ley de Exoneraciones, para la venta de las mismas.
l. El artículo 172 de la referida ley dispone: (…) todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, cual que sea su rango, (…) son competentes para proceder al arresto de los autores o cómplices de contrabando o de tentativa de este hecho, siempre que sean sorprendidos infraganti, a la incautación de las cosas que según el artículo 200 deben ser comisadas, al levantamiento del acta correspondiente, y al sometimiento de los prevenidos ante la jurisdicción competente.
m. De las disposiciones legales antes citadas se puede inferir que los agentes del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, en su condición de miembros de las Fuerzas Armadas, tienen competencia para arrestar a los autores o cómplices de contrabando, incautar las cosas que deban ser decomisadas, levantar el acta correspondiente y someter a los prevenidos ante la jurisdicción competente; es decir, la ley determina cual es el procedimiento a ser observado en estos casos, por lo que este tribunal procederá a examinar si en el caso que nos ocupa han sido aplicadas las reglas del debido proceso.
n. En el ámbito de la protección a los derechos fundamentales, la Constitución dispone lo siguiente: Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso, que estará conformado por las garantías mínimas que se establecen a continuación. (…) 2) El derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley 1 4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa; 2 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. 3
o. El debido proceso y sus correspondientes garantías, así dispuestas en nuestra norma constitucional, contienen las exigencias que deben ser observadas para asegurar que los ciudadanos se encuentren en condiciones de defender, de manera adecuada, sus derechos fundamentales ante cualquier tipo de actuación del Estado que pueda afectarlos, las cuales han sido establecidos 1 Subrayados nuestros. 2 Subrayados nuestros. 3 Subrayado nuestro también por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que, en su artículo 8.1, dispone: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
p. En un caso similar, en donde un órgano administrativo –la Dirección General de Aduanas– procedió a incautar un vehículo por transportar objetos presumiblemente producto del delito de contrabando, este tribunal constitucional estableció que en el momento en que se realiza el decomiso al ciudadano: (…) no puede exigírsele que establezca la titularidad de los medios utilizados para el transporte de la mercancía, cuestión que, ciertamente, corresponde a la jurisdicción competente para conocer de la infracción. En torno a este respecto, en el artículo 176 de la referida ley se consagra que (…) en todos los casos en que en el curso del procedimiento iniciados ante la Dirección General de Aduanas y Puertos se compruebe la existencia del delito de contrabando o de tentativa, o de complicidad de este delito, está declarará el caso ante el tribunal competente. 4
q. En la referida sentencia, el Tribunal Constitucional, además, estableció lo siguiente: 4 Sentencia TC/ 0370/14, de fecha 23 de diciembre de 2014, párrafo g, páginas 18-19 Según el texto transcrito en el párrafo anterior, la Dirección General de Aduanas (DGA) tiene la obligación de apoderar un tribunal para que conozca de la acusación de contrabando que nos ocupa y se determinen las responsabilidades correspondientes, si las hubiere, y, además, para que indique si el vehículo que se utilizó para el transporte de la mercancía pertenece al alegado autor de la infracción o a un cómplice. 5
r. En el presente caso, este tribunal ha comprobado que no existe constancia de que en la especie se haya dado cumplimiento a las reglas del debido proceso, ya que no existe evidencia alguna de que los agentes actuantes del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), en su actuación frente a la parte accionante, hayan procedido a levantar el acta correspondiente, al momento de incautar dicha mercancía, o que hayan sometido a los prevenidos ante la jurisdicción competente, tal y como lo establece el artículo 172 de la Ley núm. 3489, para el Régimen de las Aduanas.
s. En conclusión, este tribunal considera que la actuación de los miembros del CESFRONT, al proceder a la incautación de las mercancías en poder del señor Esteban de León Pirón sin levantar el acta correspondiente, ni someter al accionante a la jurisdicción competente, constituye una vulneración a los artículos 68 y 69. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente y Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, el voto particular de la magistrada Katia 5 Sentencia TC/0370/14, de fecha 23 de diciembre de 2014, párrafo g, páginas 19. Miguelina Jiménez Martínez, así como también el voto disidente del magistrado Idelfonso Reyes. Por todas las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Constitucional,
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) contra la Sentencia núm. 002-2014, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Elías Piña el ocho (8) de abril de dos mil catorce (2014).
SEGUNDO: ACOGER parcialmente, en cuanto al fondo, dicho recurso de revisión constitucional, por las razones expuestas y, en consecuencia, ANULAR la referida sentencia núm. 002-20l4.
TERCERO: ACOGER la acción de amparo incoada por Esteban de León Pirón contra el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT).
CUARTO: ORDENAR al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT), con sede en el municipio Comendador, provincia Elías Piña, la entrega inmediata de sesenta y seis (76) cajas de Don Ron chaticas y nueve (9) cajas de vino Campeón La Fuerza, incautadas al señor Esteban de León Pirón.
QUINTO: FIJAR un astreinte al Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT) de TRES MIL PESOS (RD$3,000.00) diarios por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, contados a partir de la notificación de la misma, en favor de Hogares Crea, Inc.
SEXTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Esteban de León Pirón, y a la parte recurrida, el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT).
SEPTIMO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
OCTAVO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0276/15, del 18 de septiembre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0276-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.