Sentencia TC/0282/17

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 29 de mayo de 2017 · Expediente TC-03-2015-0002

conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral (TSE), sobre la aplicación o interpretación de los artículos 212 y 214 de la Constitución.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0282/17?

El Tribunal amplía el criterio de admisibilidad del conflicto de competencia: además de los conflictos positivos, admite los negativos, cuando los órganos se niegan a asumir una atribución constitucional, y, excepcionalmente, los atípicos, cuando un órgano desborda sus competencias en menoscabo de las atribuciones constitucionales de otro, aunque este no reclame para sí la competencia discutida. En este último supuesto, el órgano accionante debe justificar a quién corresponde dicha competencia. La acción de la Junta Central Electoral (JCE) cumple ese requisito y busca proteger sus atribuciones constitucionales, no revocar ni modificar la decisión jurisdiccional que dio origen al conflicto (TC/0282/17, numeral 8, 8.3–8.4, pág. 12; TC/0282/17, numeral 8, 8.10, pág. 16; TC/0282/17, numeral 8, 8.12–8.13, pág. 17).

La Constitución separa orgánica, funcional y temporalmente la administración electoral, a cargo de la JCE, de la función contencioso-electoral, a cargo del Tribunal Superior Electoral (TSE). La revisión en sede administrativa es una competencia accesoria de la autonomía constitucional que puede configurarse como preceptiva; en materia de reconocimiento de partidos, el artículo 44 de la Ley núm. 275-97 habilita expresamente a la JCE para revisar sus propias decisiones. El reconocimiento es un procedimiento administrativo y el partido en formación carece de personalidad jurídica antes de ser reconocido. Como la impugnación de esos actos no configura un conflicto contencioso-electoral ni existe una norma que atribuya su control al TSE, el control jurisdiccional corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa (TC/0282/17, numeral 9, 9.8–9.9, pág. 20; TC/0282/17, numeral 9, 9.10, pág. 21; TC/0282/17, numeral 9, 9.20, pág. 26; TC/0282/17, numeral 9, 9.23, pág. 28; TC/0282/17, numeral 9, 9.24, pág. 29).

Decisión

Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo la acción de conflicto de competencia; declara que corresponde a la JCE revisar administrativamente sus decisiones sobre el reconocimiento de partidos políticos, conforme al artículo 44 de la Ley núm. 275-97, y que los actos y decisiones de ese procedimiento se impugnan ante la jurisdicción contencioso-administrativa, no ante el TSE. Ordena comunicar la sentencia a ambos órganos y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“Aunque en esta última hipótesis, la del conflicto atípico, el órgano que plantea el conflicto debe justificar a quien corresponde la competencia que rechaza sea ejercida por el órgano demandado” (TC/0282/17, numeral 8, 8.10, pág. 16).
“En la especie, la Ley núm. 275-97, que rige la Junta Central Electoral (JCE), la habilita expresamente para revisar sus propias decisiones en materia de reconocimiento de partidos políticos.” (TC/0282/17, numeral 9, 9.10, pág. 21).
“Ninguna norma legal atribuye al Tribunal Superior Electoral (TSE) capacidad para controlar jurisdiccionalmente los actos administrativos que emite la Junta Central Electoral (JCE) durante el procedimiento de reconocimiento de los partidos políticos.” (TC/0282/17, numeral 9, 9.23, pág. 28).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 22.1, 139, 165.2, 185.3, 208, 211, 212 y 214.

Ley núm. 137-11: artículos 31 y 59.

Ley Electoral núm. 275-97: artículos 6, 41 y siguientes, en particular 44 y 46.

Ley núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral: artículos 13, 25 y 27.

Ley núm. 107-13: artículo 51.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0061/12, TC/0305/15, TC/0305/14, TC/0079/14, TC/0177/14, TC/0597/15, TC/0073/12 y TC/0009/15. Jurisprudencia comparada: Sentencia 110, de 1970 (Italia); tesis P./J. 98/99 (México); Sentencia 006-2006-PC/TC (Perú); Sentencia 85/1986 (España).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

6. Síntesis del conflicto

El presente caso concierne a un conflicto de competencia planteado por la Junta Central Electoral (JCE) contra el Tribunal Superior Electoral (TSE), alegando el desconocimiento de las facultades que le otorga la Constitución para adoptar decisiones administrativas relacionadas con la organización de los procesos electorales, las cuales podrán ser objetadas en revisión ante la misma Junta Central Electoral (JCE), y, finalmente, tratándose de actos administrativos, por ante el Tribunal Superior Administrativo. Estamos, pues, ante una diferencia de criterio entre dos órganos constitucionales, por un lado, la Junta Central Electoral, y del otro, el Tribunal Superior Electoral, en torno a lo que concierne a la competencia, organización y gerencia administrativa de los procesos electorales, y en el caso específico, de reconocimiento de agrupaciones y partidos políticos como una fase del proceso electoral, sujeta a los controles jurisdiccionales que correspondan.

TC/0282/17, numeral 6, pág. 10 — PDF oficial

8. Sobre la admisibilidad del conflicto de competencia

8.1. Este tribunal ha establecido de forma reiterada que, conforme a los artículos 185.3 de la Constitución y 59 de la Ley núm. 137-11, habrá conflicto de competencia de orden constitucional cuando: 1) exista disputa por atribución de las mismas facultades entre: a) poderes públicos entre sí; b) poderes públicos y órganos constitucionales, entidades descentralizadas y autónomas, municipios u otras personas de derecho público; o c) cualesquiera de estas entre sí, a instancia de sus titulares; 2) las competencias en disputa estén asignadas en la Constitución; 3) el conflicto se inicie a instancia del titular del órgano que invoca el conflicto y; 4) el titular esté legitimado por la norma que establece el mecanismo de su elección, nombramiento o designación (Sentencia TC/0061/12).

8.2. En cuanto al primer requisito de admisibilidad, puede advertirse que en el presente caso la accionante alega un conflicto de competencia entre dos órganos constitucionales, la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE). El conflicto, según la Junta Central Electoral (JCE), se origina por la pretensión del Tribunal Superior Electoral (TSE) de controlar jurisdiccionalmente sus actuaciones administrativas en materia electoral. En efecto, la Junta Central Electoral (JCE) cuestiona la competencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) para controlar sus actuaciones administrativas, pues considera que ello “corresponde en primer término a la facultad de revisión que le confiere la ley a este organismo y, posteriormente, al Tribunal Contencioso Administrativo, en ocasión de sus facultades, ampliamente delimitadas por [los] criterio[s] de este Tribunal Constitucional”.

TC/0282/17, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 11 — PDF oficial

8.3. El Tribunal Superior Electoral (TSE) alega que no existe conflicto de competencia constitucional, pues la accionante ha escogido erróneamente la vía procesal idónea para dilucidar su pretensión, al procurar con la presente acción que el Tribunal Constitucional revoque o modifique una decisión jurisdiccional que habría sido dictada como consecuencia del requerimiento de un partido político para que se declarase la nulidad de una resolución dictada por la Junta Central Electoral (JCE). Así, pues, entiende que la vía correcta para dilucidar la pretensión de la accionante era plantear un recurso de revisión constitucional contra decisiones jurisdiccionales para que el Tribunal Constitucional verificara si el Tribunal Superior Electoral (TSE) habría emitido una decisión manifiestamente inconstitucional.

8.4. Al analizar este primer medio de inadmisión, el Tribunal Constitucional verifica que ciertamente el antecedente fáctico que da origen al presente conflicto de competencia es una decisión jurisdiccional del Tribunal Superior Electoral (TSE), pero no concuerda con el accionado en que la accionante procure por vía de esta acción que se revoque o modifique tal decisión. El objeto del conflicto planteado por la Junta Central Electoral (JCE) es reivindicar sus competencias administrativas para organizar, dirigir y supervisar los procesos electorales y, en el caso específico, reconocer las agrupaciones y partidos políticos como una fase administrativa del proceso electoral, sin estar sujeta al control jurisdiccional del Tribunal Superior Electoral (TSE), por lo que este tribunal constitucional rechaza el primer medio de inadmisión.

TC/0282/17, numeral 8, 8.3–8.4, pág. 12 — PDF oficial

8.5. El Tribunal Superior Electoral (TSE) sostiene, como segundo medio de inadmisión, que en el caso de la especie no se configura ninguno de los supuestos de conflicto de competencia, puesto que no se trata de un conflicto positivo (cuando ambos órganos se atribuyen competencia) ni de un conflicto negativo (cuando ambos órganos niegan tener competencia). A su juicio, lo que alega la Junta Central Electoral (JCE) es que el Tribunal Superior Electoral (TSE) carece de competencia para conocer acerca de la nulidad contra las resoluciones que ella emite como órgano administrativo en materia electoral, pero no reclama para sí la competencia de analizar la legalidad de sus actuaciones, sino que reclama que ello es competencia de un tercero, esto es, la jurisdicción contenciosa-administrativa.

8.6. Como bien se estableció en la Sentencia TC/0061/12, corresponde al Tribunal Constitucional conocer de los supuestos de conflicto de competencia cuando exista disputa por atribución de las mismas facultades entre: 1) poderes públicos entre sí; 2) poderes públicos y órganos constitucionales, entidades descentralizadas y autónomas, municipios u otras personas de derecho público; o 3) cualesquiera de estas entre sí, salvo aquellos que la Constitución o la ley atribuya a otras jurisdicciones. En estos casos estamos en presencia de conflictos de competencia positivos, distintos a los negativos que se presentan cuando dos o más entidades constitucionales se niegan a asumir una competencia o atribución constitucional. El objeto del conflicto de competencia constitucional consiste en la controversia por la titularidad de la competencia asignada por la Constitución a los órganos o personas de Derecho Público, que puede referirse a la jerarquía, la territorialidad o las funciones.

TC/0282/17, numeral 8, 8.5–8.6, pág. 13 — PDF oficial

8.7. Al analizar este segundo medio de inadmisión, este tribunal constitucional advierte que el conflicto del que se encuentra apoderado no se aviene a los parámetros típicos del conflicto de competencia, en sus variantes positivo (cuando los órganos se disputan las mismas competencias) o negativo (cuando los órganos se niegan a asumir una competencia o atribución constitucional), sino que la pretensión del accionante consiste en proteger sus competencias administrativas, establecidas por la Constitución, de la supuesta intromisión contralora de un órgano jurisdiccional que ella considera incompetente. Estamos así en presencia de lo que la doctrina y jurisprudencia comparada han bautizado como conflicto competencial atípico. 1 En relación con esto, ha sostenido la Corte Constitucional de Italia, en una sentencia de principio, que la figura de los conflictos de competencia no se circunscribe solo a los supuestos de controversia acerca de la titularidad de una competencia reclamada por los contendientes, sino que comprende cualquier hipótesis en la que el ejercicio ilegítimo de una competencia por su titular menoscabe la esfera de atribuciones constitucionalmente asignadas al otro sujeto (Sentencia 110, de 1970).

TC/0282/17, numeral 8, 8.7, pág. 14 — PDF oficial

8.8. Aún más, la Corte Suprema de México ha planteado que las controversias constitucionales –equivalentes a nuestros conflictos de competencias– tienen como finalidad preservar la supremacía constitucional asegurando que las actuaciones de 1 Eto Cruz, Gerardo. El Desarrollo del Derecho Procesal Constitucional a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano, ADRUS, Lima, 2011, p. 614. las autoridades se ajusten a lo establecido en la Constitución. De modo que, si el control constitucional busca dar unidad y cohesión a los órdenes jurídicos descritos, en las relaciones de las entidades u órganos de poder que las conforman, tal situación justifica que una vez que se ha consagrado un medio de control para dirimir conflictos entre dichos entes, dejar de analizar ciertas argumentaciones sólo por sus características formales o su relación mediata o inmediata con la Norma Fundamental, produciría, en numerosos casos, su ineficacia, impidiendo salvaguardar la armonía y el ejercicio pleno de libertades y atribuciones, por lo que resultaría contrario al propósito señalado […] cerrar la procedencia del citado medio de control por tales interpretaciones técnicas, lo que implícitamente podría autorizar arbitrariedades, máxime que por la naturaleza total que tiene el orden constitucional, en cuanto tiende a establecer y proteger todo el sistema de un Estado de derecho, su defensa debe ser también integral, independientemente de que pueda tratarse de la parte orgánica o la dogmática de la Norma Suprema, dado que no es posible parcializar este importante control (Suprema Corte de Justicia de México. Tesis de jurisprudencia P./J. 98/99, Novena Época, t. X, septiembre de 1999).

TC/0282/17, numeral 8, 8.8, pág. 14 — PDF oficial

8.9. En el caso que nos ocupa debemos analizar la posible materialización de un conflicto constitucional por menoscabo de atribuciones constitucionales. Una de sus manifestaciones ocurre precisamente, según el Tribunal Constitucional de Perú, cuando cada órgano constitucional conoce perfectamente cuál es su competencia, sin embargo, uno de ellos lleva a cabo un indebido o prohibido ejercicio de la competencia que le corresponde, lo que repercute sobre el ámbito del que es titular el otro órgano constitucional (Sentencia 006-2006-PC/TC). El conflicto competencial atípico es pues un mero tipo de confrontación orgánica 2 . Ello se verifica en el presente caso, prima facie, en la medida en que la Junta Central Electoral alega que el Tribunal Superior Electoral pretende ejercer ilegítimamente el control jurisdiccional de sus decisiones como órgano de administración electoral, afectando –a juicio de la actora– el esquema de distribución de competencias que 2 Gutiérrez, Gustavo. Proceso Competencial, Grijley, Perú, 2009, págs. 42 y sgtes. realizan la Constitución y la ley en materia electoral, lo que repercute negativamente en el ejercicio de las competencias que ambas le confieren a la Junta Central Electoral (JCE), por lo que se rechaza el segundo medio de inadmisión planteado por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

TC/0282/17, numeral 8, 8.9, pág. 15 — PDF oficial

8.10. Al estar frente a un conflicto atípico, este tribunal hace explícito, conforme el mandato del artículo 31 de nuestra ley orgánica, que a partir de la presente sentencia se expandirá el radio de acción de los conflictos positivos, para incluir supuestos que permitan evaluar conflictos negativos y atípicos. Así, pues, a partir de ahora, entenderá que para la admisibilidad del conflicto de competencia cabe considerar no solo que “exista disputa por atribución de las mismas facultades” en los términos planteados en la Sentencia TC/0061/12 (conflicto positivo), sino que además deberá admitirse el conflicto cuando los órganos constitucionales se niegan a asumir una competencia o atribución constitucional (conflicto negativo) o, excepcionalmente, cuando uno de ellos desborda los límites de sus competencias en detrimento del otro, aunque el afectado no las demande para sí (conflicto atípico). Aunque en esta última hipótesis, la del conflicto atípico, el órgano que plantea el conflicto debe justificar a quien corresponde la competencia que rechaza sea ejercida por el órgano demandado, criterio que se cumple en la especie porque la demandante, Junta Central Electoral (JCE), ha señalado a quien corresponde la competencia que rechaza sea ejercitada por el demandado, Tribunal Superior Electoral (TSE), por lo que cabe considerar que se cumple el primer requisito de admisibilidad en los términos ya explicitados.

TC/0282/17, numeral 8, 8.10, pág. 16 — PDF oficial

8.11. En cuanto al segundo requisito de admisibilidad, preciso es señalar además que este tribunal ha planteado que el objeto del conflicto de competencia constitucional consiste en la controversia por la titularidad de la competencia asignada por la Constitución a los órganos o personas de Derecho Público, que puede referirse a la jerarquía, la territorialidad o las funciones (Sentencia TC/0061/12). Por esta razón, este proceso procede contra cualquier actuación que voluntariamente o en cumplimiento de una norma jurídica produzca una lesión a la jerarquía, la territorialidad o las funciones de los poderes y órganos legitimados para accionar. Las competencias constitucionales que ha de tutelar el Tribunal Constitucional no pueden interpretarse en sentido restrictivo, sino que han de abarcar tanto las competencias fundamentales expresamente señaladas en la Constitución, como las competencias accesorias e instrumentales que implícitamente se deriven de aquellas (Sentencia TC/0305/15 § 9.5).

TC/0282/17, numeral 8, 8.11, pág. 16 — PDF oficial

8.12. En la especie, aunque estamos en presencia de un conflicto de competencia atípico, las competencias que procuran protegerse son de naturaleza fundamental, pues la pretensión del accionante es preservar el diseño competencial que realizó el constituyente en materia electoral, al distribuir en dos entes separados orgánicamente competencias en la fase administrativa y contenciosa del proceso electoral, distinción que se encuentra concretada por la regulación legal del régimen normativo propio que corresponde a cada uno de estos órganos constitucionales. La accionante, Junta Central Electoral (JCE), incoa el presente proceso constitucional por considerar que el accionado interfiere con las competencias que la Constitución le atribuye como órgano de administración electoral, al erigirse en un contralor jurisdiccional de sus actuaciones sin habilitación constitucional ni legal para ello, al pretender asumir una competencia propia de la jurisdicción contencioso- administrativa. Así que, el conflicto recae sobre competencias constitucionales en sentido estricto, por lo que se cumple el segundo requisito de admisibilidad.

8.13. En cuanto al tercer y el cuarto requisito de admisibilidad, se verifica su adecuado cumplimiento, toda vez que el proceso competencial ha sido impulsado por el presidente de la Junta Central Electoral, quien ejerce la representación legal del organismo, y fue designado por el órgano constitucionalmente competente para tales fines, esto es, el Senado de la República, condición que le otorga titularidad y legitimidad procesal activa para la representación de la parte accionante en el presente conflicto de competencia.

TC/0282/17, numeral 8, 8.12–8.13, pág. 17 — PDF oficial

8.14. Este colegiado ha verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad para la configuración de un conflicto de competencia atípico por menoscabo de atribuciones constitucionales; circunstancia que le permitirá pronunciarse en relación con el cuestionamiento de la accionante, Junta Central Electoral (JCE), respecto a que el Tribunal Superior Electoral (TSE) pueda controlar jurisdiccionalmente sus actos y decisiones administrativas emitidas en el procedimiento de reconocimiento de partidos políticos.

TC/0282/17, numeral 8, 8.14, pág. 18 — PDF oficial

9. Análisis del conflicto constitucional

9.1. El presente conflicto de competencia concierne a los dos órganos extrapoder a los que la Constitución atribuyó competencias específicas en materia electoral, es decir, la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE). Las delicadas funciones que deben desempeñar tales órganos para la garantía del proceso democrático del país y la armonía que debe reinar entre ambos imponen a este tribunal constitucional adoptar una decisión constitucionalmente adecuada para asegurar la paz institucional y la ecuanimidad del proceso electoral, delimitando las fronteras que separan a los órganos administrativo y contencioso electoral.

9.2. La Constitución vigente dispone, en el artículo 211, que “las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Asimismo, señala en el artículo 212 que la Junta Central Electoral (JCE) constituye un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia.

TC/0282/17, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 18 — PDF oficial

9.3. Las competencias de la Junta Central Electoral (JCE) son desarrolladas por la Ley Electoral núm. 275-97. Esta normativa dispone en su artículo 6 que compete al órgano de administración electoral la competencia de “resolver acerca del reconocimiento y extinción de los partidos políticos”. Tal facultad es concretada a partir de los artículos 41 y siguientes de la referida legislación, estableciéndose que la Junta Central Electoral (JCE) extenderá el reconocimiento de los partidos políticos, luego de verificar que los principios y propósitos que los sustentarán no están en conflicto con la Constitución y las leyes, y que los documentos presentados en la solicitud se amoldan en su esencia y forma a las prescripciones y requisitos legales, para entonces proceder a la formal constitución de los mismos.

9.4. El Tribunal Superior Electoral es creado en el artículo 214 de la Constitución de dos mil diez (2010), disponiéndose que es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. Sus competencias comprenden, además, por mandato legal, el conocimiento de los amparos electorales 3 , los delitos y crímenes electorales 4 , y otros asuntos que le atribuye su ley orgánica 5 ; sin embargo, ninguna normativa constitucional o legal le atribuye la facultad de controlar la legalidad de los actos administrativos electorales emitidos por la Junta Central Electoral (JCE).

TC/0282/17, numeral 9, 9.3–9.4, pág. 19 — PDF oficial

9.5. La controversia que este tribunal constitucional debe dilucidar a partir del presente conflicto de competencia se refiere a dos aspectos de especial relevancia para la estabilidad y el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho 3 Artículo 27 de la Ley núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, del 20 de enero de 2011. 4 Artículo 25 de la Ley núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, del 20 de enero de 2011. 5 Véase el artículo 13 de la Ley núm. 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, del 20 de enero de 2011. que prefigura la Constitución. En primer lugar, la determinación de si el agotamiento de los medios de impugnación en sede administrativa constituye una regla imperativa cuando se trata de órganos, como la accionante, investidos de autonomía constitucional. En segundo lugar, establecer si los actos y decisiones administrativas de la Junta Central Electoral se encuentran sujetos al control jurisdiccional del Tribunal Superior Electoral o si ello corresponde a la jurisdicción contencioso- administrativa especializada en el Tribunal Superior Administrativo.

TC/0282/17, numeral 9, 9.5, pág. 19 — PDF oficial

9.6. En relación con el primer aspecto, la Junta Central Electoral plantea que a ella le compete en primer término estatuir sobre sus actuaciones administrativas en ejercicio de la facultad de revisión que le confiere la ley. Esta entiende que el Tribunal Superior Electoral se entromete en sus atribuciones de administración electoral al pretender recabar para sí la competencia revisora de sus decisiones en materias como el reconocimiento de partidos políticos, desbordando el marco competencial que la Constitución le asignó en el artículo 214. En igual sentido, la JCE refiere que los artículos 211 y 212 de la Constitución disponen un mandato claro en cuanto a sus facultades para decidir todo lo relacionado con la organización, vigilancia, realización y administración del proceso electoral.

9.7. Para el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral (JCE) no puede atribuirse, por vía reglamentaria, la facultad o posibilidad de examinar en segundo grado o en materia de revisión sus propias decisiones, respecto de cuestiones que aun teniendo un carácter administrativo derivan en situaciones que repercuten en el juzgamiento de derechos políticos-electorales de los ciudadanos, que deben ser tutelados por el órgano especialmente competente para arbitrar y revisar, en segundo y único grado, tales derechos, determinando si en esa decisión se ha llevado a cabo un debido proceso como garantía de tales derechos fundamentales.

TC/0282/17, numeral 9, 9.6–9.7, pág. 20 — PDF oficial

9.8. Se advierte claramente una contradicción de criterios entre los dos órganos rectores del proceso electoral: la Junta Central Electoral (JCE), por un lado, reivindica su competencia revisora en sede administrativa; mientras que, por el otro, el Tribunal Superior Electoral (TSE) se atribuye la competencia de examinar en segundo grado las decisiones de la JCE que alegadamente repercutan en la aplicación de derechos político-electorales. La argumentación del órgano contencioso electoral es sugestiva, pero no es conforme con el diseño competencial que realiza la Constitución, al separar los ámbitos administrativo y contencioso en materia electoral, pues de asumirse el criterio esbozado por el Tribunal Superior Electoral (TSE), la Junta Central Electoral (JCE) quedaría imposibilitada de ejercer cualquier medio de autocontrol administrativo en sus competencias fundamentales.

9.9. Preciso es recordar que este tribunal constitucional ya se ha referido en la Sentencia TC/0305/15, del veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), a la facultad de revisión en sede administrativa de los órganos extrapoder, considerándola una “competencia accesoria” que emerge implícitamente de la autonomía constitucional que la Constitución les asigna, erigiéndose en consecuencia en “una garantía de la independencia y autonomía que les garantiza la Constitución”. Este control ha de ser reglamentado por cualquiera de las fuentes jurídicas que integran el régimen normativo propio de los órganos constitucionales y puede ser configurado con carácter preceptivo obligatorio a cualquier control jurisdiccional, constituyéndose en una excepción válida a lo señalado en el artículo 51 de la Ley núm. 107-13, que dispone el carácter optativo de los recursos administrativos.

TC/0282/17, numeral 9, 9.8–9.9, pág. 20 — PDF oficial

9.10. En la especie, la Ley núm. 275-97, que rige la Junta Central Electoral (JCE), la habilita expresamente para revisar sus propias decisiones en materia de reconocimiento de partidos políticos. Así, la parte in fine del artículo 44, relativo a las “Formalidades Complementarias y Expediente del Reconocimiento”, señala que: “Las diferencias que surgieren entre la Junta y representantes legales de los partidos, en lo atinente a sus resoluciones, serán resueltas mediante procedimiento sumario que será establecido previamente por la Junta”. Esta disposición resuelve, a favor de la Junta Central Electoral (JCE), cualquier alegada duda en torno a su competencia de atribución preceptiva para conocer en sede administrativa de la revisión de las decisiones que ésta adopte en el procedimiento relativo al reconocimiento de los partidos y agrupaciones políticas.

TC/0282/17, numeral 9, 9.10, pág. 21 — PDF oficial

9.11. Cabe agregar que la competencia de autocontrol en sede administrativa no supone la indefensión de la ciudadanía ante las actuaciones de los órganos constitucionales. El paradigma de protección de los derechos e intereses legítimos de las personas que ha privilegiado el constituyente es la tutela jurisdiccional. Esta se garantiza a través de los mecanismos dispuestos por la Constitución y las leyes de procedimiento de los distintos tribunales que ejercen la función jurisdiccional del Estado (Sentencia TC/0305/14 § 11.20). El constituyente dominicano, a partir del texto supremo proclamado el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), se esmeró al instaurar el poder jurisdiccional, es decir, la estructura de nuestro sistema jurisdiccional integral (justicia ordinaria, justicia electoral y justicia constitucional) con la clara finalidad de tutelar los derechos de las personas, y con el elevado propósito de resguardar el ordenamiento constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho que instituye la Constitución de la República.

TC/0282/17, numeral 9, 9.11, pág. 22 — PDF oficial

9.12. El control jurisdiccional de los actos y decisiones del órgano administrativo electoral es precisamente el otro aspecto a dilucidar en el presente conflicto de competencia, pues la Junta Central Electoral (JCE) cuestiona que el Tribunal Superior Electoral (TSE) pretende convertirse en juez de sus actos y decisiones administrativas, suplantando o desplazando la competencia que la Constitución asigna a la jurisdicción contencioso-administrativa en cabeza del Tribunal Superior Administrativo, al tiempo que pretende inmiscuirse por vía de revisión en las atribuciones administrativas que le son conferidas por la Constitución. Para el Tribunal Superior Electoral (TSE), por el contrario, las decisiones que adopta la Junta Central Electoral (JCE) en materia de reconocimiento de partidos no pueden considerarse actos puramente administrativos, debido a las implicaciones que tienen para los derechos fundamentales de naturaleza político-electoral, por lo que entiende que es la jurisdicción más idónea para controlar su conformidad a derecho.

TC/0282/17, numeral 9, 9.12, pág. 22 — PDF oficial

9.13. Este tribunal constitucional ha considerado que en cualquier esfera jurisdiccional constituye un imperativo para todo juez o tribunal examinar y establecer su propia competencia antes de abocarse a conocer el fondo de un determinado asunto. En ese esfuerzo tiene que ser objeto de especial ponderación la competencia de atribución, toda vez que este tipo competencial atiende a una naturaleza de orden público e incide de manera importante en la seguridad jurídica; por tanto, esta es improrrogable, no puede ser objeto de modificación y, además, es inderogable. El desconocimiento de esta norma de carácter procesal compromete los principios que gobiernan al juez y al tribunal natural; dichas reglas procedimentales tienen que ser aplicadas en todo ordenamiento jurídico por estar íntimamente vinculadas a la garantía fundamental del debido proceso al cual ha sido integrada y se aplica a todo tipo de actuación (Sentencia TC/0079/14).

TC/0282/17, numeral 9, 9.13, pág. 23 — PDF oficial

9.14. En el marco de competencia revisora de amparo, este tribunal ha ponderado situaciones en las que determinado órgano jurisdiccional ha incurrido en un error procesal al decidir sobre una controversia […] para el cual no era competente, en razón de que la naturaleza del conflicto era administrativa y no electoral, ya que no se trata de un asunto contencioso electoral ni de un diferendo interno entre partidos, sino de un acto que emana de una autoridad administrativa, cuya impugnación, ya sea por la vía de amparo o por la vía administrativa, debió ser conocida por organismos judiciales en atribuciones de jurisdicción contencioso-administrativa (Sentencias TC/0177/14 y TC/0597/15). El incumplimiento de las reglas de competencia constitucional y legalmente previstas ha derivado en la anulación de las decisiones impugnadas en revisión constitucional, por considerarse una intromisión en la esfera que ha sido reservada a otro orden jurisdiccional.

TC/0282/17, numeral 9, 9.14, pág. 23 — PDF oficial

9.15. Preciso es agregar que desde la Sentencia TC/0073/12, este tribunal constitucional ha reconocido que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer de la legalidad y las contrariedades de constitucionalidad que se presenten en el contexto de los actos que emanen del ejercicio de la facultad administrativa de la administración pública, adoptándose este criterio en virtud de la aplicación combinada de los artículos del texto constitucional número 139, el cual sujeta la legalidad de los actos de la administración pública a los tribunales, y el 165.2, el cual dispone que esa jurisdicción tiene la facultad de […] conocer los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares…, entendiéndose la denominación “contrariedad al derecho” como contrariedad a la Constitución, a las leyes y demás fuentes del derecho (Sentencia TC/0009/15 § 10.10).

TC/0282/17, numeral 9, 9.15, pág. 24 — PDF oficial

9.16. Cuando lo que se pretende controlar es un acto o decisión de la Junta Central Electoral (JCE) (órgano al cual la Constitución y la ley otorgan competencias administrativas para gestionar el proceso electoral), la situación es propicia para utilizar los criterios establecidos en las sentencias TC/0177/14 y TC/0597/15 (sin que ello presuponga desconocer que se trata de una controversia que tiene matices propios), porque tal enjuiciamiento no versa sobre un conflicto de carácter contencioso electoral ni partidario, sino que es una actuación de naturaleza administrativa ejercida por un órgano constitucional. Así, pues, acorde con lo que anticipamos en la Sentencia TC/0305/14, al establecer que el “Tribunal Superior Administrativo [es el organismo jurisdiccional que] está llamado a controlar la legalidad de la actuación administrativa de los órganos del Estado a requerimiento de la ciudadanía”, es de rigor concluir que el control jurisdiccional que pretende ejercer el Tribunal Superior Electoral (TSE) sobre los actos y las actuaciones de la Junta Central Electoral (JCE) es competencia del Tribunal Superior Administrativo.

TC/0282/17, numeral 9, 9.16, pág. 24 — PDF oficial

9.17. El Tribunal Constitucional entiende que la incompetencia del Tribunal Superior Electoral para controlar jurisdiccionalmente a la Junta Central Electoral se fundamenta en que la Constitución, la Ley Orgánica núm. 29-11 y la Ley núm. 137- 11, mantienen una separación rigurosa entre ambos órganos, por lo que asumir la interpretación que realiza el Tribunal Superior Electoral (TSE) atrofiaría la distribución de competencias que el constituyente y el legislador realizan en materia electoral. Ello no afecta en modo alguno la validez de los recursos contra las decisiones que emitan las juntas electorales cuando actúan, por mandato legal, como juez electoral de primera instancia. Se puede advertir, entonces, que en la cúspide del sistema electoral (no así en la base) existe una rigurosa división entre lo administrativo y lo contencioso, atribuidos a dos órganos constitucionales que están llamados a actuar de forma paralela, con atribuciones claramente diferenciadas. Ese fue el espíritu del constituyente de dos mil diez (2010) y del legislador, como de manera expresa se observa en la Ley núm. 29-11, del Tribunal Superior Electoral (TSE).

TC/0282/17, numeral 9, 9.17, pág. 25 — PDF oficial

9.18. La competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de los actos administrativos electorales de la Junta Central Electoral (JCE) se debe a que, como ha sostenido este tribunal, lo contencioso administrativo no es más que el ejercicio del control de legalidad sobre la actuación de la Administración Pública. Ello significa que los actos, actuaciones y omisiones del Estado contrarios al ordenamiento jurídico deberán ser controlados ante el Tribunal Superior Administrativo, tal y como sucede con la administración municipal, tributaria, monetaria y financiera, entre otros. Criterio que resulta extensivo a los actos de pura administración dimanados de un órgano constitucional autónomo, como es la Junta Central Electoral (JCE).

9.19. El reconocimiento de un partido político es, en expresión del Tribunal Constitucional de España, una intervención administrativa de alcance formal externa y de naturaleza estrictamente reglada por parte de la autoridad administrativa. Se ha afirmado con razón que el Registro de Partidos Políticos es, por tanto, un Registro cuyo encargado no tiene más funciones que las de verificación reglada, es decir, le compete exclusivamente comprobar si los documentos que se le presentan corresponden a la materia objeto del Registro y si reúnen los requisitos formales necesarios. La verificación ha de hacerse al presentarse la documentación, que es cuando se inicia el expediente. Si se encontrasen defectos formales, éstos deben comunicarse a los solicitantes señalando en forma concreta cuáles son y en qué plazo han de subsanarse (Sentencia 85/1986, del 25 de junio de 1986).

TC/0282/17, numeral 9, 9.18–9.19, pág. 25 — PDF oficial

9.20. El Tribunal Superior Electoral (TSE) pretende fiscalizar o controlar jurisdiccionalmente las actuaciones de la Junta Central Electoral (JCE) que versan sobre el reconocimiento de los partidos, a partir de una interpretación extensiva y expansiva de la competencia que le asigna la Constitución para conocer de los asuntos contenciosos electorales. Sin embargo, no pondera que la separación entre las actuaciones administrativa y contenciosa electoral encuentran fundamento en tres aspectos concurrentes delimitados por la Constitución: 1) es una separación orgánica, puesto que se atribuye a dos órganos extrapoder (la Junta Central Electoral (JCE), en lo administrativo, y en el Tribunal Superior Electoral (TSE) en lo contencioso) que están situados en el vértice de la organización política, en posición de relativa paridad e independencia respecto de los poderes públicos tradicionales; 2) se trata de una separación funcional, pues al órgano administrativo le corresponde organizar, dirigir y supervisar las elecciones; mientras que compete al órgano contencioso dilucidar las controversias que surjan a consecuencia de la celebración de las elecciones o de los conflictos surgidos en relación con los partidos ya establecidos; 3) constituye, finalmente, una separación temporal, pues al órgano administrativo compete actuar ex ante durante la preparación de las elecciones; mientras que el órgano contencioso electoral actúa ex post para solucionar las controversias que surjan en relación con los resultados de las elecciones.

TC/0282/17, numeral 9, 9.20, pág. 26 — PDF oficial

9.21. La función de la jurisdicción contencioso electoral es proteger de manera eficaz el derecho al sufragio (artículo 208 constitucional), es decir, el derecho a elegir y ser elegible (artículo 22.1 constitucional), mediante una serie de controles o impugnaciones estrictamente jurisdiccionales frente a los actos y procedimientos electorales taxativamente delimitados por la Constitución y la ley, por lo que quedan excluidos de su control jurisdiccional los actos provenientes de órganos de naturaleza administrativa y cualquier otro supuesto en que no concurre la existencia de un conflicto electoral en los términos estrictos en que la Constitución y la ley han configurado sus competencias. Y es que una cuestión pertenece a la competencia contencioso electoral cuando lo que se ha de conocer entra dentro de “aquellos asuntos que están sujetos a juicio por existir una controversia entre dos partes”. 6

9.22. En relación con esto, la doctrina científica ha señalado que el concepto de lo contencioso electoral comprende todos los juicios que la ley señale como tales, en que la administración electoral y, en ciertos casos los partidos políticos, sean parte, directamente relacionados con actividades electorales, regidos por un régimen jurídico especializado en cuestiones electorales, lo que excluye a los juicios que ley no considera contencioso electorales, al igual que a los derivados de actos de la administración electoral y de los partidos políticos que no sean de índole electoral, lo mismo que a los juicios en que las partes son particulares. Asimismo, con ese criterio no serán materia del contencioso 6 Artículo 2.20 del Reglamento Contencioso Electoral y de Rectificación de Actas del Estado Civil. electoral los juicios que no estén sujetos a un régimen especializado en materia electoral. 7

TC/0282/17, numeral 9, 9.21–9.22, pág. 27 — PDF oficial

9.23. La normativa legal que rige el reconocimiento de los partidos políticos en el país dispone un procedimiento meramente administrativo que es gestionado por la Junta Central Electoral (JCE). Ninguna norma legal atribuye al Tribunal Superior Electoral (TSE) capacidad para controlar jurisdiccionalmente los actos administrativos que emite la Junta Central Electoral (JCE) durante el procedimiento de reconocimiento de los partidos políticos. Esto puede explicarse en razón de que el partido en formación carece de personalidad jurídica, en los términos del artículo 46 de la Ley núm. 275-97, antes del reconocimiento de la Junta Central Electoral (JCE) y, en consecuencia, no tiene legitimación para entablar una controversia que entre en la esfera competencial del Tribunal Superior Electoral (TSE). Esto puede inferirse del mandato del artículo 214 de la Constitución cuando señala que el Tribunal Superior Electoral (TSE) será competente para conocer de los asuntos contenciosos electorales y diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Así que, para poder ser parte en un conflicto electoral, el partido o la agrupación política primero debe existir jurídicamente, y luego podrá ejercer las prerrogativas que la Constitución y la ley le confieren como organización que habrá de concurrir en el proceso electoral para asegurar la formación de la voluntad ciudadana en el marco del pluralismo político. Todo lo cual impone concluir que, en el ordenamiento jurídico vigente, las contestaciones contra la decisión adoptada por la Junta Central Electoral (JCE) en el reconocimiento de los partidos políticos carecen de eficacia contencioso-electoral y, por tanto, no entran en la esfera competencial del Tribunal Superior Electoral (TSE), sino que al tratarse de un acto meramente administrativo puede ser impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos regulados por la Constitución y la ley. 7 Jorge Fernández Ruiz. Tratado de Derecho Electoral, México: Editorial Porrúa, 2010, p. 499.

TC/0282/17, numeral 9, 9.23, pág. 28 — PDF oficial

9.24. Así, pues, al no existir ninguna disposición normativa que disponga que las actuaciones de la Junta Central Electoral (JCE) en materia de reconocimiento de partidos políticos puedan ser controladas por el Tribunal Superior Electoral (TSE), se impone decantarse por el razonamiento que atiende a los elementos constitutivos de la relación jurídica surgida entre el partido en formación y la Junta Central Electoral (JCE), para determinar que el control jurisdiccional que corresponda a la misma debe ser ejercido por la jurisdicción que fiscaliza la actuación de la Administración Pública en general, ya que la impugnación de la decisión administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) en el reconocimiento de los partidos políticos no configura un conflicto electoral entre dos o más partes, ni se encuentra recogido dentro de los otros supuestos en los cuales la Constitución y la ley otorgan competencia al Tribunal Superior Electoral (TSE); por lo que, conforme con el artículo 165 de la Constitución, podrán ser recurridos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Figuran incorporados el voto disidente de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, el voto salvado de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, el voto disidente del magistrado Jottin Cury David y el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0282/17, numeral 9, 9.24, pág. 29 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la presente acción de conflicto de competencia interpuesta por la Junta Central Electoral (JCE) contra el Tribunal Superior Electoral (TSE).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la referida acción en conflicto de competencia y, en consecuencia, DECLARAR: a) que corresponde a la Junta Central Electoral (JCE) el conocer de las revisiones administrativas de las decisiones que emite en el procedimiento de reconocimiento de los partidos políticos, en los términos señalados en el artículo 44 de la Ley núm. 275-97; y b) que las decisiones y actos que emite la Junta Central Electoral (JCE) en el procedimiento de reconocimiento de los partidos y organizaciones políticas, al ser de naturaleza administrativa, y en ausencia de una atribución legal expresa, no pueden ser impugnados ante el Tribunal Superior Electoral, sino ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral.

CUARTO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0282/17, del 29 de mayo de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0282-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.