Sentencia TC/0288/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 15 de diciembre de 2014 · Expediente TC-05-2013-0206

recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por el señor Melvin A. Quiroz y la Junta Distrital de Las Taranas, contra la Ordenanza núm. 00029-2013, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte el ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de propiedad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0288/14?

El recurso tiene especial trascendencia o relevancia constitucional porque permite al Tribunal seguir definiendo el alcance del derecho a la información pública frente a la intimidad y los datos protegidos. En cuanto al fondo, el acceso a la información sobre el uso de los recursos estatales permite a las personas ejercer el control democrático de la gestión pública y defender el patrimonio público. Por ello, la Junta Distrital de Las Taranas debía entregar la información sobre su presupuesto, nómina, presupuesto participativo, ingresos y egresos, contratos de obras y gastos sociales (TC/0288/14, numeral 9, a–b, pág. 16; TC/0288/14, numeral 9, c, pág. 17; TC/0288/14, numeral 10, d, pág. 19; TC/0288/14, numeral 10, e–g, pág. 19; TC/0288/14, numeral 10, h, pág. 20).

La astreinte es una sanción pecuniaria, no una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el agraviado. Por tanto, su eventual liquidación no debe beneficiar a los accionantes, sino a la sociedad por medio de una institución estatal dedicada a atender problemas sociales (TC/0288/14, numeral 10, i, pág. 21).

Decisión

Declara admisible el recurso y lo acoge parcialmente en cuanto al fondo: anula exclusivamente el numeral quinto relativo a la astreinte y confirma la ordenanza en lo demás. Otorga a los recurrentes diez días laborables desde la notificación de la sentencia para entregar la información, fija solidariamente una astreinte de RD$5,000.00 por cada día de retardo, liquidable a favor del cuerpo de bomberos del municipio Villa Riva, provincia Duarte, y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control.” (TC/0288/14, numeral 10, d, pág. 19).
“De igual manera, el Tribunal Constitucional es del criterio que la institución demandada tenía que suministrar los datos requeridos.” (TC/0288/14, numeral 10, e–g, pág. 19).
“se trata propiamente de una sanción pecuniaria y no de una sanción indemnizatoria por los daños y perjuicios irrogados a una determinada persona” (TC/0288/14, numeral 10, i, pág. 21).

Normas interpretadas

Constitución: artículo 72, in fine.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66 y 100.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0052/13, TC/0042/12, TC/0071/13 y TC/0048/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

Conforme a la documentación depositada, a los hechos y alegatos de las partes, se trata de que los señores Altagracia Martínez, Rosa Espelagia Rodríguez, Fiordaliza Rodríguez y los señores Rafael Inoa, Domingo González, Marino Inoa, Oscar Severino, José García, Ramón Alberto Paulino, José Manuel Polanco, Omar Francisco Candelier, Carlos García y Carmelo Polanco Palmer formularon una solicitud de información al señor Melvin A. Quiroz y a la Junta Distrital del Distrito Municipal de Las Taranas, la cual fue negada, por lo que la señora Altagracia Martínez y compartes interpusieron una acción de amparo con la finalidad de tener libre acceso a la información pública ante la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte, dicha acción fue acogida. El señor Melvin A. Quiroz y la Junta Municipal del Distrito Municipal de Las Taranas, inconformes con la decisión de amparo, apoderaron a este tribunal constitucional de un recurso de revisión constitucional contra la sentencia dictada por el juez de amparo.

TC/0288/14, numeral 7, pág. 15 — PDF oficial

9. Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión

constitucional en materia de amparo Para el Tribunal Constitucional, el presente recurso de revisión constitucional resulta admisible por los argumentos siguientes:

a. La admisibilidad de los recursos de revisión constitucional en materia de amparo se encuentra establecida en el artículo 100 de la referida ley núm. 137- 11, que, de manera taxativa y específica, lo sujeta (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

b. Sobre la admisibilidad, este tribunal fijó su posición al respecto de la trascendencia y relevancia en su Sentencia TC/0007/12 del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012): La especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0288/14, numeral 9, a–b, pág. 16 — PDF oficial

c. En este tenor, el recurso de revisión constitucional que nos ocupa tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que al conocer el fondo del mismo le permitirá a este tribunal seguir definiendo el alcance del derecho a la información pública, frente a los derechos de la intimidad y a los datos protegidos.

TC/0288/14, numeral 9, c, pág. 17 — PDF oficial

10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional en

materia de amparo

a. El presente caso se origina a raíz de una solicitud que hicieron la parte ahora recurrida, señora Altagracia Martínez y compartes, al hoy recurrente, señor Melvin A. Quiroz, en su calidad de director de la Junta Distrital de Las Taranas. Solicitaron copia del presupuesto de cada año de gestión, a partir del dieciséis (16) de agosto de dos mil diez (2010) hasta que la juez emita la sentencia o fallo, copia de la nómina de empleados por cada año de gestión, a partir del dieciséis (16) de agosto de dos mil diez (2010), con los debidos nombres, cédulas, cargo y monto devengado por cada persona hasta la fecha, informe sobre el presupuesto participativo de las comunidades, informe de todos los ingresos y egresos recibidos y realizados durante la gestión del dieciséis (16) de agosto de dos mil diez (2010) hasta la fecha, detallado por año y con las debidas copias de los cheques correspondientes a los ingresos y egresos, un informe de las obras ejecutadas, el nombre o los nombres de los contratantes y ejecutantes, la descripción de la obra, el monto destinado para su ejecución y las correspondientes fechas actuales de cada obra, desde el período del dieciséis (16) de agosto dos mil diez (2010) hasta la fecha, con las respectivas copias de cheques, para el fiel cumplimiento de la Ley núm. 200- 04 y su reglamento de aplicación núm. 130-05, sobre el Libre Acceso a la Información Pública.

TC/0288/14, numeral 10, a, pág. 17 — PDF oficial

b. En relación con este precedente, el Tribunal Constitucional ha planteado en su Sentencia TC/0052/13, que los Estados parte de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción tienen la obligación, con la finalidad de contribuir a combatir la corrupción, de adoptar “las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda” (artículo 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción). Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas que tienen como finalidad fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público en la prevención y la lucha contra la corrupción y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que está representada (artículo 13 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción).

c. En ese mismo tenor, personas y grupos sociales que no pertenecen al sector público pueden participar e involucrarse de manera eficiente en la vigilancia y observación del buen desenvolvimiento de los recursos del Estado. Tal y como lo establece la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en los artículos 13. B y 13. D: Artículo 13.b) Garantizar el acceso eficaz del público a la información. Artículo 13.d) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta a ciertas restricciones.

TC/0288/14, numeral 10, b–c, pág. 18 — PDF oficial

d. En relación con el precedente marcado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0042/12, donde se ha establecido la importancia del derecho a la información pública para el ejercicio de las funciones del Estado y la obligación que tienen los funcionarios de garantizarlo, dice lo siguiente: (…) el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso (párrafo 86). El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad (párrafo 87).

TC/0288/14, numeral 10, d, pág. 19 — PDF oficial

e. Todo individuo tiene derecho a la libertad de expresión, esta proviene de la derivación a la información pública, en la medida que una persona no tiene acceso a esta no tiene información; es por esto que no puede expresarse con libertad, no tiene conocimiento de las acciones del Estado y sus funcionarios públicos. En este sentido, la ley establece: “toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir informaciones de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la Ley”.

f. Seguidamente de plantear las consideraciones que anteceden, analizando el caso que nos ocupa, el tribunal que dictó la sentencia recurrida estima que las personas que demandan en amparo deben ser beneficiadas con las informaciones públicas que fueron solicitadas a la Junta Distrital las Taranas. De igual manera, el Tribunal Constitucional es del criterio que la institución demandada tenía que suministrar los datos requeridos.

g. La relación entre el derecho al acceso a la información pública y el deber fundamental queda establecido en que las personas y toda la sociedad tienen que tener acceso a la información pública, para estos poder estar en condiciones de defender los recursos del Estado, el patrimonio público y la transparencia del ejercicio en las funciones públicas.

TC/0288/14, numeral 10, e–g, pág. 19 — PDF oficial

h. El Tribunal Constitucional comparte el criterio establecido por el tribunal que dictó la sentencia recurrida de que la información del presupuesto de la Junta Distrital de Las Taranas, la nómina de los empleados que trabajan en dicha junta distrital, el informe detallado del presupuesto participativo de las comunidades del distrito, el informe detallado de los ingresos y egresos que se han generado en dicha junta distrital desde el dieciséis (16) de agosto de dos mil diez (2010) hasta la fecha en que se realizó la notificación, el informe pormenorizado de todos los contratos de las obras ejecutadas, las partes contratantes, los montos de las obras y una descripción de todas y cada una de ellas, así como también el informe de todos los gastos sociales realizados, todas las informaciones desde el dieciséis (16) de agosto de dos mil diez (2010) hasta el veintiuno (21) de marzo de dos mil trece (2013), en la medida que las personas que tengan acceso a estas informaciones sobre la forma en que los funcionarios del estado esten utilizando sus recursos, deben ser suministrados a los particulares, para satisfacer los requerimientos que señala la Constitución y la ley.

TC/0288/14, numeral 10, h, pág. 20 — PDF oficial

i. La sentencia recurrida ordenó en su dispositivo número quinto la condenación del pago de un astreinte a favor de los señores Altagracia Martínez, Rosa Espelagia Rodríguez, Fiordaliza Rodríguez y los señores Rafael Inoa, Domingo Gonzáles, Marino Inoa, Oscar Severino, José García, Ramón Alberto Paulino, Jose Manuel Polanco, Omar Francisco Candelier, Carlos García y Carmelo Polanco Palmer. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha sentado precedente en su Sentencia TC/0071/13 del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), expresando que este tribunal ha establecido con relación a la astreinte, el criterio de que se trata propiamente de una sanción pecuniaria y no de una sanción indemnizatoria por los daños y perjuicios irrogados a una determinada persona, por lo que su eventual liquidación no debe favorecer al agraviado, sino a la sociedad a través las instituciones estatales dedicadas a resolver determinadas problemáticas sociales, la cual se indicará en el dispositivo de la presente decisión (sentencia No. TC/0048/12, de fecha ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012). Por tanto, este tribunal procederá a revocar el dispositivo de la sentencia recurrida y ordenar la imposición de un astreinte a favor de una institución estatal dedicada a resolver determinados problemas sociales. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos e Idelfonso Reyes, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta, así como el voto disidente de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0288/14, numeral 10, i, pág. 21 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor Melvin A. Quiroz y la Junta Distrital de Las Taranas contra la Ordenanza núm. 00029/2013, dictada por la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Duarte el ocho (8) de agosto de dos mil trece (2013).

SEGUNDO: ACOGER PARCIALMENTE, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo descrito en el ordinal anterior, y en consecuencia, ANULAR exclusivamente el numeral quinto en relación con el astreinte de la referida sentencia y CONFIRMAR en los demás aspectos la Ordenanza núm. 00029/2013, descrita en el ordinal precedente.

TERCERO: OTORGAR a los recurrentes, señor Melvin A. Quiroz y la Junta Distrital de Las Taranas, un plazo de diez (10) días laborables, a partir de la notificación de la sentencia, para la entrega de la información solicitada, descrita en el cuerpo de la presente sentencia.

CUARTO: FIJAR solidariamente un astreinte de cinco mil pesos (RD$5,000.00) pesos a los recurrentes por cada día de retardo en la ejecución de la presente sentencia y liquidarlo a favor del cuerpo de bomberos ubicado en el municipio Villa Riva de la provincia Duarte.

QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, señor Melvin A. Quiroz y la Junta Distrital Las Taranas, y a los recurridos, señores Altagracia Martínez, Rosa Espelagia Rodríguez, Fiordaliza Rodríguez, Rafael Inoa, Domingo Gonzáles, Marino Inoa, Oscar Severino, José García, Ramón Alberto Paulino, José Manuel Polanco, Omar Francisco Candelier, Carlos García y Carmelo Polanco Palmer.

SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

SEPTIMO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0288/14, del 15 de diciembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0288-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.