Sentencia TC/0289/18

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 31 de agosto de 2018 · Expediente TC-05-2017-0213

Relativo al recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el Ayuntamiento de La Vega contra la Sentencia núm. 2092017-SORD-00010, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el siete (7) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a la cultura

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0289/18?

El artículo 74.4 de la Constitución exige armonizar el derecho a la cultura con los derechos a la intimidad, al honor personal, a la libertad de tránsito, a la propiedad, a la salud y a un medio ambiente sano de los residentes de La Vega. Aunque la celebración del Carnaval Vegano genera un riesgo real para esos derechos, reducir el perímetro tradicional, prohibir las «cuevas» y restringir irrazonablemente los días y horarios desnaturaliza la festividad. En lugar de imponer esas restricciones, el juez de amparo debió ordenar a las autoridades que limitaran la afectación de los derechos de los residentes a lo estrictamente necesario para que el carnaval se desarrollara sin perder su esencia (TC/0289/18, numeral 11, h–i, pág. 50 [referencia del bloque g–i]; TC/0289/18, numeral 11, j–l, pág. 51; TC/0289/18, numeral 11, m–p, pág. 52; TC/0289/18, numeral 11, q–t, pág. 53).

Cualquiera de las dos salas civiles de primera instancia de La Vega era competente para conocer del amparo contra la autoridad municipal. El recurso contencioso administrativo no era una vía efectiva en este caso, porque la controversia no versaba sobre las facultades municipales para organizar el carnaval, sino sobre la protección de los derechos fundamentales afectados por su celebración. La acción tampoco era extemporánea: era un amparo preventivo dirigido a evitar que se repitieran los excesos, no a remediar las afectaciones de la edición de febrero de 2017 (TC/0289/18, numeral 11, ii–ll, pág. 57; TC/0289/18, numeral 11, pp–rr, pág. 59; TC/0289/18, numeral 11, ss–uu, pág. 60; TC/0289/18, numeral 11, vv–ww, pág. 61).

Decisión

El Tribunal admitió y acogió el recurso de revisión, revocó la sentencia recurrida y acogió parcialmente el amparo. Mantuvo el perímetro tradicional del carnaval y ordenó adoptar medidas sobre la altura de las «cuevas», la ubicación y cantidad de baños portátiles, el acceso a viviendas y centros de salud y el cumplimiento de las normas sobre ruido y medio ambiente.

Citas textuales clave

«Sin embargo, el juez de amparo no aplicó el texto constitucional de referencia, sino que tomó medidas que en la práctica desnaturalizan las fiestas del carnaval, pues resulta contraproducente reducir el perímetro por donde tradicionalmente se desarrolla este evento.» (TC/0289/18, numeral 11, m–p, pág. 52).
«El juez de amparo lo que debió hacer fue conminar a las autoridades correspondientes a que tomen las medidas que razonablemente fueren de lugar para que los residentes en la ciudad de La Vega solo se vean afectados en sus derechos y libertades fundamentales en los límites estrictamente necesarios para que las actividades carnavalescas puedan desarrollarse adecuadamente y sin perder su esencia.» (TC/0289/18, numeral 11, q–t, pág. 53).
«De manera que la vía correcta para resolver el presente caso no es otra que la del amparo, en razón de que estamos en presencia de un conflicto de derecho que requiere de la implementación de la técnica denominada armonización de derecho, cuestión que, sin dudas, debe ventilarse ante la jurisdicción constitucional.» (TC/0289/18, numeral 11, ss–uu, pág. 60).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 46, 51, 61, 64 (en particular, numeral 4), 67, 72 in fine y 74.4.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 70.1, 70.2, 72, 75, 95, 100 y 117 (disposiciones transitorias primera, segunda y tercera).

Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional: artículos 19, 20 y 23.

Leyes núms. 287-04 y 64-00: el dispositivo ordena su cumplimiento durante el carnaval, sin individualizar artículos.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0071/13, TC/0080/12, TC/0007/12, TC/0758/17 y TC/0030/12.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, se trata de que los señores Ana Isabel García de Fernández, Juan Luis de Jesús Jiménez Arango, Norman Luis Lizardo Henríquez, Julio García Cruz e Ismaela Pichardo de Mora incoaron una acción de amparo contra el Ayuntamiento de La Vega, con la finalidad de que modifique el perímetro donde se celebra, en febrero de cada año, el Carnaval Vegano, así como que se prohíba la instalación de las estructuras conocidas como “cuevas”, en las cuales las distintas comparsas que participan se organizan y ponen sus disfraces. Los accionantes sostienen, para justificar sus pretensiones, que durante la celebración del referido carnaval se le han vulnerado sus derechos fundamentales, en particular, el derecho a la intimidad, al honor personal, libertad de tránsito, derecho de propiedad, derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la paz. La referida acción de amparo fue acogida, mediante la sentencia objeto del recurso de revisión constitucional que nos ocupa.

TC/0289/18, numeral 8, pág. 40 — PDF oficial

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión

a. Antes de analizar el fondo del presente caso, resulta de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el cual establece: “El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación”.

b. En relación con el plazo de cinco (5) días previsto en el texto transcrito en el párrafo anterior, el Tribunal Constitucional estableció en la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que: (…) este plazo debe considerarse franco y solo serán computables los días hábiles, tal y como fue decidido por este tribunal mediante sentencia No. TC/0080/12, de fecha quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012). Todo ello con el objeto de procurar el efectivo respeto y el oportuno cumplimiento de los principios de la justicia y los valores constitucionales como forma de garantizar la protección de los derechos fundamentales.

c. El mencionado plazo comienza a correr a partir de la notificación de la sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto transcrito anteriormente. En la especie, se cumple el requisito objeto de análisis, en razón de que la indicada sentencia fue notificada mediante el Acto núm. 800/2017, del diez (10) de agosto de dos mil diecisiete (2017), instrumentado por el ministerial Gustavo Javier Ariza S., alguacil de estrados de la Unidad Centro de Citaciones, Notificaciones y Correspondencias, mientras que el recurso de revisión se interpuso el dieciocho (18) de agosto de dos mil diecisiete (201)7, es decir, dentro del plazo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.

TC/0289/18, numeral 10, a–c, pág. 41 — PDF oficial

d. La admisibilidad del recurso está condicionada, además, a que el mismo tenga especial trascendencia o relevancia constitucional, en aplicación de lo que dispone el artículo 100 de la Ley núm. 137-11. En efecto, según el indicado texto, la admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.

e. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, por esta razón este tribunal la definió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configuraba, en aquellos casos que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0289/18, numeral 10, d–e, pág. 42 — PDF oficial

f. Luego de haber estudiado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso que nos ocupa es admisible y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional el desarrollo jurisprudencial relativo a la obligación que tienen los tribunales constitucionales de armonizar los derechos y libertades fundamentales en conflicto.

g. Comprobado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, procederemos a referirnos a la procedencia de las instancias depositadas por la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE), en calidad de interviniente voluntario, y del señor Edwin Espinal Hernández, en calidad de amicus curiae.

TC/0289/18, numeral 10, f–g, pág. 43 — PDF oficial

h. Sobre este particular, en los artículos 19 y 20 del Reglamento Jurisdiccional se establece lo siguiente: Artículo 19. Interviniente: El interviniente es la persona física o jurídica que participa en un proceso en curso ante el Tribunal Constitucional, motivado por su interés personal o por el interés de una de las partes en dicha participación. En la primera hipótesis, se trata de una intervención voluntaria y, en la segunda, de una intervención forzosa. Artículo 20. Requisitos para la intervención voluntaria: La intervención voluntaria se realizará mediante escrito motivado, que se depositará en la Secretaría del Tribunal Constitucional, acompañado de los documentos en los cuales se sustenta, si los hubiere. Dicho depósito se efectuará dentro de los diez (10) días calendarios, a pena de exclusión, contados a partir de la fecha de publicación de la referencia de los expedientes en el portal web del Tribunal Constitucional. En los recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo, el plazo es de cinco (5) días calendarios. Los plazos indicados podrán ser reducidos en los casos que el Tribunal Constitucional declare urgentes.

TC/0289/18, numeral 10, h, pág. 43 — PDF oficial

i. Mientras que el artículo 23 del reglamento jurisdiccional de este tribunal establece lo siguiente: Artículo 23. Amicus curiae: Se considera amicus curiae o amigo del Tribunal a la persona física o jurídica, o a la institución del Estado que, ajena al litigio o al proceso del cual está apoderado el Tribunal Constitucional, somete un escrito de opinión con el objeto de colaborar en su edificación. El amicus curiae participa en casos de trascendencia constitucional o que resulten de interés público, como son la acción directa de inconstitucionalidad, el control preventivo de los tratados internacionales y los recursos de revisión constitucional de amparo en los cuales se ventilen derechos colectivos y difusos. Deberá poseer reconocida competencia sobre la cuestión debatida y su opinión carece de efectos vinculantes para el Tribunal Constitucional.

j. En cuanto a la intervención voluntaria, esta es admisible, en razón de que fue interpuesto dentro del plazo establecido en el referido reglamento. En efecto, la publicación en el portal se hizo el veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) y la intervención fue depositada el veintinueve (29) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), es decir, dentro del plazo de diez (10) días.

k. De la lectura del texto transcrito se advierte que la figura del amicus curiae es propia de la acción directa de inconstitucionalidad y en la materia que nos ocupa tiene cabida en los casos en que se discuten derechos colectivos o difusos, hipótesis que es la que se presenta en la especie, en razón de que los recurrentes y originalmente demandados reclaman la protección del derecho a la cultura que es, sin dudas, un derecho difuso. De manera que la intervención del amicus curiae es procedente.

TC/0289/18, numeral 10, i–k, pág. 44 — PDF oficial

11. El fondo del presente recurso de revisión constitucional

a. En el presente caso, se trata de que los señores Ana Isabel García de Fernández, Juan Luis de Jesús Jiménez Arango, Norman Luis Lizardo Henríquez, Julio García Cruz e Ismaela Pichardo de Mora interpusieron una acción de amparo en contra del Ayuntamiento de La Vega, con la finalidad de que se tomen las medidas necesarias para terminar con el malestar y caos que les ocasiona la celebración del Carnaval Vegano.

TC/0289/18, numeral 11, a, pág. 45 — PDF oficial

b. El juez de amparo acogió la acción y, en este sentido, modificó el perímetro de la celebración de la referida fiesta cultural, prohibió la instalación de las estructuras conocidas como “cuevas”, limitó los días y el horario del evento, en el entendido de que con esta medida armonizaba el derecho a la cultura, con los derechos a la intimidad, al honor personal, libertad de tránsito, a la propiedad, a la salud, al medio ambiente sano y a la paz. A tales derechos nos referiremos a continuación: Artículo 64.- Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar y actuar con libertad y sin censura en la vida cultural de la Nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances científicos y de la producción artística y literaria. El Estado protegerá los intereses morales y materiales sobre las obras de autores e inventores. En consecuencia: 1) Establecerá políticas que promuevan y estimulen, en los ámbitos nacionales e internacionales, las diversas manifestaciones y expresiones científicas, artísticas y populares de la cultura dominicana e incentivará y apoyará los esfuerzos de personas, instituciones y comunidades que desarrollen o financien planes y actividades culturales; 2) Garantizará la libertad de expresión y la creación cultural, así como el acceso a la cultura en igualdad de oportunidades y promoverá la diversidad cultural, la cooperación y el intercambio entre naciones; 3) Reconocerá el valor de la identidad cultural, individual y colectiva, su importancia para el desarrollo integral y sostenible, el crecimiento económico, la innovación y el bienestar humano, mediante el apoyo y difusión de la investigación científica y la producción cultural.

TC/0289/18, numeral 11, b, pág. 45 — PDF oficial

Protegerá la dignidad e integridad de los trabajadores de la cultura; 4) El patrimonio cultural de la Nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado que garantizará su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor. Los bienes del patrimonio cultural de la Nación, cuya propiedad sea estatal o hayan sido adquiridos por el Estado, son inalienables e inembargables y dicha titularidad, imprescriptible. Los bienes patrimoniales en manos privadas y los bienes del patrimonio cultural subacuático serán igualmente protegidos ante la exportación ilícita y el expolio. La ley regulará la adquisición de los mismos. Artículo 61.- Derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud integral. En consecuencia: 1) El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable, el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran; 2) El Estado garantizará, mediante legislaciones y políticas públicas, el ejercicio de los derechos económicos y sociales de la población de menores ingresos y, en consecuencia, prestará su protección y asistencia a los grupos y sectores vulnerables; combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas y con el auxilio de las convenciones y las organizaciones internacionales. Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones.

TC/0289/18, numeral 11, b, pág. 45 — PDF oficial

Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. 1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa; 2) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada; 3) Se declara de interés social la dedicación de la tierra a fines útiles y la eliminación gradual del latifundio. Es un objetivo principal de la política social del Estado, promover la reforma agraria y la integración de forma efectiva de la población campesina al proceso de desarrollo nacional, mediante el estímulo y la cooperación para la renovación de sus métodos de producción agrícola y su capacitación tecnológica; 4) No habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas; 5) Sólo podrán ser objeto de confiscación o decomiso, mediante sentencia definitiva, los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales; 6) La ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio, previstos en el ordenamiento jurídico. Artículo 67.- Protección del medio ambiente.

TC/0289/18, numeral 11, b, pág. 45 — PDF oficial

Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia: 1) Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza; 2) Se prohíbe la introducción, desarrollo, producción, tenencia, comercialización, transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares y de agroquímicos vedados internacionalmente, además de residuos nucleares, desechos tóxicos y peligrosos; 3) El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías y energías alternativas no contaminantes; 4) En los contratos que el Estado celebre o en los permisos que se otorguen que involucren el uso y explotación de los recursos naturales, se considerará incluida la obligación de conservar el equilibrio ecológico, el acceso a la tecnología y su transferencia, así como de restablecer el ambiente a su estado natural, si éste resulta alterado; 5) Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre. Artículo 46.- Libertad de tránsito. Toda persona que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a transitar, residir y salir libremente del mismo, de conformidad con las disposiciones legales. 1) Ningún dominicano o dominicana puede ser privado del derecho a ingresar al territorio nacional.

TC/0289/18, numeral 11, b, pág. 45 — PDF oficial

Tampoco puede ser expulsado o extrañado del mismo, salvo caso de extradición pronunciado por autoridad judicial competente, conforme la ley y los acuerdos internacionales vigentes sobre la materia; 2) Toda persona tiene derecho a solicitar asilo en el territorio nacional, en caso de persecución por razones políticas. Quienes se encuentren en condiciones de asilo gozarán de la protección que garantice el pleno ejercicio de sus derechos, de conformidad con los acuerdos, normas e instrumentos internacionales suscritos y ratificados por la República Dominicana. No se consideran delitos políticos, el terrorismo, los crímenes contra la humanidad, la corrupción administrativa y los delitos transnacionales.

TC/0289/18, numeral 11, b, pág. 45 — PDF oficial

c. Expuesto lo anterior, explicaremos desde la óptica del juez de amparo y de los recurridos, por una parte, la forma en que alegadamente se violaron los referidos derechos y libertades fundamentales; por otra parte, nos referiremos a los agravios de que adolece la sentencia recurrida, según lo entiende la recurrente. Finalmente, este tribunal tomará una decisión respecto del recurso y de la acción de amparo.

d. Según los recurridos y el juez de amparo, el derecho a la salud y a un medio ambiente sano fueron violados, en razón de que durante la celebración del carnaval se coloca música a un volumen muy alto, la cual se mantiene hasta altas horas de la noche. El derecho a la intimidad resulta afectado, porque frente a las viviendas de los habitantes de la ciudad se colocan baños portátiles. El derecho de propiedad se viola porque se le restringe el uso y disfrute de sus viviendas durante todo el tiempo que dura el montaje y celebración del Carnaval Vegano, al instalársele cuevas con tarimas en las entradas de sus casas. La libertad de tránsito se viola, igualmente, por la colocación de las cuevas y el cierre de varias calles, todo lo cual dificulta el movimiento de personas y vehículos.

TC/0289/18, numeral 11, c–d, pág. 49 — PDF oficial

e. El recurrente, Ayuntamiento de La Vega, entiende, sin embargo, que el juez de amparo estatuyó sobre cuestiones de mera legalidad al ordenar medidas que competen al Ayuntamiento de La Vega, según la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, del diecisiete (17) de julio de dos mil siete (2007), por estar relacionados con el uso de espacios públicos y el ordenamiento de la ciudad. El juez de amparo violó, al tomar las referidas medidas, la seguridad jurídica (art. 110 de la Constitución), derechos e intereses colectivos y difusos relativos a la preservación del patrimonio cultural (art. 66.3 de la Constitución) y el derecho fundamental a la cultura (art. 64 de la Constitución).

f. El juez de amparo, sigue diciendo el recurrente, no puede controlar la legalidad de las actuaciones administrativas de un ente público, como el Ayuntamiento de La Vega, cuando este ejerce sus facultades en lo que concierne a la organización y el uso de los espacios públicos con ocasión “de una actividad de raigambre cultural” como lo es el carnaval vegano. El juez de amparo debe limitarse a garantizar la tutela de los derechos fundamentales, cuando efectivamente se hayan vulnerados o sobre los cuales exista una amenaza inminente de vulneración.

TC/0289/18, numeral 11, e–f, pág. 50 — PDF oficial

g. Finalmente, el recurrente plantea que el juez de amparo debe procurar la armonización de los derechos fundamentales que se encuentran en conflictos, en aplicación de lo que establecido en el artículo 74.4 de la Constitución y, en este sentido, debió limitarse a instruir a las autoridades públicas a que adopte las medidas que correspondan al respeto, pero no cercenar las actividades relativas al carnaval, disminuyendo, de esta forma, el impacto social, cultural y económico, con una transformación de lo que a través de los años (como parte de un proceso normal de desarrollo evolutivo) se ha convertido lo que es el carnaval de la provincia La Vega.

h. En torno a la protección de la cultura, en el artículo 64.4 de la Constitución se establece que “el patrimonio cultural de la nación, material e inmaterial, está bajo la salvaguarda del Estado que garantizara su protección, enriquecimiento, conservación, restauración y puesta en valor”.

i. En este mismo sentido, en la Sentencia TC/0758/17, del siete (7) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), este tribunal estableció que es una obligación del Estado conservar el desarrollo y montaje del carnaval vegano, ya que este evento cultural tiene un alcance no sólo nacional, sino también internacional, y su limitación afecta los derechos colectivos de todos los dominicanos, así como de todos los extranjeros que se dan cita en dicha actividad.

TC/0289/18, numeral 11, g–i, pág. 50 — PDF oficial

j. De la lectura de las motivaciones de la sentencia y de los alegatos del recurrente y de los recurridos, se advierte que estamos en presencia de un conflicto de derechos: el derecho a la cultura, por una parte, y los derechos a la intimidad, al honor personal, libertad de tránsito, a la propiedad, a la salud y al medio ambiente sano, por otra parte. Ciertamente, la celebración del Carnaval Vegano, así como la de cualquier otro carnaval, genera un espacio propio para las manifestaciones culturales de distintas expresiones. Tratándose de fiestas populares, se produce una significativa concentración de personas, las cuales, en medio de la celebración, pueden incurrir en excesos y extralimitaciones que pueden tener como consecuencia vulneración a derechos fundamentales que les asisten a las personas que residen en el lugar de la concentración.

k. Así, ocurre con frecuencia que los participantes colocan música a un volumen muy alto, demanda de servicios sanitarios, en cantidades que no pueden satisfacerse con los sistemas sanitarios tradicionales, lo cual obliga a la instalación de sanitarios no convencionales, que no siempre se colocan en el lugar más adecuado ni se le da el uso apropiado, situaciones que repercuten en perjuicio de los residentes de la zona.

l. No menos relevante es la cuestión de las implicaciones que supone la logística propia de un evento carnavalesco, como por ejemplo, el cierre de algunas calles, la instalación de tarimas, publicidad y estructuras para que las comparsas participantes puedan organizarse y colocarse sus distintos disfraces o vestuarios. Dichas estructuras se conocen con el nombre de “cuevas” y su instalación es seriamente cuestionada por los recurridos.

TC/0289/18, numeral 11, j–l, pág. 51 — PDF oficial

m. Como se observa, son reales las posibilidades de violar derechos fundamentales y libertades públicas en perjuicio de los residentes en la ciudad de La Vega, con ocasión de la celebración de las fiestas carnavalescas. Tal situación hace necesaria la aplicación de la técnica de la armonización de los derechos en conflicto, en virtud de lo que establece el artículo 74.4. de la Constitución, texto según el cual: “los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos y, en caso de conflicto entre derechos fundamentales, procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución”.

n. Sin embargo, el juez de amparo no aplicó el texto constitucional de referencia, sino que tomó medidas que en la práctica desnaturalizan las fiestas del carnaval, pues resulta contraproducente reducir el perímetro por donde tradicionalmente se desarrolla este evento. No menos contraproducente es el hecho de prohibir las estructuras denominadas “cuevas”; así como reducir irrazonablemente los días y horarios de carnaval.

o. La reducción del perímetro de celebración del carnaval disminuye el impacto y su trascendencia, toda vez que la población y los asiduos visitantes al evento asocian el carnaval con los lugares por donde tradicionalmente ha pasado el mismo.

p. Por su parte, la eliminación de las cuevas va en contra de la magia y el esplendor del evento. La utilización de las cuevas, como se ha dicho, permite a las comparsas organizarse y presentarse al público de una manera sorpresiva e impactante.

TC/0289/18, numeral 11, m–p, pág. 52 — PDF oficial

q. El juez de amparo lo que debió hacer fue conminar a las autoridades correspondientes a que tomen las medidas que razonablemente fueren de lugar para que los residentes en la ciudad de La Vega solo se vean afectados en sus derechos y libertades fundamentales en los límites estrictamente necesarios para que las actividades carnavalescas puedan desarrollarse adecuadamente y sin perder su esencia.

r. Por las razones indicadas, procede revocar la sentencia recurrida y conocer la acción de amparo que nos ocupa, tal y como se hará en el dispositivo de esta sentencia.

s. Respecto de la acción de amparo, el recurrente ha planteado una excepción de incompetencia, fundamentándose en los artículos 75, 117, 72 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales; igualmente, ha invocado un medio de inadmisión sustentado en los numerales 1 y 2 del artículo 70 de la misma ley.

t. En lo que respecta a la excepción de incompetencia, primero transcribiremos los textos que le sirven de fundamento, luego lo analizaremos y, finalmente, daremos una respuesta a dicha excepción.

TC/0289/18, numeral 11, q–t, pág. 53 — PDF oficial

u. En este orden, en el artículo 72 se establece lo siguiente: Competencia. Será competente para conocer de la acción de amparo, el juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado. Párrafo I.- En aquellos lugares en que el tribunal de primera instancia se encuentra dividido en cámaras o salas, se apoderará de la acción de amparo al juez cuya competencia de atribución guarde mayor afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente vulnerado. Párrafo II.- En caso de que el juez apoderado se declare incompetente para conocer de la acción de amparo, se considerará interrumpido el plazo de la prescripción establecido para el ejercicio de la acción, siempre que la misma haya sido interpuesta en tiempo hábil. Párrafo III.- Ningún juez podrá declarar de oficio su incompetencia territorial. Cuando el juez originalmente apoderado de la acción de amparo se declare incompetente, éste expresará en su decisión la jurisdicción que estima competente, bajo pena de incurrir en denegación de justicia. Esta designación se impondrá a las partes, y al juez de envío, quien no puede rehusarse a estatuir, bajo pena de incurrir en denegación de justicia. Párrafo IV.- La decisión por la cual el juez originalmente apoderado determina su competencia o incompetencia deberá ser rendida inmediatamente en el curso de la audiencia o en un plazo no mayor de tres días. Dicha decisión podrá ser recurrida junto con la decisión rendida sobre el fondo de la acción de amparo.

v. En el artículo 75 se establece lo siguiente: “Amparo contra Actos y Omisiones Administrativas. La acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa”.

TC/0289/18, numeral 11, u–v, pág. 54 — PDF oficial

w. En el artículo 117, se establece lo siguiente: Disposiciones Transitorias. Se disponen las siguientes disposiciones transitorias en materia de amparo: DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Hasta tanto se establezca la jurisdicción contenciosa administrativa de primer grado, cuando el acto u omisión emane de una autoridad municipal distinta a la del Distrito Nacional y los municipios y distritos municipales de la provincia Santo Domingo, será competente para conocer de la acción de amparo el juzgado de primera instancia que corresponda a ese municipio. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: Asimismo, será competente para conocer de las acciones de amparo interpuestas contra los actos u omisiones de una autoridad administrativa nacional que tenga su sede en un municipio, el juzgado de primera instancia que corresponda a dicho municipio. DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA: Cuando el juzgado de primera instancia se encuentre dividido en cámaras o salas, el competente lo será su presidente o quien tenga a su cargo las atribuciones civiles en dicho juzgado de primera instancia.

x. La excepción de incompetencia es un incidente del procedimiento relacionado con el juez, mediante la cual la parte demandada plantea que el juez apoderado no debe conocer el caso porque la ley atribuye el conocimiento del mismo a otro juez. Esta incompetencia puede ser en razón de la materia (incompetencia absoluta) o en razón del territorio (incompetencia relativa). En el primer caso, lo que se invoca es que el conflicto debe conocerlo un tribunal distinto al apoderado, mientras que, en el segundo caso, la competencia la tiene el mismo tribunal, pero de otra circunscripción, de otro distrito judicial o de otro departamento judicial, dependiente de si la excepción se discute en un juzgado de paz, un tribunal de primera instancia o una corte de apelación.

TC/0289/18, numeral 11, w–x, pág. 54 — PDF oficial

y. En el presente caso, la demandada alega una incompetencia en razón de la materia, ya que sostiene que tratándose de una acción de amparo contra un acto u omisión de una autoridad municipal corresponde conocerlo al presidente o quien tenga a su cargo las designaciones de los asuntos civiles en el Juzgado de Primera Instancia divido en salas o cámaras. En efecto, la demandada afirma que correspondía a la Primera Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega y no a la Segunda Sala de dicho distrito judicial conocer de la acción de amparo.

z. Expuesto lo anterior, procederemos a analizar los textos transcritos anteriormente. En este orden, es importante destacar que en la materia que nos ocupa el legislador establece, por una parte, una regla general y, por otra parte, una excepción y varias disposiciones transitorias.

aa. En la regla general se establece que el tribunal competente para conocer de la acción de amparo es el de primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado (artículo 72). En esta regla general queda delimitada la competencia en razón de la materia o absoluta, así como la competencia en razón del territorio o relativa.

bb. Es importante destacar que en este mismo texto se indica que aquellos lugares en que el tribunal de primera instancia se encuentra dividido en cámaras o salas, se apoderará de la acción de amparo al juez cuya competencia de atribución guarde mayor afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente vulnerado.

cc. La excepción contemplada se refiere a que la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para instruir y decidir las acciones de amparo incoada contra los actos u omisiones administrativas (art. 75 de la Ley núm. 137- 11).

TC/0289/18, numeral 11, y–cc, pág. 55 — PDF oficial

dd. Sin embargo, en nuestro país la jurisdicción contencioso administrativa todavía es una asignatura pendiente, en razón de que, si bien en la Ley núm. 13-07 se estableció el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, equivalente al Tribunal Superior Administrativo contemplado en la Constitución de dos mil diez (2010), también es cierto que, hasta la fecha, no se han implementado los tribunales de primera instancia en la materia.

ee. Por esta razón, el legislador estableció, de manera transitoria, que corresponde a los juzgados de primera instancia de cada municipio conocer, en primer grado, las acciones de amparo que tengan por objeto actos u omisiones de una autoridad municipal distinta a la del Distrito Nacional y a los municipios y distritos municipales de la provincia Santo Domingo, hasta que se implemente la jurisdicción contenciosa administrativa de primer grado (artículo 117, disposición transitoria primera, Ley núm. 137-11).

ff. La competencia anterior se extiende, además, a las acciones de amparo incoadas contra actos u omisiones de las autoridades administrativas nacional con sede en el municipio (artículo 117, disposición transitoria segunda, Ley núm. 137- 11).

gg. Por último, la competencia se atribuye, en caso de que el tribunal de primera instancia esté divido en cámaras o salas, al presidente de dicho tribunal o quien tenga las atribuciones civiles en dicho tribunal (artículo 117, disposición transitoria tercera, Ley núm. 137-11). Es en esta previsión que se ampara la demandada para sustentar la excepción de incompetencia.

hh. En este orden, el Juzgado de Primera Instancia del distrito judicial de La Vega está divida en salas, en particular, existen dos salas civiles: la primera y la segunda.

TC/0289/18, numeral 11, dd–hh, pág. 56 — PDF oficial

ii. Partiendo de la estructura que existe en el distrito judicial de La Vega, le corresponde conocer de las acciones de amparo contra actos u omisiones de la autoridad municipal o de la autoridad administrativa nacional con sede en el municipio, a cualquiera de las dos cámaras civiles, es decir, a la primera o a la segunda y no solo a la primera, como de manera errónea lo sostiene la demandada.

jj. En efecto, cuando un tribunal de primera instancia se divide en cámaras, una de ella instruye, generalmente, lo penal y la otra lo civil, correspondiendo a esta última conocer de las acciones de amparo en la materia indicada, según la disposición transitoria tercera del referido artículo 117. En esta misma línea de argumentación, cuando se implementen más de una sala civil, como ocurre en varias provincias, cualquiera de ellas es competente para instruir y decidir la materia que nos ocupa.

kk. Por las razones indicadas procede rechazar la excepción de incompetencia que nos ocupa, como al efecto se rechaza, valiendo sentencia esta solución, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta decisión.

ll. El Tribunal Constitucional no puede dejar de destacar que resulta notorio el hecho de que las previsiones en el orden “competencia” analizadas anteriormente fueron concebidas partiendo de las viejas estructuras de la organización judicial, en la cual el juez de primera instancia y las cortes de apelación tenían competencias plenas, es decir, que un mismo juez o corte conocía de todas las materias (civil, penal, laboral), esquema este que estaba superado cuando se aprobó la Ley núm. 137-11, ya que, dichos órganos judiciales se han especializado casi en todo el territorio nacional.

TC/0289/18, numeral 11, ii–ll, pág. 57 — PDF oficial

mm. En lo que concierne al medio de inadmisión invocado, en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11, se establece lo siguiente: Causas de inadmisión. El juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos: 1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado. 2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental. 3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente.

nn. De las tres causales indicadas en el texto transcrito anteriormente solo analizaremos las dos primeras, ya que estas fueron las invocadas por la demandada en primer grado y ahora recurrente. En lo que concierne a la primera causal, la existencia de otra vía efectiva, es importante destacar que el legislador la ha consagrado con la finalidad de garantizar el principio de corrección funcional, es decir, para evitar que el juez de amparo incursione en ámbitos competenciales reservados a la jurisdicción ordinaria. Asimismo, esta causal define la naturaleza subsidiaria de la acción de amparo, en la medida que impide al juez de amparo conocer de las acciones de amparo cuando existan otras vías efectivas en el ordenamiento jurídico.

oo. Por otra parte, la jurisprudencia de este tribunal ha establecido que una vía es efectiva cuando el juez competente para conocer de la acción, demanda o recurso considerado como otra vía efectiva tenga facultad para dictar las medidas cautelares que, por la naturaleza de la cuestión discutidas, sean necesarias para resolver cuestiones urgentes [Sentencia TC/0030/12, del tres (3) de agosto de dos mil doce (2012)].

TC/0289/18, numeral 11, mm–oo, pág. 58 — PDF oficial

pp. Expuestas las cuestiones generales relativas a la materia que nos ocupa, procederemos a analizar y responder los alegatos invocados por la demandada para justificar el medio de inadmisión. En este orden, se afirma que el juez de amparo no podía decidir del conflicto que nos ocupa, en la medida que el conocimiento del mismo implicaba analizar “(…) aspectos técnicos realizado por la autoridad- administrativa para la organización de una actividad cultural”. En este orden, afirma, dicha parte, que la otra vía efectiva es el recurso contencioso administrativo, mecanismo mediante el cual se podían atacar “(…) las previsiones que tenía la autoridad-administrativa respecto del carnaval vegano”.

qq. Para estar en condiciones de dar una respuesta adecuada sobre la causal de inadmisibilidad analizada, conviene que se defina el objeto de la acción de amparo que nos ocupa. En este sentido, si bien los accionantes no están de acuerdo con que el carnaval se realice en el perímetro en que se desarrolla actualmente ni tampoco están de acuerdo con la instalación de las estructuras denominadas “cuevas”, dicho desacuerdo está sustentado en que sus derechos y libertadas fundamentales se les están vulnerando. Y resulta que las determinación y sanción de tales violaciones le conciernen al juez de amparo y no al juez ordinario.

rr. El recurso contencioso administrativo no es el mecanismo viable para resolver las pretensiones de los accionantes, porque lo que aquí se discute no es si las autoridades administrativas locales tienen facultad para determinar el lugar y hora de la celebración del carnaval, sino la vulneración de los referidos derechos y libertades fundamentales que se producen a consecuencia de la celebración del Carnaval Vegano.

TC/0289/18, numeral 11, pp–rr, pág. 59 — PDF oficial

ss. En este orden, el hecho de que el juez contencioso administrativo estableciera la viabilidad de que el carnaval se siguiera realizando en el mismo perímetro y que, igualmente, se indique que las cuevas deben seguir funcionando, esto no implica que la intervención del juez de amparo no sea necesaria para ordenar las medidas orientadas a garantizar que durante el desarrollo del carnaval los derechos y libertades individuales sean limitados de manera racional y cuando fuere estrictamente necesario para el adecuado y natural desenvolvimiento de las fiestas carnavalescas.

tt. De manera que la vía correcta para resolver el presente caso no es otra que la del amparo, en razón de que estamos en presencia de un conflicto de derecho que requiere de la implementación de la técnica denominada armonización de derecho, cuestión que, sin dudas, debe ventilarse ante la jurisdicción constitucional.

uu. En torno a la segunda causal, la extemporaneidad, el recurrente sostiene que la acción de amparo debe incoarse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de la violación invocada. Por otra parte, afirma que el hecho cuestionado ocurrió en febrero de dos mil diecisiete (2017) y que la acción se interpuso mucho tiempo después de dicha fecha.

TC/0289/18, numeral 11, ss–uu, pág. 60 — PDF oficial

vv. La fecha exacta en que fue interpuesta la acción de amparo es el siete (7) de junio de dos mil diecisiete (2017), sin embargo, contrario a lo pretendido por el recurrente, la referida acción no es extemporánea, en razón de que la misma no tiene como finalidad la protección de los derechos que alegadamente se vulneraron con ocasión del carnaval celebrado en febrero de dos mil diecisiete (2017), sino que el objeto es evitar que los mismos excesos que se cometieron en aquella ocasión se cometan en el futuro, es decir, que estamos en presencia de un amparo preventivo. Por las razones anteriores, procede rechazar, como al efecto se rechaza, el medio de inadmisión que nos ocupa, valiendo sentencia esta decisión, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia.

ww. En cuanto al fondo de la acción, la misma se acogerá parcialmente y, en ese sentido, se mantendrá inalterable el perímetro de celebración de las actividades correspondientes, a condición de que las autoridades correspondientes garanticen el desenvolvimiento de la misma con estricto apego a los cánones constitucionales al respeto de los derechos de los residentes de la ciudad de La Vega.

TC/0289/18, numeral 11, vv–ww, pág. 61 — PDF oficial

xx. En particular, deben tomarse las medidas necesarias para que los moradores de las zonas en donde se celebra el carnaval vegano puedan circular de la forma más razonable posible. Entre las medidas que este tribunal considera necesarias para que los derechos y libertades fundamentales en conflicto puedan ejercerse armónicamente destacan las siguientes: 1. Exigir que la construcción e instalación de las denominadas “cuevas” se haga a una altura que permita el libre tránsito de vehículos y personas. 2. Garantizar que los baños portátiles o no convencionales no se instalen frente de las casas de las personas que habitan en la ciudad de La Vega y que el número de los mismos sea proporcional al número de personas que asistirá a las fiestas carnavalescas para que estas puedan hacer sus necesidades naturales de manera ordenada y en condiciones aceptables de higiene. 3. Organizar el tránsito de manera tal que los habitantes en la ciudad de La Vega puedan entrar y salir, caminando o en vehículo de motor, a sus viviendas y para que, igualmente, puedan hacerlo las personas y los vehículos que se dirigen a los hospitales y clínicas privadas y 4. Exigir que en la colocación de músicas y la realización de cualquier otra actividad que produzca sonido se observen las reglas que rigen la materia.

TC/0289/18, numeral 11, xx, pág. 61 — PDF oficial

yy. Respecto de la astreinte, los accionantes solicitan la fijación por la suma de diez mil pesos dominicanos con 00/100 ($10,000.00) por cada día de retardo en el cumplimiento de esta sentencia. El tribunal procederá a rechazarla, en la medida que el cumplimiento de las medidas que deben implementar las autoridades municipales son de carácter general y deben implementarse antes y durante el desarrollo del carnaval. aaa) En virtud de las motivaciones anteriores, procede acoger el recurso de revisión que nos ocupa, revocar la sentencia recurrida y acoger parcialmente la acción de amparo interpuesta por los señores Ana Isabel García de Fernández, Juan Luis de Jesús Jiménez Arango, Norman Luis Lizardo Henríquez, Julio García Cruz y Ismaela Pichardo de Mora contra el Ayuntamiento de La Vega. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Ana Isabel Bonilla Hernández y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Consta en acta el voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0289/18, numeral 11, yy, pág. 62 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de sentencia de amparo interpuesto por el Ayuntamiento de la Vega contra la Sentencia núm. 209-2017-SORD-00010, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la Vega el siete (7) de agosto de dos mil diecisiete (2017).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 209-2017- SORD-00010.

TERCERO: ACOGER, parcialmente en cuanto al fondo, la acción de amparo interpuesta por los señores Ana Isabel García de Fernández, Juan Luis de Jesús Jiménez Arango, Norman Luis Lizardo Henríquez, Julio García Cruz y Ismaela Pichardo de Mora contra el Ayuntamiento de La Vega, por las razones indicadas anteriormente.

CUARTO: ORDENAR a las autoridades locales de la ciudad de La Vega, en particular, al Ayuntamiento, la Policía Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente, que implementen todas las medidas que se detallarán más adelante para que se garantice, durante la celebración del Carnaval Vegano, el ejercicio armónico de los derechos y libertades fundamentales en conflictos. A. Ordenar al Ayuntamiento de La Vega vigilar la construcción e instalación de las denominadas “cuevas” para que tenga una altura que permita el libre tránsito de personas y vehículos durante la celebración de las fiestas carnavalescas. B. Ordenar al Ayuntamiento de La Vega vigilar y supervisar la instalación de baños portátiles o no tradicionales para que no sean colocados frente a las viviendas de los residentes de la ciudad y que la cantidad de los mismos sea proporcional al número de usuarios previsto, con la finalidad de que las necesidades naturales se satisfagan en orden y de manera higiénica. C. Ordenar al Ayuntamiento de La Vega que organice el tránsito de forma tal que los residentes de la ciudad de La Vega puedan entrar y salir (caminado o en vehículo) de sus viviendas y las personas y los vehículos puedan llegar a los hospitales y clínicas. D. Ordenar al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que garantice el cumplimiento de la Ley núm. 287-04, sobre prevención, supresión y limitación de ruidos nocivos y molestos que producen contaminación sonora; así como la Ley núm. 64-00, General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, durante las fiestas carnavalescas.

QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, Ayuntamiento de La Vega, y a la parte recurrida, señores Ana Isabel García de Fernández, Juan Luis de Jesús Jiménez Arango, Norman Luis Lizardo Henríquez, Julio García Cruz y Ismaela Pichardo de Mora.

SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11.

SEPTIMO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0289/18, del 31 de agosto de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0289-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.