Sentencia TC/0296/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 19 de diciembre de 2014 · Expediente TC-05-2011-0008

recurso de revisión de sentencia de amparo incoado por el Ministerio de Interior y Policía contra la Sentencia núm. 00753/2011, dictada en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil once (2011) por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0296/14?

El recurso tiene especial trascendencia constitucional porque permite determinar el alcance de la presunción de inocencia (TC/0296/14, numeral 9, pág. 13). Aunque el amparo se interpuso bajo la Ley núm. 437-06, debía instruirse y fallarse conforme a la Ley núm. 137-11, de aplicación inmediata, pues al entrar esta en vigor aún no se había instruido el proceso y su aplicación no afectaba la seguridad jurídica (TC/0296/14, numeral 10, a–d, pág. 14; TC/0296/14, numeral 10, e–g, pág. 15; TC/0296/14, numeral 10, h–k, pág. 16). El juez de amparo puede anular un acto administrativo para tutelar derechos fundamentales, y la notificación directa al ministerio fue válida por el principio de informalidad, sin necesidad de notificar al Estado. Aunque correspondía conocer del amparo a la jurisdicción contencioso-administrativa, el Tribunal decidió resolverlo sin remisión por economía procesal y en atención a los principios de accesibilidad, celeridad e informalidad (TC/0296/14, numeral 10, l–m, pág. 17; TC/0296/14, numeral 10, n–o, pág. 17; TC/0296/14, numeral 10, p–r, pág. 18; TC/0296/14, numeral 10, s–u, pág. 19; TC/0296/14, numeral 10, v–x, pág. 20).

El ejercicio del derecho de propiedad sobre un arma de fuego está sujeto a las limitaciones de la Ley núm. 36. La potestad discrecional de revocar licencias prevista en su artículo 27 solo es conforme con la Constitución si la decisión se fundamenta razonablemente en hechos y en derecho. Para revocar la licencia por la causal examinada, debe existir una sentencia condenatoria aflictiva o infamante con carácter de cosa irrevocablemente juzgada, salvo la excepción prevista en TC/0010/12. El mero sometimiento a la justicia no justificaba la revocación: el interesado había sido absuelto y no constaba que tuviera un proceso penal abierto al solicitar la renovación. La revocación desconoció así la presunción de inocencia y el debido proceso (TC/0296/14, numeral 10, bb–dd, pág. 22; TC/0296/14, numeral 10, gg–hh, pág. 23; TC/0296/14, numeral 10, kk–ll, pág. 25; TC/0296/14, numeral 10, pp–rr, pág. 26; TC/0296/14, numeral 10, ss–tt, pág. 27).

Decisión

Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo acoge parcialmente en cuanto al fondo, anula la Sentencia núm. 00752/2011 por violación de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, y rechaza las demás pretensiones del Ministerio de Interior y Policía. Acoge el amparo y ordena renovar el permiso y devolver el arma si aún está retenida, previa certificación actualizada de la Procuraduría General de la República de que el interesado no está sometido a la acción de la justicia por delitos penales.

Citas textuales clave

“la expulsión del sistema jurídico de Ley núm. 437-06 fue expresa y automática.” (TC/0296/14, numeral 10, e–g, pág. 15)
“El solo hecho de que el señor Alfonso Canela María fuera sometido por la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, no es razón suficiente para la cancelación de la licencia, toda vez que existe una sentencia que ordenó su absolución por el delito que le fue imputado.” (TC/0296/14, numeral 10, pp–rr, pág. 26)
“De lo antes expuesto, el Tribunal Constitucional considera que la referida revocación de porte y tenencia de arma de fuego contenida en la Comunicación núm. 002886, de fecha treinta (30) de marzo dos mil once (2011), suscrita por el Ministerio de Interior y Policía, desconoce el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.” (TC/0296/14, numeral 10, pp–rr, pág. 26)

Normas interpretadas

Constitución: arts. 51, 68, 69 (en particular, numerales 3 y 7), 72, 109 y 110. Ley núm. 137-11: arts. 4, 7 (numerales 1, 2, 6 y 9), 51, 72, 75, 94, 100, 115 y 116. Ley núm. 1486: art. 13. Ley núm. 13-07: art. 4. Ley núm. 36: arts. 17 y 27. Ley núm. 50-88: art. 81.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0007/12, TC/0071/13, TC/0010/12 y C-774/01 (Corte Constitucional de Colombia).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos invocados por las partes, el caso de la especie se contrae a que el Ministerio de Interior y Policía, mediante Comunicación núm. 002886, de fecha treinta (30) de marzo de dos mil once (2011), ordenó la cancelación de la licencia de porte y tenencia de arma de fuego e incautación de la misma en contra del señor Alfonso Canela María, por haber sido sometido a la acción de la justicia acusado de presunta violación a la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en República Dominicana. En ese tenor, el señor Alfonso Canela María interpuso una acción de amparo en contra del Ministerio de Interior y Policía, para lo cual resultó apoderada la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. El tribunal de amparo acogió la acción mediante Sentencia núm. 00752/2011, de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil once (2011). Asimismo, dispuso la nulidad de la Comunicación núm. 002886, emitida por el Ministerio de Interior y Policía y, ordenó la tramitación de la correspondiente licencia para porte y tenencia de arma en favor del señor Alfonso Canela María, lo que dio lugar a que la referida entidad estatal recurriera en revisión la sentencia previamente mencionada.

TC/0296/14, numeral 7, pág. 12 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión

En virtud de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley núm. 137-11, las sentencias emanadas de un juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería. Cabe resaltar que en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 se establecen los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de amparo, sujetándola a la especial trascendencia o relevancia constitucional. El Tribunal Constitucional está facultado para apreciar dicha trascendencia o relevancia, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, como en el caso en cuestión. Este tribunal fijó su posición en relación con la aplicación del referido artículo 100 (ver sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012)), estableciendo que la especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada, que la mencionada condición de inadmisibilidad “solo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento (…)”. En el caso que nos ocupa la transcendencia o relevancia constitucional radica e implica determinar el alcance y contenido del principio de presunción de inocencia del que goza toda persona mientras no exista una sentencia condenatoria que declare su culpabilidad. En ese orden y luego de analizar los documentos aportados por las partes, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional debe conocer su fondo.

TC/0296/14, numeral 9, pág. 13 — PDF oficial

10. El fondo del presente recurso de revisión constitucional

a) En lo que respecta al fondo del recurso de revisión constitucional y ante la relevancia del derecho invocado, debemos ‒ en primer orden ‒ referirnos al argumento planteado por la parte accionante en revisión, el Ministerio de Interior y Policía, el cual aduce que el juez de amparo dictó su sentencia basado en una ley derogada, específicamente, en la núm. 437-06, que establece el Recurso de Amparo.

b) Señaló, además, que la acción debió ser instruida conforme a la Ley núm. 137-11, por ser la vigente al momento de conocer las audiencias de fechas veintidós (22) y veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011), y en razón de que las leyes de carácter procesal son de aplicación inmediata.

c) Ciertamente, al momento de la interposición del amparo, cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011), la ley procesal vigente para conocer de la acción lo era la Ley núm. 437-06; sin embargo, para la fecha en que fue instruido y fallado el proceso, la referida ley núm. 437-06 había sido derogada, tomando en cuenta que la primera audiencia fue fijada para el día trece (13) de mayo de dos mil once (2011) y el rol de esa audiencia fue cancelado por incomparecencia de ambas partes.

d) A raíz de lo anterior, fue necesario convocar y citar nueva vez a las partes para el conocimiento de audiencia, la cual fue celebrada el día veintidós (22) de julio de dos mil once (2011), dando inicio a la instrucción del proceso mediante el otorgamiento de oportunidad a las partes para realizar depósito de documentos. La próxima audiencia quedó fijada para el día veintinueve (29) de ese mismo mes y año, audiencia última en donde ambas partes presentaron conclusiones al fondo. El juez se reservó el fallo de la referida acción de amparo para una próxima audiencia y la sentencia de marras fue pronunciada en fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil once (2011).

TC/0296/14, numeral 10, a–d, pág. 14 — PDF oficial

e) En ese sentido, es importante señalar que el artículo 110 de la Constitución dominicana, dispone: Irretroactividad de la ley. La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

f) Por tanto, la validez de la norma se pierde por disposición expresa cuando el legislador así lo ha dispuesto, es decir, cuando la nueva ley lo contempla de manera escrita, que es lo que ha ocurrido en el caso de la Ley núm. 437-06, la cual quedó derogada en su totalidad con la entrada en vigencia de forma inmediata de la nueva norma procesal, la Ley núm. 137-11; y por disposición de los artículos 115 y 116 de la indicada ley, por lo que la expulsión del sistema jurídico de Ley núm. 437-06 fue expresa y automática.

g) Si bien es cierto que las leyes no tienen carácter retroactivo y que no pueden afectar las consecuencias jurídicas producidas con anterioridad a su entrada en vigencia, no menos cierto es que en el caso que nos ocupa, la nueva normativa no afecta la seguridad jurídica, en razón de que al momento de entrar en vigencia la Ley núm. 137-11 no se había instruido el proceso de amparo, como indicamos anteriormente; la primera audiencia, pautada para celebrarse el día veintidós (22) de mayo, resultó con el fallo de rol cancelado, lo que significa que ninguna de las partes comparecieron, lo que obligó a realizar una nueva citación y convocatoria a la parte accionada, cuya audiencia se conoció el día veintidós (22) de julio de dos mil once (2011), estando ya promulgada la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

TC/0296/14, numeral 10, e–g, pág. 15 — PDF oficial

h) Además, una vez publicadas las leyes, estas se reputan conocidas para todo el territorio nacional, en virtud del artículo 109 de la Constitución dominicana. Y en atención al artículo 69 de nuestra Carta Magna, el juez está llamado a garantizar la tutela judicial efectiva en todo proceso.

i) Ha de entenderse entonces que el tribunal apoderado para conocer de la acción de amparo debió, en virtud de los principios de efectividad, oficiosidad y supletoriedad, instruir y fallar el proceso con la nueva normativa, máxime cuando Ley núm. 137-11 es de aplicación inmediata, con lo que se evitaba que el juez de amparo dictará una sentencia en base a una ley inexistente, lo que no fue previsto por el tribunal de amparo para el caso de la especie.

j) En otro orden, el Ministerio de Interior y Policía aduce que el juez ha actuado fuera de los límites de sus facultades, esto así, en virtud de que el juez a quo carece de facultad para anular un acto administrativo de un ministro, así como disponer, ni imponer el otorgamiento de licencias en violación a las facultades otorgadas por la ley al ministro, ya que este actúa por mandato de la ley y no puede un poder del Estado mandar a otro a actuar en contra de la ley.

k) Sin embargo, tal afirmación del accionante desconoce el contenido del artículo 72 de la Constitución, el cual establece: Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo (…).

TC/0296/14, numeral 10, h–k, pág. 16 — PDF oficial

l) La potestad de los jueces en la tarea de asegurar el control de la constitucionalidad está referida por su responsabilidad de tutelar los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, en virtud de los artículos 68 y 69 de la Constitución dominicana y el artículo 51 de la Ley núm. 137-11. En esas atenciones, los jueces de primer grado en asuntos de amparo están llamados a salvaguardar los derechos y las garantías fundamentales, por lo que plantear que un juez de esta naturaleza carece de facultad para declarar la nulidad de un acto administrativo emanado de una institución pública es irracional y carente de toda lógica constitucional.

m) El Ministerio de Interior y Policía ha invocado, igualmente, que no fue debidamente citado en razón de que la citación no se hizo a través del Estado dominicano, como representante jurídico de los ministerios de Estado, en virtud de lo establecido en la Ley núm. 1486, sobre Representación Jurídica del Estado, por lo que la acción deviene en inadmisible.

TC/0296/14, numeral 10, l–m, pág. 17 — PDF oficial

n) El artículo 13 de la Ley núm. 1486, de fecha veinte (20) de marzo del año mil novecientos treinta y seis (1936), establece que: El Estado podrá ser notificado, respecto de cualquier asunto y para un fin cualquiera; 1. En la Secretaría de Estado de Justicia, hablando allí con el Secretario Estado de Justicia, o con cualquiera de los Subsecretarias de Estado del ramo, o con el Oficial Mayor de esa Secretaría de Estado; o 2. En la Procuraduría General de la República, hablando allí con el Procurador General de la República, o con uno sus abogados ayudantes, o con Secretario de esa Procuraduría General; 3. En la Procuraduría General de una cualquiera de las Cortes de Apelación, hablando allí con el Procurador General de esa Corte, o uno de Abogados Ayudantes, o con el Secretario de dicha Procuraduría; o 4. En la Procuraduría Fiscal de uno cualquiera de los Distritos Judiciales. (sic)

o) No obstante lo indicado por el accionante y el texto legal citado, este tribunal constitucional considera que todo acto concerniente a procesos y procedimientos constitucionales debe regirse por el principio de informalidad, contemplado en nuestro régimen de justicia constitucional, instituido por el artículo 7.9 de la Ley núm. 137-11, cuando señala que los procesos y procedimientos constitucionales deben estar exentos de formalidades o rigores innecesarios que afecten la tutela judicial efectiva.

TC/0296/14, numeral 10, n–o, pág. 17 — PDF oficial

p) En los casos que el acto haya sido notificado en las oficinas de la autoridad o funcionario de que se trate, inclusive cuando tal notificación se hiciere ante una representación local, su representante legal o ante la propia persona de dicha autoridad o funcionario, el acto es considerado válido en su notificación, tomando en consideración que no se trata de una demanda que pueda afectar el patrimonio del ministerio atacado, sino que con dicha acción se procura la protección de un derecho fundamental alegadamente vulnerado con un acto emitido, en este caso, por el Ministerio de Interior y Policía.

q) Es importante destacar que respecto de la cuestión examinada ya el Tribunal Constitucional se pronunció en la indicada sentencia TC/0071/13, mediante la cual se estableció que:

h) Por tanto, un acto relacionado con procesos y procedimientos constitucionales debe tenerse como válido y eficaz cuando el mismo haya sido notificado en las oficinas de la autoridad o funcionario de que se trate, incluso cuando tal notificación se hiciere ante una representación local, su representante legal y ante la propia persona de dicha autoridad o funcionario, cuestión que también encuentra fundamento en el principio de informalidad que figura entre las directrices rectoras del sistema de justicia constitucional instituido por el artículo 7 de la referida Ley No. 137-11. (párrafo h, No. 10)

r) Siendo así las cosas, entendemos que la acción de amparo puede ser incoada directamente contra la entidad en cuestión, sin necesidad de notificar al Estado, por lo que consideramos que el Acto núm. 112-011, de fecha diecisiete (17) de junio de dos mil once (2011), cumple razonablemente con el rigor de la notificación en manos de la persona puesta en causa, debiendo en ese tenor rechazar las pretensiones vertidas por la parte accionante en revisión, de que no fue debidamente citada.

TC/0296/14, numeral 10, p–r, pág. 18 — PDF oficial

s) Por otro lado, resulta imperativo referirnos a la excepción de incompetencia planteada por el Ministerio de Interior y Policía, en base a las conclusiones dadas en primer grado y las sostenidas en su recurso de revisión, el cual aduce que el juez de amparo de la jurisdicción civil no era el competente para conocer del proceso, sino la jurisdicción contenciosa administrativa, ya que los actos administrativos de un funcionario deben conocerse, por un lado, ante su jurisdicción natural, como lo es la jurisdicción administrativa y, que no se puede atacar por amparo la actuación del ministro sino por medio de los recursos que la ley pone a cargo de la parte lesionada, como es el recurso de reconsideración o el jerárquico superior, tal como lo establece el artículo 1 de la Ley núm. 13-07, que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo. De modo que, según el accionante, no procede el amparo cuando exista una vía ordinaria de solución de una actuación.

t) En ese orden, el artículo 72 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, estipula: Competencia. Será competente para conocer de la acción de amparo, el juez de primera instancia del lugar donde se haya manifestado el acto u omisión cuestionado. Párrafo I. En aquellos lugares en que el tribunal de primera instancia se encuentre dividido en cámara o salas, se apoderará de la acción de amparo al juez que guarde mayor afinidad y relación con el derecho fundamental alegadamente vulnerado… (sic)

u) Asimismo, el artículo 75 de la Ley núm. 137-11 establece: La acción de amparo contra los actos u omisiones de la administración pública, en los casos que sea admisible, será de la competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.

TC/0296/14, numeral 10, s–u, pág. 19 — PDF oficial

v) El artículo 4, de la Ley núm. 13-07, del veinticuatro (24) de enero de dos mil siete (2007), estipula: El agotamiento de la vía administrativa será facultativo para la interposición de los recursos, contencioso administrativo y contencioso tributario, contra los actos administrativos dictados por los órganos y entidades de la administración pública, excepto en materia de servicio civil y carrera administrativa.

w) En ese orden, es oportuno señalar que la acción de amparo tiene la característica de ser un proceso expedito y no sujeto a formalidades, que tiene la finalidad de que los tribunales de primer grado puedan tutelar un derecho fundamental invocado por las partes accionantes, de forma sencilla y sin mayores dilaciones. Por ende, el hecho de que el proceso que hoy nos ocupa fuera interpuesto ante un tribunal de jurisdicción civil y no ante la jurisdicción administrativa, como era lo correcto, amerita que el referido caso sea remitido ante la jurisdicción correspondiente para su conocimiento.

x) Sin embargo, por las características propias de esta materia y en virtud de los principios de accesibilidad, celeridad e informalidad establecidos en el artículo 7, numerales 1, 2 y 9 de la Ley núm. 137-11, tomando en consideración que estamos frente a una alegada vulneración a un derecho fundamental por parte del accionante, lo pertinente es que este tribunal conozca del proceso sin mayor dilación, por economía procesal, sin necesidad de remitirlo ante la jurisdicción administrativa.

TC/0296/14, numeral 10, v–x, pág. 20 — PDF oficial

y) Procede entonces, verificar las circunstancias que dieron origen a la negativa del Ministerio de Interior y Policía de renovar la licencia para el porte y tenencia de armas al señor Alfonso Canela María, lo que implica ir más allá de los alegatos de las partes, debiendo hacer un análisis de la norma que sirvió de fundamento al acto atacado, actuando siempre de conformidad con los principios constitucionales y como garantes de la interpretación constitucional.

z) Conforme el Acto núm. 112-011, de fecha diecisiete (17) de junio de dos mil once (2011), el Ministerio de Interior y Policía fue notificado de la acción de amparo interpuesta por el señor Alfonso Canela María en contra de la Comunicación núm. 002886, de fecha treinta (30) de marzo de dos mil once (2011), a través de la cual le fue cancelada la licencia para porte y tenencia de armas.

aa) Al respecto, el señor Alfonso Canela María alega que el único pretexto que tiene el Ministerio de Interior y Policía para cancelar la licencia es que fue sometido a la acción de la justicia en mil novecientos noventa y cinco (1995), proceso del cual fue absuelto por insuficiencia de prueba mediante sentencia de fecha siete (7) marzo de mil novecientos noventa y cinco (1995), dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, la cual adquirió el carácter de cosa irrevocablemente juzgada. Ante tal desafuero, procede, pues, que intervenga el juez de amparo, para frenar las actuaciones arbitrarias en contra del exponente y se imponga la preeminencia de la Constitución y de los tratados internacionales.

TC/0296/14, numeral 10, y–aa, pág. 21 — PDF oficial

bb) De su lado, el Ministerio de Interior y Policía alega que la Constitución establece claramente cuáles son los derechos y garantías a ser protegidos por el amparo, en cuya lista no figura la tenencia y porte de armas de fuego; que el otorgamiento de una licencia no constituye un derecho fundamental, sino una facultad discrecional otorgada por ley a esa institución; que nadie ha negado el derecho a la propiedad, que jamás esa entidad deberá entregar un arma a una persona que, a su juicio, no cumpla con los requisitos para obtener la licencia de tenencia de la misma; que en el caso de las armas, debe entenderse que la ley regula las condiciones del derecho de propiedad, por tratarse de un asunto de seguridad que afecta el interés colectivo de la sociedad que están por encima del interés particular.

cc) En esas atenciones, el artículo 51 de la Constitución estipula: El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

dd) La Constitución reconoce el derecho de propiedad como un derecho patrimonial fundamental. Sin embargo, cuando este derecho recae sobre un arma de fuego, como en el caso que nos ocupa, su ejercicio está restringido, condicionado y limitado, por tratarse de un instrumento susceptible de poner en riesgo la seguridad nacional, la integridad personal y el derecho a la vida. Dichas limitaciones encuentran su fundamento en una ley especial y de orden público, como es la Ley núm. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, de fecha dieciocho (18) de octubre de mil novecientos sesenta y cinco (1965). (Ver Sentencia TC/0010/12, de fecha dos (2) de mayo de dos mil doce (2012)).

TC/0296/14, numeral 10, bb–dd, pág. 22 — PDF oficial

ee) Es un hecho notorio que el otorgamiento y renovación de licencias para el porte y tenencia de arma de fuego en manos de particulares implica un riesgo para la sociedad y el Estado en sentido general. Es por ello que el Estado, a través del Ministerio de Interior y Policía, se ha reservado el derecho de otorgar y revocar las licencias para el porte y tenencia de armas, en virtud de lo que estipulan los artículos 17 y 27 de la referida ley núm. 36.

ff) Al respecto, el artículo 17, de la Ley núm. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, establece: Se requerirá a toda persona física o moral la obtención de licencia para importar o negociar en armas de fuego, piezas, municiones y fulminantes. La licencia consignará la cantidad máxima en valores representados por armas, piezas, municiones o fulminantes. Este valor se calculará a base del precio que conste en los documentos de compra. La licencia será otorgada por el Ministro de lo Interior y Policía a solicitud del interesado. Antes de resolver sobre dicha solicitud el Ministro de lo Interior y Policía podrá pedir cualquier informe que juzgue conveniente. El Ministro de lo Interior y Policía puede discrecionalmente aprobar a desaprobar dicha solicitud, y en caso de que la apruebe, exigirá la fianza que ha de prestar previamente al solicitante, fijando el tiempo de su duración a menos que sea retirada antes por su autoridad. (sic)

TC/0296/14, numeral 10, ee–ff, pág. 23 — PDF oficial

gg) En ese mismo orden, el artículo 27 de la Ley núm. 36, establece que: Las licencias que hayan sido expedidas a particulares para el porte o tenencia de armas, podrán ser revocadas en cualquier tiempo por el Ministro de lo Interior y Policía. Párrafo.- Al revocarse o cancelarse una licencia, o al expirar el plazo que la presente Ley concede para su renovación, todas las armas y municiones en poder del poseedor de la licencia se depositarán en un Arsenal del Estado, o en un local que esté bajo la custodia del Ejército o de la Policía Nacional y en tales casos dichas armas y municiones pasarán a ser propiedad del Estado.

hh) Es así que de la lectura del artículo 27 de la citada ley núm. 36 se desprende que el legislador no estableció requisitos para que el Ministerio de Interior y Policía revoque las referidas licencias, independientemente de que sea una norma reglada. Al estipular que la licencia expedida a los particulares pueda ser revocada en cualquier tiempo por el Ministerio está otorgando una potestad discrecional a dicha institución para accionar, lo que implica dejar abierta la posibilidad de que esa facultad sea ejercida de manera arbitraria. En este orden, el Tribunal considera que para que el mencionado texto legal sea conforme a la Constitución, debe interpretarse en el sentido de que el Ministerio de Interior y Policía tiene la facultad para la revocación de las licencias para el porte y tenencias de armas, pero que para ello debe fundamentar razonablemente en hecho y derecho su decisión de revocación, criterio que ha sido expuesto en la Sentencia TC/0010/12, de fecha dos (2) de mayo de dos mil doce (2012).

TC/0296/14, numeral 10, gg–hh, pág. 23 — PDF oficial

ii) Si bien el comercio, el porte y la tenencia de armas de fuego son actos lícitos y están regulados por la citada ley núm. 36, lo que permite puedan ser obtenidas en los establecimientos legalmente autorizados; para su porte, tenencia y uso es obligatorio estar provisto de una licencia expedida por la entidad competente, siendo en el caso de la especie el Ministerio de Interior y Policía, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley núm. 36

jj) En ese sentido, la limitación a la obtención de dicha licencia o la revocación de esta no implica restricciones al derecho de propiedad, partiendo de la premisa de que la negativa al otorgamiento de la licencia o la no revocación de esta esté sustentada en razones de hecho y de derecho, y basada en elementos subjetivos, adecuados y formales de la administración pública. Ahora bien, caso contrario sería el hecho de que la negativa no haya sido basada en motivos razonables y justificados, y entonces sí se pudieran estar vulnerando derechos fundamentales, tales como el debido proceso, consagrado en el artículo 69 de la Constitución.

TC/0296/14, numeral 10, ii–jj, pág. 24 — PDF oficial

kk) Para que el Ministerio de Interior y Policía pueda revocar una licencia de armas de fuego basado en el literal f, del artículo 3 de la Resolución núm. 02- 06, de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil seis (2006), dictada por ese ministerio, la cual estipula que para la emisión de licencias de armas de fuego, la persona no puede “haber sido condenada judicialmente por delito o hecho criminal, ni haber sido sometido en relación a sustancias controladas (drogas) ni por violencia intrafamiliar”, o sobre la base del artículo 81 de la Ley núm. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas en República Dominicana, para el caso que nos ocupa, debe existir una sentencia condenatoria aflictiva o infamante con carácter de cosa irrevocablemente juzgada, ya que de lo contrario se está vulnerando el principio de presunción de inocencia del que goza una persona sometida a la acción de la justicia, salvo la excepción prevista por este tribunal constitucional en la Sentencia TC/0010/12, de fecha dos (2) de mayo de dos mil doce (2012).

ll) Tanto la doctrina como la jurisprudencia han señalado que el principio de presunción de inocencia es una presunción iuris tantus, lo que equivale a decir que es una presunción que admite prueba en contrario; por vía de consecuencia, se infringe la presunción de inocencia cuando se condena a un imputado sin existir prueba de cargo. La presunción de inocencia es un postulado del ordenamiento jurídico que impone como obligación la práctica del debido proceso constitucional y de los procedimientos constitucionales para desvirtuar su alcance.

TC/0296/14, numeral 10, kk–ll, pág. 25 — PDF oficial

mm) La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico adquiere el rango de derecho fundamental, en virtud del cual, el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las autoridades judiciales competentes la demostración de la culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado. (Corte Constitucional de Colombia, C-774/01 (25 de julio de 2001).

nn) El artículo 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el diez (10) de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho (1948), y de la cual somos signatarios, establece que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.

oo) Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos sesenta y seis (1966), establece en su artículo

14.2 que toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.

TC/0296/14, numeral 10, mm–14.2, pág. 25 — PDF oficial

pp) En ese orden, si bien el Estado está llamado a luchar en contra del crimen y la delincuencia manifiesta, al accionar no debe dejar de lado el Estado social, democrático y de derecho y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas. El solo hecho de que el señor Alfonso Canela María fuera sometido por la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas en la República Dominicana, no es razón suficiente para la cancelación de la licencia, toda vez que existe una sentencia que ordenó su absolución por el delito que le fue imputado. Precisamente en este proceso no se debe cuestionar si el porte y tenencia de arma es un derecho fundamental o si su uso es obligatorio por el hecho de ostentar la propiedad, sino más bien que se debe procurar salvaguardar el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 69.3 de la Constitución, el cual establece que (…) el derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.

qq) En ese sentido, este tribunal ha fijado el criterio en la Sentencia TC/0010/12, de fecha dos (2) de mayo de dos mil doce (2012) (p. 13), en lo relativo a la presunción de inocencia y del debido proceso, al reconocer que la revocación de la licencia fue injustificada por desconocer estos derechos, ante la no existencia de una sentencia con carácter firme e irrevocable que declarara culpable al justiciable.

rr) De lo antes expuesto, el Tribunal Constitucional considera que la referida revocación de porte y tenencia de arma de fuego contenida en la Comunicación núm. 002886, de fecha treinta (30) de marzo dos mil once (2011), suscrita por el Ministerio de Interior y Policía, desconoce el principio de presunción de inocencia y el debido proceso.

TC/0296/14, numeral 10, pp–rr, pág. 26 — PDF oficial

ss) Para el caso que nos ocupa, el principio de presunción de inocencia debe ser mantenido hasta prueba en contrario y no debe dejarse a un lado un acto que por sí solo tiene fuerza probatoria y ejecutoria como lo es la sentencia que descargó de toda culpabilidad al señor Alfonso Canela María, que bajo esas circunstancias y no existiendo documento alguno que pruebe que este al momento de la solicitud de renovación de la licencia mantiene un proceso penal abierto en su contra, carece de objeto negarle la renovación.

tt) En definitiva, al no estar debidamente fundamentada la revocación, debe ordenarse la renovación de la licencia para el porte y tenencia de arma al señor Alfonso Canela María, así como la devolución de su arma de fuego en caso de que aun esté retenida, previa confirmación mediante una certificación actualizada, expedida por la Procuraduría General de la República, en la que conste que este actualmente no está sometido a la acción de la justicia por delitos penales. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de Milton Ray Guevara, presidente; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury e Idelfonso Reyes, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados el voto disidente de Hermógenes Acosta de los Santos y el voto salvado de Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional,

TC/0296/14, numeral 10, ss–tt, pág. 27 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión interpuesto por el Ministerio de Interior y Policía contra la Sentencia No. 00752/2011, de fecha dieciocho (18) de agosto de dos mil once (2011), dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.

SEGUNDO: ACOGER parcialmente, en cuanto al fondo, el recurso de revisión de la sentencia anteriormente citada y, en consecuencia, ANULAR la sentencia recurrida por ser violatoria a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, artículo 69.7 de la Constitución dominicana y RECHAZAR las demás pretensiones planteadas por el Ministerio de Interior y Policía.

TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por el señor Alfonso Canela María contra el Ministerio de Interior y Policía y, en consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Interior y Policía renovar el permiso para el porte y tenencia de arma al señor Alfonso Canela María, y proceder a devolver el arma de fuego, en caso de que aun esté retenida, previa confirmación mediante certificación actualizada expedida por la Procuraduría General de la República, de que este al momento no está sometido a la acción de la justicia por delitos penales.

CUARTO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, por Secretaría, al Ministerio de Interior y Policía y al señor Alfonso Canela María, para los fines que correspondan.

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley núm. 137- 11.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0296/14, del 19 de diciembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0296-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.