Sentencia TC/0304/20
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 21 de diciembre de 2020 · Expediente TC-01-2002-0001
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Lic. Santiago Hiraldo contra la Resolución núm. 05-01, sobre el cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001).
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Principio de legalidad tributaria
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0304/20?
La legitimación activa se rige por la Constitución de 1994, bajo la cual el accionante tenía calidad de parte interesada. Por su naturaleza procesal-constitucional, la legitimación constituye una excepción a la aplicación inmediata de la ley procesal. Para examinar el fondo, en cambio, se aplica la Constitución de 2010, que conserva las disposiciones invocadas. La Resolución núm. 05-01 es susceptible de control mediante acción directa porque establece un cobro aplicable con carácter general a las transferencias de inmuebles de los programas de asistencia social (TC/0304/20, numeral 8, 8.1, pág. 8; TC/0304/20, numeral 8, 8.2, pág. 9; TC/0304/20, numeral 9, 9.2–10.1, pág. 10; TC/0304/20, numeral 9, 10.2, pág. 10).
El cobro del 25 % del precio de venta constituye un impuesto a la transferencia de inmuebles. La Ley núm. 1832 faculta a la Dirección General de Bienes Nacionales para administrar el catastro, velar por la ejecución de los actos y contratos relativos a los bienes del Estado y vigilar la recaudación de sus pagos y rentas, pero no para crear impuestos, atribución reservada al Congreso Nacional. Aunque desincentivar la venta de viviendas donadas por el Estado pueda ser una finalidad válida, el legislador ya previó un régimen de enajenación excepcional para esos inmuebles. Esa finalidad no subsana la vulneración de la reserva de ley tributaria ni del principio de seguridad jurídica (TC/0304/20, numeral 9, 11.4–11.5, pág. 12; TC/0304/20, numeral 9, 11.6–11.8, pág. 12; TC/0304/20, numeral 9, 11.4–11.10, pág. 13; TC/0304/20, numeral 9, 11.11–11.14, pág. 14).
Decisión
Declara admisible la acción directa, la acoge en cuanto al fondo y declara no conforme con la Constitución la Resolución núm. 05-01 de la Dirección General de Bienes Nacionales. Declara el procedimiento libre de costas y ordena la notificación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“En definitiva, lo anterior quiere decir que dicha dirección no tiene la posibilidad de dictar resoluciones en las cuales establezca impuestos para transferencias.” (TC/0304/20, numeral 9, 11.6–11.8, pág. 12).
“En tal sentido y por lo expresado anteriormente, el principio de legalidad tributaria ha sido vulnerado por la resolución en cuestión, pues el cobro del 25 % del precio de la venta del inmueble de referencia constituye un impuesto a la transferencia de un inmueble, muy alto, por cierto, y como se ha establecido, el único que está facultado por la Constitución para establecer impuestos es el Congreso Nacional.” (TC/0304/20, numeral 9, 11.6–11.8, pág. 12).
“La resolución cuestionada viola, igualmente, el principio de legalidad o de reserva de ley.” (TC/0304/20, numeral 9, 11.11–11.14, pág. 14).
Normas interpretadas
Constitución de 1994: régimen de legitimación de la parte interesada. Constitución de 2010: arts. 8, 40.15, 93.1.a), 134 y 136, como disposiciones correspondientes a los arts. 8, 8.5, 37.1, 61 y 62 de la Constitución de 2002; arts. 138 y 185.1. Ley núm. 137-11: arts. 7.6 y 36. Ley núm. 1832: arts. 3, 8 y 12. Leyes núms. 339 y 1024: régimen del bien de familia (el numeral 11.13 menciona la Ley núm. 399).
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0013/12, TC/0017/12, TC/0022/12, TC/0023/12, TC/0024/12, TC/0025/12, TC/0027/12, TC/0028/12, TC/0032/12, TC/0033/12, TC/0041/13, TC/0089/14 y TC/0093/12.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. En cuanto a la legitimación activa
8.1. En lo relativo a la calidad del accionante es preciso destacar que la acción fue interpuesta mediante instancia del veintidós (22) de febrero de dos mil dos (2002), por lo que se aplica el criterio establecido por este tribunal constitucional en las sentencias TC/0013/12, del diez (10) mayo de dos mil doce (2012); TC/0017/12, del trece (13) de junio de dos mil doce (2012); TC/0022/12, TC/0023/12, TC/0024/12 y TC/0025/12, del veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012), respectivamente; TC/0027/12, del cinco (5) de julio de dos mil doce (2012); TC/0028/12, del tres (3) de agosto de dos mil doce (2012); TC/0032/12 y TC/0033/12, del quince (15) de agosto de dos mil doce (2012), pues el presente caso se ajusta a lo decidido en las referidas sentencias. Esto así, al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año dos mil cuatro (2004), la procedencia o admisibilidad de la acción directa en inconstitucionalidad estaba sujeta a las condiciones exigidas por la Constitución de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que admitía las acciones incoadas por parte interesada, y no podría este órgano alterar situaciones jurídicas establecidas conforme a una legislación anterior, sobre todo cuando la calidad es una cuestión de naturaleza procesal-constitucional, por lo que se constituye en una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo. Expediente número TC-01-2002-0001, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Lic. Santiago Hiraldo contra la Resolución núm. 05-01, sobre el cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001).
8.2. En virtud de lo expuesto anteriormente, la parte accionante tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad al ser una “parte interesada”, por cuanto al resultar la calidad o legitimación activa una cuestión de naturaleza procesal- constitucional, esta constituye una excepción al principio de la aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo.
9. Procedimiento aplicable en la presente acción directa de
inconstitucionalidad.
9.1. La Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), modificada en (1994) y en dos mil dos (2002), fue reformada en un proceso que culminó con la proclamación de la actual Carta Sustantiva del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), siendo esta última la norma constitucional aplicable al caso por efecto del “principio de la aplicación inmediata de la Constitución”, subsistiendo las mismas reglas, principios y derechos constitucionales que invocaba la accionante, a saber:
a. Se reconoce como finalidad principal del Estado la protección de los derechos de las personas, tanto individual como social, precepto consagrado en el artículo 8 de la Constitución de dos mil dos (2002), se encuentra instituido en el artículo 8 de la Constitución de dos mil diez (2010).
b. El derecho a la libertad y seguridad personal, previsto en el artículo 8 ordinal 5 de la Constitución de dos mil dos (2002), se encuentra consagrado en el artículo 40.15 de la Constitución de dos mil diez (2010).
c. La facultad congresual para establecer impuestos o contribuciones generales, contemplado en el artículo 37.1 de la Constitución de dos mil dos (2002), se encuentra instituida en el artículo 93.1.a), de la Constitución de dos mil diez (2010). Expediente número TC-01-2002-0001, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Lic. Santiago Hiraldo contra la Resolución núm. 05-01, sobre el cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001).
d. Las atribuciones de los secretarios de Estado, contempladas en los artículos 61 y 62 de la Constitución de dos mil dos (2002), se encuentran establecido en los artículos 134 y 136 de la Constitución de dos mil diez (2010).
9.2. Al verificarse que la nueva norma constitucional no afecta el objeto de la acción directa en inconstitucionalidad formulada por la parte accionante al tenor del régimen constitucional anterior, por conservarse en el nuevo texto las disposiciones constitucionales invocadas en su acción directa, procede, aplicar los textos de la Constitución vigente de dos mil diez (2010), a fin de establecer si la norma atacada [Resolución núm. 05-01, del trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001)] es contraria a la Constitución. 10. Sobre la naturaleza de la Resolución núm. 05-01
10.1. La acción directa en inconstitucionalidad está reservada para impugnar aquellos actos indicados en los artículos 185.1 de la Constitución y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, referente a conocer leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, es decir, aquellos actos estatales de carácter normativo y alcance general, con la finalidad de ir depurando todas las disposiciones legales y verificando su compatibilidad o no con la Constitución, con efectos a futuro.
10.2. En el presente caso, el objeto de la acción directa en inconstitucionalidad es la Resolución núm. 05-01, emitida por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001), la cual tiene un alcance general, en tanto que establece un cobro a las transferencias a los inmuebles de los programas de asistencia social, por lo que esta regulación va dirigida a la creación de un impuesto de transferencia que pudiese solventar la construcción de nuevas viviendas para personas que la necesiten. De lo antes expuesto se infiere que la resolución impugnada constituye un acto administrativo normativo, con efectos y alcance general, por lo que está sujeta Expediente número TC-01-2002-0001, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Lic. Santiago Hiraldo contra la Resolución núm. 05-01, sobre el cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001). al control de constitucionalidad, acorde con el precedente fijado en la Sentencia TC/0041/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), en la cual se dispuso: Los actos administrativos de carácter normativo y alcance general son susceptibles de ser impugnados mediante la acción directa, pues al tratarse de un control abstracto o de contenido de la norma, el Tribunal Constitucional verifica si la autoridad pública responsable de producir la norma observó los valores, principios y reglas de la Constitución de la República y del bloque de constitucionalidad (supremacía constitucional). 11. Sobre el fondo de la acción de inconstitucionalidad
11.1. Lo primero que este tribunal constitucional quiere indicar es que la Dirección General de Bienes Nacionales es una institución desconcentrada, que se encuentra adscrita al Ministerio de Hacienda, según lo establece la Ley núm. 1832, del ocho (8) de diciembre de mil novecientos cuarenta y ocho (1948). Dicha ley transfiere a la referida dirección competencias que antes le correspondían al indicado ministerio, con la finalidad de acercar al ciudadano a la Administración.
11.2. Este tribunal, en el ejercicio de sus atribuciones, tiene el deber de velar por la supremacía constitucional y por el respeto a los derechos fundamentales, para lo cual debe someter al test de constitucionalidad la norma objeto de una acción de inconstitucionalidad.
11.3. En este sentido, el accionante plantea que la Resolución núm. 05-01, que aprueba el cobro de un 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado emitida por la Dirección General de Bienes Nacionales, es inconstitucional. Particularmente, el accionante considera que la (…) Expediente número TC-01-2002-0001, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Lic. Santiago Hiraldo contra la Resolución núm. 05-01, sobre el cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001). Administración General de Bienes Nacionales, no es una oficina recaudadora de impuestos del Estado Dominicano, para cobrarle a las personas que por una razón u otra traspasan el derecho que tienen sobre un inmueble, que ha sido adquirido en compra a través de los procedimientos que se establecen.
11.4. En cuanto a esta cuestión, la Ley núm. 1832 le otorga a la Dirección General de Bienes Nacionales la posibilidad de llevar y mantener al día el Catastro de los bienes inmuebles del Estado y de los organismos autónomos 1 ; además, velar por la fiel ejecución de los actos o contratos que involucran a los bienes del Estado, 2 así como vigilar la recaudación de todos los pagos y rentas 3 de los bienes del Estado. Estas facultades expresadas no son limitativas, sino que la referida legislación también le otorga a la Dirección General de Bienes Nacionales ciertos principios de organización y estructuración institucional aplicables al procedimiento administrativo, enmarcando dicho accionar dentro del ámbito de un Estado social y democrático de derecho.
11.5. De acuerdo con el artículo 138 de la Constitución, toda la Administración Pública y su accionar debe estar sujeta a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado. Igualmente, el artículo 93 de dicha Carta Magna establece que el Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo, le corresponden en consecuencia: a) Establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión.
11.6. De la lectura y estudio de la Ley núm. 1832 y de lo establecido en los referidos textos constitucionales, resulta que la posibilidad de establecer impuestos de trasferencias está reservada a la ley. Lo anterior quiere decir que 1 Artículo 3 de la Ley núm. 1832, que instituye la Dirección General de Bienes Nacionales. 2 Artículo 8 de la Ley núm. 1832. 3 Artículo 12 de la Ley núm. 1832. Expediente número TC-01-2002-0001, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Lic. Santiago Hiraldo contra la Resolución núm. 05-01, sobre el cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001). la función que expresamente le otorga el legislador a la Dirección General de Bienes Nacionales es la de resguardar y regular todos los aspectos concernientes al inventario catastral de los bienes inmuebles del dominio público, sin desprenderse de ello que desborde las competencias que le confiere la norma. En definitiva, lo anterior quiere decir que dicha dirección no tiene la posibilidad de dictar resoluciones en las cuales establezca impuestos para transferencias.
11.7. En tal sentido y por lo expresado anteriormente, el principio de legalidad tributaria ha sido vulnerado por la resolución en cuestión, pues el cobro del 25 % del precio de la venta del inmueble de referencia constituye un impuesto a la transferencia de un inmueble, muy alto, por cierto, y como se ha establecido, el único que está facultado por la Constitución para establecer impuestos es el Congreso Nacional.
11.8. Sobre este particular, este tribunal constitucional estableció, mediante la Sentencia TC/0089/14, del veintiséis (26) de mayo de dos mil catorce (2014), lo siguiente:
11.4. Por lo expuesto precedentemente, cuando se establecen tasas o arbitrios fuera de las condiciones y limitantes que se desprenden del artículo 284 de la Ley núm. 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, se estaría creando un impuesto en violación de lo dispuesto en el Artículo 200 de la Constitución. Además, la Resolución núm. 2520- 2001 colisiona con los artículos 6, 73 y 200 de la Constitución, pues ha sido resultado sin que exista una contraprestación de un servicio que los agentes usen en provecho propio, lo que hace que el mismo sea un impuesto, no una contribución en el marco de los regímenes impositivos, lo que también deviene en violación al artículo 93 de la Expediente número TC-01-2002-0001, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Lic. Santiago Hiraldo contra la Resolución núm. 05-01, sobre el cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001). Carta Sustantiva, que sujeta la creación de impuestos a la aprobación del Congreso Nacional. 4
11.9. Por otra parte, la parte accionante indica que dicha norma no establece un mecanismo que permita determinar el destino de los fondos obtenidos.
11.10. En lo que concierne a este alegato, el Tribunal considera, sin embargo, que la resolución cuestionada sí tiene una finalidad y que, incluso esta puede ser válida, pues no cabe duda que al establecer este impuesto desestimula la venta de los inmuebles donados por el Estado, lo cual es positivo, en razón de que la idea de planes de vivienda que desarrolla el Estado es dotar a las familias de escasos recursos de una casa. Sin embargo, el legislador se ocupó de establecer un mecanismo mediante el cual se dificulta la venta de dichos inmuebles, en la medida que la venta solo se permite en casos excepcionales.
11.11. Ciertamente, según la Ley núm. 339 los referidos inmuebles se constituyen en bien de familia, es decir, que en esta ley se establecen las condiciones excepcionales en las cuales se justifica la venta del inmueble donado o vendido a un precio módico.
11.12. En efecto, según se establece en esta ley, dichos inmuebles podrán ser vendidos cuando se cumplan con las disposiciones de la Ley núm. 1024, sobre el Bien de Familia, y con previa autorización del Poder Ejecutivo en los siguientes casos:
a. Traslado necesario del propietario a otra localidad.
b. Enfermedad del propietario o sus familiares que requiera el traslado para curación. 4 Negritas nuestras. Expediente número TC-01-2002-0001, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Lic. Santiago Hiraldo contra la Resolución núm. 05-01, sobre el cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001).
c. Notoria penuria económica del propietario para continuar los pagos, cuando se trate de una donación.”
11.13. Este tribunal constitucional considera, independientemente de los fines perseguidos con la resolución y de que exista la Ley núm. 399, que establece el Bien de Familia, que la resolución cuestionada es inconstitucional, en la medida que viola el principio de seguridad jurídica, pues la garantía de estabilidad del sistema jurídico descansa en el respecto a las normas establecidas. La resolución cuestionada viola, igualmente, el principio de legalidad o de reserva de ley.
11.14. Respecto de los contratos suscritos entre el Estado y los particulares sobre viviendas de mejoramiento social, este tribunal constitucional estableció, mediante la Sentencia TC/0093/12, del veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012), lo siguiente:
9.3.2. En ese orden de ideas, el contrato de venta de viviendas de interés social es un contrato que tiene un carácter de naturaleza mixta, sujeto a un régimen especial, pues las viviendas enajenadas constituyen bienes del dominio privado del Estado, cuya venta, si bien contempla aspectos regulados por el derecho civil, requiere sin embargo de la autorización del Congreso Nacional cuando el monto del inmueble supere determinada suma (Artículo 37.19 de la Constitución del 2002 y 93.1.k de la Constitución del 2010). Asimismo, el contrato de venta de viviendas de interés social tiene como finalidad esencial garantizarle a la población dominicana con menor capacidad económica el disfrute del derecho a una vivienda digna (Artículo 59 de la Constitución de la República) mediante la adquisición de un inmueble vendido por el Estado, bajo condiciones más favorables que las imperantes en el mercado inmobiliario privado. Dichas condiciones de accesibilidad a la propiedad de las viviendas de interés social revisten, por la naturaleza prestacional del derecho a la vivienda digna como derecho social, de Expediente número TC-01-2002-0001, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Lic. Santiago Hiraldo contra la Resolución núm. 05-01, sobre el cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001). una protección jurídica especial -respecto de otros derechos fundamentales– sustentada esencialmente sobre la base del principio de progresividad y la cláusula de no retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales que impide a las instituciones del Estado desmejorar las condiciones originalmente preestablecidas salvo razones rigurosamente justificadas.
Tal es el criterio que en ese sentido desarrolla la jurisprudencia constitucional comparada: “La denominada cláusula de no retroceso en materia de derechos económicos, sociales y culturales, supone que una vez logrados ciertos avances en la concreción de los derechos económicos, sociales y culturales en medidas de carácter legislativo o reglamentario, las condiciones preestablecidas no pueden ser desmejoradas sin el cumplimiento de una rigurosa carga justificativa por las autoridades competentes…En ciertos casos el mandato de progresividad y la prohibición de medidas regresivas puede estar en estrecha conexión con el principio de confianza legítima, pues en última instancia ambos presentan un elemento común cual es el respeto por parte de las autoridades estatales del marco jurídico o fáctico previamente creado para la satisfacción de derechos prestacionales. También desde la perspectiva del principio de confianza legítima es reprochable el cambio intempestivo de las condiciones previamente definidas por la Administración para la satisfacción de derechos prestacionales, y a ésta en todo caso le corresponde la carga argumentativa de justificar el cambio intempestivo de las reglas de juego inicialmente acordadas” (Sent. T-1318/05 de fecha 14 de diciembre del 2005; Corte Constitucional de Colombia).
9.3.2 El ejercicio por parte de las autoridades estatales de facultades excepcionales (cláusulas exorbitantes) que, por razones de orden público, supongan la modificación de las condiciones preestablecidas jurídicamente para el acceso de derechos sociales -como el derecho a la Expediente número TC-01-2002-0001, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Lic. Santiago Hiraldo contra la Resolución núm. 05-01, sobre el cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001). vivienda digna- debe estar fuertemente justificada, no sólo en razones de orden público o interés social, sino que no deben restringir, limitar o dificultar gravemente ni el acceso, ni el disfrute de la titularidad o ejercicio de los llamados derechos de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales). Esto último se corresponde con la letra y espíritu de los artículos 2.1 y 5.2 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) de Naciones Unidas y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, 1969), ambos ratificados por el Congreso Nacional el cuatro (4) y el veintiuno (21) de enero de mil novecientos setenta y ocho (1978), respectivamente, y que constituyen normas jurídicas de orden constitucional de conformidad con las disposiciones del artículo
74.3 de la Constitución de la República.
11.15. En virtud de las motivaciones anteriores, procede declarar no conforme con la Constitución la Resolución núm. 05-01, con la cual se habilita el establecimiento del cobro del 25 % a las transferencias de casas y apartamentos construidos por el Estado dominicano, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales, el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001). Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional Expediente número TC-01-2002-0001, relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Lic. Santiago Hiraldo contra la Resolución núm. 05-01, sobre el cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001).
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible la acción directa en inconstitucionalidad incoada por el Lic. Santiago Hiraldo contra la Resolución núm. 05-01, sobre el Cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la acción directa de inconstitucionalidad anteriormente descrita y, en consecuencia, DECLARA no conforme con la Constitución la Resolución núm. 05-01, sobre el Cobro del 25 % a las transferencias de los bienes inmuebles del Estado, dictada por la Dirección General de Bienes Nacionales el trece (13) de septiembre de dos mil uno (2001).
TERCERO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada por Secretaría, al accionante, el Lic. Santiago Hiraldo, a la Dirección General de Bienes Nacionales y al procurador general de la República, para los fines que correspondan.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0304/20, del 21 de diciembre de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0304-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.