Sentencia TC/0381/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 30 de diciembre de 2014 · Expediente TC-01-2006-0006

La acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el señor Jorge Manuel Bravo el tres (3) de mayo de dos mil seis (2006), contra el artículo 211 del Código de Trabajo dominicano.

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0381/14?

La admisibilidad de la acción, pendiente de fallo desde 2006, se rige por la Constitución de 2002. El accionante tenía la calidad de parte interesada porque el artículo 211 del Código de Trabajo lo alcanzaba en los procesos laboral y penal iniciados en su contra. Para decidir el fondo, el Tribunal aplicó de inmediato la Constitución de 2010, cuyo artículo 69.5 mantiene la prohibición de doble juzgamiento por una misma causa (TC/0381/14, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 9; TC/0381/14, numeral 8, 8.3–8.4, pág. 10; TC/0381/14, numeral 8, 8.5, pág. 11; TC/0381/14, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 11).

El artículo 211 del Código de Trabajo no vulnera el principio non bis in idem. Cuando la infracción penal es conexa con un litigio laboral en curso, la normativa laboral sobresee la acción pública hasta que la jurisdicción de trabajo decida definitivamente. Una vez decidido el hecho en esa jurisdicción, sea a favor del trabajador o del empleador, la jurisdicción penal no puede volver a juzgarlo. Esta regla impide el doble juzgamiento y evita fallos contradictorios (TC/0381/14, numeral 10, 11.12–11.13, pág. 20; TC/0381/14, numeral 10, 11.14–11.16, pág. 21).

Decisión

Admite la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por Jorge Manuel Bravo, la rechaza en cuanto al fondo y declara conforme con la Constitución el artículo 211 del Código de Trabajo, por no vulnerar el artículo 69.5. Declara el procedimiento libre de costas y ordena la notificación de la decisión al accionante y al procurador general de la República, así como su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“Desde una perspectiva procesal el principio prohíbe reiterar un nuevo proceso y enjuiciamiento con base en los hechos respecto de los cuales ha recaído sentencia firme.” (TC/0381/14, numeral 10, 11.4–11.5, pág. 16)
“En consecuencia, la regla procesal del sobreseimiento prevista en la citada norma laboral descarta la posibilidad de que en ocasión de un proceso iniciado ante la jurisdicción penal, en virtud del artículo 211 del Código de Trabajo, se produzca el doble juzgamiento (non bis in idem) que señala el accionante y con ello la violación de dicha garantía prevista en el artículo 69.5 de la Constitución.” (TC/0381/14, numeral 10, 11.14–11.16, pág. 21)

Normas interpretadas

Constitución de 2002: artículo 8, numeral 2, literal h).

Constitución de 2010: artículo 69.5.

Código de Trabajo (Ley núm. 16-92): artículos 67 a 69, 76, 95 a 97, 101, 102, 211, 480 y 723.

Ley núm. 3143: artículos 1, 2 y 9.

Código Penal: artículo 401.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6 y 66.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0013/12, TC/0017/12, TC/0022/12, TC/0023/12, TC/0024/12, TC/0025/12, TC/0027/12, TC/0028/12, TC/0032/12, TC/0033/12 y TC/0002/13. El Tribunal también cita dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia identificadas por fecha y boletín: 30 de septiembre de 1998 (B.J. 1054, vol. 1) y 2 de junio de 1999 (B.J. 1063).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa o calidad del accionante

8.1. Al tratarse de un asunto pendiente de fallo desde el año dos mil seis (2006), la procedencia o admisibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad está sujeta a las condiciones procesales exigidas por la Constitución dominicana de dos mil dos (2002), que admitía la acción formulada por aquellos que probasen su condición de parte interesada.

8.2. Este concepto fue desarrollado por la Suprema Corte de Justicia 1 , estableciendo que “debe entenderse por parte interesada aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial, o contra la cual se realice un acto por uno de los poderes públicos, basado en una disposición legal, pretendidamente inconstitucional, o que justifique un interés legítimo, directo y actual, jurídicamente protegido, que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria”.

TC/0381/14, numeral 8, 8.1–8.2, pág. 9 — PDF oficial

8.3. El accionante argumenta que en fecha trece (13) de agosto de dos mil cuatro (2004), los señores Pierre Norbert, Nicolás Blencoe Sturchberry, Oli Rodolfo Oyen Martínez, Juan Antonio Liranzo Bobadilla, Aurelio Lico de la Cruz Aybar, Jaslie Noel, Porfirio Reyes, Genara Mercado y Jacinto Sims Martínez interpusieron formal demanda laboral en pago de prestaciones laborales por causa de dimisión justificada contra él y las entidades Hotel Villas Doradas Vacation Club, Viva Vacation Club y Viva Wintham Resort ante el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata; que además dicho proceso fue llevado ante el magistrado procurador fiscal del mismo distrito judicial de Puerto Plata imputándole violación a la Ley núm. 3143, sobre trabajo realizado y no pagado, pagado y no realizado, así como del artículo 211 del Código de Trabajo, resultando apoderado el entonces Cuarto Juzgado Liquidador de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de esa jurisdicción.

8.4. En ese sentido, el accionante resulta alcanzado por el artículo 211 del Código de Trabajo, norma atacada de inconstitucionalidad, en ocasión de los procesos laboral y penal iniciados en su contra, de donde resulta que el señor 1 Sentencia del 30 de septiembre de 1998, B.J.1054, Vol. 1. Jorge Manuel Bravo ostenta la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, al estar revestido de la condición de parte interesada bajo los términos de la referida constitución de dos mil dos (2002).

TC/0381/14, numeral 8, 8.3–8.4, pág. 10 — PDF oficial

8.5. El citado criterio fue sostenido por este tribunal en la Sentencia TC/0013/12 del diez (10) de mayo de dos mil doce (2012), siendo reiterado en otros supuestos análogos al que ahora se decide como las sentencias TC/0017/12 del trece (13) de junio de dos mil doce (2012); TC/0022/12, TC/0023/12, TC/0024/12 y TC/0025/12 del veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012); TC/0027/12 del cinco (5) de julio de dos mil doce (2012); TC/0028/12 y TC/0032/12 del tres (3) de agosto de dos mil doce (2012); y TC/0033/12 del cinco (5) de agosto de dos mil doce (2012), entre otras, por lo que el presente caso se ajusta a lo decidido en las referidas decisiones, toda vez que no podría este órgano alterar situaciones jurídicas establecidas conforme a una legislación anterior, lo que constituye una excepción al principio de aplicación inmediata de la ley procesal en el tiempo que procede aplicar en la especie.

TC/0381/14, numeral 8, 8.5, pág. 11 — PDF oficial

9. Procedimiento aplicable en la presente acción directa de

inconstitucionalidad

9.1. La Constitución de mil novecientos sesenta y seis (1966), modificada en mil novecientos noventa y cuatro (1994) y en el año dos mil dos (2002), fue reformada nueva vez el veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), siendo esta última la norma constitucional aplicable al caso por efecto del principio de aplicación inmediata de la Constitución, puesto que en la nueva Constitución subsisten los valores y principios contenidos en los textos invocados por el accionante:

a. La prohibición de doble juzgamiento (nom bis in idem) por una misma causa establecida en artículo 8, numeral 2, literal “h” de la Constitución de dos mil dos (2002), está prevista en el artículo 69.5 de la Constitución de dos mil diez (2010).

9.2. Por tales motivos y en virtud del principio de aplicación inmediata de las normas constitucionales en el tiempo, del que este tribunal constitucional 2 ha hecho uso en otros supuestos similares al que ahora le corresponde decidir, la especie será abordada conforme a lo dispuesto en la Constitución de dos mil diez (2010), a fin de determinar si la norma atacada resulta contraria al texto constitucional.

TC/0381/14, numeral 9, 9.1–9.2, pág. 11 — PDF oficial

10. Algunas consideraciones previas

10.1. Dada la estrecha relación que existe entre las previsiones del artículo 211 del Código de Trabajo 3 , atacado de inconstitucionalidad, y la Ley núm. 3143 4 del once (11) de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno (1951), también aludida en los argumentos desarrollados por el accionante, el Tribunal entiende pertinente, antes de abordar el fondo de la acción, hacer algunas precisiones en relación con la conducta tipificada como fraude por ambas legislaciones adjetivas, cuya sanción se remite al Código Penal.

10.2. Cabe precisar que el artículo 9 de la citada ley núm. 3143 de mil novecientos cincuenta y uno (1951) derogó la Orden Ejecutiva núm. 344 del veintitrés (23) de octubre de mil novecientos diecinueve (1919), que sancionaba con las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal, el hecho de recibir por razones de una profesión u oficio, arte, industria, negocio, o de 2 Sentencia TC/0002/13 del 10 de enero de 2013, literal “9”, página 14. 3 El Código de Trabajo fue aprobado mediante Ley núm. 16-92 del 29 de mayo de 1992. 4 Esta ley fue publicada en la G.O. núm.7363 del año 1951. cualquier otro modo, dinero o efectos como compensación, anticipo o pago total de un servicio o trabajo no ejecutado, sin perjuicio de la devolución de las sumas avanzadas y de las correspondientes indemnizaciones en caso de reclamo.

TC/0381/14, numeral 10, 10.1–10.2, pág. 12 — PDF oficial

10.3. La indicada ley núm. 3143, en su artículo 1, reproduce en cierta forma las previsiones de la referida orden ejecutiva núm. 344, al disponer que toda persona que con motivo de una profesión, arte u oficio, reciba dinero efectivo u otra compensación, ya sea como anticipo o pago total del trabajo que se obligó a ejecutar, o como materiales para el mismo, y no cumpla su obligación en el tiempo convenido o en el que sea necesario para ejecutarlo, será castigada como autor de fraude y se le aplicarán las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal, según la cuantía, sin perjuicio de la devolución de las sumas, efectos o materiales avanzados y de las indemnizaciones que procedan.

10.4. En cambio, el artículo 2 de la misma Ley núm. 3143 de mil novecientos cincuenta y uno (1951) dispone que también constituirá fraude y se sancionará con las mismas penas indicadas en el artículo anterior el hecho de contratar trabajadores y no pagar a estos la remuneración que les corresponda en fecha convenida o a la terminación del servicio de ellos encomendados, después que quien hubiera contratado a los trabajadores haya recibido el costo de la obra, aún sin ninguna estipulación particular en ese sentido.

10.5. Es así que dicha ley no solo derogó la Orden Ejecutiva núm. 344 de mil novecientos diecinueve (1919) al incorporar sus disposiciones, sino además, que amplió sus efectos para sancionar también a quienes contraten trabajadores y no cumplan con el pago correspondiente por el trabajo ejecutado, es decir, que incorporó en su ámbito de tipificación un supuesto distinto al que originalmente estaba previsto en la derogada orden ejecutiva.

TC/0381/14, numeral 10, 10.3–10.5, pág. 13 — PDF oficial

10.6. Posteriormente, con la entrada en vigencia de la Ley núm. 16-92 del veintinueve (29) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992), que instituye el Código de Trabajo, se estableció en la parte capital de su artículo 211 que se castigará como autor de fraude y se aplicarán las penas establecidas en el artículo 401 del Código Penal, según la cuantía, a todas las personas que contraten trabajadores y no les paguen la remuneración que les corresponda en la fecha estipulada o a la terminación de la obra o servicio convenidos; al tiempo que se dispuso en el artículo 723 del mismo código, que esta ley modifica en cuanto sea necesario, entre otras, la Ley núm. 3143 del once (11) de diciembre de mil novecientos cincuenta y uno (1951).

10.7. Al abordar el alcance del artículo 211 del Código de Trabajo, señala la doctrina 5 que: El CT protege a cualquier trabajador. A diferencia de lo que ocurre con la referida Ley núm. 3143, el Código de Trabajo no se limitó exclusivamente al trabajador ligado por un contrato de trabajo para una obra determinada. […] Por consiguiente, ya no se requiere, para la configuración del delito “que el que hubiere contratado los trabajadores haya recibido el costo de la obra”. “El artículo 211 del CT debe ser aplicado en el sentido más amplio. Protege al trabajador cual que fuere su contrato, cada vez que haya concluido el trabajo en la fecha convenida, y el empleador no le pague su salario sin causa justificada”.

TC/0381/14, numeral 10, 10.6–10.7, pág. 14 — PDF oficial

10.8. Como se observa, el artículo 2 de la Ley núm. 3143 solo hace referencia al supuesto de las personas que en ocasión de su oficio contraten trabajadores y no les paguen la remuneración que les corresponda, mientras que en el artículo 5 HERNÁNDEZ RUEDA, LUPO. Manual del Derecho del Trabajo. Undécima edición, editora Dalis, pp. 301- 302. 211 del Código de Trabajo se incluye a “todas las personas que contraten trabajadores y no les paguen la remuneración que les corresponda”. Se trata de un criterio más amplio del concepto de trabajador, puesto que a partir del referido texto legal cualquier trabajador entra en su ámbito de protección sin importar quienes le contraten, sin que sea necesario estar ligado o no por un contrato de trabajo y aunque el que contrató la obra no haya recibido el pago correspondiente, reafirmándose de esta manera la protección que desde los contornos del derecho penal se le otorga a un bien jurídicamente protegido, en este caso, la remuneración económica de los trabajadores.

10.9. El bien jurídico es aquélla situación que el legislador considera digna de protección al sancionarla con una pena. La protección de bienes jurídicos juega una función importante en la estructuración del sistema penal para constreñir y disuadir la conducta lesiva, en la medida que se hace necesario determinar cuáles son los bienes jurídicos que deben protegerse y bajo cuáles condiciones debe darse la tutela penal y con ello, sobre los límites y el contenido del ius poniendi estatal en la configuración del respectivo tipo penal. Es así que, mediante el citado texto del Código de Trabajo se determinó otorgar protección penal a la falta de remuneración económica de los trabajadores. 11. En relación con el fondo de la acción directa de inconstitucionalidad, el Tribunal expone las siguientes consideraciones:

TC/0381/14, numeral 10, 10.8–10.9, pág. 14 — PDF oficial

11.1. Para fundamentar la acción, el señor Jorge Manuel Bravo sostiene que el artículo 211 del Código de Trabajo viola el principio nom bis in idem que prohíbe juzgar dos veces a una persona por una misma causa, lo que es contrario al artículo 8, numeral 2, literal “h”, de la Constitución de la República; y que el choque constitucional deviene en el momento en que el citado texto abre la posibilidad de que el trabajador pueda iniciar dos procesos idénticos ante jurisdicciones diferentes y sobre el mismo hecho contra su empleador.

11.2. La Constitución consagra un conjunto de garantías para la aplicación y protección de los derechos fundamentales como mecanismo de tutela para garantizar su efectividad, así como los principios para la aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales que forman parte del sistema de protección. Entre las garantías mínimas que forman parte del debido proceso cabe destacarse la prohibición de doble juzgamiento por una misma causa, según lo dispone el artículo 69.5 de la Constitución de la República.

11.3. El principio non bis in idem como garantía judicial goza de reconocimiento no solo en los ordenamientos internos sino también en múltiples instrumentos internacionales. En ese sentido, la proyección internacional de esta garantía ha sido incorporada en el artículo 8.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala: “el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”, mientras que el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, párrafo 7, dispone que: “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país”.

TC/0381/14, numeral 10, 11.1–11.3, pág. 15 — PDF oficial

11.4. La Suprema Corte de Justicia, al referirse al tema en la Resolución núm. 1920 del trece (13) de noviembre de dos mil tres (2003), con cita en la Constitución de la República vigente en ese momento y las previsiones de los referidos instrumentos internacionales expresó lo siguiente: La garantía o derecho a no ser juzgado dos veces por un mismo hecho se encuentra expresamente consagrada en la Constitución de la República, en el artículo 8 numeral 2 letra h) que establece que: “Nadie podrá ser juzgado dos veces por una misma causa”. Del mismo modo, se encuentra establecido por la Convención Americana de Derechos Humanos, la que en su artículo 8.4 y por el Artículo 14.7 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Este derecho, integrante del debido proceso, no es solo una garantía procesal sino un principio político de seguridad individual que prohíbe la doble persecución por un mismo hecho. La prohibición que impide el doble procesamiento, persecución, juzgamiento y pronunciamiento frente a un mismo hecho, integra en su contenido dos principios fundamentales: 1) El de la cosa juzgada y el de la litispendencia.

11.5. En el non bis in idem 6 se reconocen dos perspectivas o “fórmulas” diferentes: una sustantiva (o material) y otra de índole procesal. En sentido material el principio prohíbe la doble –o múltiple– imposición de consecuencias jurídicas sobre una misma infracción o delito. Desde una perspectiva procesal el principio prohíbe reiterar un nuevo proceso y enjuiciamiento con base en los hechos respecto de los cuales ha recaído sentencia firme.

TC/0381/14, numeral 10, 11.4–11.5, pág. 16 — PDF oficial

11.6. Ahora bien, para determinar si el artículo 211 del Código de Trabajo abre la posibilidad de que el trabajador pueda iniciar dos procesos idénticos ante jurisdicciones diferentes sobre el mismo hecho como le reprocha el accionante, es preciso analizar tal cuestión en contexto con las previsiones establecidas en la legislación laboral sobre la materia, especialmente aquéllas referidas al proceso derivado de la terminación del contrato de trabajo y las posibles acciones judiciales que como consecuencia de ellas sean iniciadas. 6 Según el profesor Giovani Leone la formulación de este principio ya existía en el derecho romano y en el canónico “tanto en cuanto a las sentencias de condena como en cuanto a las sentencias de absolución” y Rocco ha dicho que formaba parte del antiguo derecho judío y del griego. Este autor desarrolla en forma extensa la evolución del principio en el derecho romano y en los ordenamientos posteriores. Con respecto al Derecho Común [Common Law], según Sigler, existen indicios que este principio, conocido en el idioma Inglés como “doublé jeopardy”, habría aparecido en el derecho inglés en el siglo XIV, pero la primera comprobación efectiva de su existencia figura en los escritos de Hale y de Coke en el siglo XVII, y en los escritos de Blackstone, en el siglo siguiente. LEONE, GIOVANI. TRATADO DE DERECHO PROCESAL PENAL, Tomo III. [Traducción de Santiago Santís Melendo] págs. 320 y 327.

TC/0381/14, numeral 10, 11.6, pág. 17 — PDF oficial

11.7. En efecto, la normativa laboral establece que el contrato de trabajo puede terminar sin responsabilidad o con responsabilidad para las partes 7 . Concluye sin responsabilidad: i) por el mutuo consentimiento de las partes, ii) por la ejecución del contrato, y iii) por la imposibilidad de la ejecución; mientras que concluye con responsabilidad para las partes: i) por desahucio, ii) por despido del trabajador, y iii) por su dimisión. En cualquiera de los casos antes señalados la situación puede ser objeto de controversia judicial ante los tribunales que resuelven los conflictos económicos de naturaleza laboral, sin embargo, el Tribunal centrará su análisis con énfasis en la dimisión del trabajador por ser ésta la que, según el accionante, concurre con la acción penal iniciada por los trabajadores, resultando apoderados del mismo hecho dos tribunales distintos del distrito judicial de Puerto Plata.

TC/0381/14, numeral 10, 11.7, pág. 18 — PDF oficial

11.8. Conforme al artículo 96 de la Ley núm. 16-92, la dimisión es la resolución del contrato de trabajo por voluntad unilateral del trabajador. Es justificada cuando el trabajador prueba la existencia de una justa causa prevista al respecto en este código; es injustificada en caso contrario. El trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo, presentando su dimisión, por cualquiera de las causales señaladas en el artículo 97 de la misma ley, las cuales refieren a situaciones que afectan el desarrollo normal del contrato de trabajo y que le son imputables directa o indirectamente al empleador, entre estas el hecho de no pagar al trabajador los salarios en el tiempo y lugar convenidos. Si surgiere contestación y el trabajador prueba la justa causa invocada por él, el tribunal declarará justificada la dimisión y condenará al empleador a las indemnizaciones previstas en el artículo 95 para el caso de despido injustificado; en cambio, si no se comprobare la justa causa el tribunal la declarará injustificada, resolverá el contrato de trabajo por culpa del trabajador 7 Ver artículos 67, 68 y 69 de la Ley núm. 16-92 del 29 de mayo de 1992, que instituye el Código de Trabajo. y le condenará al pago de una indemnización a favor del empleador igual al importe del preaviso previsto en el artículo 76 del Código de Trabajo 8 .

11.9. No obstante lo antes señalado, es preciso indicar que las acciones laborales que surjan a consecuencia de la ejecución del contrato de trabajo, están sometidas a reglas procesales muy particulares previstas en la misma Ley núm. 16-92, para los casos en que puedan concurrir con otras acciones pendientes en otras jurisdicciones. En ese sentido, se prevé: i) Compete a los tribunales ordinarios el conocimiento de las infracciones penales previstas en este Código;

TC/0381/14, numeral 10, 11.8–11.9, pág. 18 — PDF oficial

ii) En los casos de infracciones conexas a litigios en curso ante los tribunales de trabajo, la acción pública queda sobreseída hasta que dichos tribunales decidan definitivamente; iii) La disposición que antecede es aplicable a los casos de conflictos económicos sometidos a conciliación y arbitraje; iv) Las persecuciones y procedimientos penales en curso ante los tribunales ordinarios quedarán sobreseídos al iniciarse cualquier demanda ante los tribunales de trabajo o al promoverse cualquier conflicto económico que deba ser resuelto de acuerdo con las disposiciones del Libro Séptimo del presente Código, hasta que recaiga la solución definitiva.

11.10. Desde el punto de vista procesal la conexidad está definida como aquella situación en la que dos cuestiones que, sin ser idénticas, están pendientes de decisión ante dos jurisdicciones distintas, pero existe una vinculación tal entre ellas que la decisión dictada en una tendría influencia sobre la otra; para evitar contradicción de fallo, es necesario que sea decidido por una sola jurisdicción.

TC/0381/14, numeral 10, ii–11.10, pág. 19 — PDF oficial

11.11. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia 9 , al referirse a la aplicación del artículo 211 de la Ley núm. 16-92 de mil novecientos noventa y dos (1992), ha dicho que: 8 Ver artículos 101 y 102 de la referida ley núm. 16-92 del 29 de mayo de 1992. 9 B.J. núm. 1063, de fecha dos (2) de junio del año mil novecientos noventa y nueve (1999). Considerando, que en la actualidad las acciones penales contra las personas que “contraten trabajadores y no les paguen la remuneración que les corresponda en la fecha estipulada o a la terminación de la obra o servicio convenido, están reguladas por el artículo 211 del Código de Trabajo; que la competencia que otorga dicho artículo a los tribunales penales para conocer de la comisión del delito de trabajo realizado y no pagado, se limita a la persecución de la acción pública contra el empleador infractor a los fines que se impongan las sanciones condignas y la correspondiente reparación de los daños y perjuicios que ocasione su actitud, pero no elimina la competencia de los tribunales de trabajo, cuando el trabajador lo que persigue es el pago de los salarios a que tiene derecho, y la cual es la jurisdicción natural para el conocimiento de toda demanda entre empleadores y trabajadores, derivadas de la ejecución de contratos de trabajo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 480 del Código de Trabajo, razón por la cual el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado.

TC/0381/14, numeral 10, 11.11, pág. 19 — PDF oficial

11.12. En efecto, es la propia normativa laboral que ha previsto una solución procesal para los casos que se estén conociendo ante esa jurisdicción y guarden conexidad con otros pendientes de solución en la jurisdicción penal, cuya acción pública quedará en estado hasta que dichos tribunales (los laborales) decidan definitivamente el asunto, regla también aplicable a los casos de conflictos económicos sometidos a conciliación y arbitraje, incluso en aquéllos que al iniciarse la demanda ante los tribunales de trabajo tenían en curso procedimientos ante los tribunales ordinarios, evitando de esta manera no solo contradicción de fallo, sino también que se desarrollen dos procesos sobre el mismo asunto contra el empleador.

11.13. En la especie se argumenta que al accionante lo demandaron ante el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Puerto Plata, por causa de dimisión justificada de los trabajadores y al mismo tiempo ante el Cuarto Juzgado Liquidador de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de esa jurisdicción, imputándole violación del artículo 211 del Código de Trabajo y a la Ley núm. 3143 de mil novecientos cincuenta y uno (1951); sin embargo, conforme a la normativa procesal laboral aplicable al caso concreto el proceso penal quedó automáticamente sobreseído hasta que interviniera solución definitiva en el aspecto laboral, pedimento incidental que pudo ejercer el accionante para evitar defenderse al mismo tiempo de dos procesos originados en el mismo hecho.

TC/0381/14, numeral 10, 11.12–11.13, pág. 20 — PDF oficial

11.14. En las circunstancias antes descritas y en aplicación estricta de las normas que rigen el proceso laboral ya citadas, si el tribunal laboral apoderado acoge la demanda por dimisión justificada ejercida por los trabajadores, ordenará al empleador pagar las prestaciones e indemnizaciones reconocidas por el Código de Trabajo previstas para el caso de despido injustificado, incluyendo, claro está, los salarios que hasta ese momento haya dejado de pagar el empleador, mientras que en caso contrario, de establecerse que la dimisión es injustificada, el tribunal resolverá el contrato de trabajo por culpa del trabajador y lo condenará al pago de una indemnización a favor del empleador igual al importe del preaviso previsto en el mismo código.

11.15. Por estas razones, cuando el hecho de naturaleza laboral decidido definitivamente en esa jurisdicción, sea a favor del trabajador o del empleador y guarda relación de conexidad con el juzgamiento de infracciones penales, no podría ser juzgado nueva vez por la jurisdicción penal, puesto que esa es la razón fundamental por la que la acción pública en los casos de infracciones conexas a litigios en curso ante los tribunales de trabajo queda sobreseída hasta que dichos tribunales [los de trabajo] decidan definitivamente, evitando con ello el desarrollo de dos procesos con el mismo origen ante tribunales distintos.

11.16. En consecuencia, la regla procesal del sobreseimiento prevista en la citada norma laboral descarta la posibilidad de que en ocasión de un proceso iniciado ante la jurisdicción penal, en virtud del artículo 211 del Código de Trabajo, se produzca el doble juzgamiento (non bis in idem) que señala el accionante y con ello la violación de dicha garantía prevista en el artículo 69.5 de la Constitución.

TC/0381/14, numeral 10, 11.14–11.16, pág. 21 — PDF oficial

11.17. En consecuencia, procede rechazar la presente acción directa de inconstitucionalidad contra el referido texto del Código de Trabajo. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Gómez Bergés y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0381/14, numeral 10, 11.17, pág. 22 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el señor Jorge Manuel Bravo el tres (3) de mayo de dos mil seis (2006), contra el artículo 211 del Código de Trabajo.

SEGUNDO: RECHAZAR la acción directa de inconstitucionalidad antes señalada y, en consecuencia, DECLARAR conforme con la Constitución el artículo 211 del Código de Trabajo, toda vez que de su aplicación no se deriva la violación del artículo 69.5 de la Constitución.

TERCERO: DISPONER que la presente decisión sea notificada, por Secretaría, al accionante, señor Jorge Manuel Bravo, y al procurador general de la República, para los fines que correspondan.

CUARTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

QUINTO: ORDENAR su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0381/14, del 30 de diciembre de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0381-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.