Sentencia TC/0440/19
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 10 de octubre de 2019 · Expediente TC-012019-0021
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Derecho al voto libre · Derecho de ciudadanía · Principio de soberanía popular
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0440/19?
El Partido de la Liberación Dominicana tiene legitimación activa porque es destinatario directo de las normas de la Junta Central Electoral (JCE) y, como partido político, tiene entre sus fines constitucionales garantizar la participación ciudadana en los procesos políticos (TC/0440/19, numeral 8, d–e, pág. 21; TC/0440/19, numeral 8, f–g, pág. 22). La Resolución núm. 08-2019 vulneró la igualdad al mantener el voto de arrastre en el Distrito Nacional y en las provincias divididas en circunscripciones electorales, mientras establecía boletas separadas en las demás provincias. Al computar el voto por un diputado también a favor del candidato a senador del mismo partido, impidió a los electores afectados elegir libre y directamente a ambos representantes, en contravención del principio democrático y representativo y del derecho al sufragio (TC/0440/19, numeral 9, 9.2.3–f, pág. 24; TC/0440/19, numeral 9, g, pág. 25; TC/0440/19, numeral 9, h, pág. 26).
La JCE excedió su potestad reglamentaria y vulneró los principios de legalidad y seguridad jurídica: su facultad de ejecutar la ley no le permite sustituirla ni aplicarla parcialmente en sentidos distintos mediante una resolución (TC/0440/19, numeral 10, e–f, pág. 28; TC/0440/19, numeral 10, g–h, pág. 29). Ello no autoriza a restablecer el arrastre en todo el territorio, pues la sentencia TC/0375/19, vinculante incluso para el propio Tribunal, declaró inconstitucional y nulo el párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13 con efectos inmediatos y hacia el futuro, sin afectar los procesos electorales ya consumados (TC/0440/19, numeral 10, b–d, pág. 30; TC/0440/19, numeral 10, h, pág. 34).
Decisión
El Tribunal admite en cuanto a la forma y acoge la acción directa de inconstitucionalidad, y declara inconstitucional la Resolución núm. 08-2019 de la JCE con efectos inmediatos y hacia el porvenir. Rechaza la pretensión de que se exhorte a la JCE a mantener el voto de arrastre, declara el proceso libre de costas y dispone la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“A esos efectos crea dos categorías de ciudadanos al limitar el ejercicio de las prerrogativas de elegir el senador y el diputado por el cual voluntariamente ha optado: 1) los que tendrán derecho al ejercicio del voto libre y directo y 2) los que no” (TC/0440/19, numeral 9, g, pág. 25).
“Su facultad reglamentaria no puede ejercerla colocándose por encima del legislador.” (TC/0440/19, numeral 10, e–f, pág. 28).
“Vale indicar que además impera el carácter vinculante de las decisiones de este colegiado, efectos de sus precedentes que alcanzan al tribunal mismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 184 de la Constitución y 31 de la Ley núm. 137-11.” (TC/0440/19, numeral 10, h, pág. 34).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 4, 22, 39.1, 40.15, 77, 110, 184, 185.1, 208 y 216.1.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 31 y 37.
Ley núm. 157-13: párrafo del artículo 2 y artículo 5.
Ley núm. 15-19: artículos 92 y 104.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0345/19, TC/0033/12, TC/0375/19 y TC/0100/13.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Legitimación activa o calidad de los accionantes
a. La legitimación activa en el ámbito de la jurisdicción constitucional es la capacidad procesal que le reconoce el Estado a una persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la Ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes.
b. Sobre la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185.1 de la Constitución de la República dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido…
c. Asimismo, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece: Calidad para accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
d. En la especie, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) incoa una acción directa en inconstitucionalidad contra la Resolución núm. 08-2019, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) el siete (7) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la cual tiene por objeto el establecimiento del método para la elección de senadores y senadoras en las elecciones generales ordinarias del diecisiete (17) de mayo de dos mil veinte (2020), acredita su calidad invocando en su instancia recursiva que: los partidos políticos son los destinatarios directos de los actos y normativas emitidos por la JCE, por lo que el interés jurídicamente protegido de los mismos, para accionar en contra de dichas resoluciones, se ve acentuado por el hecho de que, sobre ellos, de manera directa, recaerá la responsabilidad de aplicar las directrices emanadas por el órgano administrativo electoral en cuanto al voto de arrastre a nivel congresual.
e. El Tribunal Constitucional estima que la personería jurídica, conformación y funciones del accionante, Partido de la Liberación Dominicana (PLD), le confiere válidamente legitimación activa para impugnar la resolución de referencia debido a que, en su calidad de partido político, la Constitución le atribuye expresamente, de conformidad con el artículo 216.1, dentro de sus fines esenciales, garantizar “la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia”.
f. Además, de conformidad con los precedentes de este tribunal constitucional, según los criterios recientemente adoptados, la legitimación activa deriva del derecho reconocido por el artículo 185 de la Constitución de la República en favor de todo ciudadano dominicano. Según estos precedentes, todo ciudadano dominicano tiene, en virtud de ese texto, el necesario interés legítimo y jurídicamente protegido para ejercer las acciones directas de inconstitucionalidad que entienda pertinentes en defensa de la supremacía de nuestra Ley Fundamental. 2
g. En la especie, al tratarse de una persona jurídica, Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la legitimación para accionar ha quedado verificada por tratarse de un partido político, y por tanto, destinatario directo de los actos y normativas emitidos por la Junta Central Electoral. De ahí que el accionante ostenta la legitimación requerida para someter al escrutinio sobre inconstitucionalidad por vía directa, al estar revestida de un interés jurídico y legítimamente protegido de conformidad con el referido artículo 185.1 de la Constitución.
9. Análisis de los medios de inconstitucionalidad invocados por el
accionante 2 TC/0345/19, de dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). La parte accionante cuestiona las disposiciones contenidas en la Resolución núm. 08-2019, del siete (7) de mayo de dos mil diecinueve (2019), emitida por la Junta Central Electoral (JCE), pues arguye que transgreden de manera directa los artículos 39, 40.15, 109, 110 y 111 de la Constitución dominicana, en flagrante violación a los principios de igualdad, legalidad y seguridad jurídica.
a. Violación al principio de igualdad
a. Respecto del principio de igualdad, sostiene el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que la Resolución No. 08-2019 emitida por la JCE, crea una distinción irrazonable entre electores y candidatos a ser elegibles de veintiséis (26) provincias, a quienes no se les aplicará lo que establece el artículo 2 de la Ley No. 157-13 del 27 de noviembre de 2013 respecto del voto de arrastre, en contraposición a los electores y candidatos a ser elegibles de cinco (5) provincias y el Distrito Nacional en las cuales se mantendrán plenamente los efectos de la ley 157-13”.
b. De su parte, la Junta Central Electoral arguye que ha tomado una decisión sobre la base de la existencia de dos leyes que generan esquemas distintos a aplicarse, dependiendo de si existen circunscripciones electorales como en el caso de las cinco (5) provincias y el Distrito Nacional y las veintiséis (26) provincias que no cuentan con ese esquema electoral y, por tanto, regida estrictamente por el esquema de la Ley núm. 157-13, que establece el voto preferencial; lo que evidencia que el argumento de la parte accionante carece de fundamento y debe ser desestimado.
c. En lo que atañe a las pretensiones de la parte accionante, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) planteó además que la idoneidad en el trato igualitario ha constituido un razonamiento uniforme en el sentido de argumentar no solo su importancia, sino también, la necesidad de que exista una justificación suficiente, pertinente y sustentada para la desigualización en el trato, pues de lo contrario la misma se convierte en una situación arbitraria, tal como ocurre en el caso de la especie, por lo que entonces es dable colegir que si no hay ninguna razón suficiente para permitir un trato desigual, entonces está ordenado un trato igual, el cual se configura devolviendo el estado de las cosas a como se venían realizando desde el año 2002, es decir, mantener el arrastre de manera general, y como se encuentra configurado en la vigente Ley No. 157-13 sobre Voto Preferencial.
d. El citado texto constitucional, consagrado en el artículo 39.1 establece, textualmente, que “la República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”.
e. El Tribunal Constitucional dominicano ha incorporado en su trayectoria jurisprudencial de manera ininterrumpida, mediante la Sentencia TC/0033/12, el test de igualdad como herramienta que posibilita determinar la violación o no del principio de igualdad por parte de una norma jurídica. Así, se ha definido:
9.2.3. El test de igualdad, concebido por la jurisprudencia colombiana, resulta un método idóneo y razonable del cual puede hacer uso el juez constitucional, a fin de evaluar cualquier situación y establecer si una norma transgrede el principio de igualdad, siendo sus elementos fundamentales los siguientes: • Determinar si la situación de los sujetos bajo revisión es similar. • Analizar la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado. • Destacar los fines perseguidos por el trato disímil, los medios para alcanzarlos y la relación entre medios y fines.
f. En cuanto al primer criterio del test (supuesto de hecho similares), comprobamos que la Junta Central Electoral (JCE), al tenor de la Resolución núm. 08-19, escinde a la población de electores, pues dispone de forma diferenciada por un lado, un sistema electoral para las provincias que no han sido divididas en circunscripciones electorales, estableciendo cuatro (4) boletas, una por cada nivel de elección: presidencial, senatorial, de diputaciones y municipal, respaldándose en el artículo 92 de la Ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral; por otro lado, para el Distrito Nacional y aquellas provincias que están divididas en circunscripciones electorales para la elección de diputados y diputadas por circunscripción territorial, establece el cómputo de todos los votos obtenidos por el partido en la provincia, a los candidatos a senadores, bajo lo preceptuado en la Resolución núm. 04-2019, del nueve (9) de abril de dos mil diecinueve (2019), de la Junta Central Electoral.
g. Tras el análisis de los argumentos expuestos y al confrontar las disposiciones acusadas con la Constitución, este tribunal verifica que ciertamente, las disposiciones contenidas en la norma objeto de impugnación propenden al fraccionamiento territorial y de los sufragantes electorales. A esos efectos crea dos categorías de ciudadanos al limitar el ejercicio de las prerrogativas de elegir el senador y el diputado por el cual voluntariamente ha optado: 1) los que tendrán derecho al ejercicio del voto libre y directo y 2) los que no; las consecuencias que se derivan del trato desigual (art. 39 de la Constitución) respecto de los electores que conforman las circunscripciones expresamente señaladas en el numeral segundo de la resolución en cuestión, transgreden frontalmente los derechos fundamentales de ciudadanía, a la elección de las y los legisladores en la contienda electoral, así como también el derecho al sufragio universal contenidos en los artículos 22, 77 y 208 de la Constitución. Este último estatuye lo siguiente: Ejercicio del sufragio. Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto.
h. En este orden de ideas, la resolución objeto de impugnación viola la Constitución en virtud de que la Junta Central Electoral consigna en esta el sistema de voto electoral denominado de arrastre, estamento contrario a los artículos 22, 77, y 208 de la Constitución, toda vez que margina la condición de los votantes al aniquilar el mecanismo de elección de los representantes políticos, en contraposición a lo que establece el artículo 4 de la Constitución, atentando contra el principio democrático y representativo, tal y como determinó este Tribunal Constitucional mediante la Sentencia TC/0375/19, de diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), a lo cual haremos referencia más adelante.
10. Violación al principio de legalidad y seguridad jurídica
a. El accionante, Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aduce que la Junta Central Electoral (JCE) se extralimitó en la aplicación y uso de sus facultades reglamentarias, al normar, mediante la resolución atacada en inconstitucionalidad, respecto de asuntos que no eran pasibles de modificar por dicha vía. Agrega que ha incurrido en la infracción constitucional de vulnerar el principio de legalidad, que exige que la actuación de la administración debe estar sujeta a la legislación vigente. Por consiguiente, en tanto la ley sobre voto preferencial mantiene toda su vigencia a la fecha, el hecho de que la Junta Central Electoral (JCE) la haya ignorado por completo, hace que su decisión sea inconstitucional y que, por tanto, devenga en nula.
b. Sobre la violación al principio de seguridad jurídica, la parte accionante aduce que con la resolución atacada, la Junta Central Electoral (JCE) ha eliminado esa “certeza” y esa “expectativa” que deben tener todos los actores de la sociedad, entre ellos los partidos políticos y sus miembros, de que las leyes vigentes serán aplicadas y de que “la torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios”. Considera que al inaplicar una ley vigente a través de una interpretación laxa de una legislación nueva propicia una grave violación al principio de seguridad jurídica.
c. La Junta Central Electoral (JCE) riposta que no se encuentra dentro de las instituciones que el legislador ha atribuido funciones de declarar por vía difusa o concentrada la inconstitucionalidad o no de una ley, mucho menos tiene la Junta Central Electoral la facultad para derogar leyes vigentes y es esa precisamente la razón, por la cual, se ve en la obligación de resolutar como lo hizo, pues al ordenar la Ley núm. 15-19 en su artículo 92, la existencia de “nivel senatorial” y “nivel de diputaciones”, mas, si combinamos el esquema de la ley 157-13, aplicable esta última, en los lugares que tienen circunscripciones electorales, entonces se evidencia que, lo ordenado por la Junta Central Electoral, es un mandato expreso por la combinación de ambas normas, situación que es imperativa y de obligatorio cumplimiento para la recurrida.
d. La parte accionada solicita el rechazo del medio relacionado con el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 110 de la Constitución, al sostener que no ha sido violentado, dado que la resolución atacada no incumple el mandato de la Ley núm. 157-13, situación que hemos desarrollado ampliamente sobre su cabal cumplimiento y que la combinación de esta norma y la Ley núm. 15-19 son exactamente el resultado de la resolución atacada; que dicha resolución en modo alguno, viola el artículo 110.
e. Luego del examen de los argumentos esgrimidos por las partes y al confrontar la resolución atacada con las disposiciones constitucionales, alegadamente vulneradas, se precisa indicar respecto del alegato de que la Junta Central Electoral (JCE) no tenía facultad para interpretar la ley y ordenar en la citada resolución, la ejecución distinta para las provincias de mayor densidad electoral, al mantener el voto de arrastre del senador y eliminarlo en las veintiséis (26) provincias de menor población, este tribunal constitucional considera que el referido órgano electoral desbordó las competencias que le confiere el artículo 5 de la Ley núm. 157-13, sobre el Voto Preferencial, pues como órgano constitucional encargado de organizar y dirigir las elecciones está llamado a ejecutar las normas que lo regulan de conformidad con lo que dispone la ley. Su facultad reglamentaria no puede ejercerla colocándose por encima del legislador.
f. El artículo 5 de la Ley núm. 157-13 establece lo siguiente: “Ejecución de la ley. La Junta Central Electoral será la institución encargada de la ejecución de la presente ley, y deberá ser aplicada a partir de las elecciones congresionales del año 2016, inclusive”. Sin embargo, en su facultad para la ejecución de la ley no puede desconocer las facultades legislativas del Congreso Nacional. Debe tenerse presente que si la ley es ambigua o contradictoria, compete al legislador modificarla, o bien al juez interpretarla en el sentido más idóneo a la materia que busca regir, pero nunca sustituirla o aplicarla parcialmente en distintos sentidos, mediante una resolución, por demás, jerárquicamente inferior a la ley que debe complementar.
g. Sobre el principio de seguridad jurídica se ha pronunciado este tribunal constitucional en el siguiente tenor: …un principio jurídico general consustancial a todo Estado de Derecho, que se erige en garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que asegura la previsibilidad respecto de los actos de los poderes públicos, delimitando sus facultades y deberes. Es la certeza que tienen los individuos que integran una sociedad acerca de cuáles son sus derechos y obligaciones, sin que el capricho, torpeza o la arbitrariedad de sus autoridades puedan causarles perjuicios (…). [Sentencia TC/0100/13, de veinte (20) de junio de dos mil trece (2013)].
h. La Junta Central Electoral, al disponer por medio de la Resolución núm. 08- 2019 que la Ley núm. 15-19, en lo atinente a los artículos 92 y 104, que el voto de arrastre se aplicaría de forma distinta, ha vulnerado los principios de legalidad y de seguridad jurídica, dispuestos por los artículos 40.15 y 110 de la Constitución. 11. Sobre la aplicación del artículo 2 de la Ley núm. 157-13 por el carácter vinculante de las sentencias del Tribunal Constitucional
a. En los medios invocados la parte accionante censura a la Junta Central Electoral por cuanto su resolución no aplica e inobserva la Ley núm. 157-13 sobre Voto Preferencial, en cuyo artículo 2 se prescribe respecto del impropiamente denominado “voto de arrastre”, por lo cual pretende que este tribunal constitucional le ordene a la referida Junta Central Electoral (JCE), emitir una nueva Resolución respecto del método para la elección de Senadores y Senadoras en las elecciones generales ordinarias del 17 de mayo del año 2020 en el cual se respeten y apliquen las disposiciones del artículo 2 Ley No. 157-13 que establece el voto preferencial para la elección de diputados y diputadas al Congreso Nacional, regidores y regidoras de los municipios y vocales de los distritos municipales del 9 de diciembre de 2013 para todo el territorio nacional. Añade que hasta tanto no exista un pronunciamiento definitivo por alguna autoridad judicial apoderada para esos fines, o no haya sido derogada de manera expresa por el legislador, la Ley sobre Voto Preferencial mantiene toda su vigencia, y por tanto todos los efectos que ello implica frente al accionar de la Junta Central Electoral como órgano regulador y coordinador de las próximas elecciones.
b. Se precisa indicar que mientras el presente caso estuvo en estado de fallo, este tribunal constitucional se pronunció en relación con la disposición contenida en el párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13, sobre Voto Preferencial, lo que indefectiblemente impactará en la solución que se dará a la presente acción directa de inconstitucionalidad, pues el artículo 184 de la Constitución de la República dispone que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y órganos del Estado. En similares términos se dispone en el artículo 31 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales. De ahí, que se trate de cosa juzgada constitucional.
c. En efecto, en el prealudido precedente se declara la inconstitucionalidad y la nulidad del párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13, del 27 de noviembre de 2013 de forma inmediata y para el futuro, y, por consiguiente, la obligación a cargo de los órganos que competan de proceder a la revisión de las normas y los actos dictados en ejecución o aplicación de la disposición anulada, y adecuar los mismos a las consecuencias derivadas de la presente decisión, sin que en modo alguno ello implique afectar la seguridad jurídica que resulta de los procesos electorales ya consumados.
d. Al hilo de la decisión señalada, precisamos que la disposición declarada inconstitucional establecía en el párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13, lo siguiente: “Cuando el elector decide marcar la fotografía del candidato o la candidata a diputado (a) de su preferencia está favoreciendo con su voto al partido de éste (a) y por ende al candidato (a) a senador de dicho partido”.
e. En el examen del aludido artículo, lo juzgado por este colegiado constitucional asentó el criterio siguiente: (…) significa, como puede colegirse, que lo dispuesto en el párrafo del artículo 2 de la ley núm.157-13 condiciona, irrazonablemente, la voluntad del elector, al impedirle que pueda –si así quisiere- fraccionar su voto, al optar por candidatos al Senado de la República y a la Cámara de Diputados de partidos distintos. Se puede afirmar, por lo tanto, que mediante ese sistema, al votante se le impone un candidato, lo que pone de manifiesto que la disposición legal impugnada viola el derecho al sufragio del artículo 128 de la Constitución, de manera general, el derecho a elegir, como una prerrogativa del derecho de ciudadanía, previsto por el artículo 22 de la Constitución, y el derecho a elegir libremente el senador y el diputado de su preferencia, consagrado como una prerrogativa por el artículo 77 de constitucional respecto de la elección de los legisladores. (…) nuestro Pacto Fundamental le otorgó al legislador ordinario la libertad de elegir por ley cualquiera de los métodos de votación convencionalmente aceptados en el mundo, siempre que el mismo sea “universal” y “directo”, por lo que la disposición legal cuestionada, al disponer que en una boleta legislativa única se permita que el voto de las candidaturas a diputado sea transferible al candidato a senador, no cumpliría con el mandato constitucional del artículo 77. (…) la ley cuestionada permite a los ciudadanos ejercer el voto sin la intervención de un intermediario o delegado electoral.
Sin embargo, se produce un evidente y claro desconocimiento del carácter directo del ejercicio del derecho al voto porque, como ya se ha indicado, desde el momento en que el elector decide votar por un diputado de un partido, también vota, de manera indirecta, por el senador de ese partid, aunque este último no sea, necesariamente de su preferencia. Ello significa que la norma cuestionada cierra la posibilidad de que un ciudadano pueda elegir de ese modo, al diputado de su preferencia de un determinado partido político y, a la vez, al senador de su preferencia de otro partido, lo que constituye una vulneración al derecho al voto directo consagrado por el artículo 208 de la Constitución de la República. (…) Consideramos, además, que la aludida disposición viola el derecho de los ciudadanos al voto libre en cuanto impone al votante candidato a senador sin poder expresar, de manera libre y soberana, su voluntad en ese sentido. Esta realidad pone de manifiesto que en ningún momento del ejercicio del derecho al sufragio el ciudadano tiene el derecho a manifestar libremente su voluntad respecto del senador de su preferencia, lo que significa que el senador es impuesto por la norma en cuestión coartando así su derecho al sufragio. Si se entiende que el voto es la expresión concreta, tangible, libre, del pensamiento político de los ciudadanos y que, por tanto, obligar un elector a votar por un candidato que no es, necesariamente, el de su preferencia (garantía de la libertad del elector), constituye una violación del derecho al voto, es decir, del derecho al sufragio.
f. El Tribunal Constitucional basó su sentencia, entre otros motivos, en los siguientes: (…) en el presente caso está en juego el derecho al sufragio, el cual ha de ser entendido como el derecho de los ciudadanos a elegir-como votantes- a los candidatos de su preferencia. Este derecho ha sido expresamente consagrado como un derecho fundamental de naturaleza electoral por el artículo 208 de la Constitución de la República. Este texto dispone: “Es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades de gobierno y para participar en referendos. El voto es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado, bajo ningún pretexto, en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto”. Sin embargo, este derecho es afectado por la norma tachada como inconstitucional, puesto que el elector o votante no tiene la posibilidad de elegir al senador de su preferencia, ya que, al votar por el diputado de un determinado partido, también lo está haciendo, por imposición legal, por el senador de ese mismo partido, sin tener la posibilidad de elegir separadamente al senador y los diputados de su preferencia.
g. En este orden de ideas, la resolución objeto de impugnación viola la Constitución en virtud de que la Junta Central Electoral consigna en esta el sistema de voto electoral denominado de arrastre para seis provincias, estamento contrario a los artículos 22, 77 y 208 de la Constitución, toda vez que margina la condición de los votantes al aniquilar el mecanismo de elección de los representantes políticos, en contraposición a lo que establece el artículo 4 de la Constitución, atentando contra el principio democrático y representativo.
h. En adición, es menester que este órgano de justicia constitucional estatuya rechazando las pretensiones de la parte accionante, encaminadas a que el Tribunal Constitucional exhorte a la Junta Central Electoral a emitir una nueva resolución en la cual se mantenga el voto de arrastre, en razón de los efectos de la Sentencia TC/0375/19, 3 mediante la cual se ha declarado la inconstitucionalidad del párrafo del artículo 2 de la Ley núm. 157-13. Vale indicar que además impera el carácter vinculante de las decisiones de este colegiado, efectos de sus precedentes que alcanzan al tribunal mismo, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 184 de la Constitución y 31 de la Ley núm. 137-11. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Alba Luisa Beard Marcos, el voto disidente del magistrado 3 De diecinueve (19) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Justo Pedro Castellanos Khoury y los votos salvados de los magistrados Wilson S. Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Constan en acta el voto disidente del magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; y el voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional.
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD)contra la Resolución núm. 08-2019, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) el siete (7) de mayo de dos mil diecinueve (2019), que instituye el método para la elección de senadores y senadoras en las elecciones generales ordinarias del diecisiete (17) de mayo de dos mil veinte (2020).
SEGUNDO: ACOGER, de conformidad con las precedentes consideraciones, la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) contra la Resolución núm. 08-2019 y, en consecuencia, DECLARAR la inconstitucionalidad con efectos inmediatos y hacia el porvenir, de la Resolución núm. 08-2019, dictada por el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) el siete (7) de mayo de dos mil diecinueve (2019).
TERCERO: DECLARAR los procedimientos de este proceso libres de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al órgano emisor de la norma, Junta Central Electoral (JCE), y a la Procuraduría General de la República, para los fines que correspondan.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0440/19, del 10 de octubre de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0440-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.