Sentencia TC/0482/16
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 18 de octubre de 2016 · Expediente TC-05-2016-0187
Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Claudio R. Cedeño Chalas contra la Sentencia núm. 0195- 2016-SCIV-00318, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana el tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
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Temas: Derecho al acceso al agua potable
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0482/16?
El recurso es admisible porque, al no constar la notificación de la sentencia de amparo, el plazo de cinco días para recurrir seguía abierto, y porque el caso permitía consolidar el criterio sobre el acceso al agua como derecho fundamental (TC/0482/16, numeral 9, a–d, pág. 9). El Tribunal revocó la sentencia porque el juez de amparo, pese a reconocer que no había pruebas que justificaran los argumentos de las partes, rechazó la acción y con ello avaló una actuación arbitraria, en transgresión del derecho de acceso al agua y del deber de motivar las sentencias. Por economía procesal, el Tribunal conoció directamente la acción de amparo (TC/0482/16, numeral 10, c–f, pág. 11).
Impedir el acceso al agua para obtener el pago de una alegada deuda de mantenimiento del condominio fue arbitrario e ilegal: la Ley núm. 5038 y el reglamento del condominio preveían vías para reclamar el pago, sin que el reglamento autorizara la suspensión de servicios. Tampoco se había celebrado una asamblea para determinar el incumplimiento con respeto al derecho de defensa (TC/0482/16, numeral 10, k–l, pág. 13; TC/0482/16, numeral 10, m, pág. 14; TC/0482/16, numeral 10, n–p, pág. 15). El acceso al agua goza de protección constitucional reforzada porque su restricción afecta directamente la salud y vulnera la dignidad humana. En el caso, el Tribunal comprobó la vulneración de los derechos de acceso al agua, a la dignidad y a la integridad (TC/0482/16, numeral 10, c–f, pág. 11; TC/0482/16, numeral 10, g–j, pág. 12; TC/0482/16, numeral 10, r, pág. 16).
Decisión
Admite el recurso de revisión, lo acoge en cuanto al fondo y revoca la Sentencia núm. 0195-2016-SCIV-00318. Acoge la acción de amparo y ordena reinstalar el servicio de agua al accionante; declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“cuando se limita o restringe el derecho de acceso al agua se restringe de forma directa el derecho a la salud, lo cual a su vez constituye una violación al derecho a tener una vida digna.” (TC/0482/16, numeral 10, g–j, pág. 12)
“la señora Yeritza Guerrero contaba con vías de derecho para solicitar el pago del alegado monto adeudado por el señor Cedeño Chalas, por cuanto no se justifica que optara por impedir motu proprio el servicio de agua a este” (TC/0482/16, numeral 10, n–p, pág. 15)
“dada la importancia de este recurso natural, el mismo goza de una protección reforzada a nivel constitucional.” (TC/0482/16, numeral 10, r, pág. 16)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 15, 38, 42, 61.1, 69 y 72, in fine.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 95 y 100.
Ley núm. 5038, sobre Condominios: artículos 18 y 33.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0071/13, TC/0185/13, TC/0012/14, TC/0127/14, TC/0049/12 y TC/0289/16.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, en la especie se presenta un conflicto originado cuando la señora Yeritza Guerrero colocó una caja metálica negra con la finalidad de impedir el acceso a la llave de paso que conecta el tinaco del apartamento propiedad del señor Claudio R. Cedeño Chalas con la fuente de agua principal. Al considerar que la actuación de la señora Guerrero atentó contra sus derechos a la salud, al agua y a la dignidad, el señor Cedeño Chalas interpuso una acción de amparo que fue rechazada mediante la sentencia objeto del presente recurso de revisión constitucional.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión
El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional resulta admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas:
a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional de amparo debe ser interpuesto en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de su notificación.
b) En el expediente del presente caso no existe constancia de que a la parte recurrente le haya sido notificada la sentencia emitida por el juez a-quo, razón por la cual el plazo legal dispuesto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11 aún sigue abierto.
c) Resuelto lo anterior, debemos determinar si el presente caso cumple con el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, es decir, la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, apreciada por este tribunal atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para la determinación del contenido, del alcance y de la concreta protección de los derechos fundamentales.
d) Luego de haber estudiado y ponderado los documentos del expediente que nos ocupa, consideramos que el presente caso tiene relevancia y trascendencia constitucional; la cual radica en que el conocimiento del caso permitirá al Tribunal Constitucional consolidar su criterio en relación con la importancia del acceso al servicio de agua como derecho fundamental.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional
10.1. En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:
a) La parte recurrente, señor Claudio R. Cedeño Chalas, persigue la anulación de la Sentencia núm. 0195-2016-SCIV-00318, fundamentado en el alegato de que esa jurisdicción obró incorrectamente al rechazar los argumentos que fundamentaron su acción de amparo, con lo cual se violan sus derechos fundamentales a la vida, la salud, el agua, la dignidad humana, entre otros.
b) Tras examinar la referida decisión de amparo en esta sede constitucional, hemos advertido que en la misma se realizan juicios que acarrean su revocación. En efecto, si bien el juez de amparo reconoce la importancia del derecho al acceso al agua, para rechazar la acción de amparo se sustenta en el razonamiento de que el suministro de agua potable, como otros servicios de la sociedad moderna, tal es el caso del cable o la internet, que se incluyen ya dentro de los derechos de la tercera y cuarta generación, para su ejercicio o disfrute exigen del titular el cumplimiento de determinados requisitos normalmente expresados en la legislación interna de cada país. Así, por aplicación de la Ley núm. 385-98, del 18 de agosto de 1998, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), es evidente que todo aquel que utilice el servicio del agua potable debe solventar ese servicio. En efecto, para poder disfrutar de su inalienable derecho a la vida, la salud, y el bienestar, el ser humano tiene también derecho a la disponibilidad de suelos fértiles, a respirar aire limpio, al consumo de agua potable pero mediante el cumplimiento de los requisitos habilitante (sic) que para el disfrute de ese servicio disponga la norma. Existe un principio del derecho procesal que versa que quien alega un derecho en justicia deberá probarlo; que no es más que el derecho probatorio que rige los papeles respectivos de las partes en el proceso, la carga y modalidades de la prueba; que al no ser aportadas pruebas que hagan a este tribunal determinar si las conclusiones están acorde a derecho es deber de este tribunal rechazar las mismas por no estar apoyadas en elementos probatorios suficiente (sic) que hagan constatar su veracidad. 1
c) En tal sentido, el juez de amparo reconoce que no hay pruebas que justifiquen los argumentos expuestos por las partes; sin embargo, decide rechazar la acción de amparo, justificando con ello la manifiesta actuación arbitraria de la parte demandada, situación que transgrede el derecho al acceso al agua, así como el deber de motivación de las sentencias, contenidos en el artículo 61.1 y 69 de la Constitución, respectivamente. 1 Subrayado es nuestro.
d) Así pues, procede que, en aplicación del principio de economía procesal y siguiendo el criterio establecido en el precedente fijado en las sentencias TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013); TC/0185/13, del once (11) de octubre de dos mil trece (2013); TC/0012/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), así como la TC/0127/14, del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), este tribunal constitucional se avoque a conocer de la presente acción de amparo.
e) En la especie, la señora Yeritza Guerrero le impide el acceso al servicio de agua al señor Claudio Cedeño Chalas, al instalar una caja metálica negra en la llave de paso que conecta el tinaco del apartamento propiedad del amparista con la fuente de agua principal, bajo el fundamento de este tiene una deuda por concepto de mantenimiento del condominio, por lo que hasta tanto dicha deuda sea pagada, no es posible la liberación del servicio.
f) En lo relativo al fondo de la acción de amparo, este tribunal entiende que la misma debe ser acogida, por el hecho de que en la especie se comprueba la violación al derecho al acceso al agua del amparista, a la dignidad e integridad, contenidos en los artículos 61 numeral 1, 38 y 42 de la Constitución, respectivamente.
g) La Constitución de la República establece en su artículo 15 que “(…) el consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso”. Asimismo, el artículo 61.1 establece: El Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable 2 , el mejoramiento de la alimentación, de los servicios sanitarios, las condiciones higiénicas, el saneamiento ambiental, así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades, asegurando el acceso a medicamentos de calidad y dando asistencia médica y hospitalaria gratuita a quienes la requieran. 2 Subrayado es nuestro.
h) En ese sentido, el impedimento de tener acceso al agua potable, por afectar el derecho a la salud se encuentra directamente relacionado con el derecho a la dignidad, contenido en el artículo 38 de la Constitución.
i) En efecto, cuando se limita o restringe el derecho de acceso al agua se restringe de forma directa el derecho a la salud, lo cual a su vez constituye una violación al derecho a tener una vida digna.
j) Esta ha sido la línea jurisprudencial sentada por nuestro tribunal constitucional en su Sentencia TC/0049/12, en donde se reconoce la importancia del acceso al servicio de agua potable, en los siguientes términos: “Los sistemas de abastecimiento de agua potable son considerados parte integral de los servicios de salud que los Estados tienen que proporcionar a toda la población, bajo el entendido de que este “(...) es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud”.
k) Este criterio fue reiterado en su Sentencia TC/0289/16, en donde este órgano de justicia constitucional estableció: La protección especial que dispensa el constituyente dominicano, según el texto constitucional transcrito, se corresponde con la importancia que tiene este derecho, ya que de su disfrute depende la vida y, en consecuencia, todos los demás derechos; por estas razones, la Organización de las Naciones Unidas lo reconoce como un derecho humano, mediante la Resolución núm. 64/292, dictada en la 108 sesión plenaria, celebrada el veintiocho (28) de julio de dos mil diez (2010). En efecto, en el artículo 1 de dicha resolución se establece que se “reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”.
l) De manera que, en el caso en cuestión, la actuación de la señora Yeritza Guerrero de impedir el acceso al agua del señor Cedeño Chalas fue arbitraria e ilegal, puesto que si bien la demandada justifica la suspensión irregular del servicio por deudas en el pago del mantenimiento, en principio, esta cuenta con otros medios para reclamar el pago de la referida deuda.
m) En efecto, la Ley núm. 5038, sobre Condominios, en sus artículos 18 y 33 establece lo siguiente: Artículo 18. El pago de la cuota con que debe contribuir cada propietario a las cargas comunes de conformidad con el artículo 4, está garantizado con un privilegio sobre la parte dividida de aquel en cuyo favor el consorcio de propietario haya hecho el avance. Este privilegio tendrá preferencia sobre todos los demás y se extiende a la parte alícuota indivisa de las cosas comunes del inmueble, en virtud del principio establecido en el artículo 5. Artículo 33. La comprobación de los avances garantizados por el privilegio establecido en el artículo 18 y la fijación de las cuotas contributivas no pagadas, serán hechas por la asamblea de los propietarios, mediante declaración preparada por el administrador, con los detalles y comprobantes correspondientes. El administrador lo comunicará por cana certificada al o a los propietarios deudores. La copia del acta, certificado por el administrador y legalizada por un notario, construirá título suficiente para fines de inscripción del privilegio en el Registro de Títulos. El propietario deudor podrá impugnar la decisión de la asamblea y pedir la cancelación de la inscripción del privilegio dentro de los 15 días de la fecha en que se haya sido notificada por alguacil la resolución de la asamblea. Transcurrido ese plazo sin haber sido impugnada la resolución será inatacable y tendrá fuerza ejecutoria. Igual fuerza tendrá la liquidación que el deudor haya aprobado por escrito.
n) Asimismo, el Reglamento de Copropiedad y de la Administración del Condominio Residencial Las Cañas, anexado a este expediente, establece en su artículo 24, literal c, un procedimiento que, bajo ninguna circunstancia, faculta a los condómines a suspender servicio alguno, máxime cuando no se ha celebrado una asamblea de condóminos para determinar el incumplimiento del señor Cedeño Chalas, a fin de respetar su derecho de defensa, garantía esta protegida por el debido proceso consagrado en el artículo 69 de la Constitución.
o) La referida disposición establece lo siguiente: Las sumas adeudadas por cada uno de los propietarios deben ser satisfechas dentro de los quince (15) días de comunicado por escrito su importe por el administrador. Vencido este plazo, el deudor incurrirá en moras de pleno derecho y abonará sobre la suma adeudad interés a razón de dos por ciento mensual por retardo hasta un máximo del 50% de su deuda, sin perjuicio de las acciones judiciales que el consorcio pueda ejercer contra el deudor después de transcurrido treinta (30) días de la fecha en que debió realizar el pago. 3
p) Así pues, la señora Yeritza Guerrero contaba con vías de derecho para solicitar el pago del alegado monto adeudado por el señor Cedeño Chalas, por cuanto no se justifica que optara por impedir motu proprio el servicio de agua a este, vía de hecho que trasgrede a todas luces su derecho de acceso al agua potable.
q) Sobre el particular, la Corte Constitucional de Colombia ha establecido que atendiendo a la importancia del derecho fundamental al agua para la supervivencia humana en condiciones dignas[35] y a las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 3 Subrayado es nuestro. Unidas, en especial las sugeridas en la Observación General No. 15 de 2002[36], este Tribunal ha considerado que no procede la suspensión del servicio público de acueducto cuando se configuren los siguientes presupuestos: (i) Que como consecuencia de la suspensión se desconozcan o se pongan en riesgo los derechos fundamentales de los habitantes en el inmueble, ante su imposibilidad de acceder al recurso hídrico a través de otras fuentes. Para verificar el grado de afectación de las prerrogativas constitucionales, resulta importante tener en cuenta las posibles circunstancias de vulnerabilidad en las que se encuentren los perjudicados con la interrupción del suministro de agua. (ii) Que el incumplimiento en el pago por parte del responsable sea involuntario [37].
r) En definitiva, nada justifica la suspensión o racionalización del servicio público de agua, pues esto supone una interferencia en este derecho que vulnera la dignidad humana y atenta contra el derecho a la salud, de modo que dada la importancia de este recurso natural, el mismo goza de una protección reforzada a nivel constitucional. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Ana Isabel Bonilla Hernández, Justo Pedro Castellanos Khoury y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos, así como el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Claudio R. Cedeño Chalas contra la Sentencia núm. 0195-2016-SCIV-00318, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana el tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 0195-2016- SCIV-00318, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Romana el tres (3) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
CUARTO: ACOGER la acción de amparo interpuesta por el señor Claudio Cedeño Chalas contra la señora Yeritza Guerrero, por los motivos antes expuestos, y, en consecuencia, ORDENAR la reinstalación del servicio de agua a favor del accionante.
QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, señor Claudio Cedeño Chalas, y la parte recurrida, señora Yeritza Guerrero, así como a la Junta Directiva del Condominio Residencial Las Cañas.
SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la referida ley núm. 137-11.
SÉPTIMO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0482/16, del 18 de octubre de 2016. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0482-16. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.