Sentencia TC/0499/16
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 27 de octubre de 2016
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0499/16?
El recurso reviste especial trascendencia constitucional porque permite fortalecer los criterios sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso en la desvinculación de un miembro de un organismo militar. Al producirse la cancelación del nombramiento durante el trámite del amparo, la suspensión provisional sin salario perdió interés jurídico; por ello, el juez de amparo examinó la cancelación tras asegurarse de que la parte accionada pudiera defenderse ante el cambio (TC/0499/16, numeral 10, b–c, pág. 10; TC/0499/16, numeral 11, c–e, pág. 12).
El artículo 69.10 de la Constitución exige aplicar el debido proceso a las actuaciones administrativas, incluidos los procedimientos disciplinarios policiales. La Ley núm. 96-04 exige un procedimiento previo que garantice la defensa y atribuye al Tribunal de Justicia Policial la imposición de sanciones distintas de la amonestación verbal o escrita. Aunque se acreditó una investigación, no constaba el sometimiento del oficial a dicho tribunal ni se probó que se hubiera celebrado un procedimiento disciplinario con la debida notificación y oportunidad de defensa. La cancelación fue, por tanto, arbitraria y lesionó el derecho de defensa y al debido proceso (TC/0499/16, numeral 11, f–h, pág. 13; TC/0499/16, numeral 11, i–j, pág. 13; TC/0499/16, numeral 11, k–m, pág. 14; TC/0499/16, numeral 11, n–o, pág. 15; TC/0499/16, numeral 11, p–r, pág. 15).
Decisión
Admite el recurso de revisión, lo acoge en cuanto al fondo, revoca la Sentencia núm. 122-2014 y acoge la acción de amparo. Ordena restituir a Alexander Soriano Valdéz en el rango que ostentaba al momento de su cancelación, con sus calidades, atributos y derechos adquiridos, y pagarle los salarios dejados de percibir desde la cancelación hasta el reintegro, todo dentro de los sesenta días siguientes a la notificación; impone a la Policía Nacional y su Jefatura un astreinte de RD$10,000.00 por cada día de retardo a favor de Hogar Crea Dominicana, Inc., y declara el recurso libre de costas.
Citas textuales clave
“Entendemos que desde el momento que se produce la cancelación, la suspensión carece de interés jurídico.” (TC/0499/16, numeral 11, c–e, pág. 12).
“Las reglas del debido proceso, conforme lo establece el artículo 69, literal 10, del texto constitucional, deben ser aplicadas en los ámbitos judicial y administrativo en sentido amplio” (TC/0499/16, numeral 11, k–m, pág. 14).
“De modo que la ausencia de dicho procedimiento que concluyera con la imposición de una sanción contra el señor Alexander Soriano Valdéz constituye una actuación arbitraria de la Policía Nacional, que lesiona su derecho a la defensa y al debido proceso.” (TC/0499/16, numeral 11, p–r, pág. 15).
Normas interpretadas
Constitución, artículos 69 (en particular, el numeral 10) y 72, in fine; Ley núm. 96-04, artículos 66, 69 y 70; Ley núm. 137-11, artículos 7, 66, 93 y 100.
Precedentes que cita el Tribunal
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos depositados en el expediente, a los hechos y argumentos invocados por las partes, el presente caso se origina cuando el oficial ejecutivo del Departamento de San Cristóbal, P.N., le impuso al primer teniente de la Policía Nacional Alexander Soriano Valdéz una sanción disciplinaria consistente en treinta (30) días de arresto, por supuesta negligencia en sus funciones. Cumplida dicha sanción, la Jefatura de la Policía Nacional suspendió al agente, sin disfrute de sueldo, hasta tanto concluyera un proceso de investigación que se le realizaba al mismo. En virtud de lo anterior, el señor Alexander Soriano Valdéz interpuso una acción de amparo contra la Policía Nacional ante la Segunda Sala de Tribunal Superior Administrativo, solicitando la revocación de la suspensión de sus funciones sin disfrute de sueldo. El tribunal apoderado, mediante la Sentencia núm. 122-2014, rechazó la acción incoada por considerar que no se vulneraron los derechos alegados por el accionante. No conforme con esta decisión, el señor Alexander Soriano Valdéz interpuso ante el Tribunal Constitucional el recurso de revisión constitucional que nos ocupa.
10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia
de amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional resulta admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas:
a. El artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso.
b. La especial trascendencia o relevancia constitucional es una noción abierta e indeterminada; por tanto, este tribunal la ha definido en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en la que estableció: (…) tal condición solo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) Que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica Expediente núm. TC 05-2014-0241, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Alexander Soriano Valdéz contra la Sentencia núm. 122-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de abril de dos mil catorce (2014). cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
c. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, este tribunal constitucional considera que el presente caso entraña especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que le permitirá fortalecer criterios acerca de los alcances y la importancia del cumplimiento de las garantías fundamentales de tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso, en ocasión de desvincular a un miembro de un organismo militar.
11. Sobre el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo
En cuanto al fondo del presente recurso de revisión constitucional, el Tribunal Constitucional ha podido comprobar que:
a. El tribunal que conoció de la acción de amparo solicitada por la parte accionante la rechazó por entender que la cancelación del Primer Teniente ALEXANDER SORIANO VALDEZ, de la Policía Nacional, se sustentó en una investigación realizada bajo la tutela del debido proceso y del procedimiento disciplinario correspondiente, sin vulnerar los derechos alegados como el derecho de defensa, honor personal y derecho al trabajo, como alega la parte accionante, debido a que se le realizó la debida formulación precisa de cargos a faltas disciplinarias cometidas, y se le dio la oportunidad de defenderse de las presuntas faltas, al igual que se le desarrolló el necesario juicio disciplinario de rigor.
b. El recurrente alega que la sentencia evacuada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo le vulnera los derechos y garantías consagrados en los siguientes artículos de la Constitución: 62, sobre el derecho al trabajo; 69.3, sobre la presunción de inocencia; 69.5, sobre el doble enjuiciamiento; 69.7, sobre el principio de la preexistencia de la ley, 69.10, sobre el debido proceso en las actuaciones Expediente núm. TC 05-2014-0241, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Alexander Soriano Valdéz contra la Sentencia núm. 122-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de abril de dos mil catorce (2014). administrativas, y la parte capital del artículo 69, sobre tutela judicial efectiva y debido proceso. De modo que corresponde a este tribunal constitucional determinar la procedencia o no del presente recurso y si la mencionada cancelación fue realizada respetando los derechos fundamentales del señor Alexander Soriano Valdéz.
c. Previamente, este tribunal considera necesario establecer para el esclarecimiento del presente caso, que el señor Alexander Soriano Valdez introdujo su acción de amparo el dos (2) de enero de dos mil catorce (2014), pero mientras el juez a quo conocía de dicha acción, intervino la cancelación del nombramiento del accionante de las filas de la Policía Nacional el cinco (5) de febrero de dos mil catorce (2014).
d. En audiencia pública del diecinueve (19) de febrero de dos mil catorce (2014), el propio accionante trajo al debate que le fue notificada su cancelación, por lo que solicitó la suspensión de la audiencia para notificarla a todas las partes. En la próxima audiencia las partes concluyeron; sin embargo, el accionante hizo mención de su cancelación, pero no concluyó solicitando nada con respecto a la misma, sino refiriéndose a la suspensión sin salario de que fue objeto. De su lado, las demás partes solicitaron el rechazo de la acción de amparo.
e. Entendemos que desde el momento que se produce la cancelación, la suspensión carece de interés jurídico. Es decir, si el accionante ya fue cancelado (sanción definitiva) no tiene interés jurídico el referirse a la suspensión previa (sanción o medida provisional), de la cual había sido objeto, por lo que tomando en consideración que la situación cambió durante el conocimiento del amparo, el juez a quo conoció de la cancelación y no de la suspensión, luego de asegurarse que la parte accionada pudiera defenderse ante la nueva situación o cambio, resolviendo el tribunal apoderado la acción sometida mediante la Sentencia núm. 122-2014. Expediente núm. TC 05-2014-0241, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Alexander Soriano Valdéz contra la Sentencia núm. 122-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de abril de dos mil catorce (2014).
f. Mediante dicha sentencia, la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de amparo que había solicitado la revocación de la suspensión sin disfrute de sueldo, ordenada el veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013), motivando su decisión en que “la cancelación del Primer Teniente Alexander Soriano Valdéz, de la Policía Nacional, se sustentó en una investigación realizada bajo la tutela del debido proceso y del procedimiento disciplinario correspondiente, sin vulnerar los derechos alegados”.
g. El fallo impugnado asegura además que al accionante “se le dio la oportunidad de defenderse de las presuntas faltas, al igual que se le desarrolló el necesario juicio disciplinario de rigor”.
h. En este sentido, este tribunal precisa que la Ley núm. 96-04, Institucional de la Policía Nacional, del doce (12) de enero de dos mil cuatro (2004), establece en sus artículos 69 y 70 lo siguiente: Art. 69.- Debido proceso.- No podrán imponerse sanciones disciplinarias si no en virtud de la previa instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente, que será preferentemente escrito y basado en los principios de sumariedad y celeridad. Cuando para dejar a salvo la disciplina el procedimiento sea oral, deberá documentarse posteriormente por escrito. Art. 70.- Garantía y derecho a la defensa.- El procedimiento disciplinario deberá observar las garantías para el afectado, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
i. Además, la Ley núm. 96-04, en su artículo 66, dispone que salvo las sanciones de amonestación verbal y amonestación escrita, “las demás sanciones serán impuestas por el Tribunal de Justicia Policial, en sus atribuciones disciplinarias”. En el caso del señor Alexander Soriano Valdéz, a quien le fue aplicada la sanción de Expediente núm. TC 05-2014-0241, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Alexander Soriano Valdéz contra la Sentencia núm. 122-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de abril de dos mil catorce (2014). cancelación de nombramiento, no existe constancia en el expediente de que la misma haya sido tomada luego de un sometimiento por ante dicho tribunal.
j. En el caso objeto del presente recurso, no existe prueba alguna que ponga de manifiesto que se cumplió con estos mandatos legales. El debido proceso pudo haberse configurado si el Consejo Superior Policial y el jefe de la Policía Nacional hubiesen tramitado el expediente de desvinculación a dicho miembro, a los fines de que tomara conocimiento de tal actuación y el hoy recurrente pudiera ejercer su derecho de defensa, cumpliéndose así efectivamente la debida garantía judicial.
k. En el caso objeto de tratamiento, la causa de la desvinculación encuadra en la cancelación de nombramiento por la comisión de faltas graves en ocasión de estar en el ejercicio del servicio militar activo, empero no existe evidencia alguna reveladora de que se efectuó un juicio disciplinario bajo las garantías del debido proceso de ley, capaz de auspiciar la puesta bajo salvaguarda de los derechos del procesado, ahora recurrente, conforme al elevado designio de la justicia constitucional. Por tanto, la decisión objeto del presente recurso debe ser revocada y este tribunal procederá a conocer de la acción de amparo incoada por el señor Alexander Soriano Valdéz.
l. El accionante, señor Alexander Soriano Valdéz, interpuso un amparo contra la Policía Nacional, alegando vulneración al artículo 69 de la Constitución, sobre tutela judicial efectiva y debido proceso de ley.
m. Las reglas del debido proceso, conforme lo establece el artículo 69, literal 10, del texto constitucional, deben ser aplicadas en los ámbitos judicial y administrativo en sentido amplio, de ahí que, como hemos precisado precedentemente, era pertinente cumplir con este elevado principio que se propone alcanzar la materialización de la justicia a través de la adecuada defensa de toda persona con interés en un determinado proceso. Expediente núm. TC 05-2014-0241, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Alexander Soriano Valdéz contra la Sentencia núm. 122-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de abril de dos mil catorce (2014).
n. Este tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la aplicación del debido proceso en sede administrativa, al expresar en la Sentencia TC/0201/13, del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013) (páginas 26 y 27, párrafo 10.4), lo siguiente: Las garantías mínimas que, de acuerdo con el artículo 69 de la Constitución dominicana, conforman el debido proceso, sirven para definir el tipo de proceso respecto del cual debe exigirse su aplicación. Su análisis permite la conclusión, en consonancia con la jurisprudencia constitucional comparada, de que en sede administrativa su aplicación deberá ser exigida en los procedimientos administrativos sancionatorios y en aquellos que puedan tener como resultado la pérdida de derechos de las personas.
o. El debido proceso conlleva la oportunidad a todo ciudadano para que pueda ejercer su derecho a defenderse de una determinada acusación sin importar el ámbito donde ocurra. En el presente caso, se trata del ámbito militar y los superiores del recurrente, aun teniendo la potestad de evaluar su comportamiento y su conducta, y poseyendo la calidad para comprobar si sus actuaciones han sido apegadas a las leyes y a la ética militar, en modo alguno podían hacerlo sin aplicar lo reglamentado por la Constitución de la República, las leyes y las normas reglamentarias.
p. Al efecto, la Sentencia TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), establece en sus páginas 20 y 21, literal y), lo siguiente: (…) el respeto al debido proceso y, consecuentemente, al derecho de defensa, se realiza en el cumplimiento de supuestos tales como la recomendación previa a la adopción de la decisión sancionatoria; que dicha recomendación haya sido precedida de una investigación; que dicha investigación haya sido puesta en conocimiento del afectado; y que éste haya podido defenderse. Expediente núm. TC 05-2014-0241, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Alexander Soriano Valdéz contra la Sentencia núm. 122-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de abril de dos mil catorce (2014).
q. En tal virtud, en la especie ha debido desarrollarse un proceso disciplinario orientado a evaluar con objetividad las supuestas faltas cometidas y a determinar las sanciones que correspondieran, puesto que aunque existe constancia de que los órganos encargados realizaron una investigación de los hechos por los que el recurrente fue sancionado con su cancelación, no se ha presentado prueba alguna de que se haya celebrado un proceso disciplinario sometido a las reglas del debido proceso y con la necesaria notificación al accionante. De modo que la ausencia de dicho procedimiento que concluyera con la imposición de una sanción contra el señor Alexander Soriano Valdéz constituye una actuación arbitraria de la Policía Nacional, que lesiona su derecho a la defensa y al debido proceso.
r. En consecuencia, el Tribunal Constitucional acogerá la acción de amparo y dispondrá el reintegro del accionante al rango que ostentaba al momento de su cancelación, a quien le deben ser saldados los salarios dejados de pagar desde ese momento hasta la fecha en que se produzca su reintegro
s. Finalmente, conviene recordar que conforme a lo establecido en el artículo 93 de la indicada ley núm. 137-11, la fijación de un astreinte es una facultad discrecional otorgada a los jueces de amparo, y que mediante su Sentencia TC/0048/12, el Tribunal Constitucional dispuso que su naturaleza es la de una sanción pecuniaria y no la de una indemnización por daños y perjuicios en favor del agraviado, por lo que se procederá a imponer, para mayor eficacia de esta decisión, un astreinte por cada día de retardo en el cumplimiento de esta decisión, por el monto y a favor de la institución que se harán constar en el dispositivo de la misma Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; y Wilson S. Gómez Ramírez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta, Expediente núm. TC 05-2014-0241, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Alexander Soriano Valdéz contra la Sentencia núm. 122-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de abril de dos mil catorce (2014). presidente en funciones. Constan en acta el voto disidente del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano y el voto disidente del magistrado Rafael Díaz Filpo, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Alexander Soriano Valdéz contra la Sentencia núm. 122-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de abril de dos mil catorce (2014).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión constitucional en materia de amparo y, en consecuencia, REVOCAR la indicada sentencia núm. 122-2014.
TERCERO: ACOGER, por los motivos expuestos, la acción de amparo incoada por el señor Alexander Soriano Valdéz contra la Jefatura de la Policía Nacional.
CUARTO: DISPONER que el recurrente, señor Alexander Soriano Valdéz, sea restituido en el rango que ostentaba al momento de su cancelación el cinco (5) de febrero de dos mil catorce (2014), con todas sus calidades, atributos y derechos adquiridos hasta ese momento.
QUINTO: DISPONER que al recurrente le sean saldados los salarios dejados de pagar desde el momento de su cancelación hasta la fecha en que se produzca su reintegración a las filas policiales. Expediente núm. TC 05-2014-0241, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Alexander Soriano Valdéz contra la Sentencia núm. 122-2014, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el dos (2) de abril de dos mil catorce (2014).
SEXTO: ORDENAR que lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto de este dispositivo sea ejecutado en un plazo no mayor de sesenta (60) días a contar a partir de la notificación de esta sentencia.
SÉPTIMO: IMPONER un astreinte de DIEZ MIL PESOS CON 00/100 (RD$10,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, contra la Policía Nacional y su Jefatura, en favor de la institución Hogar Crea Dominicana, Inc.
OCTAVO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, 7 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
NOVENO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Alexander Soriano Valdéz; y a la parte recurrida, Policía Nacional y su Jefatura, así como al procurador general administrativo y a la institución Hogar Crea Dominicana, Inc.
DÉCIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0499/16, del 27 de octubre de 2016. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0499-16. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.