Sentencia TC/0536/18
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 6 de diciembre de 2018 · Expediente TC-052018-0036
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Temas: Derecho al acceso al agua potable
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0536/18?
El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo de cinco días hábiles y francos y revestía especial trascendencia constitucional porque permitía fijar un criterio sobre el acceso al agua potable y el deber de pagar por el servicio (TC/0536/18, numeral 9, a–d, pág. 22; TC/0536/18, numeral 9, e–f, pág. 23). El juez de amparo incurrió en un vicio de motivación al declarar inadmisible la acción y, a la vez, pronunciarse sobre el fondo, en contradicción con el artículo 70 de la Ley núm. 137-11. Por ello, el Tribunal revocó la ordenanza y conoció directamente la acción por economía procesal, oficiosidad y efectividad (TC/0536/18, numeral 10, c–d, pág. 26). La calificó como individual, al no constar adhesión ni mandato de otros munícipes, y como preventiva, porque buscaba evitar una nueva suspensión. Por tanto, el corte anterior no servía como punto de partida para computar el plazo del artículo 70.2 (TC/0536/18, numeral 11, a–c, pág. 27; TC/0536/18, numeral 11, f–g, pág. 28).
El deber estatal de garantizar el acceso al agua potable es compatible con la obligación del usuario de pagar tarifas razonables y equitativas para sostener el servicio. Los precedentes sobre cortes de agua por deudas de mantenimiento entre particulares no eran aplicables: en este caso, la deuda correspondía al propio usuario y provenía del contrato de suministro con la prestadora pública. Si se comprueba que el usuario se encuentra en una situación de vulnerabilidad o indefensión por extrema insolvencia material o económica que le impide pagar, el Estado debe garantizarle el acceso al agua potable. Como el accionante no acreditó esa situación y podía evitar la suspensión pagando las facturas adeudadas, el Tribunal no constató vulneración de derechos fundamentales (TC/0536/18, numeral 11, m–o, pág. 32; TC/0536/18, numeral 11, p–r, pág. 32; TC/0536/18, numeral 11, u–v, pág. 34; TC/0536/18, numeral 11, w, pág. 36; TC/0536/18, numeral 11, x–y, pág. 36).
Decisión
Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión constitucional, por lo que revoca íntegramente la Ordenanza núm. 209-2017-SORD-00057. Acoge en cuanto a la forma la acción de amparo contra CORAAVEGA y la rechaza en cuanto al fondo; declara el recurso libre de costas y ordena comunicar y publicar la sentencia.
Citas textuales clave
“el juez de amparo incurrió en una contradicción en su fallo, al conocer del fondo de la acción de amparo, no obstante haberla declarado inadmisible” (TC/0536/18, numeral 10, c–d, pág. 26).
“los servicios básicos ofrecidos por el Estado están sujetos al pago de contribución económica siempre que este sea razonable y equitativa” (TC/0536/18, numeral 11, u–v, pág. 34).
“el Estado, luego de comprobar la situación de vulneración extrema estará en la obligación de garantizarle el servicio de agua potable” (TC/0536/18, numeral 11, w, pág. 36).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 15, 61.1, 72 (parte final) y 147.2. Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 70 (en particular, su numeral 2), 95, 100 y 112. Ley núm. 512-05: artículo 3, literal a). Ley núm. 125-01, modificada por la Ley núm. 186-07: artículo 96 y su párrafo II, citados por analogía en el precedente TC/0289/16.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0080/12, TC/0007/12, TC/0289/16, TC/0482/16 y TC/0525/17. También se cita la Sentencia 273 del 30 de marzo de 2012 de la Corte Constitucional de Colombia.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes el conflicto se origina a raíz una acción de amparo interpuesta por el señor Antonio Justiniano Cruz Gómez, bajo el fundamento de que la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA) tiene como práctica el corte de los servicios de agua y obstrucción del sistema cloacal, ocasionado daños a la salud, a derechos colectivos y difusos, y al medio ambiente; vulnerando con dicha práctica los derechos fundamentales protegidos y establecidos en los artículos 61, 66 y 67 de la Constitución. La referida acción fue conocida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, que mediante Ordenanza núm. 209-2017-SORD-00057, declaró inadmisible la acción. Inconforme con dicha decisión el recurrente interpuso el presente recurso de revisión constitucional en materia que nos ocupa, a través del cual pretende la revocación de la decisión dictada en atribuciones de amparo y que este tribunal ordene la prohibición del corte de agua y obstrucción de los servicios sanitarios.
9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia
de amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo es admisible por las siguientes consideraciones:
a. Conforme establece el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo deberá ser interpuesto en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación.
b. Este tribunal, mediante la Sentencia TC/0080/12, dictada el quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), estableció que el plazo de cinco (5) días establecido en el referido artículo 95 “es hábil y franco, es decir, no se le computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia”.
c. La Ordenanza núm. 209-2017-SORD-00057, objeto del presente recurso, fue notificada mediante el Acto núm. 11/2018, el cinco (5) de enero de dos mil dieciocho (2018), mientras que el recurso fue interpuesto mediante instancia el diez (10) de enero de dos mil dieciocho (2018), es decir, que tan solo habían transcurrido tres (3) días laborables, de lo que se infiere que el recurso que nos ocupa fue interpuesto en tiempo hábil.
d. El artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de sentencia de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional. En efecto, dicho artículo faculta al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia constitucional, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
e. Para la aplicación del referido artículo 100, este tribunal fijó su posición en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), estableciendo que la mencionada condición de inadmisibilidad: …sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1)que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2 que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
f. Este tribunal constitucional considera que el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo tiene relevancia y trascendencia constitucional ya que el conocimiento del fondo permitirá fijar criterio sobre el derecho al servicio de agua potable y el deber del ciudadano de pagarlo como contrapartida a la prestadora del servicio.
10. En cuanto al fondo del presente recurso de revisión constitucional en
materia de amparo En cuanto a los méritos del presente recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:
a. El conflicto se origina a raíz de la acción de amparo interpuesta por el señor Antonio J. Cruz Gómez contra la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega (CORAAVEGA), por haberle conculcado sus derechos a la salud y al medio ambiente, por lo que solicitaba al tribunal que ordenara prohibir el corte de los servicios de agua potable y los servicios de obstrucción de las vías del servicio de alcantarillado en perjuicio de los distintos hogares y familias que habitan en la provincia La Vega.
b. Dicha acción fue conocida por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega, que mediante la Ordenanza núm. 209-2017-SORD-00057, del veintinueve (29) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), declaró inadmisible la acción de amparo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 numeral 2 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional de los Procedimientos Constitucionales; fundamentó su fallo esencialmente en los motivos siguientes: Que es preciso destacar que el objeto de la presente acción no es una violación continua, como alega el accionante, toda vez que la obstrucción de la cloaca se produjo en el mes de septiembre, y le fue puesto su servicio cloacal y de agua el 11-9-17, previo pago de las facturas vencidas para esa fecha. Que si bien alega el accionante que nuevamente la CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) le ha notificado un comunicado de corte de servicio en fecha 12-12-2017, por falta de pago de tres facturas vencidas, no menos cierto es que el este tribunal fue apoderado de la acción previo a ello. Amén de que dicha notificación también prueba el procedimiento a seguir por la accionada para los casos de cobro de facturas vencidas a sus abonados, lo cual se puede corroborar con las declaraciones de Noe Mayoban Morel Santos, coordinador de la oficina comercial de la CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA).
Que el artículo 70 de la Ley 137-11, es claro al disponer que el juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental. Por lo que al ocurrir el hecho de la obstrucción del sistema cloacal en fecha 06-09- 2017, el accionante tenía 60 días para incoar su acción constitucional de amparo, es decir hasta el 06-11-2017. Sin embargo, el accionante incoó su acción por ante este tribunal en fecha 08-12-2017, lo cual denota que su acción es inadmisible a todas luces sin necesidad de ponderar las demás conclusiones incidentales y de fondo planteadas por las partes. Que con respecto a lo alegado por el accionante, en el sentido de que la accionada al notificarle nuevamente la acción de corte del servicio (de cloaca y agua), va a incurrir en la misma violación de los derechos fundamentales de la salud-acceso al agua potable (artículo 61.1 de la Constitución) y al medio ambiente (artículo 66 de la Constitución) al realizar la obstrucción del sistema cloacal de su residencia, este tribunal procede a realizar las siguiente ponderaciones. Que en ese sentido, este tribunal considera que al accionante le han advertido previamente el cumplimiento de su deber de pago de los servicios cloacales y de suministro de agua potable, y que este de manera injustificada no cumple, suministro que es un deber de todos los ciudadanos que residen en la provincia de La Vega y que utilizan todos los servicios.
Que si bien se podría hablar de un amparo tendente a evitar la conculcación futura de derechos fundamentales (de la salud y del medio ambiente), no menos cierto es que el accionante tiene conocimiento de su morosidad en el pago correspondiente a un servicio básico en su residencia. Que el precedente constitucional argüido por el accionante (TC/00482/16), no aplica al caso de la especie, ya que el caso en concreto trata del conflicto originado cuna do la señora Yeritza Guerrero colocó una caja metaliza negra con la finalidad de impedir el acceso a la llave de paso que conecta el tinaco del apartamento propiedad de Claudio R. Cedeño con la fuente de agua principal, por el atraso en la falta de pago de las cuotas del mantenimiento del condominio. Lo que no ha ocurrido en el presente caso, que se trata de un conflicto cuyo objeto es la obstrucción de servicios de agua potable y de la cloaca de un particular con la CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA), institución pública autónoma, por falta de pago de suministro. (…).
c. Este tribunal luego de haber verificado la sentencia objeto del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, es de opinión de que el juez de amparo incurrió en una errónea motivación, en razón de que el mismo realiza argumentaciones extensas y da respuesta pormenorizadas a los alegatos de la parte accionante referidos al fondo, obviando con ello lo dispuesto en el artículo 70 de la referida Ley núm. 137-11, el cual dispone que el juez de amparo luego de instruido el proceso podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo 1 .
d. Es decir, en el presente caso, el juez de amparo incurrió en una contradicción en su fallo, al conocer del fondo de la acción de amparo, no obstante haberla declarado inadmisible, lo que da lugar a un vicio de motivación, razones por las que este tribunal procederá a revocar la decisión recurrida y en virtud de los principios 1 Negrita y subrayado nuestro de economía procesal, oficiosidad y efectividad, se avocará a conocer de la acción de amparo.
11. En relación a la acción de amparo
a. Previo al conocimiento de la acción, este tribunal procederá a dar la verdadera naturaleza a la acción de amparo interpuesta, que de conformidad con lo alegado por el accionante se trata de un amparo colectivo, es decir, que actúa en representación de todos los munícipes y residentes veganos de conformidad con la calidad que le otorga el artículo 112 de la Ley núm. 137-11.
b. Al respecto, este tribunal ha podido constatar en el expediente, que el señor Antonio J. Cruz Gómez actuó tanto en su escrito introductorio de acción de amparo, como en el recurso de revisión constitucional, en representación de sí mismo, independientemente de que alegue que actúa en representación de los munícipes, ya que ni en los documentos o pruebas aportados, ni en sus escritos manifiesta la intención de ningún otro ciudadano vegano de accionar en amparo, porque haya sido o pudiere ser afectado por el corte o suspensión de servicios, o que figure algún documento de adhesión de otros ciudadanos, o haya constancia de que la comunidad le haya otorgado poder para que ostentara su representación.
c. En consecuencia, este tribunal, si bien reconoce que en el amparo impera la informalidad, en el presente caso no están dadas las circunstancias que puedan justificar que estamos en presencia de un amparo colectivo. En ese sentido, no puede considerarse como un amparo en procura de garantizar derechos colectivos y difusos, sino más bien, que la acción ha sido interpuesta en procura de evitar o prevenir la alegada vulneración a derechos particulares del accionante.
d. Este tribunal ha podido constatar, en el estudio del expediente y los hechos y argumentos de las partes, así como en unos CD que el accionante aporta como pruebas que, previo a la acción de amparo interpuesta por el señor Antonio Justiniano Cruz Gómez, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, (CORAAVEGA) le había suspendido los servicios de agua y obstruido el sistema cloacal el seis (6) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), porque tenía unos meses pendiente de pago, razones por las que procedió al pago correspondiente debiendo esperar el plazo de veinticuatro (24) horas para que la institución le hiciera la conexión del sistema, tiempo que coincidió con el fin de semana, lo que se extendió el proceso de obstrucción de las tuberías cloacales. Dichos servicios les fueron repuestos el once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017).
e. Encontrándose nuevamente el señor Antonio Justiniano Cruz Gómez con una situación similar a lo descrito anteriormente, es decir, teniendo varias cuotas pendientes de los servicios de agua y del sistema cloacal, procedió a interponer una acción de amparo el ocho (8) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), en procura de que CORAAVEGA se abstuviera de volver a cortar y obstruir dichos servicios. Estando apoderado el tribunal de la acción, le fue notificado al accionante mediante comunicación del doce (12) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) que tenía tres (3) facturas pendientes de pago, es decir, su cuenta entro en estado de suspensión de los servicios, razones por las que CORAAVEGA le sugería que efectuara el pago correspondiente para evitar dicho corte.
f. Si bien el accionante nos trae a colación el corte los servicios de agua y obstrucción del sistema cloacal que había sufrido el seis (6) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) y reconectados el once (11) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), este tribunal no procederá a tomar esas fechas como punto de partida para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 70 numeral 2 de la Ley núm. 137-11, en razón de que, si bien el accionante hace una reseña de dicho suceso, lo hace como referencia precisamente para edificar al tribunal, pues su fin precisamente es evitar que le vuelvan a suspender dichos servicios, es decir, que está planteando un amparo preventivo, por lo que solicita a este tribunal que ordene prohibir 2 a dicha entidad el corte de los servicios de agua y obstrucción de los servicios cloacales, pues a su juicio con dicha práctica se les vulnera los derechos a la salud y al medio ambiente en detrimento de todos los munícipes de La Vega, con lo que produce un atentado directo a los derechos fundamentales, por lo que, este tribunal procederá a analizar los alegatos del accionante.
g. El accionante argumenta que CORAAVEGA para el cobro de deudas atrasadas de los clientes tiene como política compulsiva el corte del servicio de agua y la obstrucción del servicio cloacal y que esa acción es un atentado al derecho a la salud y al medio ambiente, con el fin de enriquecimiento, ya que solo buscan constreñir a las personas a que paguen su dinero a una empresa que comercializa el agua del río Camú, actuación que vulnera los precedentes de este tribunal constitucional.
h. A ese respecto, este tribunal precisa aclarar que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, (CORAAVEGA) fue creada mediante la Ley núm. 512-05, la cual según su artículo 3, establece el objeto y dispone en su literal a) lo siguiente: Tendrá a su cargo la administración, operación y mantenimiento del acueducto y alcantarillado de la ciudad de La Vega. Asimismo, tendrá a su cargo los acueductos y alcantarillados de las poblaciones ubicadas en el área de influencia de la provincia de La Vega, lo cual se establecerá de común acuerdo entre CORAAVEGA y las entidades públicas que administren los referidos acueductos o mediante decreto del Poder Ejecutivo. 2 Negrita y subrayado nuestro
i. Es decir, contrario a lo planteado por el accionante que CORAAVEGA comercializa el agua del río Camú, lo cierto es que para la distribución del agua potable es preciso realizar diversas actividades para que esta pueda ser óptima para el consumo humano, como lo es la captación, tratamiento, instalación y mantenimiento del sistema de tuberías y alcantarillado, mantenimiento de local, distribución de las aguas hasta llegar al usuario, empleados entre otros, lo que supone un costo para el Estado, por lo que se precisa que el usuario debe contribuir para el acceso de dichos servicios.
j. También alega el accionante que esa actuación vulnera los precedentes de este tribunal constitucional, por lo que procede sea declarada admisible la acción, por haberle conculcado con su funesta práctica de corte y servicios de agua y obstrucción de cloacas el derecho a la salud (artículo 61 de la Constitución) y al medio ambiente (artículo 67 de la Constitución), y que se ordene prohibir a CORAAVEGA el corte u obstrucción de los servicios, ya que atenta de manera directa contra el derecho al medio ambiente, pues toda persona tiene derecho de manera individual y colectivo al uso y goce de los recursos naturales y a habitar en un ambiente ecológicamente equilibrado y adecuado para del desarrollo y preservación de las distintas formas de vida y salud, y que sea condenada CORAAVEGA al pago de un astreinte de doscientos mil pesos dominicanos con 00/100 ($200,000.00), por cada día de retardo en hacer cumplir la sentencia.
k. En relación con los argumentos de que el corte de los servicios de agua trasgrede los precedentes de este tribunal, tenemos bien analizar que en la Sentencia TC/0289/16, se decidió el caso de un ciudadano al que le fue negada la solicitud de instalación de contador y de servicio de agua por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), bajo el fundamento de que el inmueble tiene una deuda por factura de agua a nombre de un tercero, por lo que, hasta tanto dicha deuda fuere pagada, no es posible la instalación del servicio.
l. En la referida sentencia este tribunal consideró en dicha decisión en los literales
g. y h, páginas 14 y 15, lo siguiente:
g. En este sentido, consideramos que las deudas por facturas sin pagar deben perseguir a la persona que ha incumplido con su obligación, no al inmueble que ha dejado de ocupar, ya que en esta última eventualidad se estaría perjudicando el derecho de acceso al agua a terceras personas, las cuales no fueron parte en el contrato de servicio de agua ni mucho menos han dejado de cumplir con sus obligaciones. De manera que la negativa para instalar una nueva acometida es una sanción que sólo se justificaría si la solicitud la hubiere hecho la persona que tiene la deuda.
h. Cabe destacar que esta es la tendencia en los contratos de servicios, como puede verificarse, por ejemplo, en los servicios de energía eléctrica, ya que la Ley núm. 125-01, General de Electricidad, modificada por la Ley núm. 186-07, establece que únicamente las personas deudoras del servicio están obligadas al pago 3 . En efecto, el artículo 96 de la indicada ley consagra lo siguiente: Únicamente las personas físicas o jurídicas, que de acuerdo al contrato de suministro sean deudoras del servicio eléctrico prestado, estarán obligadas al pago de la facturación generada como consecuencia del mismo 4 . Las Empresas Distribuidoras, podrán utilizar todas las vías legales disponibles para hacer efectivo el pago de las deudas resultantes del suministro del servicio eléctrico. Párrafo II.- El ocupante de un inmueble a título que fuere, será el único responsable de las deudas por el consumo de la energía eléctrica, en 3 Negritas y subrayado nuestro 4 Ibídem consecuencia la empresa distribuidora deberá suscribir contrato de suministro de energía eléctrica al nuevo ocupante o adquiriente del inmueble.
m. En el citado precedente, este tribunal acogió el recurso de revisión, revocó la sentencia objeto del mismo y en consecuencia, acogió la acción de amparo ordenando a la CAASD la instalación de contador y de servicio de agua a favor del accionante; y donde este tribunal aclara que únicamente a las personas físicas o jurídicas, que de acuerdo al contrato de suministro sean deudoras del servicio prestado, estarán obligadas al pago de la facturación generada; en consecuencia, contrario a lo que alega el accionante no estamos ante el mismo supuesto que el establecido en dicha decisión, no obstante, lo decidido aplica en relación al pago, pues existe un contrato de suministro de servicio de agua, entre el accionante y la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, (CORAAVEGA).
n. El precedente establecido en la Sentencia TC/0482/16, trata de un caso donde la señora Yeritza Guerrero, en su calidad de administradora del Condominio Residencial Las Cañas, colocó una caja metálica negra, con la finalidad de impedir el acceso a la llave de paso que conecta el tinaco del apartamento propiedad de uno de los condóminos, bajo el fundamento de que debía cuotas de mantenimiento, lo cual a juicio de este tribunal, no justificaba la suspensión de los servicios.
o. En cuanto al precedente establecido en la Sentencia TC/0525/17, que trató el caso en donde la razón social Estancia Golf Resort, S.A., suspendió los servicios de agua potable al apartamento de uno de los propietarios, en razón de que el mismo debía varias cuotas de mantenimiento, razones por las que accionó en amparo, la acción fue acogida y se ordenó restituir el servicio de agua.
p. De la lectura de los precedentes anteriormente citados, se puede inferir que se tratan de casos entre particulares, es decir, el primero entre la administradora de un condominio y un residente del condominio y el segundo sobre un complejo turístico y un residente de dicho complejo, donde le habían suspendido los servicios por falta de pago de cuotas del mantenimiento, casos en los cuales este tribunal acogió la acción de amparo y ordenó la restitución de los servicios de agua potable, por considerar que estas medidas eran extremas para constreñir al pago, cuando la administradora de dichos inmuebles en cuestión podían optar por otras vías; por lo que, en el caso en cuestión no aplican los precedentes argüidos por el accionante, pues no estamos ante los mismos supuestos facticos que los establecidos en las citadas sentencias por este tribunal. En el presente caso estamos frente a un conflicto entre un ciudadano y una prestadora de servicio público como lo es el suministro de agua potable, sujeto a un contrato que establece obligaciones mutuas, es decir, de una parte el suministrar el servicio de agua potable vital para la salud y de la otra parte la obligación de pagar una contribución para el sostenimiento de la institución que presta el servicio.
q. La Constitución en su artículo 15, otorga una protección especial a los recursos hídricos y establece: “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible e inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso”.
r. El numeral 1 del artículo 61 del texto constitucional establece: “que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, el acceso al agua potable…”
s. En el caso en cuestión, se invoca que la prestadora de servicio CORAAVEGA tiene como política la suspensión del servicio ante el incumplimiento de pago por parte de los usuarios, por lo que, habiendo sufrido las consecuencias de un corte anterior del servicio de agua y cloacal, y a sabiendas de incurrir en la misma falta, procura de manera preventiva, a través de la acción de amparo y del recurso de revisión, que se acoja la pretensión de prohibir a CORAAVEGA el corte de servicios que ofrece a los usuarios que incumplan con el pago, fundamentándose en que este es un servicio público y que su privación constituye una vulneración a sus derechos a la salud y al medio ambiente, por lo que esta medida como mecanismo de constreñimiento resulta arbitraria.
t. En cuanto a la suspensión de servicios de agua potable, el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), serie 74 celebrado en Chile de julio de dos mil cuatro (2004), relativa a los servicios de agua potable y saneamiento en el umbral del siglo XXI, establece: “Dificultades para el cobro de tarifas en varias etapas del proceso de producción. La única forma viable de obligar al pago de los servicios de producción de agua potable y de recolección y tratamiento de aguas servidas es cortar la prestación 5 de los servicios de distribución de agua potable”.
u. Respecto a la prestación por parte del Estado de servicios públicos, la Constitución, en su artículo 147 numeral 2, dispone: «Los servicios públicos prestados por el Estado o por los particulares, en las modalidades legales o contractuales, deben responder a los principios de universalidad, accesibilidad, eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, calidad, razonabilidad y equidad tarifaria; 6 ». De ello se infiere que en principio los servicios básicos ofrecidos por el Estado están sujetos al pago de contribución económica siempre que este sea razonable y equitativa.
v. En relación con el pago de los servicios públicos domiciliarios y la suspensión de estos cuando el usuario incumple la obligación de pagarlos, la Corte Constitucional de Colombia estableció en su Sentencia 273, del treinta (30) de marzo de dos mil doce (2012), lo siguiente: 5 Negrita y subrayado nuestro 6 Ibidem Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el cobro que realizan las empresas de servicios públicos domiciliarios, así como su suspensión en caso de incumplimiento en el pago, tienen respaldo en el principio de solidaridad, en cuanto procuran el sostenimiento financiero de esa empresas y constituyen un medio para la realización de la finalidad social del Estado en este ámbito, según el artículo 365 de la Constitución10. (…).
4.7. Empero, aunque la suspensión de los servicios públicos por incumplimiento en el pago de los períodos facturados es constitucionalmente válida, en reiterada jurisprudencia se ha señalado que la legitimidad de dicha suspensión debe ser analizada según los supuestos fácticos y jurídicos de cada caso. A juicio de esta Corte, "la no afectación de los derechos fundamentales de los usuarios como consecuencia de la interrupción del servicio es una consideración previa a su suspensión, en tanto permite determinar si una actuación en esta dirección se ajusta a la Carta"11.
4.8. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional ha establecido excepciones a la regla general de la suspensión de los servicios públicos domiciliarios cuando los suscriptores incumplen el deber de pago. Como se indicó, dichas excepciones guardan una relación directa con la protección de los derechos fundamentales de los usuarios del servicio. Por su parte, la excepción relativa a la efectividad de los derechos fundamentales de los sujetos de especial protección constitucional ha sido reiterada en múltiples oportunidades por esta Corte18, en el sentido de afirmar que las Empresa de servicios públicos domiciliarios deben abstenerse de suspender el servicio en caso de incumplimiento en el pago, cuando las personas afectadas por esa medida se encuentren en una situación de vulnerabilidad o indefensión que implique la observancia de un deber de especial protección, por parte del Estado y los particulares.
w. De lo anteriormente señalado, este tribunal constitucional ha llegado a la conclusión de que, si bien es una obligación estatal derivada del texto constitucional el de velar por el acceso al agua potable, también es cierto que dichos servicios, prestados por el Estado o por particulares, deben responder a los principios de universalidad dispuestos en el referido artículo 147 en su numeral 2, que dispone la razonabilidad y equidad tarifaria; es decir, que para que el Estado pueda garantizar el sostenimiento y mantenimiento de los servicios públicos, los ciudadanos tienen el deber de cumplir con el pago de las cuotas tarifarias establecidas, a excepción de aquellos ciudadanos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o indefensión, es decir, que el ciudadano se encuentre en una situación de extrema insolvencia material o económica que le haga de imposible cumplimiento su obligación de pago, por lo que requiere una especial protección; así las cosas el Estado, luego de comprobar la situación de vulneración extrema estará en la obligación de garantizarle el servicio de agua potable, por tratarse de un servicio esencial para asegurar un nivel de vida adecuado, así como también satisfacer la higiene personal y doméstica.
x. Por todo lo anterior, este tribunal considera, que el accionante puede prevenir el supuesto daño que le acarrearía la suspensión con solo efectuar el pago de las facturas adeudadas que les fueron notificadas, ya que el accionante en amparo y recurrente en revisión no ha probado estar en una situación de vulnerabilidad e indefensión extrema que justifique el incumplimiento de pago de los servicios de agua potable y cloacal que recibe de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA); pues todo lo contrario, el recurrente es un abogado en ejercicio y de reconocimiento público en la ciudad de La Vega, y que según alegatos de la parte recurrida también se desempeña como profesor universitario, es decir, que cuenta con los medios y condiciones para poder pagar los servicios de agua potable y cloacal que recibe.
y. Por todo lo antes expresado, este tribunal concluye que en su caso no ha habido vulneración de derechos fundamentales por parte la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA), en consecuencia, procede rechazar dicha acción de amparo. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano y Víctor Gómez Bergés, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Constan en acta los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; e Idelfonso Reyes, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional,
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Antonio J. Cruz Gómez, contra la Ordenanza núm. 209-2017-SORD-00057, dictada por la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Vega el veintinueve (29) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).
SEGUNDO: En cuanto al fondo ACOGER el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR en todas sus partes la ordenanza descrita en el ordinal anterior.
TERCERO: ACOGER en cuanto a la forma la presente acción de amparo interpuesta señor Antonio J. Cruz Gómez contra la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA), y RECHAZAR en cuanto al fondo, por los motivos expuestos en el cuerpo de esta sentencia.
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, al recurrente, señor Antonio J. Cruz Gómez y a la parte recurrida la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (CORAAVEGA)
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
SEXTO: ORDENAR la publicación de la presente decisión en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0536/18, del 6 de diciembre de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0536-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.