Sentencia TC/0002/18
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 2 de enero de 2018 · Expediente TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015
Relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015).
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Temas: Derechos de familia
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0002/18?
El plazo de cinco días para recurrir en revisión una sentencia de amparo comienza con la notificación de la sentencia íntegra, no con la lectura ni con la notificación de su dispositivo, pues solo al conocer la motivación pueden las partes identificar los agravios que sustentan el recurso. El Tribunal consideró que el recurso se interpuso en plazo y que tenía especial relevancia constitucional porque permitía desarrollar el examen casuístico de la existencia de otra vía judicial efectiva (TC/0002/18, numeral 10, e, pág. 33; TC/0002/18, numeral 10, f–h, pág. 34; TC/0002/18, numeral 10, k, pág. 35). También rechazó la objeción de falta de calidad: en el amparo, la prueba de ADN no podía prevalecer sobre el acta de nacimiento mientras no existiera una sentencia definitiva e irrevocable del tribunal competente que dejara sin efecto su valor probatorio (TC/0002/18, numeral 11, h, pág. 39; TC/0002/18, numeral 11, i, pág. 39).
La inadmisión del amparo por el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11 exige identificar, para cada pretensión, la vía judicial idónea y explicar por qué ofrece tutela efectiva (TC/0002/18, numeral 11, aa–bb, pág. 46; TC/0002/18, numeral 11, cc, pág. 46). Para la devolución de los bienes incautados, esa vía era el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de María Trinidad Sánchez, apoderado del juicio tras revocarse la resolución que había declarado extinguida la acción penal (TC/0002/18, numeral 11, t–u, pág. 44). Para la restitución de los menores, que involucraba cuestiones de filiación y guarda, la vía efectiva era la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en atribuciones ordinarias, facultada para dictar medidas cautelares y con plazos suficientes para agotar las medidas de instrucción necesarias (TC/0002/18, numeral 11, v–x, pág. 44; TC/0002/18, numeral 11, z, pág. 45; TC/0002/18, numeral 11, ee, pág. 47).
Decisión
Declara admisible en la forma el recurso de revisión, lo acoge en cuanto al fondo, revoca la Sentencia núm. 25/2015 y declara inadmisible la acción de amparo por existir otras vías judiciales efectivas. En sus fundamentos, considera inadmisible por falta de objeto la solicitud de suspensión de ejecución, sin consignarlo en el dispositivo.
Citas textuales clave
“no basta la simple lectura o notificación del dispositivo para que inicie el conteo del plazo para la interposición del recurso” (TC/0002/18, numeral 10, e, pág. 33).
“el juez de amparo debe indicar la vía más efectiva prevista cuando decida inadmitir la acción de amparo por la causal del artículo 70.1 de la LOTCPC” (TC/0002/18, numeral 11, aa–bb, pág. 46).
“uno de los mecanismos para determinar que una vía sea efectiva es la posibilidad de que el juez que debe conocer el conflicto esté facultado para dictar medidas cautelares, si estas fueren pertinentes” (TC/0002/18, numeral 11, dd, pág. 47).
Normas interpretadas
Constitución: artículo 72, in fine.
Ley núm. 137-11: artículos 7.2, 7.4, 7.6, 66, 70.1, 84, 88, 95 y 100.
Ley núm. 136-03: artículos 62, 65, 84, 90 y 211, literales a), i) y m).
Código Procesal Penal: artículos 63, 73, 190, 292 y 338.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0094/12, TC/0089/13, TC/0254/13, TC/0038/12, TC/0080/2012, TC/0335/2014, TC/0009/13, TC/0007/12, TC/0041, TC/0084/12, TC/0261/13, TC/0072/14, TC/0378/14, TC/0021/12, TC/0182/13, TC/0029/14, TC/0030/12, TC/0083/12, TC/0118/13, TC/0156/13, TC/0299/14, TC/0120/13, TC/006/14 y TC/0351/14.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Fusión de expedientes
La fusión de expedientes no está contemplada en la legislación procesal, pero los tribunales de derecho común la ordenan en la práctica, cuando entre demandas o recursos existe un estrecho vínculo de conexidad. Dicha práctica tiene como finalidad evitar la eventual contradicción de sentencias y garantizar el principio de economía procesal. En este sentido, conviene destacar que mediante la Sentencia núm. TC/0094/12, de veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012), este tribunal ordenó la fusión de dos expedientes relativos a acciones en inconstitucionalidad, en el entendido de que se trata de: “(…) una facultad discrecional de los tribunales que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de justicia, siempre que la fusión de varias demandas o acciones interpuestas ante un tribunal y contra el mismo acto puedan ser decididos por una misma sentencia” [ver TC/0089/13, del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013) y TC/0254/13, del doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013)]. Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015).
La fusión de expedientes en los casos pertinentes, como en la especie, es procedente en la justicia constitucional, en razón de que es coherente con el principio de celeridad previsto en el artículo 7.2 de la Ley núm. 137-11, texto en el cual se establece: “Los procesos de justicia constitucional, en especial los de tutela de los derechos fundamentales, deben resolverse dentro de los plazos constitucionales y legalmente previstos y sin demora innecesaria”, así como con el principio de efectividad previsto en el artículo 7.4 de la referida ley, en el cual se establece que todo juez o tribunal debe garantizarla efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades. Este tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse en tal sentido en su Sentencia TC/0038/12, pudiendo establecer que los principios de celeridad y de economía procesal suponen “(…) que en la administración de justicia deben aplicarse las soluciones procesales que sean menos onerosas en lo que concierne a la utilización de tiempo y de recursos (…) sin lesionar los intereses de las partes (…)”. Esta corporación constitucional, en uso de una facultad que está reservada para todos los tribunales de la República, ya sea a solicitud de las partes o aún de oficio, entiende de lugar fusionar los expedientes núms. TC-05-2016-0057, relativo al recurso de revisión constitucional en materia de amparo, y TC-07-2017-0015, referente a la solicitud de suspensión de ejecutoriedad de sentencia, ambos presentados porlas Licdas.
Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, contra la Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el cuatro (04) de diciembre de dos mil quince (2015). En tal virtud, el Tribunal Constitucional va a conocer y decidir ambos expedientes mediante una misma sentencia, toda vez que se trata de un recurso de revisión constitucional en materia de amparo y una demanda en suspensión de ejecución de sentencia que se refieren a una misma cuestión y guardan un estrecho vínculo.
8. Síntesis del conflicto
Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos y argumentos invocados, el conflicto se contrae a que en fecha 8 de abril de 2014 se produjo el arresto de Rodolfo Subrizi y Lucilla Mignanti cuando se disponían a sacar del país por el Aeropuerto Internacional Las Américas al niño “V”, de cuatro (4) meses de edad, hijo biológico de Gabriela Isabel Peralta López. Posteriormente, el nueve (9) de abril de dos mil catorce (2014), también fueron arrestados los señores Regalado Guzmán Calderón y Gabriela Isabel Peralta, vinculados a una red de tráfico y venta de menores, producto de la investigación realizada por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migración y Trata de Personas. A consecuencia del mismo hecho y por diligencias de las agencias antes indicadas, el once (11) de abril de dos mil catorce (2014) fueron arrestados los señores Fabio Antonio López Alcequiez y Rosanna de Lucas García, el primero, porque junto a su esposa “Yenny” presuntamente le vendió el hijo que esta tenía en su vientre a la Sra. Rosanna de Lucas García, y esta última, por encargarse de darle seguimiento al embarazo, aportando los recursos necesarios para la gestación del mismo, transportando a la madre en la fase final del estado de gestación al municipio Sosua, Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas.
Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). provincia Puerto Plata, donde se materializó el parto en una clínica privada, encargándose de buscar conjuntamente con Regalado Guzmán Calderón la pareja de esposos que compraría al menor de edad recién nacido. El once (11) de abril de dos mil catorce (2014) los encartados fueron presentados ante el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, municipio Nagua, tribunal que mediante Resolución núm. 185-2014, le impuso medida de coerción consistente en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida a los señores Rodolfo Subrizi y Fabio Antonio López Alcequiez (artículo 226, numerales 1, 2 y 4 del Código Procesal Penal) y de prisión preventiva al señor Regalado Guzmán y las señoras Gabriela Isabel Peralta López y Rosanna de Lucas García (art. 226, numeral 7 del Código Procesal Penal), con excepción de la Sra. Lucilla Mignanti, a quien no se le impuso limitación alguna. De manera paralela a estos hechos, el (11) de abril de dos mil catorce (2014), la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia María Trinidad Sánchez, representada por la Licda. Dulce M. Polanco, procuradora titular de dicha fiscalía, envió a los menores “V”, hijo de los Sres. Rodolfo Subrizi y Gabriela Isabel Peralta López, y “G.E.”, hijo de los Sres. Mourad Joulale (esposo de la Sra. Rosanna de Lucas García) y Gabriela Isabel Peralta López, bajo la guarda de la Sra.
Rosanna de Lucas García, al Hogar de Niños, Niñas y Adolescentes con asiento en el municipio Nagua, para que le dieran protección hasta tanto fuesen enviados a un hogar de paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI). El Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, municipio Nagua, apoderado de la acusación presentada por el Ministerio Público el veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2015) contra los señores Rodolfo Subrizi, Lucilla Mignanti, Gabriela Isabel Peralta López, Regalado Guzmán Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). Calderón, Fabio Antonio López Alcequiez, Rosanna de Lucas García y Yenni María Laurencio De los Santos, dictó la resolución núm. 186/2015 de fecha 8 de septiembre de 2015, declarando extinguida la acción penal pública, acogiendo un incidente en ese sentido presentado por los recurridos.
Mediante Acto núm. 413/2015, del cuatro (4) de abril de dos mil cinco (2015), (el nombre del ministerial que lo instrumenta se encuentra ilegible ilegible), y el Acto núm. 530/15, instrumentado por el ministerial Francisco Arias Pozo, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia el cinco (5) de noviembre de dos mil quince (2015), los señores Rosanna de Lucas García, Gabriela Isabel Peralta López, Rodolfo Subrizi y Lucilla Mignanti, en su respectivas calidades, notificaron al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONANI), la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y a la Procuraduría General de la República, la Resolución núm. 186/2015, dictada por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez el ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015), intimándolos a entregar inmediatamente a los menores “V” y “G.E.” conjuntamente con los bienes incautados propiedad de los requirientes; solicitudes que no fueron satisfechas por las citadas instituciones. Por lo antes dicho, los recurridos, señores Rosanna de Lucas García, Gabriela Isabel Peralta López y Rodolfo Subrizi, el veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015), interpusieron una acción de amparo ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez (Nagua), solicitando la entrega de los menores y de los bienes incautados, acción que fue acogida por medio a la sentencia ahora recurrida en revisión constitucional y cuya suspensión de ejecución es solicitada ante este tribunal de manera conjunta. Expedientes núms.
TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015).
10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo
a. En su escrito de defensa, la parte recurrida, señoras Rosanna de Lucas García, Gabriela Isabel Peralta y el señor Rodolfo Subrizi, solicita la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional en materia de amparo por haberse vencido el plazo de cinco (5) días establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, argumentando que por medio al Acto núm. 591/15, instrumentado por Francisco Arias Pozo, alguacil ordinario de la Suprema Corte de Justicia el ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015), le fue notificada a las recurrentes la Certificación núm. 26/2015, emitida por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, RD. (Nagua), contentiva del dispositivo de la Sentencia núm. 25/2015, del cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015), dictada por el referido tribunal en materia de amparo.
b. Las recurridas plantean que el recurso de revisión constitucional en materia de amparo deviene en extemporáneo, en razón de que el dispositivo certificado de la sentencia le fue notificado a las recurrentes, Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma jurisdicción, el ocho (8) de diciembre de dos mil quince (2015) y el recurso Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). fue depositado el dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015), es decir, cuando habían transcurrido los cinco (5) días francos y hábiles 1 para su interposición.
c. Por su parte, el tribunal de amparo notificó la sentencia íntegra a la parte recurrente por medio al Oficio 195/2015, del nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015), fecha que la parte recurrida no reconoce como punto de partida del referido plazo.
d. Los recurridos fundamentan su planteamiento en lo establecido en la parte final del artículo 84 de la Ley núm. 137-11, el cual expresa que “una vez el asunto quede en estado de fallo, el juez deberá rendir su decisión el mismo día de la audiencia en dispositivo 2 y dispone de un plazo de hasta cinco días para motivarla” 3 .
e. Si bien la citada normativa le impone al juez de amparo que al concluir el conocimiento del fondo de la acción esta debe fallarse en dispositivo el mismo día de la audiencia, como sostiene la parte recurrida, no basta la simple lectura o notificación del dispositivo para que inicie el conteo del plazo para la interposición del recurso, pues sería pasar por alto que el mencionado texto le otorga a los jueces de amparo –después de la acción ser decidida –un plazo de cinco (5) días para que la motive, adoptando el fallo el carácter de una sentencia íntegra y sobre todo que pone a las partes en condiciones de recurrirla, invocando en su contra los agravios que motivan la revisión. 1 Sentencias TC/0080/2012 y TC/0335/2014. 2 Subrayado nuestro para resaltar. 3 Subrayado nuestro para resaltar. Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015).
f. Este colegiado advierte que la parte recurrida confunde el término de los cinco (5) días para la interposición del recurso de revisión constitucional en materia de amparo tipificado en el artículo 95 de la Ley núm.137-11, con el plazo otorgado a los jueces de amparo para que justifiquen sus decisiones debidamente motivadas de conformidad con el artículo 88 de la misma ley y del precedente contenido, entre otras, en la Sentencia TC/0009/13 del once (11) de febrero de dos mil trece (2013) 4 .
g. En la especie, este tribunal constitucional considera, como ha sido señalado, que la sentencia integra fue notificada el día nueve (9) de diciembre de dos mil quince (2015), por medio al citado oficio 195/2015, que a partir de ese momento es que las recurrentes estuvieron en condiciones de valorar sus motivaciones y por tanto de ejercer el derecho a recurrir el fallo.
h. Este tribunal ha comprobado por igual, que el plazo para la interposición del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo vencía el diecisiete (17) de diciembre de dos mil quince (2015), razón por la cual, al ser interpuesto el dieciséis (16) de diciembre del mismo año, la vía recursiva fue ejercida dentro del plazo requerido por el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, en consecuencia, rechaza el medio de inadmisión planteado. Asimismo, para determinar si el presente recurso reúne las condiciones de admisibilidad previstas en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11, el Tribunal expone las siguientes consideraciones: 4
a) Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones; b) Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c) Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; d) Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y e) Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional. Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015).
i. El mencionado artículo establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
j. La especial trascendencia o relevancia constitucional es, sin duda, una noción abierta e indeterminada sobre la que este tribunal se refirió en la Sentencia TC/0007/12, dictada el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en el sentido de que la misma se configura en aquellos casos en que, entre otros: 1) (…) contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
k. Luego de analizar los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión de que en el presente caso existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que el recurso de revisión constitucional en materia de amparo es admisible y el Tribunal Constitucional debe Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). conocer el fondo del mismo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que el conocimiento del caso le permitirá al Tribunal Constitucional continuar con el desarrollo de la noción jurisprudencial de la existencia de otra vía eficaz, como causal de inadmisibilidad, análisis que debe hacerse de manera casuística.
11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo
En relación con el fondo del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, este tribunal expone las siguientes consideraciones:
a. La parte recurrente argumenta en el desarrollo de su instancia, que la acción de amparo es inadmisible por cumplirse en ella los tres (3) supuestos contenidos en el artículo 70 de la Ley núm. 137-11 (cuando existan otras vías judiciales efectiva, cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan al agravio y cuando la petición resulte notoriamente improcedente) y por falta de calidad del recurrido, señor Rodolfo Subrizi.
b. Para justificar la posición antes indicada sostiene en síntesis, que: …al haber sido secuestrados en ocasión de un proceso penal llevado ante la Jurisdicción Ordinaria, los objetos que requiere la parte accionante y cuya devolución ha sido ordenada por el Juez de Amparo; que al decidir como lo hizo ha sobrepasado su competencia y debió por tanto declararse incompetente para decidir la cuestión, toda vez que, como establece el artículo 74 de la ley 137-11, las jurisdicciones especializadas deberán conocer de las acciones de amparo cuando el derecho fundamental vulnerado guarde afinidad o relación directa con el ámbito jurisdiccional específico que Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). corresponda a ese tribunal especializado, e igual sentido se refiere el artículo 72 (párrafo 1) de la indicada Ley.
c. En cambio, la parte recurrida refuta exponiendo que hay suficiente razones basadas en errores procesales y en irregularidades del Ministerio Público en este proceso, que motivaron la sentencia, hasta el punto de que todavía al día de hoy, no hay conocimiento sobre el paradero final de los menores, según se desprende de la certificación de la consultora jurídica del CONANI, Licda. Aly Peña Núñez, del dos (2) de diciembre de dos mil quince (2015), institución que a su juicio ha prevaricado en sus funciones tutelares y legales según la Ley núm. 136-03, pues los menores dados a su guarda se lo entregaron a un organismo inidóneo para ello, tal como es la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y de Trata de Personas, quedando en indefinición total el paradero actual de los menores hijos indubitables de la señora Gabriela Isabel Peralta López.
d. Por su parte, el juez de amparo decidió este aspecto de la controversia estableciendo, entre otras cosas, que A la luz de la precedente exposición, este tribunal estima que la retención de los menores de edad Gabriel Emmanuel y Valerio conjuntamente con sus pertenencias (pasaportes, objetos y propiedades no sujetas a decomisos o secuestro) por parte de la Procuradora Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Procuraduría especializada Contra el Tráfico ilícito de Migrantes y Trata de Persona y el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) son injustificadas por el hecho de que no existe motivos que justifique dicha retención. Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015).
e. Por lo antes dicho, partiendo de que este proceso contiene doble objeto: por un lado, la reintegración de los menores a sus padres, tutores u habitad, y por el otro, la devolución de los bienes incautados no sujetos a decomiso, el Tribunal considera pertinente dar respuestas a las cuestiones suscitadas siguiendo el orden de: (i) falta de calidad del Sr. Rodolfo Subrizi, (ii) la existencia de otra vía judicial efectiva, y si fuere necesario pasaría a referirse a los demás aspecto suscitados en el recurso. Falta de calidad del Sr. Rodolfo Subrizi
f. Las recurrentes, al igual que ante el tribunal de amparo, reiteran ante este colegiado la falta de calidad para accionar del recurrido, Sr. Rodolfo Subrizi, para solicitar la devolución del menor “V”, alegando lo siguiente: (…) la Procuradora Fiscal ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y el representante del Consejo Nacional para la niñez y adolescencia (CONANI) plantearon de forma clara la falta de calidad de unos de los accionantes, en este caso del señor RODOLFO SUBRIZI para solicitar la restitución del menor de edad “V”, por existir resultados de pruebas de ADN que fueron realizadas a ambos, mediante los cuales se excluye como padre biológico del niño “V” y deja claro que “no siendo padre biológico del mismo” no tiene calidad para reclamar la restitución de derechos que no tiene respecto del menor de edad indicado.
g. El artículo 62 de la referida ley núm. 136-03 5 , relativo a las pruebas de filiación paterna y materna de los niños, niñas y adolescentes, le reconoce valor probatorio a las actas de nacimiento emitidas por el oficial del Estado Civil para probar la 5 Art. 62 Ley 136-03.- PRUEBA DE FILIACIÓN PATERNA Y MATERNA. Los hijos nacidos dentro del matrimonio se reputan hijos del esposo. La filiación de los hijos se prueba por el acta de nacimiento emitida por el Oficial del Estado Civil. A falta de ésta, basta la posesión de Estado, conforme se establece en el derecho común. La filiación materna se prueba por el simple hecho del nacimiento. En todo caso se podrá recurrir a las pruebas científicas para confirmar o negar la filiación materna o paterna. Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). filiación; sin embargo dispone en su parte in fine que “(…). En todo caso se podrá recurrir a las pruebas científicas para confirmar o negar la filiación materna o paterna”, normativa que es acorde con el planteamiento de la parte recurrente, cuando señala que el valor probatorio de las actas de nacimiento no se extiende a las declaraciones que transcriben las oficialías del Estado Civil al momento de instrumentar los actos propios de su ministerio, las cuales no hacen fe más que hasta prueba en contrario.
h. Para resolver el punto controvertido, relativo al valor probatorio de las pruebas de ADN –en contraposición al acta de nacimiento del menor “V”– que reconoce al Sr. Rodolfo Subrizi como su padre, este tribunal ha verificado que en la glosa procesal no figura prueba alguna que establezca que como resultado del apoderamiento del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del domicilio del menor 6 , por medio a una demanda en desconocimiento de paternidad y nulidad del acta del nacimiento, y la conclusión de las demás vías recursivas, es decir, el agotamiento del debido proceso, que exista una decisión con carácter definitivo e irrevocable que se haya pronunciado al respecto, fundada en el valor probatorio de la referida experticia.
i. Es así que, mientras no exista un sentencia del tribunal competente con las características antes señaladas, que deje sin efecto el valor probatorio del acta de nacimiento que nos ocupa, la referida experticia no puede anteponerse a dicha acta del Estado Civil, por lo que este colegiado considera dable el argumento del juez de amparo, al motivar su decisión precisando que “existe una presunción legal de filiación entre el referido señor y el menor de edad Valerio, que en modo alguno 6 Art. 65 de la Ley 136-03.- COMPETENCIA. Las acciones relativas a los conflictos de filiación y las acciones en reconocimiento o desconocimiento de filiación serán competencia de la sala de lo civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, del domicilio del niño, niña y adolescente. Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). puede serle oponible un análisis de ADN, en medio del conocimiento de un acción de amparo (…)”, por lo que procede rechazar el planteamiento de la parte recurrente. Inadmisibilidad del amparo por la existencia de otra vía judicial efectiva para la protección del derecho fundamental
j. Como ha sido expresado, las recurrentes solicitan la inadmisibilidad de la acción invocando que el amparo viola lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, reconociéndole competencia al Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, municipio Nagua, para conocer la solicitud de devolución de los bienes incautados, mientras estuvo inicialmente apoderado de la audiencia preliminar, por aplicación de los artículos 73, 190, 292 y 414 del Código Procesal Penal; y a consecuencia de la interposición del recurso de apelación contra la referida resolución 186/2015, que declaró extinta la acción pública en contra de los recurridos, a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, tribunal de segundo grado que estuvo apoderado del proceso.
k. Al respecto, este tribunal 7 ha señalado que la solicitud de devolución de objetos vinculados a una investigación penal debe producirse ante el juez de la instrucción competente por ser el funcionario llamado a resolver todas las cuestiones que ameriten la intervención de un juez durante el procedimiento preparatorio, pudiendo dictar las resoluciones pertinentes en relación a las cuestiones que le son formuladas. De manera que el ordenamiento procesal penal cuenta con un juez habilitado para resolver las peticiones realizadas tanto por el Ministerio Público –encargado de 7 Sentencia TC/0041 del 13 de septiembre de 2012, letra “e”, pág. 10; posición reiterado en su Sentencia TC/0084/12 del 15 de diciembre de 2012, numeral 10, literal “l”, pág. 10. Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). dirigir la investigación– como las solicitudes de todas las partes envueltas en el proceso, según lo dispone el artículo 73 del Código Procesal Penal.
l. En el mismo orden, este colegiado en su Sentencia TC/0261/13 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013), pág. 14, numeral 10, g), ha sostenido que: (…), lo que debió hacer el indicado tribunal fue declarar inadmisible la acción de amparo, en el entendido de que correspondía al juez de la instrucción determinar la procedencia de la devolución del arma de fuego, en aplicación del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, texto según el cual se entiende inadmisible la acción “cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado.
m. Asimismo, mediante la Sentencia TC/0072/14, numeral 10, literal e), pág. 11, del veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014), este tribunal ha fijado posición en otros casos como el de la especie, relativos a la devolución de bienes incautados, precisando que: (…) al tratarse de una orden de secuestro propia de la materia penal, es al juez de la instrucción que emitió la orden para que el ministerio público realizara las incautaciones correspondientes; por lo que es este juez el facultado para determinar la supuesta vulneración, según lo consagran los artículos 190 y 292 del Código Procesal Penal, por ser a él a quien el legislador le otorgó la prerrogativa de resolver todas las peticiones, excepciones o incidentes, que se susciten en los casos como en la especie y del que él se encuentra apoderado. Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015).
n. En este proceso se ha verificado que la Resolución núm. 186/2015, que declaró extinta la acción penal ejercida contra los hoy recurridos y otros imputados, en su numeral “Tercero” del dispositivo, establece lo siguiente: Ordena el Retiro de Cualquier ficha o archivo, en contra de los ciudadanos Rosanna de Luca, Regalado Guzmán Calderón, Rodolfo Subrizi, Gabriela Isabel López, Lucila Mignanti y Yeni Laurencio; así como la devolución de los objetos y propiedades no sujetas a decomiso o secuestro, en virtud de lo establecido en el artículo 190 del Código Procesal Penal. 8
o. La sentencia recurrida en revisión constitucional en materia de amparo ante este tribunal también ordena en su dispositivo “Tercero”: Se ordena además la entrega o devolución de todas y cada unas (sic) de las pertenencias objetos y propiedades no sujetas a decomiso o secuestro 9 , en mano de quien se encuentre, con particular atención a la Procuradora Fiscal de la Provincia María Trinidad Sánchez, que pertenezcan tanto de los menores, como a sus respectivos padres.
p. Este tribunal, por lo previamente expresado ha comprobado, que antes de ser apoderado el tribunal de amparo cuya decisión se encuentra hoy cuestionada por medio de este recurso, el juzgado de la instrucción mencionado ya había decidido sobre los bienes incautados, volviendo el tribunal de amparo a juzgar este aspecto del proceso, lo que constituye un error procesal que este colegiado deberá remediar acorde con los precedentes antes señalados. 8 Subrayado nuestro para resaltar. 9 Subrayado nuestro para resaltar. Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015).
q. Asimismo, consta dentro de las piezas que integran este recurso de revisión constitucional en materia de amparo y la demanda en suspensión, la Sentencia penal núm. 0125-2016-SDEC-00072, dictada el cuatro (4) de mayo de dos mil dieciséis (2016), por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, decisión que revocó la Resolución núm. 186/2015, y ordena apertura a juicio en relación con la acusación presentada contra los imputados.
r. Cabe precisar, además, que en otros supuestos este colegiado ha identificado como vía más efectiva, a dos tribunales: i) al juez de la instrucción, basado en el estudio combinado de los artículos 63 y 190 del Código Procesal Penal, y ii) al tribunal que se encontraba apoderado del asunto en el momento que el derecho fundamental se consideró vulnerado, en virtud de lo establecido en los artículos 292 y 338 del referido código.
s. En esa línea, en su Sentencia TC/0378/14, del treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014), este colegiado hizo las precisiones siguientes: En este sentido, este tribunal entiende que toda petición o reclamo respecto a objetos de muebles o inmuebles que han sido incautados producto de una investigación penal, sobre los cuales se pretenda su devolución, deben ser canalizados a través de la vía apoderada del asunto, por ser dicha vía la que posee los mecanismos más adecuados para su conocimiento y, de esa manera, garantizar de forma efectiva sus pretensiones”. “De lo planteado anteriormente, se observa que el juez de amparo debió fundamentar su decisión en el sentido de que por ser un caso de cuyo conocimiento se encuentra apoderada la jurisdicción penal, los accionantes debieron presentar sus pretensiones por ante el juez de la instrucción, en virtud del Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). artículo 292 del CPP o el Tribunal apoderado del caso según, lo establecido en el artículo 338 del CPP; por ser una de esas la vía judicial efectiva para la devolución y protección de los derechos fundamentales invocados.
t. Basado en este último precedente, este tribunal entiende pertinente dejar constancia, que si bien el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, mientras estuvo apoderado de la audiencia preliminar era la vía efectiva para conocer la solicitud de devolución de los bienes incautados, y en efecto decidió la devolución de los mismos, desde el momento en que se desapoderó del caso a consecuencia de la resolución que declaró la extinción de la acción penal, dicho juzgado no puede constituir la vía efectiva a esos fines, sino el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de ese distrito judicial María Trinidad Sánchez, por ser el tribunal que actualmente se encuentra apoderado del fondo del proceso por haber sido revocada la referida resolución núm. 186/2015, a través de la decisión dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís.
u. En lo relativo a la solicitud de restitución con su padre de los menores por alegada vulneración a los derechos de familia y el principio del interés superior del niños y niñas planteada por los recurridos, las partes recurrentes, igualmente invocan la inadmisibilidad de tal requerimiento por la existencia de otra vía efectiva (art. 70.1 de la Ley núm. 137-11), por entender que de conformidad con la Ley núm. 136-03, el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, como vía ordinaria, es el competente para conocer estas demandas.
v. Este colegiado ha comprobado en las piezas que integran el recurso, que la solicitud de restitución de los menores tiene intrínsecamente propósitos de que sean reconocidos los derechos de filiación y guarda de sus presuntos padres o tutores. Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015).
w. Con relación a la filiación, la referida ley núm. 136-03, dispone en su artículo 65 que: “Las acciones relativas a los conflictos de filiación y las acciones en reconocimiento o desconocimientos de filiación serán competencia de la sala de lo civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, del domicilio del niño, niña y adolescente”.
x. Al respecto, sobre la guarda, dicha ley establece en su artículo 84 que: “El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes otorgará la guarda al padre, la madre o tercero que garantice el bienestar del niño, niña y adolescente de acuerdo al interés superior”, competencia que es confirmada por el artículo 90 de la misma ley al indicar que “toda demanda de guarda deberá ser introducida por ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del lugar donde vive la persona que ejerce la guarda”.
y. Sobre la especie, esta disposición normativa en su artículo 211, literales a) e i), reitera y precisa la competencia otorgada a la Sala de lo Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para conocer y decidir lo siguiente: “a) Las demandas sobre reclamación y denegación de filiación de los hijos e hijas y acciones relativas (…); y i) La demanda de guarda, colocación familiar y regulación sobre régimen de visitas de los niños, niñas y adolescentes; (…)”.
z. Como hemos puntualizado, en lo relativo a los derechos de filiación y de guarda el legislador ha establecido con carácter especial la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes con el fin de dirimir los reclamos que surjan en esta materia, por lo que, si los recurridos entienden que le han sido vulnerados los derechos de familia, el principio del interés superior de los menores “V” y “GE”, y los derechos de sus padres y tutores por la separación de hecho materializada por las recurrentes, dicha parte puede interponer las correspondientes demandas por ante la Sala Civil del Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de la Provincia María Trinidad Sánchez, en atribuciones ordinarias, por ser la vía judicial idónea y afectiva para brindar las protecciones solicitadas, así como conocer cualquier otra pretensión accesoria que se derive de los procesos antes señalados 10 y que guarde relación con los menores.
aa. Como ha sido planteado por las recurrentes, el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11 establece que el juez de amparo, luego de instruido el proceso, sin examen del fondo, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, por la existencia de otras vías judiciales que permitan obtener de manera efectiva la protección del derecho fundamental que se alega vulnerado.
bb. En relación a la existencia de otra vía efectiva, este tribunal fijó su posición en la Sentencia TC/0021/12, del veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012), en la que expresó: “…el ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión se encuentra condicionada a la identificación de la vía judicial que el tribunal considere idónea, así como de las razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el legislador (…)” (Párr. 11.c); en consecuencia, el juez de amparo debe indicar la vía más efectiva prevista cuando decida inadmitir la acción de amparo por la causal del artículo 70.1 de la LOTCPC.
cc. Igualmente, ha indicado este tribunal, en su Sentencia TC/0182/13, del once (11) de octubre de dos mil trece (2013), página 14, numeral 11, literal g: Si bien la existencia de otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado constituye una de 10 Ver Sentencia TC/0029/14 del diez (10) de febrero de dos mil catorce (2014), acápite 10, literal p). Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). las causales de inadmisibilidad de la acción de amparo, no significa en modo alguno que cualquier vía pueda satisfacer el mandato del legislador, sino que las mismas resulten idóneas a los fines de tutelar los derechos fundamentales alegadamente vulnerados. De manera que, solo es posible arribar a estas conclusiones luego de analizar la situación planteada en conexión con la otra vía llamada a brindar la protección que se demanda.
dd. Esta corporación también ha considerado que uno de los mecanismos para determinar que una vía sea efectiva es la posibilidad de que el juez que debe conocer el conflicto esté facultado para dictar medidas cautelares, si estas fueren pertinentes. [Véase las Sentencias TC/0030/12, del tres (3) de agosto de dos mil doce (2012); TC/0083/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012); TC/0118/13, del cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013); TC/0156/13, del doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013); TC/0299/14, del diecinueve (19) de diciembre de dos mil catorce (2014)].
ee. En lo que respecta a la posibilidad de dictar medidas provisionales la Sala de lo Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, en atribuciones ordinarias, puede ordenar medidas cautelares, según el literal m) del mencionado artículo 211 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes, en lo referente a la solicitud de los padres, tutores o responsables y de los representantes del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes. De manera que la vía para resolver el conflicto prevista en el indicado instrumento normativo resulta efectiva respecto a la cuestión planteada. Asimismo, estamos en presencia de un conflicto que, por su naturaleza, requiere ser resuelto mediante un procedimiento en el cual el tribunal apoderado disponga de los plazos suficientes para agotar las medidas de instrucción que fueren necesarias. Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015).
ff. En consecuencia, al haberse comprobado que el juzgado de la instrucción apoderado del proceso penal –al momento de declarar extinta la acción pública – decidió lo relativo a la devolución de los bienes incautados no sujetos a decomiso, decisión que como ya se ha dicho fue revocada por la corte de apelación apoderada del recurso interpuesto en su contra, y encontrándose ese proceso pendiente de ser conocido ante el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, y al haberse determinado que existe otra vía más efectiva para tutelar los derechos que se invocan conculcados relativos a los menores y los recurridos, este colegiado entiende pertinente acoger el recurso de revisión y revocar la sentencia recurrida, declarando inadmisible la acción de amparo por la existencia de otras vías juridiciales efectivas, según lo establecido en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, eximiéndose de valorar los demás aspectos del recurso.
12. Sobre la demanda en suspensión de ejecución de la sentencia recurrida
Resulta oportuno indicar que conjuntamente con el desarrollo de los motivos que sustentan el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, la parte recurrente, mediante instancia depositada en la Secretaría del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, Municipio Nagua, el treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017), solicitó la suspensión de ejecución provisional de la sentencia recurrida hasta que se conozca el fondo del recurso, para lo cual el colegiado expone las siguientes consideraciones:
a. Para el Tribunal Constitucional la solicitud de suspensión de ejecutoriedad provisional de la sentencia recurrida en revisión constitucional en materia de amparo carece de objeto en vista de que las motivaciones precedentemente expuestas Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). sufragan en el sentido de acoger el recurso de revisión, revocar la sentencia recurrida y conocer el fondo de la acción de amparo, siendo dicha acción declarada inadmisible por la existencia de otra vía judicial efectiva; por tanto, resulta innecesario su ponderación tal como ha sido apuntado en la Sentencia TC/0120/13, del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), criterio reiterado en las Sentencias TC/006/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014) y TC/0351/14, del veintitrés (23) de diciembre de cos mil catorce (2014).
b. En tales circunstancias, el Tribunal entiende que la solicitud de suspensión provisional de la sentencia recurrida está indisolublemente ligada a la suerte del recurso de revisión con el que coexiste, por lo que procede declarar su inadmisibilidad sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de esta decisión. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrado Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Wilson S. Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible en la forma el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). jurisdicción, contra la Sentencia núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (04) de diciembre de dos mil quince (2015).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (04) de diciembre de dos mil quince (2015).
TERCERO: DECLARAR inadmisible la acción de amparo interpuesta por las señoras Rosanna de Lucas García, Gabriela Isabel Peralta López y el señor Rodolfo Subrizi ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez (Nagua), en contra de la Procuraduría Fiscal de Niñas, Niños y Adolescentes y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a las recurrentes, Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres; a los recurridos, señoras Rosanna de Lucas García, Gabriela Isabel Peralta López, y el Sr. Rodolfo Subrizi; y al Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI).
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la referida ley núm. 137-11.
SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional. Expedientes núms. TC-05-2016-0057 y TC-07-2017-0015, relativos al recurso de revisión constitucional en materia amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia, interpuestos por las Licdas. Agustina Nieto Vásquez y Yesenia Torres, procuradoras fiscales de la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez y de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de la misma localidad, respectivamente, contra la Sentencia Civil núm. 25/2015, dictada en atribuciones de amparo por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, el cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015).
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0002/18, del 2 de enero de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0002-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.