Sentencia TC/0021/17
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 18 de enero de 2017 · Expediente TC-05-2015-0271
recurso de revisión constitucional en materia de amparo incoado por Ariel Sing, Juan Manuel Morel M., Isabel Serrano y Frarman García contra la Sentencia núm. 00457- 2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de noviembre de dos mil catorce (2014).
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Temas: Protección del medio ambiente
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0021/17?
El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de cinco días hábiles y francos y revestía especial trascendencia constitucional por la necesidad de fijar criterios sobre la pertinencia del amparo preventivo en materia ambiental. La sentencia impugnada debía revocarse por falta de motivación: el juez de amparo se limitó a consignar las alegaciones de las partes sin responder de manera motivada a los argumentos sobre los posibles daños ambientales del aserradero. Revocada la sentencia, el Tribunal conoció directamente el fondo del amparo para salvaguardar los derechos fundamentales, conforme a los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad (TC/0021/17, numeral 11, 11.1–b, pág. 21; TC/0021/17, numeral 11, d, pág. 23; TC/0021/17, numeral 12, e, pág. 26).
La documentación y la inspección del Parque Nacional «Juan Bautista Pérez Rancier» permitieron constatar que la instalación del aserradero era una posibilidad real y entrañaba un riesgo grave e inminente para el área protegida. La intervención podía deteriorar irreversiblemente el ecosistema y afectar las fuentes de los principales ríos del país. Ante esa amenaza al derecho colectivo a la protección del medio ambiente, consagrado en el artículo 66 de la Constitución, el amparo preventivo era la vía más apropiada para impedir la instalación (TC/0021/17, numeral 12, 12.2.8–12.2.9, pág. 33; TC/0021/17, numeral 12, 12.2.11–12.2.12, pág. 34; TC/0021/17, numeral 12, 12.2.13, pág. 35).
Decisión
Declara admisible y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión, y revoca íntegramente la Sentencia núm. 00457-2014. Declara admisible y acoge la acción de amparo preventivo, rechaza la instalación del aserradero dentro del Parque Nacional «Juan Bautista Pérez Rancier», de Valle Nuevo, y dispone el desmantelamiento inmediato de cualquier instalación establecida al efecto.
Citas textuales clave
“el juez de amparo solo se limitó a consignar las alegaciones de las partes envueltas en la señalada acción de amparo preventivo, pero sin dar respuesta debidamente motivada a los argumentos expuestos por los señores Ariel Sing y compartes” (TC/0021/17, numeral 12, e, pág. 26).
“existe la posibilidad de la instalación del aserradero que denuncian los accionantes, lo cual podría causar serios daños al medio ambiente de la indicada área protegida” (TC/0021/17, numeral 12, 12.2.8–12.2.9, pág. 33).
“la acción de amparo preventivo sometida por los señores Ariel Sing y compartes constituye la vía más apropiada para obtener la protección de los derechos colectivos y del medio ambiente en el caso que nos ocupa” (TC/0021/17, numeral 12, 12.2.13, pág. 35).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 14, 15 y su párrafo, 16, 66, 67, 68, 69 y 72, parte final.
Ley núm. 137-11: artículos 4, 7 (en particular, numerales 6 y 11), 66, 95 y 100.
Ley núm. 64-00: artículos 9, 16.2, 33.1 y 36.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0080/2012, TC/0061/2013, TC/0071/2013, TC/0007/12, TC/0009/13, TC/0187/13, TC/0372/14, TC/0017/13, TC/0167/13, TC/100/14 y TC/0363/14.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
9. Síntesis del conflicto
9.1. De acuerdo con la documentación que figura en el expediente, los hechos y alegatos de las partes, y la información recabada por el Tribunal Constitucional en el lugar de los hechos, los señores Ariel Sing, Juan Manuel Morel M., Isabel Serrano y Frarman García tuvieron conocimiento del plan de instalación de un aserradero en el Parque Nacional «Juan Bautista Pérez Rancier», de Valle Nuevo (municipio de Constanza, provincia La Vega), pretensión que tenía el propósito de extraer y procesar la madera de los troncos dejados por un incendio en la indicada área protegida, de lo cual se enteraron los indicados señores mediante una publicación que realizara el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el periódico El Nuevo Diario, edición del 2 de septiembre de 2014.
9.2. Ante esta información, los indicados señores Ariel Sing y compartes sometieron una acción de amparo preventivo contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, a fin de que se prohibiera la instalación del aludido aserradero, salvaguardando así el derecho fundamental al disfrute de un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, y asegurando la preservación de las fuentes acuíferas necesarias para garantizar el desarrollo de la vida en el país. La aludida acción de amparo fue desestimada por la indicada jurisdicción mediante la Sentencia núm. 00457-2014, expedida el tres (3) de noviembre de dos mil catorce (2014), ante lo cual los señores Ariel Sing y compartes interpusieron ante el Tribunal Constitucional el recurso de revisión que actualmente nos ocupa.
11. Admisibilidad del presente recurso de revisión de sentencia de amparo
11.1. El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión de sentencia de amparo resulta admisible en atención a las siguientes razones jurídicas:
a. Para los casos de revisiones de sentencias de amparo se hace imperativo analizar la exigencia contenida en la parte in fine del artículo 95 de la reseñada Ley núm. 137-11, cuyo texto dispone lo siguiente: «El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación». Sobre el particular, este tribunal estableció que dicho plazo es hábil y franco, o sea, que para su cómputo no se toman en cuenta los días no laborables ni los días de la notificación ni del vencimiento, 2 y que su inobservancia se encuentra sancionada con la inadmisibilidad del recurso.
b. En la especie se comprueba que la sentencia de amparo impugnada núm. 00457-2014 fue notificada por la secretaria del Tribunal Superior Administrativo a los recurrentes, señores Ariel Sing y compartes, a través de su abogado, el Lic. Juan Manuel Morel Pérez, el veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015). Asimismo, se evidencia que el recurso de revisión que nos ocupa fue interpuesto por los recurrentes el veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015), de lo cual resulta que fue sometido dentro del plazo legal, satisfaciendo así las exigencias requeridas por el aludido artículo 95 de la Ley núm. 137-11.
c. Precisado lo anterior, procede analizar el requisito de especial trascendencia o relevancia constitucional exigido por el artículo 100 de la referida ley núm.137- 11, concebido en los términos siguientes: «[l]a admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales». Dicho concepto fue además precisado por este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0007/12, que dictó el veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). En esa decisión, el Tribunal expresó que […] tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 2 En este sentido, véanse las Sentencias TC/0080/2012, TC/0061/2013 y TC/0071/2013, entre otros numerosos fallos en el mismo sentido. 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
d. Luego de haber ponderado los documentos que obran en el expediente que nos ocupa, así como los argumentos aducidos por las partes involucradas, este colegiado se decanta por la existencia de especial trascendencia o relevancia constitucional en la especie, en vista de la importancia de esta para fijar criterios respecto a la pertinencia del amparo preventivo en materia ambiental.
12. El fondo del recurso de revisión
12.1. Al apreciar los méritos del recurso de revisión que nos ocupa, conforme a la documentación que obra en el expediente, así como de acuerdo con la información recabada por el Tribunal Constitucional en la medida de instrucción celebrada, este colegiado expone los razonamientos que siguen, primero sobre la revocación de la mencionada sentencia núm. 00457-2014 (12.1.1), y luego sobre el conocimiento del fondo de la acción de amparo el fondo (12.1.2).
12.1.1. Revocación de la Sentencia de amparo núm. 00457-2014 12.1.1.1. Tal como hemos visto, en la especie se trata de que los señores Ariel Sing y compartes procedieron a someter una acción de amparo preventivo ante el Tribunal Superior Administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales con la finalidad de evitar la instalación de un aserradero, donado por el gobierno de Taiwan, en el Parque Nacional «Juan Bautista Pérez Rancier», de Valle Nuevo (municipio Constanza, provincia La Vega). noticia de la cual tuvieron conocimiento mediante publicación que al efecto efectuara el periódico nacional El Nuevo Diario, en la cual se expresaba que la instalación del aludido aserradero tenía la finalidad de extraer y aprovechar la madera de los troncos quemados que se encontraban en el parque como consecuencia de un gran incendio ocurrido en el año 2014 dentro de dicha área protegida. 12.1.1.2. El juez de la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo apoderado de la referida acción falló rechazando las pretensiones de los accionantes mediante la Sentencia núm. 00457-2014 ─que es el objeto del recurso de revisión constitucional que nos ocupa─, de acuerdo con la motivación que sigue:
a. En cuanto a la solicitud de adopción de medida precautoria, en torno a que ordenaran al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con su Ministro, abstenerse de instalar y operar un aserradero en el Parque Nacional “Juan Bautista Pérez Rancier» de Valle Nuevo (municipio de Constanza, provincia La Vega), hasta tanto se conozca el fondo del asunto, ya que vulnera los alegados derechos fundamentales, en tal sentido procede rechazar dicha solicitud, toda vez que no se encuentran reunidas las condiciones establecidas por el legislador para su procedencia.
b. En cuanto al fondo de la señalada acción, […] hemos constatado que la intención del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el uso del aserradero que fue donado por la República China en Taiwán, no es con el ánimo de generar daños a los ecosistemas y áreas protegidas del Parque Nacional “Juan Bautista Pérez Rancier» de Valle Nuevo, municipio Constanza, provincia La Vega, pues como bien lo ha expuesto en su informe Núm. 2802, cuyo contenido no ha sido controvertido por ningún otro elemento probatorio, el uso de dicha maquinaria se hará en una zona en la cual no afecta el medio ambiente y es con el fin de aprovechar la materia prima que se deriva de los restos de los árboles que fueron afectados con el siniestro ocurrido en dicha área protegida, de lo que inferimos que las pretensiones de la parte accionada no amenazan los derechos fundamentales invocados en la especie. 12.1.1.3. Ante su inconformidad ante este fallo, los referidos señores Ariel Sing y compartes presentaron el recurso de revisión constitucional que nos ocupa, aduciendo que la indicada Sentencia núm. 00457-2014 carece de motivación. Alegaron en este sentido que este fallo solo se limitó a narrar las incidencias desarrolladas en la audiencia y a la petitoria de una medida provisional que le fuera solicitada, por lo que a su juicio, no se cumple con lo establecido en la sentencia TC/0009/13, de once (11) de febrero, decisión que estableció que «para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación». Respecto a estos argumentos, el recurrido Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales argumenta que «[n]o es cierto que el tribunal haya incurrido en falta de motivación; si no que el recurrente pretende distorsionar las apreciaciones del Juzgador a la hora de analizar si existió o no una violación a los derechos fundamentales comprobando que la especie no existe tal violación». 12.1.1.4. Conviene asimismo dejar constancia de que en la antes referida sentencia TC/0009/13, este colegiado manifestó lo que se indica a continuación respecto a la debida motivación de las sentencias: G. En consideración de la exposición precedente, el cabal cumplimiento del deber de motivación de las sentencias que incumbe a los tribunales del orden judicial requiere:
a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones.
b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar.
c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada.
d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción y
e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional. 12.1.1.5. De igual manera, el Tribunal Constitucional reiteró el criterio establecido sobre la debida motivación en su Sentencia TC/0187/13, de 21 de octubre -ratificado en la Sentencia TC/0372/14, de 26 de diciembre- en los siguientes términos: El derecho a un debido proceso y el derecho a una tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 68 y 69 de la Constitución, tienen como una de sus garantías principales la debida motivación de las decisiones emitidas por los tribunales nacionales. En este sentido, los tribunales tienen la obligación de dictar decisiones motivadas como parte de la sujeción a la garantía constitucional del debido proceso (sentencias TC/0009/13 y TC/0017/13). Conforme ha establecido previamente este tribunal, esta obligación implica la existencia de una correlación entre el motivo invocado, la fundamentación y la propuesta de solución; es decir, no basta la mera enunciación genérica de los principios sin la expoión concreta y precisa de cómo se produce la valoración de los hechos, las pruebas y las normas previstas que se aplicarán. Asimismo, ha indicado que una sentencia carece de fundamentación cuando carece de los motivos que justifican el análisis del juez en cuanto a su decisión y las razones jurídicas que la determinan, comprendiendo todas las cuestiones sometidas a decisión, con una argumentación clara, completa, legítima y lógica, así como la aplicación de la normativa vigente y aplicable al caso (sentencia TC/0017/13). 12.1.1.6.
Dentro de este contexto, el Tribunal Constitucional ha podido apreciar, como ya se ha indicado, que el conflicto que genera la acción de amparo preventivo objeto de este recurso revisión constitucional se origina con motivo de un incendio forestal que ocurriera en el Parque Nacional “Juan Bautista Pérez Rancier», de Valle Nuevo (municipio Constanza, provincia La Vega), en el año dos mil catorce (2014), y como consecuencia del cual una importante devastación afectó la biodiversidad de esta importante área protegida. 12.1.1.7. En vista de la problemática derivada del referido conflicto, este tribunal considera que, real y efectivamente, el juez de amparo solo se limitó a consignar las alegaciones de las partes envueltas en la señalada acción de amparo preventivo, pero sin dar respuesta debidamente motivada a los argumentos expuestos por los señores Ariel Sing y compartes, particularmente respecto a los posibles daños que ocasionaría al medio ambiente la instalación de un aserradero en el Parque Nacional «Juan Bautista Pérez Rancier», de Valle Nuevo, con el supuesto propósito de aprovechar la madera de los troncos de árboles quemados y que resultaron abatidos anteriormente por el incendio referido. 12.1.1.8. En consecuencia, conforme a lo antes expuesto, este tribunal constitucional estima que procede revocar la mencionada sentencia núm. 00457-2014, expedida por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo en el caso que nos ocupa, por falta de motivación, y proceder, en consecuencia, fundándose en los propios precedentes de este colegiado, a conocer del fondo de la acción la acción de amparo preventivo que actualmente nos ocupa.
En efecto, este colegiado ha establecido el precedente de no solo acoger los recursos de revisión cuando estime sus condiciones satisfechas, sino también de conocer el fondo de las acciones de amparo cuando, a su juicio, la salvaguarda de los derechos fundamentales así lo requiera (véase Sentencia TC/0071/2013). Esta medida radica en que la justicia constitucional, cuyo objetivo principal consiste en garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales, debe guiarse por los principios rectores contenidos en el artículo 7 de la Ley núm. 137-11, y, respecto a la especie, particularmente por los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad.
12.2. Conocimiento del fondo de la acción de amparo
12.2.1. Abordando inmediatamente el fondo de dicha acción de amparo, conviene enfatizar que los accionantes, señores Ariel Sing y compartes, aducen que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales les ha vulnerado el derecho fundamental al medio ambiente sano, exponiendo a un grave peligro de deterioro al Parque Nacional “Juan Bautista Pérez Rancier», de Valle Nuevo (municipio de Constanza, provincia La Vega), y afectando su equilibrio ecológico con la pretendida intención de instalar en él un aserradero.
12.2.2. Los indicados recurrentes alegan, asimismo, que resulta necesario la realización de un mínimo de tres (3) informes científicos sobre el impacto que ocasionó el incendio forestal ocurrido en el señalado parque nacional «Juan Bautista Pérez Rancier» para evaluar y determinar si el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales debería abstenerse de propiciar, desarrollar o permitir la instalación en esa importante área protegida de un aserradero destinado al supuesto aprovechamiento de troncos dejados por el incendio anteriormente ocurrido en ella.
12.2.3. Además, de manera más precisa, argumentan los recurrentes que «la extracción de troncos quemados y derribados no solamente perjudica al bosque naciente después del incendio, sino que también el arrastre de dichos troncos causa un grave daño a las otras especies vegetales y a los pinos pequeños del entorno»; y que, asimismo, el «sistema de transporte de los troncos con maquinarias, deja una capa de petroquímicos altamente tóxicos para el ecosistema del Parque Nacional».
12.2.4. Respecto a los recursos naturales del país, conviene dejar constancia de que nuestra Constitución prevé: En el artículo 14 (concerniente a los recursos naturales), que «[s]on patrimonio de la Nación los recursos naturales no renovables que se encuentren en el territorio y en los espacios marítimos bajo jurisdicción nacional, los recursos genéticos, la biodiversidad y el espectro radioeléctrico». En el artículo 15 (atinente a los recursos hídricos), que el «agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación». En el artículo 15 (párrafo), que las «cuencas altas de los ríos y las zonas de biodiversidad endémica, nativa y migratoria, son objeto de protección especial por parte de los poderes públicos para garantizar su gestión y preservación como bienes fundamentales de la Nación. Los ríos, lagos, lagunas, playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso, observándose siempre el respeto al derecho de propiedad privada. La ley regulará las condiciones, formas y servidumbres en que los particulares accederán al disfrute o gestión de dichas áreas». En el artículo 16 (relativo a las áreas protegidas), que «[l]a vida silvestre, las unidades de conservación que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los ecosistemas y especies que contiene, constituyen bienes patrimoniales de la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
Los límites de las áreas protegidas solo pueden ser reducidos por ley con la aprobación de las dos terceras partes de los votos de los miembros de las cámaras del Congreso Nacional». En el artículo 66 (atinente a los derechos colectivos y difusos), que «[e]l Estado reconoce los derechos e intereses colectivos y difusos, los cuales se ejercen en las condiciones y limitaciones establecidas en la ley. En consecuencia, protege: 1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; 2) La protección del medio ambiente; […]». En el artículo 67 (respecto a la protección del medio ambiente), que «[c]onstituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En consecuencia: 1) Toda persona tiene derecho, tanto de modo individual como colectivo, al uso y goce sostenible de los recursos naturales; a habitar en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo y preservación de las distintas formas de vida, del paisaje y de la naturaleza; […]». 5) Los poderes públicos prevendrán y controlarán los factores de deterioro ambiental, impondrán las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por daños causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigirán su reparación. Asimismo, cooperarán con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre».
12.2.5. Con relación al tema que ocupa nuestra atención, se impone asimismo indicar que la indicada Ley núm. 64-00, de fecha 18 de agosto de 2000, dispone lo siguiente: En el artículo 9 (relativo a la creación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), que «[l]os estudios de evaluación de impacto ambiental y los informes ambientales serán los instrumentos básicos para la gestión ambiental». En el artículo 16.2 (respecto a las áreas protegidas), que estas constituyen una «porción de terreno y/o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de elementos significativos de biodiversidad y de recursos naturales y culturales asociados, manejados por mandato legal y otros medios efectivos». En el artículo 33, numeral 1), que el establecimiento de las áreas protegidas obliga a «preservar los ecosistemas naturales representativos de las diversas reglones biogeográficas y ecológicas del país»; y En el artículo 36, que «[l]as áreas protegidas son patrimonio del Estado, debiendo ser administradas según sus categorías, zonificación y reglamentación, basándose en planes de manejo aprobados por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con la participación de la comunidad y sus organizaciones, en la gestión y manejo de las mismas».
12.2.6. En este mismo contexto, respecto a las evaluaciones relativas al impacto al medio ambiente, el Tribunal Constitucional fijó su criterio con relación al tema en su Sentencia TC/0167/13 (de 17 de septiembre), afirmando lo que sigue:
TC/0021/17, numeral 12, 12.2.5–12.2.6, pág. 31 — PDF oficial
10.15. Resulta incontrovertible hoy por hoy que las evaluaciones relativas al impacto del medio ambiente constituyen una útil herramienta técnica aplicable a todos los países. Con las mismas se procura demostrar que en determinadas actividades vinculadas se cumplen las normas medioambientales vigentes y se adoptan las providencias orientadas para reducir a su mínima expresión, aquellas que resultan inevitables. […]
10.32. En este punto, debemos precisar que las medidas destinadas a la preservación del medio ambiente, al tener un alcance general que traspasa el ámbito nacional, por propugnar, como parte del sostenimiento ecológico del planeta, la protección de los recursos eco sistémicos, hidrológicos y de biodiversidad existentes en cada Estado, la misma deviene en configurar la existencia de un derecho colectivo y difuso que tiene un alcance supranacional, que encierra el compromiso de que cada nación le otorgue preponderancia a la aplicabilidad de la misma en aquellos casos en que una actividad pueda o esté afectando de forma negativa ese sostenimiento, o ponga en riesgo el resguardo ecológico del país.
12.2.7. En este orden de ideas, también resulta oportuno señalar que el artículo
7.11 de la Ley núm. 137-11 prevé el principio rector de oficiosidad del sistema de justicia constitucional, que expresa lo siguiente: «Todo juez o tribunal, como garante de la tutela judicial efectiva, debe adoptar de oficio, las medidas requeridas para garantizar la supremacía constitucional y, el pleno goce de los derechos fundamentales, aunque no hayan sido invocadas por las partes o las hayan utilizado erróneamente».
12.2.8. Siguiendo las normas, principios y razonamientos antes expuestos, así como la ponderación de los documentos anexos y la información recabada en el descenso realizado por una comisión de magistrados al Parque Nacional «Juan Bautista Pérez Rancier», de Valle Nuevo, el nueve (9) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), este Tribunal Constitucional ha advertido: 1) que, realmente, existe la posibilidad de la instalación del aserradero que denuncian los accionantes, lo cual podría causar serios daños al medio ambiente de la indicada área protegida; 2) que permitir la tala de los pinos y otras especies vegetales en dicha área afectaría gravemente la hidrografía de la isla, ya que en este valle nace el ochenta por ciento (80 %) de los ríos del país, por lo que es conocido como «Madre de las Aguas»; 3) que como consecuencia de lo anterior, el ecosistema de dicho parque podría resultar irremisiblemente deteriorado, afectando el nacimiento de los principales ríos del país (Yuna, Yaque del Norte, Camú, Yaque del Sur, entre otros), lo cual lesionaría de manera irreversible el medio ambiente en República Dominicana.
12.2.9. En su comparecencia ante la comisión de magistrados del Tribunal Constitucional en el descenso celebrado en el Parque Nacional «Juan Bautista Pérez Rancier», de Valle Nuevo, el representante del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales expresó que con la instalación del aludido aserradero solo se pretende aprovechar unos doscientos (200) árboles que resultaron dañados y abatidos por el incendio que ocurrió en dicho lugar en el año dos mil catorce (2014).
TC/0021/17, numeral 12, 12.2.8–12.2.9, pág. 33 — PDF oficial
12.2.10. De su parte, el ingeniero forestal, Eleuterio Martínez en su calidad de perito seleccionado por la Academia de Ciencias de la República Dominicana ―que también compareció ante la indicada comisión de magistrados en la referida medida de instrucción―, presentó un informe con relación al caso que nos ocupa, en el que manifestó los argumentos que siguen a continuación, los cuales este colegiado estima muy atinados, a saber: Que «ningún material de un parque nacional es aprovechable. Y más en este caso cuando el incendio se supone que lo provocó un rayo». Que «esos pinos y esa zona hay dejarla sin tocar para que sea la propia naturaleza que la regenere». Que el «uso de aserraderos viola el marco jurídico que rige los parques nacionales, que prohíbe la extracción y aprovechamiento de materiales». Que la «extracción de troncos quemados y derribados perjudica al bosque en recuperación post incendio, en parte por el arrastre de los troncos que altera los ecosistemas de microorganismos que trabajan en regenerar la vida del bosque, causando un grave daño a las otras especies vegetales y a los pinos pequeños del entorno». Que «debemos ser conscientes de la amenaza que constituye instalar un aserradero en esta zona. No se trata de la simple posibilidad de lesión, sino de la probabilidad de sufrir un mal irreparable y grave de manera injustificada» Que «entendemos que la instalación de un aserradero y movilización de troncos, pone en riesgo 66 especies de aves, 48 de mariposas, 29 de reptiles y 17 de anfibios. Además 531 especies de flora de las cuales 138 son endémicas de la Hispaniola». Que «el hecho de extraer los señalados árboles se produciría daños irreversibles a la zona, ya que la propia naturaleza se encarga de restablecer el área afectada por el incendio, sin la necesidad de que interfiera la mano del hombre».
12.2.11. Conviene, asimismo, tomar en consideración para el caso que nos ocupa, que el Tribunal Constitucional rindió la Sentencia TC/100/14, de 10 de junio, con relación a un caso similar ―ratificada por la Sentencia TC/0363/14, del 23 de diciembre― en la que fijó el precedente que sigue: […] respecto a la condición de peligro que supone la instalación de la referida estructura, es necesario decir que esta condición se refiere a una situación que se caracteriza por la posibilidad o viabilidad de ocurrencia de un mal o incidente potencialmente dañino, es decir, un riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. El riesgo a su vez se refiere a la posibilidad de daño bajo determinadas circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la probabilidad de daño bajo esas circunstancias. Entonces podemos hablar de peligro solo cuando sea suficientemente real o inminente la ocurrencia de un hecho que pudiera causar un daño. Atendiendo a este razonamiento, el Tribunal reconoce, que si bien las instalaciones como la objetada por los accionantes entrañan un nivel de riesgo, considerando sus características […].
12.2.12. A la luz de la argumentación expuesta con relación a la especie, este colegiado estima que ha quedado plenamente comprobado que con el hecho de instalar un aserradero en el Parque Nacional “Juan Bautista Pérez Rancier», de Valle Nuevo (municipio Constanza, provincia La Vega) ―zona protegida como reserva científica desde 1983, y como parque nacional desde 1996―, se estaría vulnerando la protección del antes referido derecho colectivo y del medio ambiente consagrado en el artículo 66 de nuestra Carta Sustantiva, en vista del inminente y grave riesgo que pende sobre dicha área protegida ante la inaudita posibilidad de que se instale en ella un aserradero.
TC/0021/17, numeral 12, 12.2.11–12.2.12, pág. 34 — PDF oficial
12.2.13. Conforme a todo lo antes dicho, este colegiado estima que se ha evidenciado que la acción de amparo preventivo sometida por los señores Ariel Sing y compartes constituye la vía más apropiada para obtener la protección de los derechos colectivos y del medio ambiente en el caso que nos ocupa, razón por la cual procede declarar su admisibilidad en cuanto a la forma y su acogimiento en cuanto al fondo, al tiempo de revocar la referida sentencia de amparo núm. 00457- 2014. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Khoury, Víctor Gómez Bergés y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho ante anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de amparo interpuesto por los señores Ariel Sing, Juan Manuel Morel M., Isabel Serrano y Frarman García contra la Sentencia núm. 00457-2014, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el tres (3) de noviembre de dos mil catorce (2014).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR en todas sus partes la indicada sentencia de amparo núm. 00457-2014.
TERCERO: DECLARAR admisible la acción de amparo preventivo promovida por los señores Ariel Sing, Juan Manuel Morel M., Isabel Serrano y Frarman García el tres (3) de septiembre de dos mil catorce (2014) contra el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales; ACOGER dicha acción, y, por vía de consecuencia, con base en la argumentación que figura en el cuerpo de esta sentencia, RECHAZAR la instalación de un aserradero dentro del área comprendida en el Parque Nacional «Juan Bautista Pérez Rancier», de Valle Nuevo, ubicado en el municipio de Constanza, provincia La Vega, y DISPONER el desmantelamiento inmediato de cualquier instalación que haya sido establecida al efecto.
CUARTO: ORDENAR por Secretaría la comunicación de la presente sentencia a la parte recurrente en revisión, señores Ariel Sing, Juan Manuel Morel M., Isabel Serrano y Frarman García; a la parte recurrida, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría General Administrativa.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la referida Ley núm. 137-11.
SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud de lo que dispone el artículo 4 de la referida Ley núm. 137-11.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0021/17, del 18 de enero de 2017. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0021-17. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.