Sentencia TC/0192/16
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 31 de mayo de 2016 · Expediente TC-05-2015-0239
recurso de revisión constitucional de amparo incoado por los señores Félix Del Rosario (Kike), Santiago De La Cruz, Carlos Antonio Valera y Jenny Melo contra la Sentencia núm. 626-2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el seis (6) de julio de dos mil quince (2015).
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Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0192/16?
El recurso fue interpuesto dentro del plazo legal y tenía especial trascendencia constitucional porque permitía precisar la aplicación del debido proceso en las relaciones entre particulares. Los directivos de la asociación tenían legitimación pasiva como sus representantes, pero solo Jesús Tavarez Guillermo y Ramón Santos Pichardo Gutiérrez acreditaron su condición de miembros y, por tanto, su legitimación activa. Ordenar la restitución de quienes nunca habían sido miembros desnaturalizó la prueba y vició sustancialmente la motivación de la sentencia. Por ello, el Tribunal la anuló y conoció directamente la acción de amparo por economía procesal (TC/0192/16, numeral 9, a–b, pág. 15; numeral 9, c–d, pág. 15; numeral 10, d, pág. 17; numeral 10, e–f, pág. 19; numeral 10, g, pág. 19; numeral 10, h–i, pág. 20; numeral 10, k–m, pág. 21).
La libertad de asociación protege frente a la exclusión arbitraria. Aunque las asociaciones privadas pueden establecer su propio régimen disciplinario, deben ejercerlo con las garantías del debido proceso del artículo 69 de la Constitución. Suspender indefinidamente a los dos miembros sin informarles las causas de la sanción, pese a sus reiteradas solicitudes, vulneró esas garantías: no se identificaron las reglas infringidas ni el procedimiento seguido, y la falta de un plazo convirtió la suspensión, en la práctica, en una expulsión. El deber de informar las causas deriva del debido proceso, no del régimen de acceso a la información pública. Procedía, por tanto, levantar la suspensión y restituir las rutas, sin impedir que la asociación ejerciera su potestad disciplinaria con observancia del debido proceso (TC/0192/16, numeral 10, n, pág. 22; numeral 10, o–q, pág. 22; numeral 10, r–t, pág. 23; numeral 10, v, pág. 25).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo acoge en cuanto al fondo y anula la Sentencia núm. 626-2015. Acoge el amparo de Jesús Tavarez Guillermo y Ramón Santos Pichardo Gutiérrez, excluye a Samuel Poueriet Cedano y Job José Lorenzo Mariñez, ordena el cese de la suspensión y la restitución de las rutas de los dos primeros, e impone a los accionados una astreinte de RD$10,000 por cada día de retardo en favor del Cuerpo de Bomberos del municipio Higüey; declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“La tutela de un derecho fundamental solo puede ser perseguida por su titular, a quien le incumbe exclusivamente la legitimación activa para interponer la acción de amparo, en vista del interés personal, legítimo y directo que le asiste.” (TC/0192/16, numeral 10, k–m, pág. 21).
“En ese tenor, las asociaciones y demás personas jurídicas de derecho privado se encuentran sujetas al orden constitucional y al respeto de los principios y garantías fundamentales que impone.” (TC/0192/16, numeral 10, o–q, pág. 22).
“La vulneración verificada en la especie no solo viene dada por la falta de motivación de la sanción disciplinaria establecida, sino por la indeterminación de la vigencia de la misma, puesto que al establecerse “por tiempo indefinido”, se desnaturaliza el carácter provisional que define a la suspensión y equivale prácticamente a una expulsión de los referidos asociados.” (TC/0192/16, numeral 10, r–t, pág. 23).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 47 (libertad de asociación), 69 (debido proceso) y 72, in fine (gratuidad); artículo 49, descartado como fundamento del deber de informar en este caso.
Ley núm. 137-11: artículos 4 (publicación), 7.6 y 66 (gratuidad), 93 (astreinte), 95 (plazo de revisión) y 100 (especial trascendencia o relevancia constitucional).
Ley núm. 200-04: descartada como aplicable a la información sobre la sanción interna.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0007/2012, TC/0071/13, TC/0185/13, TC/0012/14, TC/0127/14, TC/0201/13 y TC/0274/14, TC/0048/12; sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, expediente núm. 01017-2012-PA-TC.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme al legajo que integra el expediente y los alegatos promovidos por las partes, el conflicto tiene su origen en la suspensión y el retiro o congelación de las rutas de transporte correspondientes a los señores Samuel Poueriet Cedano, Jesús Tavarez Guillermo, Job José Lorenzo Mariñez y Ramón Santos Pichardo Gutiérrez, de la Asociación de Taxista Berón, Bávaro, Punta Cana y Zonas Aledañas (Taxi Turístico Berón), dirigida por los señores Félix Del Rosario (Kike), Santiago De La Cruz, Carlos Antonio Valera y Jenny Melo. Ante dicha circunstancia, así como la alegada violación a los estatutos de dicha asociación por parte de los mencionados dirigentes, los señores Samuel Poueriet Cedano, Jesús Tavarez Guillermo, Job José Lorenzo Mariñez y Ramón Santos Pichardo Gutiérrez incoaron una acción de amparo que fue acogida mediante la Sentencia núm. 626-2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el seis (6) de julio de dos mil quince (2015), en virtud de la cual se ordena restituirlos a su condición de miembros de la indicada asociación. No conforme con dicha decisión, los señores Félix Del Rosario (Kike), Santiago De La Cruz, Carlos Antonio Valera y Jenny Melo incoaron el presente recurso de revisión.
9. Admisibilidad del recurso de revisión de amparo
Sobre la admisibilidad del presente recurso de revisión, este tribunal constitucional expone lo siguiente:
a) En primer lugar, cabe señalar que la referida sentencia núm. 626-2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el seis (6) de julio de dos mil quince (2015), fue notificada el nueve (9) de julio de dos mil quince (2015), mediante el Acto núm. 1058/2015, instrumentado por el ministerial Francisco Guerrero, alguacil ordinario de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia. En este sentido, el presente recurso interpuesto el dieciséis (16) de julio de dos mil quince (2015), se encuentra dentro del plazo previsto en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.
b) Resuelto lo anterior, procede determinar si el presente caso cumple con el requisito de admisibilidad establecido en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que de manera taxativa y específica la sujeta (…) a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
c) Este tribunal ha fijado su posición respecto de la especial trascendencia o relevancia constitucional en su Sentencia TC/0007/2012, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), en la que se expone que tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
d) Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, se concluye que el presente recurso de revisión tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que le permitirá a este tribunal pronunciarse sobre la aplicación del debido proceso a las relaciones inter privatos y la sujeción de las personas jurídicas de derecho privado a los principios, valores y disposiciones constitucionales.
10. Sobre el fondo del presente recurso de revisión
Sobre el presente recurso de revisión constitucional, el Tribunal Constitucional hace las siguientes consideraciones:
a) En la especie, este tribunal ha sido apoderado de un recurso de revisión constitucional de amparo contra la Sentencia núm. 626-2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el seis (6) de julio de dos mil quince (2015), que acoge la acción de amparo incoada por los señores Samuel Poueriet Cedano, Jesús Tavarez Guillermo y Job José Lorenzo Mariñez, contra los señores Félix Del Rosario (Kike), Santiago De La Cruz, Carlos Antonio Valera y Jenny Melo, dirigentes de la Asociación de Taxista Verón, Bávaro, Punta Cana y Zonas Aledañas (Taxi Turístico Verón), a fin de obtener el reintegro como miembro de dicha asociación y sus respectivas rutas de transporte turístico.
b) Para sustentar sus pretensiones, los recurrentes promueven los siguientes medios o motivos: i) vulneración al principio de congruencia procesal; ii) violación al debido proceso por ausencia de motivación de la sentencia recurrida; iii) incorrecta ponderación de las pruebas y valoración de los elementos que fundamentaron la sentencia, en lo relativo a las calidades de las partes; medio que requiere ser analizado en primer lugar, por razones de orden lógico procesal.
c) Los recurrentes sostienen una incorrecta ponderación de las pruebas y valoración de los elementos que fundamentaron la sentencia, bajo el entendido de que el juez de amparo debió valorar que los accionantes están pidiendo una restitución a una institución con personalidad jurídica propia, razón ésta por la que debió ponderar y verificar los estatutos de la Asociación de Taxista Berón, Bávaro, Punta Cana y Zonas Aledañas (Taxi Turístico Berón), para verificar si estos estaban reclamando a persona con calidad de restituirlo; si la calidad alegada dentro de la institución era ostentada por los accionantes y si la misma había sido puesta en causa para que se detenga las acciones que supuestamente sus directivos estaban cometiendo en contra de los accionantes.
d) En efecto, en el expediente figura la fotocopia de los estatutos de la Asociación de Taxistas Turísticos de Berón, Bávaro, Punta Cana y Zonas aledañas, Inc., (Taxi Turístico Berón), organización sin fines de lucro, debidamente constituida bajo las disposiciones de la Ley núm. 122-05, 1 que tiene dentro de sus objetivos, el de promover por todos los medios la organización de los taxistas turísticos en la zona de Bávaro, Punta Cana, Juanillo y demás áreas. Conforme se verifica en los demás documentos que integran el expediente, dicha organización está dirigida por los señores Félix Del Rosario (Kike), Santiago De La Cruz, Carlos Antonio Valera y Jenny Melo, contra los cuales fue incoada la referida acción de amparo, por lo que 1 Para la Regulación y Fomento de las Asociaciones sin fines de lucro, de fecha ocho (8) de abril d dos mil cinco (2005). cuentan con la legitimación pasiva en dicho proceso como miembros de la junta directiva y representantes de dicha asociación. Estos aspectos fueron válidamente abordados en la citada sentencia núm. 626/2015, tal como se comprueba en los fundamentos que se transcriben a continuación: Que en el presente proceso actúan como accionados los señores FÉLIX DEL ROSARIO (KIKE), SANTIAGO DE LA CRUZ SANTANA, CARLOS ANTONIO VALERA Y JENNY MELO. De la documentación que conforma el dossier de documentos que conforma el presente proceso se puede establecer que fue depositada por las partes el Acta de Asamblea General de Propietarios de la ASOCIACION DE TAXISTA VERON BAVARO PUNTA CANA Y ZONAS ALEDAÑAS, celebrada en fecha cinco (05) de marzo del año 2010, donde se hace constar que los señores FÉLIX DEL ROSARIO, es el Secretario General de la ASOCIACION DE TAXISTA VERON BAVARO PUNTA CANA Y ZONAS ALEDAÑAS, SANTIAGO DE LA CRUZ SANTANA, es el Presidente del Tribunal Disciplinario, CARLOS VALERA, secretario de Prensa y Propaganda y JENNY MELO, Secretaria de Organización, asimismo que conforme asamblea celebrada en fecha 16 de febrero del año 2014, el Tribunal Disciplinario de dicha institución está conformado por los señores Darío Javier, Presidente, Gertrudis Peguero Reyes, Secretaria, Narciso Santana, Fiscal, Pedro Corporán, miembro y Richard Antonio Calderón, miembro. Analizadas dichas actas conjuntamente con las comunicaciones de suspensión remitidas a los accionados, en las cuales se les informa su suspensión, se puede determinar que estas comunicaciones fueron firmadas por los señores Darío Javier, Narciso Santana y Richard Antonio Calderón, todos miembros del tribunal disciplinario, de lo cual se establece que la parte accionada ha probado el vínculo jurídico que los une con los accionados, toda vez que fueron estos quienes firmaron, como miembros del tribunal disciplinario de la entidad ASOCIACION DE TAXISTA VERON BAVARO PUNTA CANA Y ZONAS ALEDAÑAS.
e) Lo contrario ocurre en la valoración hecha por el juez de amparo sobre la legitimación activa de los accionantes. Al respecto, este tribunal ha comprobado que entre los accionantes en amparo, solo los señores Jesús Tavarez Guillermo y Ramón Santos Pichardo Gutiérrez, ostentan la condición de miembros de la Asociación de Taxista Berón, Bávaro, Punta Cana y Zonas Aledañas, tal como figura en el listado certificado de miembros afiliados que consta en el expediente. Con relación dichos miembros figura las respectivas comunicaciones del primero (1 ro ) de junio de dos mil quince (2015), mediante la cual el Tribunal Disciplinario, integrado por los señores Narciso Rincón Santana, Richard Antonio Calderón y Darío Javier Ávila, les comunica su suspensión de manera indefinida de la asociación, “en virtud de haber Violentado las reglas Disciplinarias que rigen nuestra Asociación”.
f) Adicionalmente, es preciso señalar que el juez de amparo no hizo ningún pronunciamiento en cuanto al accionante Ramón Santos Pichardo Gutiérrez, ni en las motivaciones ni en el dispositivo de la sentencia recurrida.
g) En cuanto al accionante Samuel Poueriet Cedano, figura el contrato de servicio de transporte de personal, del veinticinco (25) de noviembre de dos mil catorce (2014), suscrito con el señor Ignacio Martínez González, quien le alquila una ruta de dicha asociación identificada con la ficha núm. 168. En dicho documento cuya copia fue aportada por los accionantes, hoy recurridos, consta expresamente que la Asociación de Taxi Turístico Berón no forma parte del contrato, por lo que no existe ninguna vinculación de dependencia con la misma. Al respecto, también fue aportado el acto de notificación de rescisión de contrato, del veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015) mediante el cual, el señor Ignacio Martínez González le comunica al señor Samuel Poueriet Cedano la rescisión en un plazo de 30 días del contrato antes descrito, acogiéndose a las disposiciones de su artículo tercero, párrafo I, en el cual se establece que la primera parte se reserva el derecho y la facultad de ponerle fin al presente contrato previo a la llegada del término, sin incurrir en responsabilidad, avisándole a la segunda parte con al menos treinta (30) días de anticipación sobre su interés de rescindirlo. En consecuencia, el señor Samuel Poueriet Cedano no ostenta la calidad de miembro de la citada asociación y, por tanto, no cuenta con la legitimación activa para la referida acción de amparo.
h) En relación con el señor Job José Lorenzo Mariñez, figura el contrato de servicio de transporte de personal, del veintidós (22) de octubre de dos mil catorce (2014), suscrito con la señora Bartolina De La Rosa Castillo, quien le alquila una ruta que le pertenece en dicha asociación. En dicho documento cuya copia fue aportada por los accionantes, hoy recurridos, consta expresamente que la Asociación de Taxi Turístico Berón no forma parte del contrato, por lo que no existe ninguna vinculación de dependencia con la misma. En ese tenor, el señor Job José Lorenzo Mariñez tampoco ostenta la calidad de miembro de la citada asociación y, por tanto, no cuenta con la legitimación activa para la referida acción de amparo.
i) Acorde con lo anterior, constituye una desnaturalización e incorrecta valoración de la documentación aportada, disponer la restitución de los señores Samuel Poueriet Cedano y Job José Lorenzo Mariñez como miembros de la citada asociación, cuando nunca ostentaron esa condición; más bien lo correcto era disponer su exclusión de la indicada acción de amparo que procuraba esos fines. En tal virtud, al comprobarse la existencia de un vicio sustancial que lesiona la motivación de la sentencia recurrida, procede su revocación y conocer la acción de amparo de que se trata, en aplicación del principio de economía procesal y siguiendo el criterio establecido en el precedente contenido en la Sentencia TC/0071/13. 2
j) En la especie, los señores Samuel Poueriet Cedano, Jesús Tavarez Guillermo, Job José Lorenzo Mariñez y Ramón Santos Pichardo Gutiérrez incoaron una acción de amparo contra los señores Félix Del Rosario (Kike), Santiago De La Cruz, Carlos Antonio Valera y Jenny Melo, en sus respectivas calidades de dirigentes de la Asociación de Taxista Verón, Bávaro, Punta Cana y Zonas Aledañas (Taxi Turístico Verón), a los fines de tutelar sus derechos fundamentales alegadamente vulnerados con motivo de su suspensión como miembros de la mencionada organización, sin 2 Y reiterado constantemente en otras, tales como las sentencias TC/0185/13, TC/0012/14 y TC/0127/14. que hasta la fecha les hayan suministrado las causas que dieron origen a tal sanción; información que fue reiteradamente requerida sin obtener respuesta. En ese sentido, los accionantes solicitan ser reintegrados como miembros de la asociación y en sus respectivas rutas de transporte.
k) Como medio de inadmisión, la parte accionada plantea en primer orden la falta de calidad de los accionantes, aspecto que ya fue ponderado por este tribunal en los fundamentos que anteceden, concluyendo que solo procede la exclusión en la acción de los señores Samuel Poueriet Cedano y Job José Lorenzo Mariñez, por no ostentar la calidad de miembros de la Asociación de Taxista Verón, Bávaro, Punta Cana y Zonas Aledañas (Taxi Turístico Verón), ni otra vinculación contractual con la misma. La tutela de un derecho fundamental solo puede ser perseguida por su titular, a quien le incumbe exclusivamente la legitimación activa para interponer la acción de amparo, en vista del interés personal, legítimo y directo que le asiste. Situación distinta ocurre con los accionantes Jesús Tavarez Guillermo y Ramón Santos Pichardo Gutiérrez, quienes por las razones previamente establecidas cuentan con la legitimación activa para interponer la presente acción. En tal sentido, procede rechazar el indicado medio de inadmisión, cuestión que se decide sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente sentencia.
l) Por consiguiente, los accionados plantean la inadmisibilidad de la acción, por carecer de fundamento jurídico, al no quedar establecido el derecho fundamental alegadamente vulnerado en perjuicio de los accionantes.
m) En respuesta al planteamiento que antecede, este tribunal ha verificado que los hechos y argumentos invocados por los accionantes en amparo a los fines de demostrar que su expulsión fue realizada de manera arbitraria, conducen necesariamente no solo a sustentar la violación a su derecho de asociación (invocado expresamente) sino también al debido proceso; por lo que procede rechazar el indicado medio propuesto por los accionados, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente sentencia.
n) Entrando en el análisis del fondo de la acción, este tribunal ha constatado que mediante las respectivas comunicaciones del primero (1 ro ) de junio de dos mil quince (2015), el Tribunal Disciplinario de la Asociación de Taxista Verón, Bávaro, Punta Cana y Zonas Aledañas (Taxi Turístico Verón), integrado por los señores Narciso Rincón Santana, Richard Antonio Calderón y Darío Javier Ávila, fueron suspendidos los miembros, Jesús Tavarez Guillermo y Ramón Santos Pichardo Gutiérrez, de manera indefinida de la asociación, “en virtud de haber Violentado las reglas Disciplinarias que rigen nuestra Asociación”. No se expresan en el contenido de las respectivas comunicaciones ni en otra documentación, cuáles reglas resultan violadas por dichos miembros ni el procedimiento disciplinario llevado a cabo para imponer tal sanción. Esto requiere puntualizar que el derecho fundamental al debido proceso de origen estrictamente judicial se ha ido extendiendo no solo a las actuaciones administrativas de las entidades estatales, sino también al interior de las instituciones privadas (debido proceso inter privatos). Al respecto, conviene reiterar lo expresado por este tribunal constitucional, en la Sentencia TC/0201/13, 3 señalando que: Las garantías mínimas que, de acuerdo con el artículo 69 de la Constitución dominicana, conforman el debido proceso, sirven para definir el tipo de proceso respecto del cual debe exigirse su aplicación. Su análisis permite la conclusión, en consonancia con la jurisprudencia constitucional comparada, de que en sede administrativa su aplicación deberá ser exigida en los procedimientos administrativos sancionatorios y en aquellos que puedan tener como resultado la pérdida de derechos de las personas.
o) En ese tenor, las asociaciones y demás personas jurídicas de derecho privado se encuentran sujetas al orden constitucional y al respeto de los principios y garantías fundamentales que impone. Así también lo ha entendido la jurisprudencia constitucional comparada al expresar que 3 Dictada el trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013). las asociaciones se encuentran obligadas a observar una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, cuyo cumplimiento garantiza que el procedimiento o proceso en el cual se encuentra comprendida una persona pueda ser considerado justo, tales como las manifestaciones de los derechos de defensa, a la doble instancia, a la motivación de resoluciones judiciales u otro atributo fundamental, debiéndolo incorporar a la naturaleza especial de los procesos particulares que hubieran establecido. 4
p) La libertad de asociación, reconocida en el artículo 47 de la Constitución dominicana, como el derecho que tiene toda persona “de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley”, implica también la libertad para constituir asociaciones o de pertenecer a ellas libremente, la de no asociarse, la de desafiliarse y la de no ser excluido de manera arbitraria.
q) Acorde con lo anterior, cabe reconocer la facultad de autoorganización que tiene toda asociación mediante sus estatutos, en cuyo contenido se puede establecer un régimen disciplinario, vinculante a todos sus miembros, que tipifique las faltas y sus sanciones correspondientes, así como el procedimiento para determinar el grado de responsabilidad, cuya validez estará siempre sujeta al cumplimiento de las garantías del debido proceso.
r) En vista de la equivalencia existente entre la protección de los derechos fundamentales de los justiciables y los derechos del asociado, constituye una franca vulneración al debido proceso la suspensión por tiempo indefinido de los referidos accionantes sin informarles las causas que dieron lugar a tal sanción, no obstante haberlo requerido reiteradamente. Así lo ha considerado este tribunal en el precedente contenido en la Sentencia TC/0274/14, 5 señalando que: “La expulsión de un miembro de un sindicato y de cualquier organización, sin darle la oportunidad de 4 Sentencia del Tribunal Constitucional de Perú, recaída sobre el Expediente No. 01017-2012-PA-TC, del veinticinco (25) de octubre de dos mil trece (2013) 5 Dictada el veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014). que pueda defenderse, constituye una violación al artículo 69 de la Constitución, en el cual se consagran las garantías del debido proceso”.
s) Esa violación al derecho a la información, en cuanto integra el contenido esencial del debido proceso, se vislumbra en el contexto del artículo 69 de la Constitución, y no de su artículo 49 ni la Ley núm. 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, como erróneamente invocan los accionantes, toda vez que dicha vulneración se ha producido en el ámbito de las relaciones internas entre los asociados de una entidad de carácter privado.
t) La vulneración verificada en la especie no solo viene dada por la falta de motivación de la sanción disciplinaria establecida, sino por la indeterminación de la vigencia de la misma, puesto que al establecerse “por tiempo indefinido”, se desnaturaliza el carácter provisional que define a la suspensión y equivale prácticamente a una expulsión de los referidos asociados.
u) Adicionalmente, los accionantes han solicitado la imposición de un astreinte ascendente al monto de cuarenta mil pesos dominicanos ($40,000.00) por cada día de retardo en el cumplimiento de la sentencia a intervenir, conforme lo establecido en el artículo 93 de la Ley núm. 137-11. Es pertinente destacar que este tribunal constitucional, en su Sentencia TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), estableció: La naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado; b) En esa línea, el Tribunal podría, más aun, procurar que la señalada reparación se realice no ya de forma indirecta, a través de las vías señaladas en el párrafo anterior, sino directamente, a través de instituciones específicas, en este caso estatales y preferiblemente dedicadas a la solución de problemas sociales que tengan vinculación y afinidad con el tema que es objeto de la sentencia en la que se dispone la astreinte. En aplicación a dicho criterio, procede acoger por un monto menor la solicitud de imposición de astreinte formulada por los accionantes, en la forma que se indicará en el dispositivo de la presente decisión.
v) Una vez comprobada la violación al debido proceso en perjuicio de los accionantes, Jesús Tavarez Guillermo y Ramón Santos Pichardo Gutiérrez, procede acoger la indicada acción de amparo, ordenando el cese de la suspensión de dichos miembros de la Asociación de Taxista Verón, Bávaro, Punta Cana y Zonas Aledañas (Taxi Turístico Verón) y la restitución de sus correspondientes rutas de transporte, sin desmedro del ejercicio del régimen disciplinario adoptado estatutariamente por dicha organización, en cumplimiento pleno al debido proceso establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; e Idelfonso Reyes, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto particular de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las argumentaciones de hecho y de derecho expuestas precedentemente, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de amparo presentado por los señores Félix Del Rosario (Kike), Santiago De La Cruz, Carlos Antonio Valera y Jenny Melo contra la Sentencia núm. 626-2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el seis (6) de julio de dos mil quince (2015).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso y, en consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. 626-2015, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de La Altagracia el seis (6) de julio de dos mil quince (2015), por los motivos expuestos.
TERCERO: ACOGER, en cuanto al fondo, la acción de amparo incoada por los señores Jesús Tavarez Guillermo y Ramón Santos Pichardo Gutiérrez, contra los señores Félix Del Rosario (Kike), Santiago De La Cruz, Carlos Antonio Valera y Jenny Melo, dirigentes de la Asociación de Taxista Verón, Bávaro, Punta Cana y Zonas Aledañas (Taxi Turístico Verón), por haber vulnerado el debido proceso consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República, y EXCLUIR, de la indicada acción a los señores Samuel Poueriet Cedano y Job José Lorenzo Mariñez, por los motivos expuestos.
CUARTO: DISPONER el cese de la suspensión de los señores Jesús Tavarez Guillermo y Ramón Santos Pichardo Gutiérrez, de la Asociación de Taxista Verón, Bávaro, Punta Cana y Zonas Aledañas (Taxi Turístico Verón) y la restitución de sus correspondientes rutas de transporte; sin desmedro del ejercicio del régimen disciplinario adoptado estatutariamente por dicha organización, en cumplimiento pleno al debido proceso establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República.
QUINTO: IMPONER a la parte accionada, señores Félix Del Rosario (Kike), Santiago De La Cruz, Carlos Antonio Valera y Jenny Melo, un astreinte de diez mil pesos dominicanos con 00/100 ($10,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, en favor del Cuerpo de Bomberos del municipio Higüey.
SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución, y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11.
SEPTIMO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a los recurrentes, señores Félix Del Rosario (Kike), Santiago De La Cruz, Carlos Antonio Valera y Jenny Melo; y a la parte recurrida, señores Samuel Poueriet Cedano, Jesús Tavarez Guillermo y Job José Lorenzo Mariñez.
OCTAVO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0192/16, del 31 de mayo de 2016. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0192-16. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.