Sentencia TC/0205/20

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 14 de agosto de 2020 · Expediente TC-01-2018-0032

Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad incoada por el Colegio Dominicano de Notarios contra la Resolución núm. 21/2018, que aprueba el Reglamento sobre Registro de Actos Notariales y sus equivalentes emitida por el Consejo del Poder Judicial el seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de competencia · Principio de jerarquia · Principio de legalidad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0205/20?

El Colegio Dominicano de Notarios tiene legitimación activa porque está constituido y registrado conforme a la ley y sus funciones de defensa de los derechos de los notarios y de asesoría al Estado en materia notarial guardan relación con los efectos de la resolución impugnada. El Tribunal considera inadmisibles, por ser cuestiones de mera legalidad, los reproches que solo señalan discrepancias entre la resolución y la Ley núm. 140-15, sin identificar una infracción constitucional. Esa inadmisión parcial no impide el examen de los demás reproches de constitucionalidad (TC/0205/20, numeral 10, o, pág. 22; TC/0205/20, numeral 10, 10.3, pág. 23; TC/0205/20, numeral 11, a–7.2, pág. 26; TC/0205/20, numeral 11, 11.6, pág. 27).

La potestad reglamentaria no se presume y, cuando la atribuye la ley, debe ejercerse dentro de los límites de la habilitación expresa. El artículo 64 de la Ley núm. 140-15 faculta al Consejo del Poder Judicial para reglamentar el funcionamiento del registro de testamentos y poderes, no el de todos los actos notariales y sus equivalentes. El artículo 52 encomienda a la Suprema Corte de Justicia vigilar y supervisar la función notarial mediante los mecanismos que ella establezca; al Consejo le corresponde auxiliarla, no asumir esa atribución. Al extender el reglamento más allá de su competencia, el Consejo vulneró los artículos 4, 6 y 73 de la Constitución, lo que acarrea la nulidad de pleno derecho de la resolución y hace innecesario examinar los demás medios de inconstitucionalidad (TC/0205/20, numeral 12, 12.2.4–12.2.5, pág. 29; TC/0205/20, numeral 12, 12.2.9–12.2.11, pág. 32; TC/0205/20, numeral 12, 12.2.16–12.3.1, pág. 34).

Decisión

El Tribunal admite en cuanto a la forma la acción directa, la acoge en cuanto al fondo y declara inconstitucional y nula la Resolución núm. 21/2018 por violación de los artículos 4, 6 y 73 de la Constitución. Declara el proceso libre de costas y ordena comunicar la sentencia y publicarla en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Citas textuales clave

“La potestad reglamentaria no puede ser asumida sin una norma que expresamente faculte a la Administración para ello.” (TC/0205/20, numeral 12, 12.2.4–12.2.5, pág. 29)
“El reglamento se encuentra subordinado absolutamente a la ley, de ahí que no puede alterarla porque si lo hace vulnera los principios de legalidad y de jerarquía normativa.” (TC/0205/20, numeral 12, 12.2.9–12.2.11, pág. 32)
“La nulidad de pleno derecho no se convalida ni se subsana por paso del tiempo, sino que es permanente o definitiva.” (TC/0205/20, numeral 12, 12.2.9–12.2.11, pág. 32)

Normas interpretadas

Constitución dominicana: artículos 2, 4, 6, 7, 69.10, 73, 138, 139, 146 y 185.1.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6 y 37.

Ley núm. 140-15: artículos 5, 52 y 64.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0345/19, TC/0013/12, TC/0032/12, TC/0415/15, TC/0322/14, TC/0240/17 y TC/0599/15.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

10. Legitimación activa o calidad de la accionante

10.1. La legitimación activa o calidad que deben ostentar las personas físicas o jurídicas para poder interponer una acción directa de inconstitucionalidad está señalada en las disposiciones de los artículos 185.1 de la Constitución y 37 de la Ley núm. 137-11, que confieren dicha condición a toda persona revestida de un interés legítimo y jurídicamente protegido.

10.2. Respecto de la legitimación para interponer acciones directas de inconstitucionalidad este tribunal, mediante el precedente TC/0345/19, del dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019), dispuso lo siguiente:

n. Por tanto, es imperativo recordar que la acción directa de inconstitucionalidad supone un proceso constitucional instituido para que la ciudadanía, profesando su derecho a participar de la democracia de acuerdo con las previsiones de las cláusulas de soberanía popular y del Estado social y democrático de derecho preceptuadas en los artículos 2 y 7 de la Constitución dominicana, tenga la oportunidad ─real y efectiva─ de controlar la constitucionalidad de aquellas leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y actos que contravengan el contenido de nuestra Carta Política; esto, ante este tribunal constitucional, a fin de preservar la supremacía constitucional, el orden constitucional y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

TC/0205/20, numeral 10, 10.1–n, pág. 22 — PDF oficial

o. En efecto, de ahora en adelante tanto la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que interponga una acción directa de inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido, se presumirán en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución dominicana. Esta presunción, para el caso de las personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la persona goza de sus derechos de ciudadanía. En cambio, cuando se trate de personas jurídicas, dicha presunción será válida siempre y cuando el Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y registradas de conformidad con la ley y en consecuencia, se trate de una entidad que cuente con personería jurídica y capacidad procesal 17 para actuar en justicia, lo que constituye un presupuesto a ser complementado con la prueba de una relación existente entre su objeto o un derecho subjetivo del que sea titular y la aplicación de la norma atacada, justificando, en la línea jurisprudencial ya establecida por este tribunal 18 , legitimación activa para accionar en inconstitucionalidad por apoderamiento directo.

TC/0205/20, numeral 10, o, pág. 22 — PDF oficial

10.3. En el presente caso, a partir de lo establecido en los textos indicados precedentemente, este tribunal constitucional entiende que el Colegio Dominicano de Notarios tiene calidad para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, en razón de que dicha entidad se encuentra constituida y registrada de conformidad con la Ley, y porque según el artículo 5 de la Ley núm. 140-15 del Notariado, que instituye el Colegio Dominicano de Notarios, del doce (12) de agosto de dos mil quince (2015), tiene como fin esencial “organizar y procurar la unidad de los notarios de la República Dominicana, defender sus derechos y promover la dignidad y el respeto en ocasión del ejercicio de la función notarial” y le corresponde “prestar asesoría a los órganos del Estado dominicana de manera espontánea o por requerimientos de éstos, en todo lo relativo a la materia notarial”. Es decir, que siendo sus funciones precisamente las de defensa de los derechos de los notarios y la de prestar asesoría en dicha materia al Estado, se verifica que tiene un interés legítimo y jurídicamente protegido en este caso, por los presuntos perjuicios que, de ser ciertos, la resolución atacada provocaría al ejercicio de la función notarial.

TC/0205/20, numeral 10, 10.3, pág. 23 — PDF oficial

11. Análisis del medio de inadmisión planteado

11.1. El Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana solicitó en su opinión, en cuanto a la forma, que se declare inadmisible la presente acción directa de inconstitucionalidad contra la Resolución núm. 21/2018 por encontrarse fundamentada en motivos de legalidad ordinaria. Alega al respecto que los motivos de inconstitucionalidad argüidos se resumen en una controversia directa de normas infraconstitucionales que mantienen una tensión de jerarquía entre sus rangos respectivos, es decir, que contradicen disposiciones legales.

11.2. Contrario a lo alegado, este tribunal considera que la parte accionante fundamenta su acción en que la resolución impugnada violenta el principio de separación de poderes, de legalidad y de razonabilidad, así como el principio de seguridad jurídica a partir de un juicio abstracto de la norma y no de mera legalidad, como aduce el Consejo del Poder Judicial; esto se desprende de su instancia, y especialmente, puede observarse, entre otros, en los siguientes argumentos planteados: iii. Desnaturaliza la finalidad del Registro de los actos, y procura convertir a los Tribunales de Primera Instancia en Registradores de Actos Notariales, actuación que tiene además un fin recaudador, pues la indicada medida implica un tributo disfrazado de tasa de por servicio (ver numeral 4 del artículo 15 de la Resolución), lo cual según lo establecido por el artículo 93 numeral 1, letra a, es competencia del Congreso Nacional "establecer los impuestos, tributos o contribuciones generales y determinar el modo de su recaudación e inversión”. (sic)

TC/0205/20, numeral 11, 11.1–11.2, pág. 24 — PDF oficial

d) Lesiona los derechos de los usuarios de los servicios notariales, ya que encárese las actuaciones y crea una burocracia innecesaria en los procesos, careciendo estas disposiciones de utilidad, necesidad y de idoneidad. Es de rigor destacar que los actos auténticos, con excepción de los relativas a transferencias, gravamen, afectación o que entrañen una actuación relacionada con inmuebles registrados (párrafo II artículo 44 de la Ley 140-15); deben ser registrados en la Oficina de Registro Civil o Conservaduría de hipotecas territorialmente competente, por lo que ahora se le pretende añadir otro registro, con sus consecuentes gastos. (sic)

e) La Resolución de marras trae confusión a la comunidad jurídica, al utilizar el término Acto Notarial y sus equivalentes, como objetos de registro, toda vez, que muchos usuarios e instituciones requerirán que se registren los Actos Bajo Firma Privada, por entender erróneamente que se trata de Actos Notariales, provocando esto inseguridad jurídica y dudas que incrementarán la burocracia, tiempo y costos de los procesos. 24. Al realizar un simple análisis de la Resolución objeto del presente recurso verificamos que el fin buscado con la medida es eminentemente fiscal, puesto que el Consejo de Poder Judicial, procura obtener recursos mediante la interposición de tasas por servicio sobre todas las actuaciones notariales en el país. El medio empleado para obtener estos recursos es lesivo para la colectividad y los usuarios de servicios notariales, puesto que hace más costoso y burocráticos estos procesos. (sic)

11.3. Ahora bien, tiene razón el Consejo del Poder Judicial respecto del siguiente argumento que sostiene el accionante, refiriéndose a la resolución impugnada:

TC/0205/20, numeral 11, d–11.3, pág. 25 — PDF oficial

a. Vulnera las previsiones de la Ley 140-15, ya que la aludida Resolución establece que el plazo del notario para registrar el acto, es de diez (10) días, cuando la ley establece que son cinco (5) días hábiles; así mismo la Resolución que establece que al momento del registro el contenido del acto depositado será transcrito en un formulario, mientras que la ley establece de manera expresa que no será hará figurar el contenido esencial del acto notarial; en ese sentido en el aspecto sancionador ante un eventual incumpliendo en el plazo para el registro, ya que la Resolución establece como sanción dos (2) salarios mínimos mensuales, mientras que la Ley establece cinco (5) salarios mínimos. (ver artículos 3 y 13 de la Resolución 21-2018, y artículo 65 de la Ley 140-15). (sic)

11.4. Como se desprende del párrafo anterior, no se establece claramente cuál es la infracción constitucional cometida, sino que el accionante se limita a identificar las discrepancias existentes respecto del plazo dado al notario para registrar el acto, el contenido del acto que debe ser registrado y el monto de los salarios establecidos como sanción ante el incumplimiento de dicho plazo para el registro, entre lo consagrado en la resolución impugnada y lo establecido en la Ley núm. 140-15.

11.5. Este tribunal desde el precedente TC/0013/12, del diez (10) de mayo de dos mil doce (2012), ha advertido lo siguiente:

7.2. En este sentido cabe precisar que en la presente acción directa en inconstitucionalidad, la parte impugnante se ha limitado a hacer simples alegaciones de “contrariedad al derecho” que son cuestiones de mera legalidad que escapan al control de este tribunal. Cabe recordar que el control de la legalidad de los actos puede ser intentado a través de las vías que la justicia ordinaria o especial ha organizado para ello.

TC/0205/20, numeral 11, a–7.2, pág. 26 — PDF oficial

11.6. En vista de lo anterior, procede acoger parcialmente dicho medio de inadmisión y declarar inadmisible la acción con relación a la alegada vulneración de la Ley núm. 140-15, del Notariado e instituye el Colegio Dominicano de Notarios, del doce (12) de agosto de dos mil quince (2015), y del artículo 139 de la Constitución dominicana, por tratarse de una cuestión de mera legalidad, y rechaza el medio respecto de los demás argumentos sin la necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la sentencia.

TC/0205/20, numeral 11, 11.6, pág. 27 — PDF oficial

12. Análisis de los medios de inconstitucionalidad invocados

12.1. Conforme instancia del once (11) de julio de dos mil dieciocho (2018), el Colegio Dominicano de Notarios interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra la Resolución núm. 21/2018, que aprueba el Reglamento sobre Registro de Actos Notariales y sus equivalentes, emitida por el Consejo del Poder Judicial el seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018), por ser violatoria a la Constitución dominicana en sus artículos 4, 6, 40, numeral 15; 73, 93, numeral 1, letra a y 139. A continuación, este tribunal constitucional procederá a responder cada uno de los medios de inconstitucionalidad planteados.

12.2. Con relación a la invocada declaratoria de inconstitucionalidad de la norma por violación a los artículos 4, 6 y 73 de la Constitución, el cual consagra el principio de separación de poderes, de supremacía constitucional y de legalidad

12.2.1. De acuerdo con el Colegio Dominicano de Notarios, la resolución impugnada desborda la competencia otorgada por la Ley núm. 140-15 al Consejo del Poder Judicial, que fue facultado para la implementación del registro de testamentos y poderes, y no para todos los actos notariales, lo que viola el principio de separación de poderes. Además, que es a la Suprema Corte de Justicia a que le corresponde vigilar y supervisar el correcto ejercicio de la función notarial.

12.2.2. El Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana en cambio, opina que el artículo 52 de la Ley núm. 140-15 le confiere al Poder Judicial una potestad discrecional fuerte para elegir el método que considere más conveniente a la hora de vigilar y supervisar el ejercicio de las funciones notariales. Que en el presente caso, lo hizo por vía del Consejo del Poder Judicial y este último eligió el método más idóneo para dicha misión.

TC/0205/20, numeral 12, 12.1–12.2.2, pág. 27 — PDF oficial

12.2.3. El procurador general adjunto solicita en su opinión que la acción directa de inconstitucionalidad sea rechazada por no configurarse vulneraciones a derechos y garantías constitucionales; argumenta que la Constitución traspasó al Consejo del Poder Judicial todas las funciones administrativas y disciplinarias que eran ejercidas por la Suprema Corte de Justicia. Que la Ley núm. 140-15, del Notariado, establece que la Suprema Corte de Justicia vigilará y supervisará el correcto ejercicio de la función notarial, mediante mecanismos por ella establecidos. Que el Consejo del Poder Judicial está facultado por la Constitución y la Ley para dictar reglamentos para viabilizar el procedimiento ante los tribunales del Poder Judicial y la Ley núm. 28-11 y la misma Ley núm. 140-15 en su artículo 64 párrafo I, respaldan la actuación impugnada. Que el Tribunal Constitucional ha señalado que la potestad reglamentaria es atribuida en principio por la Constitución, pero puede ser atribuida también por el legislador, en cuyo caso queda sujeta al ámbito y condiciones fijados previamente por la ley.

TC/0205/20, numeral 12, 12.2.3, pág. 28 — PDF oficial

12.2.4. Este tribunal constitucional comparte el criterio de la parte accionante en el sentido de que el Consejo del Poder Judicial excede el ejercicio de sus competencias al dictar la Resolución núm. 21/2018, pues si bien es cierto que la Ley núm. 140-15 refiere en su artículo 64 que “el Consejo del Poder Judicial queda facultado para establecer de manera obligatoria, por vía reglamentaria, todo lo relativo al funcionamiento del registro de testamentos y poderes”, no menos cierto es que el reglamento emitido el seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018) por el Consejo del Poder Judicial no solo se limita a establecer todo lo relativo al funcionamiento del registro de testamentos y poderes como habilita la Ley, sino que regula respecto de todos los actos notariales y sus equivalentes, como su propio nombre lo indica.

12.2.5. La potestad reglamentaria no puede ser asumida sin una norma que expresamente faculte a la Administración para ello. El artículo 52 de la mencionada ley núm. 140-15 habilita a la Suprema Corte de Justicia para vigilar y supervisar “el correcto ejercicio de la función notarial, mediante mecanismos por ella establecidos” y auxiliarse “del Consejo del Poder Judicial para cumplir eficientemente con la responsabilidad de vigilar y supervisar el ejercicio de la función notarial”. Las atribuciones del Consejo del Poder Judicial, por ende, no pueden presumirse que se extienden más allá de establecer por vía reglamentaria todo lo relativo al funcionamiento del registro de testamentos y poderes, y de colaborar con la Suprema Corte de Justicia para que esta última cumpla con su responsabilidad de vigilar y supervisar el ejercicio de la función notarial, mediante los mecanismos por ella establecidos.

TC/0205/20, numeral 12, 12.2.4–12.2.5, pág. 29 — PDF oficial

12.2.6. El Tribunal recuerda que en virtud de lo establecido en el artículo 73 constitucional, “son nulos de pleno de derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión o requisición de fuerza armada”. Sin lugar a dudas, este artículo es consecuencia del principio de separación de los poderes del Estado, que busca someter la actuación de los mismos a los principios, normas y valores de la Constitución y las leyes, garantizando así la preservacion del Estado de derecho frente a cualquier tentativa de lesionarlo o desconocerlo.

12.2.7. Cabe resaltar que en el precedente TC/0032/12, del quince (15) de agosto del año dos mil doce (2012), esta alta corte señaló:

7.3 Esta subordinación del reglamento a la ley se debe a que el primero persigue la ejecución de la segunda, desarrollando y completando en detalle las normas contenidas en ella. Por tanto, “el reglamento no puede exceder el alcance de la ley ni tampoco contrariarla, sino que debe respetarla en su letra y espíritu. El reglamento es a la ley lo que la ley es a la Constitución, por cuanto la validez de aquél debe estimarse según su conformidad con la ley. El reglamento es la ley en el punto en que ésta ingresa en la zona de lo ejecutivo; es el eslabón entre la ley y su ejecución, que vincula el mandamiento abstracto con la realidad concreta”.

TC/0205/20, numeral 12, 12.2.6–7.3, pág. 30 — PDF oficial

7.6 La heteronomía de los reglamentos implica no sólo que no pueden expedirse sin una ley previa a cuya pormenorización normativa están destinados, sino que su validez jurídico-constitucional depende de ella en cuanto no deben contrariarla ni rebasar su ámbito de aplicación. A excepción del poder reglamentario autónomo, no puede expedirse un reglamento sin que se refiera a una ley, y se funde precisamente en ella para proveer en forma general y abstracta en lo necesario a la aplicación de dicha ley a los casos concretos que surjan.

12.2.8. En la Sentencia TC/0415/15, del veintiocho (28) de octubre de dos mil quince (2015), en un caso relativo a la potestad reglamentaria del Consejo del Poder Judicial se advirtió igualmente, lo siguiente:

TC/0205/20, numeral 12, 7.6–12.2.8, pág. 30 — PDF oficial

10.3. Entrando al análisis del fondo de la presente acción, es preciso referirse a la potestad reglamentaria y su titularidad. En virtud del principio de separación de los poderes, la potestad normativa es la función que propiamente corresponde al Poder Legislativo; sin embargo, de manera excepcional esta potestad puede resultar atribuida a las otras ramas del poder, incluida aquella en la que se enmarca la Administración, atendiendo a la necesidad de que la misma complete las tareas del legislador a través del establecimiento de una serie de normas complementarias o de desarrollo, en el entendido de que la ley no puede ni debe entrar a regularlo todo. Del universo temático que el legislador tiene que analizar para llevar a cabo la función que la Constitución le encomienda, deriva su imposibilidad práctica de regular todos los detalles que la materialidad de la ley requiera para que se dé cumplimiento efectivo a la norma. De esto surge la denominada potestad reglamentaria, habilitada a la Administración para dictar reglamentos que, en términos generales, se definen como una disposición administrativa de carácter general y de rango inferior a la ley, pero que es auténtico derecho y pasa a integrar el ordenamiento jurídico. (…)

10.10. Acorde con lo anterior, la potestad reglamentaria es atribuida en principio por la Constitución, pero puede ser atribuida también por el legislador, en cuyo caso queda sujeta al ámbito y condiciones fijados previamente por la ley (…)

TC/0205/20, numeral 12, 10.3–10.10, pág. 31 — PDF oficial

12.2.9. Como se observa, el reglamento es un producto de la actividad administrativa cuyas reglas sobre su elaboración, eficacia, validez y límites se establecen en la Constitución y en las leyes. La potestad reglamentaria no se presume, sino que debe estar prevista por la Ley de manera expresa. En el caso que nos ocupa, si bien como alega el Consejo del Poder Judicial y la Procuraduría General de la República, hay un reenvío o remisión normativa por medio de una cláusula general en el artículo 52 de la referida ley núm. 140-15 para que la Suprema Corte de Justicia supervise y vigile la función notarial mediante los mecanismos por ella establecidos, esto no significa que debe presumirse que también se encuentra habilitado el Consejo del Poder Judicial para hacerlo.

12.2.10. El reglamento se encuentra subordinado absolutamente a la ley, de ahí que no puede alterarla porque si lo hace vulnera los principios de legalidad y de jerarquía normativa. Cabe resaltar que cuando la infracción del reglamento se origina por rebasar sus límites jurídicos, especialmente los que derivan de la competencia del órgano que debe adoptarlo, se provoca irremediablemente la invalidez del mismo y en consecuencia, la nulidad de pleno derecho. La nulidad de pleno derecho no se convalida ni se subsana por paso del tiempo, sino que es permanente o definitiva. 1

12.2.11. En fin, por todo lo expuesto procede acoger el medio de inconstitucionalidad y declarar que la Resolución núm. 21/2018, que aprueba el Reglamento de Actos Notariales y sus equivalentes, emitida por el Consejo del Poder Judicial vulnera los principios de competencia, legalidad y de jerarquía normativa establecidos en los artículos 4, 6 y 73 de la Constitución dominicana.

TC/0205/20, numeral 12, 12.2.9–12.2.11, pág. 32 — PDF oficial

12.2.12. Por otro lado, es preciso recordar que si bien la Suprema Corte de Justicia podrá establecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de su responsabilidad de supervisar y vigilar la función notarial encomendada por la Ley núm. 140-15, los reglamentos que dicte para ello deben respetar cuidadosamente los principios de transparencia, participación de los interesados, objetividad, eficacia, coordinación administrativa, buena administración, de legalidad y jerarquía normativa.

12.2.13. Tal como fue precisado por este tribunal en las sentencias TC/0322/14, del veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014) y TC/0240/17, del diecinueve (19) días de mayo de dos mil diecisiete (2017), el derecho al buen gobierno o a la buena administración “se encuentra implícitamente en el texto de nuestra Constitución, específicamente en los artículos 138, 139, y 146, los cuales se han concretizado legalmente” en la Ley núm. 247-12, Orgánica de la Administración Pública, y en la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, plasmando de forma más concreta en nuestro ordenamiento este principio constitucional. 1 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte general, Tecnos, Madrid, 2011, pp. 215 y ss.

TC/0205/20, numeral 12, 12.2.12–12.2.13, pág. 33 — PDF oficial

12.2.14. El derecho a ser oído antes de que se adopten medidas administrativas que les puedan afectar desfavorablemente implica una forma de participación activa de las personas en los procedimientos y/o en la actuación administrativa para que sean escuchadas y puedan expresarse antes de la adopción de decisiones que les afecten. Dicho derecho conlleva que la Administración valore y decida sobre lo planteado por los administrados que pueden resultar afectados, lo que garantiza que pueda adoptar oportunamente las correcciones en el procedimiento o que no se vulneren derechos e intereses legítimos del destinatario de la norma o acto administrativo que se tome.

12.2.15. El derecho de participación en las actuaciones administrativas en que se tenga interés a través de audiencias o de consulta previa constituye otro medio de protección de la tutela y derechos de los que ostentan un interés legítimo. Significa que la Administración debe instar a quienes tengan interés y lo deseen a expresar sus opiniones para que sirvan de fuente de información de la Administración y puedan favorecer así el acierto y oportunidad de la medida que se vaya a adoptar. Se trata de un llamamiento a las personas o colectivos interesados para que puedan intervenir en el procedimiento de adopción de acuerdos antes del dictado del acto administrativo, de modo que su eficacia no se vea disminuida. Esta actuación, propia de una administración dialogante, participativa y respetuosa con los ciudadanos, resulta esencial para el actual Estado social y democrático de derecho como es el caso de República Dominicana.

TC/0205/20, numeral 12, 12.2.14–12.2.15, pág. 34 — PDF oficial

12.2.16. Dada la misión encomendada en el ordenamiento jurídico dominicano al Colegio Dominicano de Notarios, la opinión de este último debe ser escuchada y valorada a la hora de regular todo lo relativo a la función notarial en aras de garantizar el derecho a ser oído y el debido proceso en el ámbito administrativo (artículo 69.10) y el artículo 138 de la Constitución que consagra el derecho a la buena Administración Pública.

12.3. Con relación a la alegada inconstitucionalidad de la norma por violación a los artículos 40 numeral 15 y 93 numeral 1, letra a de la Constitución, los cuales consagran el principio de razonabilidad y de legalidad en materia tributaria

12.3.1. Sobre las demás violaciones imputadas por la parte accionante a la Resolución núm. 21/2018, que aprueba el Reglamento sobre Registro de Actos Notariales y sus equivalentes, emitida por el Consejo del Poder Judicial el seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018), este colegiado considera innecesario que sean objeto de ponderación, en virtud de que la resolución impugnada va a ser declarada inconstitucional mediante esta sentencia, criterio establecido en el precedente TC/0599/15, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil quince (2015). Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0205/20, numeral 12, 12.2.16–12.3.1, pág. 34 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la acción directa de inconstitucionalidad del once (11) de julio de dos mil dieciocho (2018) interpuesta por el Colegio Dominicano de Notarios contra la Resolución núm. 21/2018, que aprueba el Reglamento sobre Registro de Actos Notariales y sus equivalentes, emitida por el Consejo del Poder Judicial el seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la acción y DECLARAR la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución núm. 21/2018, que aprueba el Reglamento sobre Registro de Actos Notariales y sus equivalentes, emitida por el Consejo del Poder Judicial el seis (6) de junio de dos mil dieciocho (2018), por violación a los artículos 4, 6 y 73 de la Constitución dominicana.

TERCERO: DECLARAR el presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

CUARTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante, Colegio Dominicano de Notarios, al Consejo del Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuraduría General de la República.

QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0205/20, del 14 de agosto de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0205-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.