Sentencia TC/0271/21

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 6 de septiembre de 2021 · Expediente TC-05-2020-0098

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Debido proceso administrativo · Principio de legalidad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0271/21?

La habilitación de los comprobantes fiscales para consultas, solicitudes de secuencias y envío de datos no desvirtuó el bloqueo parcial constatado por el juez de amparo. El Tribunal verificó que el mensaje de rechazo de la solicitud provenía de la Oficina Virtual de la DGII. La medida cuestionada no se refería a la modificación de datos de declaraciones juradas, sino al impedimento para emitir y utilizar comprobantes fiscales previamente autorizados, lo que obstaculizó las operaciones de la empresa y el cumplimiento de sus deberes tributarios (TC/0271/21, numeral 11, 11.3–11.4, pág. 19; TC/0271/21, numeral 11, 11.5–11.6, pág. 20; TC/0271/21, numeral 11, 11.12, pág. 23).

La DGII carece de habilitación legal para bloquear comprobantes fiscales, sea en el marco de una investigación o procedimiento sancionador, sea para obligar al contribuyente a cumplir una obligación. El artículo 257 del Código Tributario no contempla ese bloqueo como sanción por incumplimiento de deberes formales. Al imponer una restricción no autorizada por el ordenamiento, la DGII vulneró el debido proceso administrativo, que exige la plena sujeción de la Administración a la ley y al derecho (TC/0271/21, numeral 11, 11.14, pág. 24; TC/0271/21, numeral 11, 11.15, pág. 25; TC/0271/21, numeral 11, 11.17, pág. 26; TC/0271/21, numeral 11, 11.18–11.20, pág. 26).

Decisión

El Tribunal admitió en cuanto a la forma el recurso de revisión de amparo de la DGII, lo rechazó en cuanto al fondo y confirmó la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, que ordenó desbloquear los comprobantes fiscales de Gold Hand Holding, S.R.L. Declaró el recurso libre de costas y ordenó comunicar y publicar la sentencia.

Citas textuales clave

“no existe norma en el ordenamiento jurídico que faculte a la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) a tal actuación” (TC/0271/21, numeral 11, 11.15, pág. 25).
“la violación al derecho fundamental al debido proceso se deriva de la ilegitimidad de las medidas adoptadas por la administración” (TC/0271/21, numeral 11, 11.17, pág. 26).
“la sumisión de las actuaciones administrativas a la ley y al derecho debe ser plena, es decir, cabal, completa y sin excepciones” (TC/0271/21, numeral 11, 11.17, pág. 26).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 69, numerales 7 y 10; 72, parte final; 138 y 243.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 95 y 100.

Ley núm. 11-92 (Código Tributario), modificada por la Ley núm. 495-06: artículos 50, literal k); 254, párrafo I, numeral 16; y 257.

Ley núm. 107-13: artículo 3.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0007/12, TC/0322/14, TC/0667/16, TC/0200/13, TC/0344/14, TC/0619/16 y TC/0304/15. En la cita de TC/0304/15 se reproduce un criterio de la Sentencia C-980 de 2010 de la Corte Constitucional de Colombia.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

Según los documentos que reposan en el expediente y los argumentos de las partes, el litigio tuvo su origen en el bloqueo de los comprobantes fiscales de la empresa Gold Hand Holding por parte de la Dirección General de Impuestos Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Internos (D.G.I.I.), en diciembre de dos mil dieciocho (2018), situación que le motivó a dirigirse a la administración para procurar la habilitación de los comprobantes fiscales; al no lograr su propósito, interpuso una acción de amparo ante la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo que fue acogida mediante la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, del diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019) y que ordenó a la administración desbloquear los comprobantes fiscales. No conforme con la decisión, la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) impugnó en revisión constitucional la referida decisión.

TC/0271/21, numeral 8, pág. 14 — PDF oficial

10. Sobre la admisibilidad del recurso de revisión

10.1 De acuerdo con el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, el recurso de revisión debe interponerse en un plazo de cinco (5) días, contado a partir de la notificación de la Sentencia. Sobre ese particular, en la sentencia TC/0080/12 del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), este Tribunal Constitucional determinó que el referido plazo es franco, por lo que no se computa el día en que fue realizada la notificación -dies a quo- ni el día del vencimiento -dies ad quem-; por su parte, la Sentencia TC/0071/13 del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), interpretó que el plazo en cuestión también es hábil, es decir, que no se computan los días no laborables.

10.2 La Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312 fue notificada a la Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) mediante Acto núm. 390- 2019 del dieciséis (16) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), instrumentado por el ministerial Anneurys Martínez Martínez, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo, y el recurso fue depositado el veinte (20) del mismo mes y año; es decir, que al excluir la fecha en que fue notificada la sentencia recurrida [lunes dieciséis (16)], este Tribunal comprueba que el recurso fue incoado al cuarto día hábil, encontrándose, por consiguiente, dentro del plazo previsto por las normas procesales constitucionales.

TC/0271/21, numeral 10, 10.1–10.2, pág. 15 — PDF oficial

10.3 Conforme al artículo 100 de la Ley núm. 137-11, “la admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”.

10.4 En razón de que la especial trascendencia o relevancia constitucional no fue precisada en la referida ley, este Tribunal estimó necesario determinar los supuestos en los que se encuentra configurada, a saber: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional [ver sentencia TC/0007/12 del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012)].

TC/0271/21, numeral 10, 10.3–10.4, pág. 16 — PDF oficial

10.5 El presente caso reviste de especial trascendencia o relevancia constitucional, pues le permitirá al Tribunal continuar desarrollando su doctrina sobre el derecho al debido proceso administrativo y la observancia de la ley por parte de la Administración Tributaria, en lo que respecta a las restricciones de uso de comprobantes fiscales; razones que conducen a este Colegiado a admitir el recurso y pronunciarse sobre el fondo.

TC/0271/21, numeral 10, 10.5, pág. 17 — PDF oficial

11. Sobre el fondo del recurso de revisión

11.1 Tal como hemos apuntado en los antecedentes, la especie se contrae a un recurso de revisión de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.), con el objeto de que sea revocada la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019), que acogió la acción de amparo interpuesta por Gold Hand Holding, S.R.L. y ordenó a la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) a desbloquear los comprobantes fiscales de la accionante, sobre la base de los razonamientos siguientes: Reposa en el proceso la instancia de solicitud de desbloqueo de comprobantes fiscales de la razón social GOLD HAND HOLDING, S.R.L., de fecha 25/06/2019, dirigida al Departamento de Comprobaciones Fiscales de la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.), donde se retiene que la accionante solicita a la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.), (sic) el desbloqueo Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). de los comprobantes fiscales, también figura la imagen de pantalla que evidencia error al enviar el 606, por lo que es evidente que esta acudió a la instancia correspondiente para estos fines.

TC/0271/21, numeral 11, 11.1, pág. 17 — PDF oficial

De igual forma, constan la certificación GF-DCG-No. 0305-2019, de fecha 09/10/2019, emitida por la propia accionada, Dirección General de Impuestos Internos, así como la certificación GF-DCG-NO. 0263-19, de fecha 03/09/2019, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, (sic) del estudio conjunto de estos documentos se puede colegir que la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.), manifiesta que la empresa GOLD HAND HOLDING, S.R.L., tiene sus comprobantes hábiles para realizar consulta, solicitudes de secuencias y para los envío de datos, no obstante, la parte accionante aportó captura de pantalla de solicitud de entrada al sistema de la razón social GOLD HAND HOLDING, S.R.L., donde se le rechaza la solicitud de acceso a la accionante.

TC/0271/21, numeral 11, 11.1, pág. 17 — PDF oficial

Del estudio de la normativa tributaria aplicada al caso en la especie, se establece que no existe disposición, (sic) que otorgue la facultad a la Dirección General de Impuestos Internos para bloquear el número de comprobantes fiscales de los contribuyentes, que grosso modo resulta ser una arbitrariedad que vulnera el derecho a la libertad de empresa conjugada por la sentencia antes indicada, situación de la que debe ordenarse su cese; que si bien figura depositada en el expediente la certificación GF-DCG-No. 0305-2019, de fecha 09/10/2019, emitida por la Dirección General de Impuestos Internos, mediante la cual se establece que la accionante tiene sus comprobantes fiscales hábiles para realizar consultas, solicitudes de secuencias y para los envíos de datos, estos puntos habilitados para la empresa respecto a sus NCF no abarcan Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). todos los usos aplicados para la empresa a sus NCF, por lo que esta Primera Sala entiende que la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) mantiene un bloqueo parcial en contra de la empresa accionante; motivo por el cual procede acoger la presente acción de amparo y en consecuencia, ordena a la DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS desbloquear de manera inmediata el sistema electrónico de la emisión de comprobantes fiscales respecto a la accionante para que se desarrolle su relación comercial con todas las personas físicas y morales con el correspondiente número de comprobante fiscal (NCF), tal como se hará constar en la parte dispositiva de la presente sentencia.

TC/0271/21, numeral 11, 11.1, pág. 17 — PDF oficial

11.2 Respecto a los motivos que condujeron al juez de amparo a ordenar el desbloqueo y habilitación de los comprobantes fiscales de la parte hoy recurrida en revisión, la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) manifiesta que la decisión es contradictoria por cuanto ordena el desbloqueo de los comprobantes fiscales al tiempo de citar los medios probatorios que dan cuenta de que los mismos se encontraban habilitados al momento de dictar sentencia; la recurrente aduce, además, que el tribunal de amparo invalidó una certificación institucional y tomó en consideración una captura de pantalla de una supuesta imposibilidad o error de envío de formato y no evaluó si dicha captura procedió de la Oficina Virtual de esa institución, pues no presenta el logo que identifica al órgano administrativo.

TC/0271/21, numeral 11, 11.2, pág. 19 — PDF oficial

11.3 Ciertamente, la sentencia recurrida hace referencia a la certificación GF- DCG-No.0305-2019 del nueve (9) de octubre de dos mil diecinueve (2019), librada por Sylvia Báez, subdirectora de Facilitación y Servicios, en la que consta que Gold Hand Holding, S.R.L. tiene sus comprobantes fiscales hábiles para realizar consulta, solicitudes de secuencias y para envío de datos; sin Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). embargo, el juez de amparo ordenó el desbloqueo de los comprobantes fiscales porque, a su juicio, se trataba de una habilitación parcial que no abarcaba todos los usos aplicados para la empresa a sus Números de Comprobantes Fiscales y que, por tanto, la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) mantenía un bloqueo parcial en contra de la accionante. Sobre el particular, este Tribunal estima que, en razón del bloqueo parcial advertido por el juez de amparo, no se verifica la contradicción señalada por la recurrente en la sentencia impugnada y, por consiguiente, rechaza los argumentos planteados.

11.4 Sobre la supuesta falta de correspondencia entre la información contenida en la captura de pantalla y la Oficina Virtual de la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.), se comprueba que el intento de realizar una solicitud a dicha institución relacionada a los comprobantes fiscales pertenecientes a la parte recurrida y fue rechazada por el sistema mediante el mensaje siguiente: “su solicitud no ha podido ser procesada por esta vía. Favor ponerse en contacto con la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios”.

TC/0271/21, numeral 11, 11.3–11.4, pág. 19 — PDF oficial

11.5 Por su parte, la recurrente sostiene que la captura de pantalla no muestra que se pretendiese realizar una solicitud a través de la Oficina Virtual de la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.); argumento, que a nuestro juicio carece de fundamento por cuanto esa institución es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas tributarias en el ámbito de su competencia, esto, en adición a que la actuación oficiosa de este tribunal permitió confirmar que el número de contacto que se muestra en la captura de pantalla corresponde a la Gerencia de Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios de la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.), lo que comprueba que el mensaje relativo a la imposibilidad de procesar la solicitud provino de la Oficina Virtual de la parte recurrente. Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

11.6 A lo anterior se suma que la información en la captura de pantalla se refiere a un error de envío del formato 1 606, que de acuerdo con el artículo 1 de la Norma 1-07, sobre Remisión de Informaciones 2 , es utilizado por los contribuyentes para tramitar información a la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) relativa a Compras de Bienes y Servicios, como son: costos y gastos para fines del impuesto sobre la renta, adelantos utilizados como créditos para fines del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), detalles de las operaciones de compras realizadas, entre otras.

TC/0271/21, numeral 11, 11.5–11.6, pág. 20 — PDF oficial

11.7 En otro orden, la recurrente señala que: si la presunción que hace el Tribunal en su decisión, (sic) engloba el supuesto impedimento respecto del envío de formatos o reportes de información, a fin de modificar los envíos remitidos previamente, esta Dirección General tiene la facultad para impedir la modificación o rectificativa de forma particular, ya que la propia legislación estatuye que para efectuar modificaciones, reducciones, rectificaciones a las declaraciones juradas presentadas, se requiere la expresa autorización de la Administración Tributaria. Igualmente sostiene que el contribuyente debe solicitar de forma expresa y puntual las modificaciones que realizará a sus formatos de envíos, pues forman parte integral de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes, de modo que las modificaciones a las informaciones tienen efecto directo en las declaraciones de impuestos y por consiguiente, en la cuantía a pagar. 1 Los formatos son formularios que la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) ha diseñado para facilitar a los contribuyentes la remisión de las informaciones correspondientes a sus operaciones. 2 Esa norma fue dictada el 15 de enero de 2007. Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

TC/0271/21, numeral 11, 11.7, pág. 21 — PDF oficial

11.8 Asimismo, la recurrente sostiene que […] fue demostrado mediante la certificación que menciona y describe los términos la sentencia recurrida, que la empresa recurrida mantiene sus comprobantes hábiles para realizar consulta, solicitudes de secuencias y para los envíos de datos, correspondiente el supuesto bloqueo que pretendieron hacer prevalecer, a la intención de modificación de los formatos vertidos, cuyas informaciones luego de ser reportadas ameritan, por disposición legal expresa, ser debidamente autorizadas por la Administración Tributaria, por tanto, el haber desconocido tal facultad, y suponer el Tribunal A quo que dicha situación estaba combinada con el uso de los comprobantes fiscales de los cuales fue demostrado no se encontraban bloqueados, estaban habilitados respecto de su uso, remisión de datos y solicitudes de secuencia, confirma la necesidad de pronunciamiento del Tribunal Constitucional por tener suma trascendencia constitucional y contraponerse con la decisión otorgada la tutela judicial y el debido proceso.

11.9 De su parte, Gold Hand Holding, S.R.L. refuta los argumentos de la recurrente en el entendido de que dicha institución pretende que se aplique una norma a una actividad que no está regulada por ley, como es el bloqueo de comprobantes fiscales.

TC/0271/21, numeral 11, 11.8–11.9, pág. 22 — PDF oficial

11.10 Conforme al literal k) del artículo 50 de la Ley núm. 11-92 que establece el Código Tributario 3 , modificada por la Ley núm. 495-06 sobre Rectificación Fiscal 4 , los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir 3 Promulgada el 16 de mayo de 1992. 4 Promulgada del 28 de diciembre de 2006. Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). con los deberes formales que crea la ley y en ese sentido, todas las personas físicas o jurídicas que realicen operaciones de transferencia de bienes o presten servicios a título oneroso o gratuito, deberán emitir comprobantes fiscales 5 por las transferencias u operaciones que efectúen; obligación cuyo incumplimiento se encuentra tipificado como falta tributaria sujeta a las sanciones previstas en el Código Tributario, según establece el artículo 254 párrafo I numeral 16 de la Ley núm. 11-92, atendiendo a la modificación introducida por la indicada Ley núm. 495-06.

11.11 De acuerdo con el artículo 28 del Decreto núm. 254-06 que establece el Reglamento para la Regulación de la Impresión, Emisión y Entrega de Comprobantes Fiscales 6 , los contribuyentes deberán adjuntar un reporte con los datos de los comprobantes fiscales a sus declaraciones juradas anuales del Impuesto Sobre la Renta y a la declaración jurada mensual del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), en este último caso, los datos de los comprobantes que fueron utilizados por el contribuyente como adelantos o créditos del Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) en cada período.

TC/0271/21, numeral 11, 11.10–11.11, pág. 22 — PDF oficial

11.12 Como se aprecia y tal como afirma la parte recurrente, los comprobantes fiscales forman parte de las declaraciones juradas de los contribuyentes; sin embargo, el señalamiento del tribunal de amparo no alude a la modificación de formatos e informaciones concernientes a las declaraciones juradas, como ha atribuido la parte recurrente, sino que se refiere expresamente a la imposibilidad que ha tenido la parte recurrida de cumplir con su obligación legal de emitir los comprobantes fiscales y de ejercer su derecho de hacer uso 5 De acuerdo al artículo 1 del Decreto núm. 254-06, los comprobantes fiscales son documentos que acreditan la transferencia de bienes, la entrega en uso, o la prestación de servicios, debiendo estos cumplir siempre con los requisitos mínimos establecidos por el presente reglamento. 6 El decreto fue promulgado el 19 de julio de 2006. Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). de los comprobantes que fueron previamente autorizados por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.), actuaciones que han obstaculizado las operaciones de la empresa sin que exista alguna disposición legal que habilite al órgano administrador a bloquear los comprobantes fiscales.

TC/0271/21, numeral 11, 11.12, pág. 23 — PDF oficial

11.13 A ese particular se ha referido este Colegiado en la Sentencia TC/0322/14 del veintidós (22) de diciembre de dos mil catorce (2014), en el sentido de que: [e]l Reglamento núm. 254-06, expedido por el Poder Ejecutivo, fue hecho a propósito para regular los NCF y en él no consta norma que autorice a la DGII a bloquear su emisión o impedir que las empresas lo utilicen 7 . Es oportuno establecer que los NCF tienen por objeto acreditar la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación de servicios, de manera tal que al registrar las transacciones comerciales permitan la sustentación de costos y gastos o créditos fiscales para efecto tributario, y en consecuencia, su uso tiende a evitar o reducir la evasión. En el caso ocurrente, es el sujeto pasivo de la obligación el que le reclama a la Administración que le permita cumplir sus deberes formales, y es la Administración la que, al negarle la posibilidad de emitir comprobantes fiscales, impide que cumpla con esos deberes.

TC/0271/21, numeral 11, 11.13, pág. 24 — PDF oficial

11.14 Además, el artículo 257 de la Ley núm. 11-92, modificado por la Ley núm. 495-06, no prevé el bloqueo de comprobantes fiscales como sanción administrativa a ser aplicada por alguna falta que la administración tributaria impute a los contribuyentes, responsables y terceros por incumplimiento de los deberes formales, pues de su contenido se advierte que serán aplicadas multas de cinco (5) a treinta (30) salarios mínimos, independientemente de las 7 Negritas incorporadas. Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). sanciones accesorias de suspensión de concesiones, privilegios, prerrogativas y ejercicio de actividades o clausura de locales, según se establezcan las circunstancias agravantes en el caso; por otra parte establece la sanción pecuniaria de un cero punto veinticinco por ciento (0.25%) de los ingresos declarados en el período fiscal anterior por el incumplimiento del deber formal de remitir información a la Administración Tributaria 8 .

TC/0271/21, numeral 11, 11.14, pág. 24 — PDF oficial

11.15 Cabe destacar que el principio de legalidad aplicado al régimen sancionador exige que las sanciones administrativas se encuentren tipificadas en la ley, a fin de que los sujetos obligados frente a la administración conozcan con antelación las consecuencias jurídicas de sus actuaciones por la inobservancia de las disposiciones legales que establecen deberes y obligaciones a su cargo; en el caso concreto, la recurrente no tiene potestad para bloquear comprobantes fiscales como medida, en el marco de una investigación o proceso sancionador por la comisión de alguna falta tributaria, ni como medida restrictiva que obligue al contribuyente al cumplimiento de una obligación, pues, como apuntamos precedentemente, no existe norma en el ordenamiento jurídico que faculte a la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) a tal actuación.

TC/0271/21, numeral 11, 11.15, pág. 25 — PDF oficial

11.16 En la Sentencia TC/0667/16 del catorce (14) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), el Tribunal Constitucional se refirió sobre el principio de legalidad en el sentido de que es uno de los principios pilares del estado constitucional de derecho, de la seguridad jurídica, del cual no están exentos los poderes públicos, y que su finalidad es que las personas tengan, de antemano, conocimiento de cómo deben conducirse, qué pueden o no hacer, cuál será la consecuencia de su acción u omisión y a qué se van a enfrentar en 8 De acuerdo al artículo 30 de la Ley núm. 11-92, modificado por la Ley núm. 227-06 de Autonomía de la DGII, las Direcciones Generales de Impuestos Internos y de Aduanas se denominan en común Administración Tributaria. Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). caso de no actuar conforme a un determinado precepto legal, pues la ley, al acordar una pena, tiene como propósito evitar lesiones de derecho, por acogerse la amenaza que entraña el anunciado castigo 9 .

TC/0271/21, numeral 11, 11.16, pág. 25 — PDF oficial

11.17 Además el principio de legalidad que gobierna al régimen tributario, consagrado en el artículo 243 de la Constitución, prevé que las actuaciones de la Administración Pública deben ser cónsonas con los principios de eficacia, objetividad, igualdad, transparencia, entre otros, en el orden que dispone el artículo 138 de la Carta Política, cuya inobservancia se traduce en violación al debido proceso administrativo; en el caso particular, la violación al derecho fundamental al debido proceso se deriva de la ilegitimidad de las medidas adoptadas por la administración, pues la sumisión de las actuaciones administrativas a la ley y al derecho debe ser plena, es decir, cabal, completa y sin excepciones. Con ello, la Constitución ha querido excluir la legitimidad de cualquier actuación administrativa contra legem y contra ius, puesto que el Estado de derecho conlleva el sometimiento de los poderes públicos al ordenamiento, norma que obviamente incluye a la Administración. En este sentido, conviene tener presente que el principio de legalidad de la Administración resulta consustancial al Estado de derecho [ver Sentencia TC/0619/16 del veinticinco (25) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)].

TC/0271/21, numeral 11, 11.17, pág. 26 — PDF oficial

11.18 Conforme dispone el artículo 69 de la Constitución, toda persona tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva con respeto del debido proceso, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos; derecho que estará conformado, entre otras, por las garantías mínimas que se establecen a continuación: 9 Ver sentencias TC/0200/13 del 7 de noviembre de 2013 y TC/0344/14 del 23 de diciembre de dos mil catorce 2014. Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). 7) Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio; 10) Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

11.19 El derecho y la garantía al debido proceso comprende, entre otros, la sujeción de la Administración Pública a las normas que delimiten su ámbito de actuación y la estricta aplicación de las mismas a las personas en su relación con la administración. En ese orden, de acuerdo con el artículo 3 de la Ley núm. 107-13 10 , la Administración Pública debe someterse al derecho vigente en cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las normas jurídicas y criterios administrativos (principio de seguridad jurídica, previsibilidad y certeza normativa).

11.20 La Sentencia TC/0304/15 del veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015) se ha referido al debido proceso administrativo en el sentido siguiente:

TC/0271/21, numeral 11, 11.18–11.20, pág. 26 — PDF oficial

a. En cuanto al debido proceso administrativo 11 , se debe señalar que este se compone de un plexus de garantías que deben ser observadas en todo procedimiento administrativo o judicial, espacios en los que opera como mecanismo de protección para la autonomía y la libertad del ciudadano y también como límite al ejercicio del poder público. En ese sentido, conviene también tomar en consideración el criterio externado al respecto por la Corte Constitucional de Colombia al dictaminar: 10 Esta ley tiene por objeto regular los derechos y deberes de las personas en sus relaciones con la Administración Pública; fue promulgada el 6 de agosto de 2013. 11 Artículo 69, numeral 10, de la Constitución Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). […] el derecho al debido proceso se muestra como desarrollo del principio de legalidad, pues representa un límite al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius puniendi del Estado. En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos 12 .

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b. El debido procedimiento administrativo supone una garantía genérica que resguarda los derechos del administrado durante la actuación del poder de la Administración. Implica por ello el sometimiento de la actuación administrativa a reglas previamente establecidas, las cuales no pueden comportar restricciones o arbitrariedades contra el administrado, y menos aún condicionamientos para que tales prerrogativas puedan ser ejercitadas en la práctica.

11.21 En la especie, contrario a lo argüido por la parte recurrente respecto a la presunta violación de los derechos al debido proceso y a la tutela judicial efectiva por parte del juez de amparo, este Colegiado estima que la decisión ha sido dictada con apego a los cánones tributarios y a la doctrina jurisprudencial de este Tribunal Constitucional, de modo que procede rechazar el recurso y confirmar la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Alba Luisa Beard Marcos, Justo Pedro Castellanos Khoury, José Alejandro Vargas Guerrero y Eunisis 12 Sentencia C-980 de 2010. Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019). Vásquez Acosta; en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0271/21, numeral 11, b–11.21, pág. 28 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

SEGUNDO: RECHAZAR el fondo del recurso de revisión interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por secretaría, para su conocimiento y fines de lugar a la recurrente, Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.), a la parte recurrida Gold Hand Holding, S.R.L. y a la Procuraduría General Administrativa.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y de los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11. Expediente TC-05-2020-0098, relativo al recurso de revisión constitucional de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (D.G.I.I.) contra la Sentencia núm. 0030-02-2019-SSEN-00312, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diez (10) de octubre de dos mil diecinueve (2019).

QUINTO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0271/21, del 6 de septiembre de 2021. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0271-21. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.