Sentencia TC/0357/20
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 29 de diciembre de 2020 · Expediente TC-04-2020-0016
Relativo al recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por José Isidro González contra la Sentencia núm. 236, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018).
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Temas: Derecho de defensa
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0357/20?
El Tribunal admitió la revisión porque no constaba la notificación de la sentencia impugnada, se satisfacían los requisitos del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11 y el examen de la alegada vulneración de la tutela judicial efectiva y del debido proceso revestía especial trascendencia constitucional. En cuanto a la causal de violación de precedentes, distinguió las sentencias TC/0135/16, TC/0400/14 y TC/0663/17: estas versaban sobre la inadmisibilidad de la revisión de decisiones que declararon la perención o caducidad de recursos de casación, no sobre el deber de motivación judicial (TC/0357/20, numeral 9, pág. 11; TC/0357/20, numeral 9, a–b, pág. 13; TC/0357/20, numeral 9, c, pág. 14; TC/0357/20, numeral 10, i–l, pág. 22).
La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia respondió detalladamente cada medio del memorial de casación y explicó de manera suficiente, clara y concreta cómo aplicó las normas al caso, por lo que no incurrió en omisión de estatuir ni en falta de motivación. Tampoco vulneró el derecho de defensa: el recurrente pudo ser oído, participar y presentar sus argumentos y pruebas en las distintas instancias. El Tribunal precisó que no le corresponde revalorar las pruebas, sino determinar si la decisión jurisdiccional vulneró derechos fundamentales, lo que no ocurrió en este caso (TC/0357/20, numeral 10, i–l, pág. 22; TC/0357/20, numeral 10, m–n, pág. 23; TC/0357/20, numeral 10, a–c, pág. 23; TC/0357/20, numeral 10, o–q, pág. 24; TC/0357/20, numeral 10, t–u, pág. 26).
Decisión
Admite el recurso en cuanto a la forma, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la sentencia recurrida, identificada como núm. 238 en el dispositivo y como núm. 236 en los fundamentos. Declara el recurso libre de costas y ordena la comunicación de la sentencia a las partes y su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Citas textuales clave
“la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia respondió detalladamente cada uno de dichos medios” (TC/0357/20, numeral 10, i–l, pág. 22).
“la parte recurrente se encontraba presente en todas y cada una de las instancias que recorrió el caso y tuvo la oportunidad de presentar su defensa” (TC/0357/20, numeral 10, o–q, pág. 24).
“el proceso de valoración de las pruebas le corresponde a los tribunales del Poder Judicial, no así al Tribunal Constitucional” (TC/0357/20, numeral 10, t–u, pág. 26).
Normas interpretadas
Constitución de la República, artículos 68, 69 (en particular, 69.2) y 277. Ley núm. 137-11, artículos 7.6, 53 (numerales 2 y 3, literales a, b y c, y párrafo), 54.1 y 100.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0143/15, TC/0123/18, TC/0094/13, TC/0007/12, TC/0400/14, TC/0135/16, TC/0663/17, TC/0009/13, TC/0404/14, TC/0331/14 y TC/0037/13.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
En el caso, el conflicto se origina con motivo de una demanda laboral en dimisión interpuesta por el señor Domingo Alfredo Fernández contra el señor José Isidro González. La Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, dictó la Sentencia núm. 00086-2014, el veintinueve (29) de diciembre de dos mil catorce (2014), la cual, en cuanto al fondo, declaró resuelto el contrato de trabajo y acogió de manera parcial la demanda incoada; en consecuencia, condenó a la parte demandada, señor José Isidro González, a pagar a favor del señor Domingo Alfredo Fernández los valores siguientes: ocho mil doscientos veinticuatro pesos con 72/10 ($8,224.72), por veintiocho (28) días de preaviso; ciento once mil novecientos catorce pesos con 94/100 ($111,914.94), por trescientos ochenta y un (381) días de cesantía; cuatro mil ochenta y tres pesos con 33/100 ($4,083.33), por salario de navidad del año dos mil catorce (2014); cinco mil doscientos ochenta y siete pesos con 32/100 ($5,287.32), por dieciocho (18) días de vacaciones; diecisiete mil seiscientos veinticuatro pesos con 40/100 ($17,624.40), por concepto de los beneficios de la empresa en el último año fiscal; también, la suma de cincuenta mil pesos ($50,000.00), por los daños y perjuicios ocasionados por la no inscripción del demandante en el sistema de Seguridad Social, para un total de ciento noventa y siete mil ciento treinta y cuatro pesos con 71/00 ($197,134.71), más los salarios caídos desde la fecha de la demanda hasta que la sentencia se convierta en definitiva, no pudiendo ser estos mayor de seis (6) meses; debiendo ser realizados estos cálculos con base en un salario mensual de siete mil pesos ($7,000.00) y un tiempo de labor de dieciséis (16) años, diez (10) meses y dieciocho (18) días. No conformes con la decisión, los señores José Isidro González y Domingo Alfredo Fernández interpusieron recursos de apelación, tanto por vía principal como incidental, respectivamente, ante la Corte de Trabajo del Departamento Judicial de San Francisco de Macorís, y esta, mediante sentencia de once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016), rechazó el recurso de apelación principal y acogió en parte el recurso de apelación incidental; en consecuencia, modificó la sentencia recurrida y condenó al señor José Isidro González a pagar los siguientes valores a favor del señor Domingo Alfredo Fernández, por concepto de los derechos que se detallan a continuación, sobre la base de un salario mensual de once mil doscientos noventa y dos pesos ($11,292.00) y dieciséis (16) años, diez (10) meses y dieciocho (18) días:
a) trece mil doscientos setenta y siete pesos con 98/100 ($13,277.98), por concepto de veintiocho (28) días de preaviso; b) ciento ochenta mil quinientos treinta y nueve pesos con 32/100 ($180,539.32), por concepto de trescientos ochenta y un (381) días de auxilio de cesantía; c) ocho mil quinientos veintinueve pesos con 42/100 ($8,529.42), por concepto de dieciocho (18) días de compensación por vacaciones no disfrutadas; d) seis mil quinientos ochenta y siete pesos ($6,587.00), por concepto de salario proporcional de navidad del año dos mil catorce (2014); e) veintiocho mil cuatrocientos treinta y un pesos con 39/100 ($28,431.39), por concepto de sesenta (60) días de participación en los beneficios de la empresa; y f) cien mil pesos ($100,000.00), por concepto de daños y perjuicios por la no inscripción en el sistema dominicano de seguridad social. Además de apreciar la variación del valor de la moneda en el lapso transcurrido entre la interposición de la demanda y la emisión de la sentencia. Como consecuencia de esto, el señor José Isidro González interpuso recurso de casación ante la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dictó la Sentencia núm. 236, de veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), la cual rechazó el recurso. En oposición a esto, la parte recurrente incoó el presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional.
9. Admisibilidad del recurso de revisión jurisdiccional
1. El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional es admisible. Al respecto, tiene a bien hacer las siguientes consideraciones: Previo al conocimiento de cualquier asunto, este tribunal debe proceder al examen de su competencia, así como determinar si el recurso cumple con los requisitos para su admisibilidad, entre estos está el plazo requerido dentro del cual se debe interponer la acción, que en el presente caso se trata de un recurso de revisión de decisión jurisdiccional. El plazo para interponer el referido recurso está contenido en el artículo 54, literal 1, de la Ley núm. 137-11, el cual señala: “El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia”. Para la declaratoria de la admisibilidad de un recurso de revisión de decisión jurisdiccional se debe establecer si fue interpuesto dentro del plazo que dispone la norma procesal, es decir, dentro de los treinta (30) días, plazo calendario y franco, de acuerdo con lo establecido en la Sentencia TC/0143/15, de primero (1°) de julio de dos mil quince (2015). En el caso que nos ocupa, dentro de los documentos que componen el expediente no hay constancia de notificación, a la parte recurrente, de la Sentencia núm. 236, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia; por tanto, al presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional no se le tomará en cuenta el plazo legalmente previsto.
Además, el recurso de revisión procede, según lo establece el artículo 277 de la Constitución de la República, y el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, contra las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), requisito que en la especie se satisface toda vez que la decisión recurrida fue dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de abril de dos mil diez (2010). En el artículo 53 de la Ley núm. 137-11 se establece que el referido recurso procede: “1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental (…)”. En el presente caso, el recurso se fundamenta en las causales previstas en los numerales 2) y 3), respectivamente, del citado artículo 53 de la Ley núm. 137-11, razón por la que el Tribunal entiende pertinente ponderarlas en forma separada debido a la autonomía que estas comportan para la admisibilidad del recurso. A. Violación de un precedente del Tribunal Constitucional De conformidad con la causal prevista en el numeral 2) del citado artículo 53 de la Ley núm. 137-11, el recurso será admisible “cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional”. En este caso, la parte recurrente sostiene que la decisión impugnada viola el precedente contenido en las sentencias TC/0135/16, TC/0400/14 y TC/0663/17, emitidas por este tribunal constitucional.
En ese sentido, este colegiado ha comprobado que el requisito contenido en el numeral 2) del artículo 53 de la Ley núm. 137-11, ha sido invocado por el recurrente en el desarrollo de su escrito como fundamento de su recurso, quedando satisfecho para acreditar la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. B. Violación de un derecho fundamental Este tribunal constitucional estima procedente analizar la admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, en lo que concierne a la violación de un derecho fundamental como la garantía a la tutela judicial efectiva con respeto al debido proceso, especial referencia a la correcta motivación de las decisiones, omisión de estatuir y el derecho de defensa consagrado en el artículo 69 de la Constitución de la República, como ha indicado el recurrente, por lo cual se expone lo siguiente: Cuando el recurso de revisión constitucional está fundamentado en la causal indicada, deben cumplirse las condiciones previstas en el mencionado artículo 53 de la Ley núm. 137-11, las cuales son:
a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma, como ocurre en el caso, al ser argüidos en el recurso de revisión y que fueron invocados por el recurrente en la instancia del recurso de revisión de la que emanó la sentencia recurrida; por tanto, este tribunal da lo por satisfecho.
b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada. Este colegiado lo da por satisfecho. Como se ha podido verificar, contra la Sentencia núm. 236, no existe ningún recurso en la jurisdicción ordinaria.
c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales el Tribunal Constitucional no podrá revisar, este tribunal lo da por satisfecho, como acontece con las violaciones alegadas, las cuales se le imputan de modo directo a la Suprema Corte de Justicia. En relación con los aspectos relativos al artículo 53.3 y sus variantes de la Ley núm. 137-11, este tribunal unificó criterio en lo que concierne a este artículo con ocasión de emitir la Sentencia TC/0123/18, de cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), estableciendo al respecto lo siguiente: El uso de la modalidad de sentencias constitucionales de unificación de doctrina se justifica cuando dentro de la jurisprudencia de este tribunal se observan aplicaciones divergentes de un precedente o se haga necesario unificar criterios contrarios tendentes a la clarificación, modificación o variación de un precedente y evitar así sentencias o criterios contradictorios. Como ya lo ha indicado este tribunal, aplicaciones contradictorias de precedentes, o la existencia continuada de precedentes contradictorios, plantean problemas de seguridad jurídica y de la aplicación del principio de igualdad de la ley (TC/0094/13) que colocaría en un estado de vulnerabilidad a los justiciables, así como a los operadores políticos y jurisdiccionales encargados de acoger y hacer efectivos los criterios de este tribunal: “En consecuencia, las sentencias de unificación de este tribunal constitucional proceden cuando: Por la cantidad de casos aplicando un precedente o serie de precedentes sobre un punto similar de derechos, se presentan divergencias o posibles contradicciones que hacen necesaria la unificación por razones de contenido o lenguaje;
Por la existencia de una cantidad considerable de precedentes posiblemente contradictorios que llame al Tribunal a unificar doctrina; y, Por la cantidad de casos en que, por casuística se aplican criterios concretos para aquellos casos, pero que por la cantidad se hace necesario que el Tribunal unifique criterios en una sola decisión por la naturaleza de la cuestión. Apunta, además, la citada decisión de este colegiado: En la especie, la unificación se justifica ante la divergencia de lenguaje utilizado en las decisiones que integran nuestra jurisprudencia aplicando el precedente sentado en la TC/0057/12, conforme a lo ya explicado. Por lo que el Tribunal optará, en adelante, por determinar si los requisitos de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, dispuesto en el artículo 53.3 LOTCPC, se encuentran satisfechos o no satisfechos, de acuerdo con las particularidades del caso. En efecto, el Tribunal, asumirá que se encuentran satisfechos cuando el recurrente no tenga más recursos disponibles contra la decisión y/o la invocación del derecho supuestamente vulnerado se produzca en la única o última instancia, evaluación que se hará tomando en cuenta cada caso en concreto. Lo anterior no implica en sí un cambio de precedente debido a que se mantiene la esencia del criterio que alude a la imposibilidad de declarar la inadmisibilidad del recurso, bien porque el requisito se invocó en la última o única instancia o bien no existen recursos disponibles para subsanar la violación.
En el caso, el Tribunal Constitucional, al analizar el cumplimiento de los requisitos citados, comprueba que con relación a los requisitos de los literales a, b y c del artículo 53.3, estos son satisfechos, pues la violación a la tutela judicial efectiva con respeto al debido proceso, se atribuye a la sentencia impugnada, por tanto, no podía ser invocada previamente, ni existen recursos ordinarios posibles contra ella; además, la argüida violación es imputable directamente al tribunal que dictó la Sentencia núm. 675, es decir, a la Segunda de la Suprema Corte de Justicia, conforme a los argumentos que sustentan el recurso. La admisibilidad del recurso de revisión constitucional está condicionada, además, a que exista especial transcendencia o relevancia constitucional, según el párrafo del referido artículo 53. De acuerdo con el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, que el Tribunal Constitucional estima aplicable a esta materia, la especial transcendencia o relevancia constitucional “(…) se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales”. La referida noción, de naturaleza abierta e indeterminada, fue definida por este tribunal en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012). El Tribunal Constitucional considera que en el presente recurso de revisión reviste especial trascendencia o relevancia constitucional, que consiste en que el tratamiento y solución del conflicto expuesto le permitirá determinar si al dictar la decisión, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia incurrió en vulneración a la tutela judicial efectiva con respeto al debido proceso, previstas en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional
En cuanto al fondo del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:
a. En el presente caso, la parte recurrente, señor José Isidro González, pretende la nulidad de la Sentencia núm. 236, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018), alegando: a) violación a los precedentes del Tribunal Constitucional, sentencias TC/0135/16, TC/0400/14 y TC/0663/17; b) violación a la tutela judicial efectiva con respeto al debido proceso referente a la correcta motivación de las decisiones, omisión de estatuir y al derecho de defensa.
b. En ese sentido, para justificar sus pretensiones, la parte recurrente sostiene que la Tercera Sala de la Suprema Corte Justicia incurrió en falta de motivación y estatuir, vulnerándose su derecho de defensa y por vía de consecuencia el debido proceso de ley, según las previsiones de los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República.
c. Por su parte, la parte recurrida, Domingo Alfredo Fernández, sostiene que la sentencia recurrida no colide con ningún precedente constitucional y que, además, en todos los grados del proceso los jueces garantizaron el cumplimiento de la tutela judicial efectiva.
d. El Tribunal Constitucional procederá a analizar los argumentos presentados por las partes y si de los fundamentos de la decisión impugnada se desprende violación a precedentes del Tribunal Constitucional y violación a derechos fundamentales, como alega la parte recurrente en su recurso de revisión constitucional. En lo concerniente a la decisión recurrida, esta rechaza el recurso de casación, fundamentándose esencialmente en lo siguiente:
a. Que el poder soberano de apreciación de que disfrutan los jueces del fondo le permite, frente a las pruebas disimiles, acoger aquellas que les merezcan más crédito, lo que escapa al control de la casación, salvo cuando incurren en alguna desnaturalización, en la especie, los jueces del fondo determinaron el tiempo de vigencia del contrato de trabajo así como la calificación de la ruptura del mismo, mediante la figura de dimisión justificada, lo que está dentro de sus atribuciones, en base a las pruebas aportadas por las partes, todo contrario a como quiere confundir el recurrente de que los documentos depositados por él, no fueron ponderados al momento de que la corte formara su decisión.
b. (…) la reapertura de los debates es una facultad que corresponde a los jueces, amén de que este preliminar es una formalidad obligatoria en toda Litis laboral, en el caso, los jueces de fondo reaperturaron los debates por entender que el preliminar de la conciliación no constaba en ninguna de las actas de audiencia levantadas en la instrucción del proceso, teniendo en cuenta que la conciliación se puede llevar a cabo en cualquier estado de causa, con la reapertura los jueces buscaban agotar esta fase obligatoria del procedimiento en esta rama del derecho, sin que se advierta desnaturalización alguna, en virtud de que son soberanos al momento de dictar la medida.
c. Que en relación a la solicitud que el recurrente argumenta hizo para que sea escuchado el señor Rafael santos Sosa, como testigo, en el expediente no hay evidencia de dicha solicitud, por lo que este reclamo constituye un medio nuevo en casación, por vía de consecuencia, inadmisible, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente decisión.
d. (…) del examen del expediente se puede observar que en todas las audiencias celebradas en la corte, figuran las abogadas representantes de las partes, es decir, que pudieron ser oídas con las debidas garantías, ante un tribunal competente, independiente y que no dio ninguna evidencia de imparcialidad, en las cuales el tribunal agotó medidas de instrucción, ambas partes presentaron sus conclusiones y el Tribunal estaba edificado, en ese tenor, se respetó el debido proceso y las garantías procesales establecidas en los artículos 68 y 69 de la Constitución de dominicana.
e. (…) de lo anterior y estudio de la sentencia impugnada, se advierte que la misma contiene motivos suficientes, adecuados, razonables y pertinentes y una relación completa de los hechos, no advirtiéndose que, al formar su criterio, la Corte incurriera en desnaturalización alguna, ni falta de base legal, ni que se violentara el debido proceso y la tutela judicial efectiva, no hay prueba de violación a las garantías procesales constitucionales establecidas en los artículos 6,8,68 y 69 de la Constitución Dominicana, razón por la cual los medios examinados carecen de fundamento y deben ser desestimados y rechazado el presente recuro de casación.
e. De conformidad con los argumentos de la parte recurrente, en el caso que nos ocupa, de la referida violación de los precedentes del Tribunal Constitucional se deriva del hecho de que estos acogen la revisión constitucional por falta de motivación de uno o varios puntos solicitados por las partes. Tales precedentes se encuentran contenidos en las sentencias TC/0135/16, TC/0400/14 y TC/0663/17.
f. Mediante la Sentencia TC/0400/14, de treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014), el Tribunal Constitucional precisó lo siguiente: (…) en consecuencia, y reiterando el criterio adoptado anteriormente por este tribunal mediante Sentencia TC/0001/2013, de fecha diez (10) de enero del dos mil trece (2013), en este proceso no se suscitó ninguna discusión relacionada a la protección de los derechos fundamentales ni a la interpretación de la Constitución, cuestiones estas a las cuales está referida la noción de especial trascendencia o relevancia constitucional, ya que para declarar la perención de un recurso de casación por la causa indicada solo es necesario que el tribunal apoderado del mismo determine si ha transcurrido el plazo de tres (3) años previsto en el artículo 10, párrafo II de la Ley sobre Procedimiento de Casación, sin que se hayan producido los actos a que hace referencia dicha disposición.
g. De igual forma la Sentencia TC/0135/16, del veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016), se estableció: El Tribunal Constitucional considera que en el presente caso no existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta inadmisible dicho recurso y el Tribunal Constitucional no debe entrar a conocer el fondo del mismo, en razón de que la Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia se limitó a declarar la perención del recurso de casación.
h. Por último, la Sentencia TC/0663/17, del siete (7) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal Constitucional hizo el siguiente desarrollo al respecto: Debemos destacar, sin embargo, que este tribunal, en especies similares a la que nos ocupa, ha fundamentado la inadmisibilidad del recurso de revisión constitucional en la carencia de especial trascendencia o relevancia constitucional, requisito que está previsto en el párrafo del artículo 53.3 de la Ley núm. 137-11, en el entendido de que no existe posibilidad de violar derechos fundamentales, en una hipótesis en que el tribunal se limita a calcular un plazo de perención o de caducidad. [Véanse en este sentido: las sentencias TC/0001/13, del diez (10) de enero de dos mil trece (2013); TC/0400/14, del treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014); TC/0225/15, del diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015); TC/0525/15, del doce (12) de noviembre de dos mil quince (2015), y TC/0021/16, del veintiocho (28) de enero de dos mil dieciséis (2016)]. Esta última línea jurisprudencial será abandonada a partir de la fecha de la notificación de esta sentencia y, en este sentido, los recursos de revisión constitucional que se interpongan contra sentencias que se limiten a declarar la comprobada perención o caducidad de un recurso de casación serán declarados inadmisibles, bajo el fundamento de que las violaciones que se invocaren no pueden ser imputables al órgano judicial que dictó la sentencia, en la medida que dicho órgano se limita a aplicar una norma jurídica; salvo que el recurso de revisión se fundamente en la ausencia de los elementos constitutivos de la perención o la caducidad, eventualidad en la cual el Tribunal Constitucional procederá a conocer del fondo del recurso de revisión constitucional. En virtud de las motivaciones anteriores, procede declarar inadmisible el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa, en aplicación de las previsiones de la letra c), numeral 3, del artículo 53 de la Ley núm. 137-11.
i. En la especie, no se advierte que se hayan violado los precedentes de este Tribunal Constitucional previamente citados, en razón de que se puede comprobar con claridad meridiana que estos no resuelven nada sobre la debida motivación de las decisiones, como erróneamente plantea el recurrente, más bien tratan casos en los cuales se declara la inadmisibilidad del recurso de revisión de decisión jurisdiccional porque la Suprema Corte de Justicia, al decidir sobre del recurso de casación, declaró inadmisible el recurso por haberse producido la caducidad o perención.
j. Es decir, existe, en relación con este punto, una incongruencia notable entre lo que plantea la parte recurrente y lo que realmente se desarrolla en los precedentes que se arguyen violados; por tal razón este tribunal constitucional considera que, en la especie, no se ha producido violación alguna con respecto a los referidos precedentes.
k. En lo que concierne a la alegada omisión de estatuir, la parte recurrente sostiene que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia no contestó los planteamientos formulados en la audiencia ni los precisados en su escrito de defensa, por lo que su decisión supuestamente atenta contra la tutela judicial efectiva y el debido proceso.
l. En el examen de la sentencia impugnada y de los medios presentados por el recurrente en su memorial de casación, y siendo estos los que concretamente fundamentan su recurso, se advierte que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia respondió detalladamente cada uno de dichos medios. En efecto, se observa un pormenorizado desarrollo de las razones que movieron a la Corte de Casación a desestimar los referidos medios de casación que le fueron presentados por la parte recurrente, cumpliendo así con su obligación de contestar los medios planteados.
m. En relación con la falta de motivación alegada, este colegiado considera que la Suprema Corte de Justicia, con ocasión del recurso de casación, ponderó y respondió cada uno de los medios planteados por la parte recurrente, y fundamentó su decisión de conformidad con los cánones constitucionales y legales, y con estricto apego a su Sentencia TC/0009/13, de once (11) de febrero de dos mil trece (2013), mediante la cual este colegiado formuló el test de la debida motivación, estableciendo las consideraciones siguientes: Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) Que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; y c) Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas.
n. A su vez, el literal g, numeral 9, de la Sentencia TC/0009/13 enuncia los lineamientos que deben seguir los tribunales del orden judicial para el cabal cumplimiento del deber de motivación. A continuación, analizaremos si la sentencia impugnada los aplicó debidamente, a saber:
a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia esbozó fundamentos suficientes y desarrolló la correlación entre la norma jurídica utilizada para fundamentar su decisión y la aplicación que han hecho de esta al caso en concreto, además transcribió cada medio alegado por la parte recurrente, al responder cada uno de los argumentos.
b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. En la sentencia recurrida, el tribunal a-quo cumplió cuando presentó fundamentos y argumentos desarrollando el por qué ha determinado que la Corte de Apelación actuó de forma correcta y con apego a las normas, más indicó las bases legales que le sirvieron de apoyo para emitir su fallo.
c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada. Apreciamos que esta alta corte expuso consideraciones jurídicamente correctas con ocasión de fundamentar la decisión adoptada, estas fueron estructuradas de manera clara. Este tribunal ha sido enfático en la importancia de este criterio, pronunciándose en la Sentencia TC/0009/13 de la siguiente forma: “Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción”. Con este parámetro, el Tribunal ha querido eliminar de la jurisprudencia dominicana las transcripciones innecesarias al motivar las decisiones judiciales; Sin embargo, esto no implica que los jueces puedan emitir decisiones sin correlacionar las premisas lógicas y la base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencias pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas.
o. Con relación a la alegada vulneración al derecho de defensa que invoca la parte recurrente, se puede advertir que las partes envueltas en el presente proceso tuvieron siempre la oportunidad de defenderse en las diferentes instancias judiciales. El derecho que tiene toda persona a ser oída se encuentra consagrado en el artículo
69.2 de la Constitución de la República, precisando “el derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable y por una jurisdicción competente, independiente e imparcial, establecida con anterioridad por la ley”.
p. Este tribunal entiende que la parte recurrente sí pudo ejercer su derecho a ser oído y a defenderse, tuvo la oportunidad de participar en las diferentes etapas del proceso que la ley le concede, y, además de mostrarle a los juzgadores sus argumentos y medios de pruebas a los fines de revertir los de la contraparte; incluso, se produjo una reapertura de debates para cumplir con la etapa de conciliación que es obligatoria en esta materia laboral. Por tanto, este tribunal considera, luego del estudio del expediente, que la parte recurrente se encontraba presente en todas y cada una de las instancias que recorrió el caso y tuvo la oportunidad de presentar su defensa, por lo que no se comprueba ninguna violación a su derecho de defensa.
q. En ese sentido, este tribunal se ha referido al derecho de defensa en su Sentencia TC/0404/14, del treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014): “Así pues, podemos afirmar que uno de los pilares del derecho de defensa, es la posibilidad que tiene la persona de estar presente en todas las etapas del proceso judicial donde está en juego algún interés o derecho fundamental que le pertenece (…)”, criterio este que debe ser aplicado al presente caso para determinar que la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha actuado de conformidad con este criterio, protegiendo estos derechos al recurrente.
r. La Constitución de la República consagra en los artículos 68 y 69 la tutela judicial efectiva con respeto al debido proceso como una garantía y un derecho fundamental, que el Estado debe reconocer y procurar su cumplimiento por tener una función social que implica obligaciones. Al respecto, este tribunal mediante la Sentencia TC/0331/14, de veintidós (22) diciembre de dos mil catorce (2014), definió el debido proceso en los términos siguientes: El debido proceso es un principio jurídico procesal que reconoce que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, mediante las cuales se procura asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso que se lleve a cabo en su contra, permitiéndole tener la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juzgador, es por ello que la Constitución lo consagra como un derecho fundamental y lo hace exigible (…).
s. Por tanto, cuanto se aprecia en la sentencia recurrida es que esta se basta a sí misma, debido a que, en el desarrollo de sus consideraciones, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, fundamentándose en base legal y doctrina jurisprudencial, contestó todos y cada uno de los motivos integrantes del medio de casación presentado en su memorial de casación. En tal sentido, no es posible advertir en tal situación una violación a los presupuestos mínimos de la tutela judicial efectiva y del debido proceso alegado por la parte recurrente.
t. El recurrente pretende demostrar la existencia de una vulneración al debido proceso; sin embargo, debemos resaltar que del estudio de su instancia resulta verificable que sus pretensiones están encaminadas a que la Suprema Corte de Justicia como este tribunal constitucional procedan a la valoración de pruebas, pues, todo parte del hecho de que, según aduce, en el caso la Corte de Trabajo de San Francisco de Macorís no se escuchó un testigo, que él quería hacer oír.
u. Con respecto a la valoración de las pruebas, debemos precisar que este tribunal constitucional, en su Sentencia TC/0037/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), adoptó criterio en el sentido de que el proceso de valoración de las pruebas le corresponde a los tribunales del Poder Judicial, no así al Tribunal Constitucional, y la Suprema Corte de Justicia debe velar por una correcta aplicación del derecho, mientras que a este colegido se le reserva, entre otras responsabilidades, la revisión de las decisiones jurisdiccionales, a los fines de determinar y decidir si han sido vulnerados derechos fundamentales dentro del proceso, cosa que no ha ocurrido en la especie.
v. En tal virtud, este tribunal constitucional, ha comprobado que la Sentencia núm. 236, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de abril de dios mil dieciocho (2018), no ha vulnerado ningún derecho ni garantía fundamental, por lo que entiende pertinente pronunciar el rechazo del presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, proceder a la confirmación de la sentencia recurrida. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Alba Luisa Beard Marcos y Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados el voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto: el voto disidente del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury y el voto salvado del magistrado Víctor Joaquín Castellanos Pizano. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional interpuesto por el señor José Isidro González, contra la Sentencia núm. 238, dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia el veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018).
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso de revisión jurisdiccional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la Sentencia núm. 238.
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
CUARTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor José Isidro González; y, a la parte recurrida, señor Domingo Alfredo Fernández.
QUINTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0357/20, del 29 de diciembre de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0357-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.