Sentencia TC/0405/19
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 1 de octubre de 2019 · Expediente TC-05-2015-0177 y Expediente núm. TC-05-2016-0063
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm.TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
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Temas: Derecho a la seguridad social · Protección de las personas de la tercera edad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0405/19?
El artículo 51 de la Ley núm. 87-01 no condiciona la pensión de sobrevivencia a la edad del afiliado fallecido. El Tribunal constató que el límite de sesenta años previsto en las resoluciones núms. 186-01 y 268-06 restringía el acceso a la prestación y afectaba los derechos a la dignidad humana, a la seguridad social y a la protección de las personas de la tercera edad. Al inaplicar ese requisito para el caso concreto, el juez de amparo ejerció el control difuso de constitucionalidad, que puede ejercer incluso de oficio. La accionante acreditó ser la cónyuge supérstite de un afiliado cotizante, por lo que procedía confirmar la cobertura, otorgarle la pensión y disponer el pago retroactivo desde el fallecimiento (TC/0405/19, numeral 15, 15.27–15.28, pág. 76; numeral 15, a, pág. 77; numeral 15, 15.35, pág. 80; numeral 15, 15.37–15.38, pág. 81; numeral 15, 15.41–a, pág. 82; numeral 15, 15.42–15.44, pág. 83).
El plazo franco de cinco días para recurrir comienza con la notificación de la sentencia íntegra, no con la del solo dispositivo; recurrir antes de esa notificación no constituye una falta procesal. En cuanto al fondo, el Tribunal verificó que la sentencia de amparo estaba debidamente motivada y sustentada en una valoración lógica y racional de la prueba. También sostuvo que el juez puede imponer de oficio un astreinte como medida coercitiva, no indemnizatoria, y que la Resolución núm. 369-02, posterior al conflicto y a la sentencia recurrida, no podía servir de fundamento al fallo de amparo (TC/0405/19, numeral 14, 14.7–14.8, pág. 60; numeral 14, a–14.10, pág. 61; numeral 14, 14.11–14.12, pág. 61; numeral 15, 15.10–15.11, pág. 69; numeral 15, 15.42–15.44, pág. 83; numeral 15, a, pág. 84; numeral 15, 15.45–a, pág. 84; numeral 15, 15.48–a, pág. 85).
Decisión
Según los fundamentos visibles, el Tribunal fusiona los expedientes, acumula y declara admisibles los tres recursos, rechaza en el fondo el de la SIPEN y concluye que debe desestimarse el de AFP Siembra. El fragmento no incluye el dispositivo ni permite verificar la decisión final sobre el recurso del CNSS y su solicitud de suspensión.
Citas textuales clave
“el cómputo del plazo para recurrirla debe iniciar con el conocimiento o notificación de la sentencia íntegra” (TC/0405/19, numeral 14, 14.11–14.12, pág. 61).
“los referidos contratos imponen una limitación que afecta los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social y a la protección de los afiliados en razón de la edad” (TC/0405/19, numeral 15, 15.35, pág. 80).
“al declarar sin efecto las referidas resoluciones, a los fines del presente caso, el juez a quo no hizo sino ejercer el control difuso de la constitucionalidad” (TC/0405/19, numeral 15, 15.37–15.38, pág. 81).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 6, 38, 57, 60, 185, 188 y 189.
Ley núm. 87-01: artículo 51.
Ley núm. 137-11: artículos 7 (acápites 2, 4, 11 y 12), 51, 52, 88, 90, 93, 94, 95 y 100.
Ley núm. 834: artículo 29.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0094/12, TC/0089/13, TC/0254/13, TC/0035/15, TC/0649/16, TC/0032/17, TC/0707/17, TC/0380/18, TC/0080/12, TC/0007/12, TC/0351/14, TC/0116/16, TC/0119/14, TC/0203/13, TC/0375/16, TC/00107/15, TC/0048/12, TC/0344/14, TC/0438/17 y T-485/11 (Corte Constitucional de Colombia).
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
11. Síntesis del conflicto
11.1. De conformidad con los documentos que figuran en los expedientes a que se refiere el presente caso, a la sentencia impugnada y a los hechos invocados por las partes en litis, el conflicto de referencia se origina como consecuencia de la reclamación del pago de una pensión que, en su condición de cónyuge sobreviviente del señor Mario César de Jesús Fernández Morales, presentara la señora Iris María Arias Rosario a la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A. (AFP
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). Siembra, S. A.), entidad que, para negarse al pago de dicha pensión, opuso a dicha señora la existencia de la Resolución núm. 186-01, dictada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) el veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018) [en vigencia en lugar de la Resolución 268-06, emitida por el Consejo Nacional de la Seguridad Social en fecha primero (1 ro ) de agosto de dos mil seis (2006)].
11.2. En esta situación, la señora Iris María Arias Rosario, mediante Acto núm. 224- 2014, instrumentado el veintiuno (21) de marzo de dos mil catorce (2014), reclamó, de manera formal y expresa, a la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A., la pensión de discapacidad y sobrevivencia que –según alega– le corresponde en su condición de cónyuge superviviente del señor Mario César de Jesús Fernández Morales, afiliado a la mencionada AFP; entidad que, como se ha indicado, persistió en la oposición al pago de la pensión reclamada, sobre la base, como se ha dicho, de que la mencionada resolución la excluía del beneficio reclamado.
11.3. Ante tal negativa, el dos (2) de diciembre de dos mil catorce (2014), la señora Iris María Rosario accionó en amparo, ante el Tribunal Superior Administrativo, contra la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A. (AFP Siembra, S. A.), el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN). Esta acción tuvo como resultado la Sentencia núm. 00107-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015), sentencia que es el objeto de los recursos de revisión constitucional de sentencia amparo y de la solicitud de suspensión de sentencia a que se contrae el presente caso.
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
13. Fusión de expedientes y acumulación de recursos
13.1 Antes de valorar y decidir las diferentes cuestiones que se plantean en el presente caso, conviene indicar que, mediante esta misma sentencia, el Tribunal decidirá tres recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo, en razón de que, aunque en relación a dichos recursos se abrieron tres expedientes (TC-05-2015- 0177, TC-05-2015-0219 y TC-05-2016-0063), existe entre éstos un evidente vínculo de conexidad, ya que involucran a las mismas partes y han sido incoados contra la misma sentencia.
13.2 Al respecto, conviene precisar que, si bien nuestra legislación procesal constitucional no contempla la fusión de expediente y la acumulación de recursos, esta constituye una práctica del derecho común ordenada por los tribunales ordinario cuando entre varias demandas o recursos existe un estrecho vínculo de conexidad; práctica que está amparada en el artículo 29 de Ley núm. 834, del quince (15) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978).
13.3 En este sentido se pronunció nuestro tribunal mediante su Sentencia TC/0094/12, dictada el veintiuno (21) de diciembre de dos mil doce (2012), respecto de la referida fusión, alegando que es […] una facultad discrecional de los tribunales que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de justicia, siempre
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). que la fusión de varias demandas o acciones interpuestas ante un mismo tribunal y contra el mismo acto puedan ser decididos por una misma sentencia. Este precedente jurisprudencial ha sido reiterado en las sentencias TC/0089/13, del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013); TC/0254/13, del doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013); TC/0035/15, el nueve (9) de marzo de dos mil quince (2015); TC/0649/16, del siete (7) de diciembre de dos mil dieciséis (2016); TC/0032/17, del treinta y uno (31) de enero de dos mil diecisiete (2017); TC/0707/17, del ocho (8) de noviembre de dos mil diecisiete (2017); y TC/0380/18, del diez (10) de octubre de dos mil dieciocho (2018), entre otras.
13.4 En tal virtud, y por efecto de la aplicación de los principios rectores de celeridad, efectividad, oficiosidad y supletoriedad, los cuales rigen el sistema de justicia constitucional, de conformidad con el artículo 7, acápites 2, 4, 11 y 12, de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, que permiten a este tribunal aplicar de manera supletoria y subsidiaria, normas procesales afines a las materias discutidas, este tribunal decide acumular los recursos y fusionar los expedientes a que ellos han dado lugar, designados como sigue: TC-05-2015-0177, TC-05-2015-0219 y TC-05-2016-0063. Por consiguiente, dichos recursos serán resueltos mediante la presente decisión. Con ello se procura evitar eventuales contradicciones y, a la vez, dar cumplimiento al principio de economía procesal, sin menoscabo de los intereses de las partes en litis, con independencia de que los recursos hayan sido interpuestos de manera separada.
14. Sobre la admisibilidad de los recursos de revisión constitucional de
sentencia de amparo
14.1 El Tribunal Constitucional estima que los recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo correspondientes a los expedientes marcados como TC-05-
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). 2015-0177, TC-05-2015-0219 y TC-05-2016-0063 son admisibles, de conformidad con los siguientes motivos:
14.2 Según el artículo 94 de la Ley núm. 137-11, las sentencias emitidas por el juez de amparo solo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería
14.3 Conforme a los términos del artículo 95 de la referida norma, el recurso de revisión será interpuesto “en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación. A dicho particular se ha referido este tribunal constitucional en su Sentencia TC/0080/12, del quince de diciembre de dos mil doce (2012), estableciendo que: […] el plazo establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, no se le computarán los días no laborables, ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia”.
14.4 Según lo indicado, y previo al conocimiento del fondo de los recursos de que se trata, es pertinente que el Tribunal examine si estos fueron interpuestos dentro del plazo establecido en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, por tratarse de una cuestión previa, la cual debe ser decidida en primer término por este órgano, sobre todo porque esta cuestión ha sido planteada como un fin de inadmisión por la sociedad comercial Mapfre BHD, Compañía de Seguros, S. A., respecto del recurso interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).
14.5 En el sentido apuntado, la sociedad Mapfre BHD, Compañía de Seguros, S. A., solicita, respecto del recurso incoado por la Superintendencia de Seguros (SIPEN) lo que, a continuación, se indica: De manera principal:
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). Único: Declarar inadmisible por falta de objeto, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución, interpuesto el 30 de abril de 2015, por la Superintendencia de Pensiones en contra de la Sentencia No. 00107-2015, Expediente No. 030-14-01778, del 24 de marzo de 2015, dictada la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, por haber sido interpuestos previo a que el Tribunal a-quo [sic] emitiese la sentencia íntegra (juntamente con los motivos incluidos), en virtud de lo que establecen los artículos 84 y 88 de la Ley No. 137-11, del 15 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales. DE MANERA SUBSIDIARIA: ÚNICO: DECLARAR INADMISIBLES POR EXTEMPORÁNEO, el Recurso de Revisión Constitucional en Materia de Amparo y la Solicitud de Suspensión de Ejecución, interpuestos el 30 de abril de 2015, por la SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES en contra de la Sentencia No. 00107-2015, Expediente No. 030-14-01778, del 24 de marzo de 2015, dictada la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, por haber sido interpuestos previo a que el Tribunal a-quo [sic] emitiese la sentencia íntegra (juntamente con los motivos incluidos), en virtud de lo que establecen los artículos 84 y 88 de la Ley No. 137-11, del 15 de junio de 2011, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.
14.6 El estudio de los documentos que obran en los expedientes a que este caso se refiere y de las documentaciones depositadas por la parte recurrente pone de manifiesto que, ciertamente, el recurso de revisión de la Superintendencia de
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). Pensiones (SIPEN) fue incoado mediante instancia depositada por ante la Secretaría del Tribunal Superior Administrativo el treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), pese a que a dicha entidad solo le había sido notificada la parte dispositiva de la sentencia recurrida, de conformidad con el Acto núm. 121, instrumentado por el ministerial Roberto Eufracia Ureña, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo el primero (1 ro ) de abril de dos mil quince (2015).
14.7 Sin embargo, es necesario precisar, por una parte, que, tal como alega la propia Mapfre BHD, Compañía de Seguros, S. A., a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN)) le fue notificada, de manera íntegra, la referida sentencia núm. 00107- 2015, por parte la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo, el veintidós (22) de mayo de dos mil quince (2015), fecha que será tomada como punto de partida para computar el plazo para la interposición del recurso de revisión que nos ocupa y no el primero (1 ro ) de abril de dos mil quince (2015), fecha en que se le notificó el dispositivo o parte resolutiva de la decisión impugnada. En consecuencia, el plazo para interponer el recurso vencía el 1ro. de junio de 2015, conforme a los términos del precedente jurisprudencial establecido por este tribunal en su Sentencia TC/0080/12, del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012); decisión en la que este órgano colegiado precisó que el indicado plazo es franco y que, por tanto, en este no se computan el dies a quo (día de inicio del plazo) ni el dies ad quem (día en que el plazo termina) y que tampoco se computan los días no laborables incluidos en el mismo. De todo modo, en el presente caso el recurso de revisión fue interpuesto, el treinta (30) de abril de dos mil quince (2015), es decir, antes de la notificación de la sentencia y, por tanto, antes de la fecha del inicio legal del plazo.
14.8 Así las cosas, mal podría este colegiado sancionar con la inadmisibilidad el recurso interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), ya que, como se ha precisado, la sentencia impugnada le fue notificada de manera íntegra después de
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). haber interpuesto el recurso de revisión, lo que, obviamente, no constituye una falta procesal y que, por consiguiente, no puede ser legalmente sancionado, por lo que procede el rechazo de todo pedimento que pretenda la inadmisibilidad de un recurso interpuesto en esa situación.
14.9 En consecuencia, procede rechazar ambos medios de inadmisión, plantados por Mapfre BHD, Compañía de Seguros, S. A., sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta decisión.
14.10 Para el caso del expediente marcado con el núm. TC-05-2015-0219, la referida sentencia fue notificada a la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A. (AFP Siembra) por la secretaría general del Tribunal Superior Administrativo el veinte (20) de mayo de dos mil quince (2015), mientras que el recurso contra esa decisión fue interpuesto por dicha entidad mediante escrito depositado en la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el veinticinco (25) de mayo de dos mil quince (2015). Se verifica así que este recurso ha sido incoado dentro del plazo de ley.
14.11 En cuanto al expediente marcado con el núm. TC-05-2016-0063, y tomando en consideración que el objetivo del presente recurso de revisión radica en impugnar el contenido de los motivos que fundamentan la sentencia de amparo, se puede fácilmente inferir que el cómputo del plazo para recurrirla debe iniciar con el conocimiento o notificación de la sentencia íntegra, es decir, de aquella que contiene las motivaciones que la justifican, no así la notificación únicamente de la parte dispositiva de la decisión, ya que es a partir de la decisión integra que se tiene conocimiento de la fundamentación jurídica que sustenta la decisión tomada.
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
14.12 El catorce (14) de mayo de dos mil quince (2015) la secretaria general del Tribunal Superior Administrativo certificó, entre otras cosas, que: “[…] hasta la fecha no ha sido transcrita la sentencia motivada, por lo que en el expediente sólo reposa el dispositivo”.
14.13 En consonancia con lo anterior, analizado el dilema fáctico-procesal acaecido en la especie, se infiere que el punto de partida del indicado plazo es la fecha en que fue notificada la sentencia integra a la parte recurrente Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) mediante el Acto núm. 1961/15, instrumentado por el ministerial Carlos Roche, alguacil ordinario de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional el veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015), y no en la fecha en que se le notificó el dispositivo de la decisión, el primero (1 ro ) de abril de dos mil quince (2015), mediante el Acto núm. 121-2015, ya que, en esta fecha, como establece la mencionada certificación, aún no se había redactado la sentencia íntegra o motivada. Por tanto, considerando que el presente recurso fue incoado el primero (1 ro ) de junio de dos mil quince (2015), es decir, solo dos días hábiles y francos después de la notificación integra de la sentencia, se concluye que este recurso fue interpuesto dentro del plazo de ley, de conformidad con el precedente asentado por este tribunal mediante su Sentencia TC/0080/12, se impone reconocer que la presente acción recursiva se realizó dentro del plazo habilitado a tales fines.
14.14 En lo referente a los expedientes marcados con los números TC-05-2015- 0177, TC-05-2015-0219 y TC-05-2016-0063, es preciso apuntar que el artículo 100 de la Ley núm. 137-11 establece que la admisibilidad del recurso de revisión en materia del amparo ordinario está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional que para “la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance o la concreta protección
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). de los derechos fundamentales” tenga el recurso. Huelga señalar que corresponde al Tribunal Constitucional apreciar, de manera soberana, pero razonable, el cumplimiento de esta condición.
14.15 A este respecto el Tribunal, desde su Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), fijó el criterio de que la mencionada condición de admisibilidad solo se encuentra configurada, entre otros supuestos, en aquellos “que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales”.
14.16 El Tribunal Constitucional considera que los recursos de revisión a que se refiere el presente caso tienen especial trascendencia y relevancia constitucional debido a que estos están referidos a un conflicto que permitirá a este órgano colegiado no solo continuar, de manera general, con el desarrollo de criterios relativos a la protección y salvaguarda de los derechos fundamentales, sino, de manera particular, a las prestaciones sociales de que son acreedoras, en el marco de la dignidad humana y el derecho a la seguridad social como derechos fundamentales respecto a las personas de avanzada edad o de la tercera edad.
15. Sobre el fondo de los recursos de revisión constitucional de sentencia de
amparo En cuanto al fondo de los recursos de revisión, este tribunal procederá a hacer las consideraciones pertinentes a cada recurso en el orden que se indica a continuación:
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
a. En cuanto al recurso de revisión interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).
15.1 De inicio es necesario precisar que la señora Iris María Arias Rosario interpuso una acción de amparo en procura de que le fuera reconocido su derecho a la pensión en su condición de cónyuge sobreviviente del señor Mario César de Jesús Fernández Morales, fallecido el dos (2) de diciembre de dos mil doce (2012). Esta acción fue acogida mediante la Sentencia núm. 00107-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
15.2 Dicha sentencia ordenó dejar sin efecto las resoluciones núms. 186-01 y 268- 06 del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), las cuales imponen como requisito para el otorgamiento de la pensión de sobreviviente que el afiliado fallecido hubiese cumplido, al menos, sesenta (60) años de edad.
15.3 Además, la referida decisión ordenó al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) proceder, de inmediato, a confirmar la cobertura de la pensión de sobreviviente a la esposa del afiliado Mario César de Jesús Fernández Morales, señora Iris María Arias Rosario, así como a otorgarle la pensión correspondiente y a realizar un primer pago retroactivo, el cual comprenda las pensiones que debieron haberle sido otorgadas desde la fecha del fallecimiento del mencionado señor, a cargo de la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A. (AFP Siembra).
15.4 Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia de Pensiones interpuso el presente recurso de revisión, en procura de que se declare la nulidad de la sentencia recurrida y, consecuentemente, la nulidad de dicha decisión, alegando, de
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). manera principal, que “la decisión recurrida carece de motivación y con determinadas instrucciones de derogación de actos que han sido emitidos por la autoridad competente de conformidad con la ley, resultando contradictoria la decisión que deroga una cuestión administrativa y supletoria y que no se refiere a la ley que lo faculta, con lo que no se respeta el principio de jerarquía y la decisión no se corresponde con la solicitud del particular, sino que engloba la generalidad involucrada”.
15.5 Examinados los argumentos invocados por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), es oportuno apuntar que la motivación de las decisiones jurisdiccionales es una de las garantías fundamentales del debido proceso; garantía que no solo constituye la herramienta esencial para la legitimación de la actuación del juez en el ejercicio de la potestad de decir el derecho (la jurisdictio), sino que, además, funciona como mecanismo de control de la actuación jurisdiccional del juez como parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de las personas frente al Estado. Esta garantía fundamental obliga al juzgador a dictar una decisión en la que haya una incuestionable congruencia y una adecuada correspondencia entre la fundamentación o justificación de la decisión y su parte dispositiva. Además, la decisión debe contener (aun sea de forma sucinta) los planteamientos y pedimentos de las partes en litis y la respuesta o contestación a cada uno de estos, a fin de determinar si el juzgador conformó su decisión a lo debidamente alegado y solicitado por las partes en litis y así evitar fallos infra, extra, citra o ultra petita.
15.6 A este respecto, la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) señala en su escrito de revisión que “con su actuación el tribunal no garantizó la tutela judicial efectiva a través de su sentencia y ante tal incumplimiento se ejerce un derecho arbitrario e irregular”, que la decisión impugnada no fue debidamente motivada y
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). que “con la falta de motivación se irrespeta el debido proceso y la correcta administración de justicia”; alegatos que se analizarán más adelante.
15.7 De su parte, la sociedad Mapfre BHD, Compañía de Seguros, S. A., alega, en cuanto al fondo, lo que a continuación se indica: […] El deber de motivación de las decisiones, se encuentra consagrado constitucionalmente dentro del Principio de la Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso, establecido en el artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana. Este artículo establece en su numeral 10, que: ‘Las normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por lo tanto, hasta que no sea emitida la sentencia íntegra por parte de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, en donde se establezca la valoración de los elementos probatorios y el fundamento que sustenta su dispositivo, la sociedad MAPFRE BHD, COMPAÑÍA DE SEGUROS, S. A. se encuentra materialmente imposibilitada de fijar su postura en cuanto a si está o no de acuerdo con lo solicitado en el recurso de revisión que hoy nos ocupa, puesto que desconoce la parte motivacional de la sentencia impugnada.
15.8 Ciertamente, como se ha dicho, este tribunal constitucional ha dado por establecido que el recurso de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) fue incoado con anterioridad a la notificación de la sentencia íntegra, teniendo como base para interponer dicho recurso únicamente el dispositivo de la sentencia recurrida, el cual le fue notificado, a requerimiento de la ahora recurrida, señora Iris María Arias Rosario, mediante el Acto núm. 121/2015, instrumentado por el ministerial Roberto
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). E. Ureña, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo el primero (1 ro ) de abril de dos mil quince (2015); ello así sobre la base de que el artículo 90 de la Ley núm. 137-11, establece que “En caso de necesidad, el juez puede ordenar que la ejecución tenga lugar a la vista de la minuta”. Y no fue sino el dispositivo notificado lo que recurrió la Superintendencia de Pensiones, sin esperar, como se ha dicho, que la sentencia íntegra le haya sido notificada, lo que sí ocurrió posteriormente. Ello no quiere decir, sin embargo, que la sentencia impugnada no haya sido debidamente motivada.
15.9 Este tribunal constitucional ha comprobado que la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, órgano que pronunció la sentencia recurrida, sí cumplió con la garantía fundamental de la debida motivación de las decisiones jurisdiccionales. En efecto, como sustento de la decisión tomada el tribunal a quo dijo que: […] del análisis de los documentos que obran depositados en el expediente hemos podido comprobar los siguientes hechos: a) que en fecha 1ro. de agosto del año 2006, la Superintendencia de Pensiones emitió la Resolución No. 286-06, sobre el contrato de discapacidad y sobrevivencia del Régimen Contributivo del Sistema de Pensiones a ser suscrito entre las Administradoras de Fondos de Pensiones y las compañías de seguros, sustituye [sic] la Resolución No. 250-05, aprobando el mismo; b) que en fecha 24 de julio de 2008, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó el contrato de póliza de seguridad y sobrevivencia ordinaria No. 186, mediante resolución No. 186-01; c) que en fecha dos (2) del mes de diciembre del año 2014, la señora IRIS MARÍA ROSARIO le notificó a la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. (AFP
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). SIEMBRA, S. A.), los documentos originales para optar por la pensión de sobrevivencia, mediante acto No. 919/2014. Considerando, que la Corte a-qua constató que los juzgadores de primer grado reivindicaron un elenco suficiente de elementos probatorios de carácter concluyente, que, valorado de manera conjunta y armónica en el fuero de dicha jurisdicción, dieron cabida para establecer que los imputados como agentes infractores de ley se aprovecharon de la ausencia de mecanismos de control institucional para perpetrar los ilícitos juzgadores. A continuación, dicho tribunal procedió a realizar un estudio del contrato de póliza de discapacidad y sobrevivencia pactado de referencia, de las resoluciones mencionadas y de algunos artículos de la Ley núm. 87-01, los cuales procedió a contrastar con lo dispuesto por los artículos 8, 57 y 60 de la Constitución de la República, así como de la Sentencia TC/0203/2013, dictada por este tribunal, el trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013), para luego llegar a la conclusión de que: […] en la especie ha quedado claro que existe una vulneración al derecho a la dignidad humana, protección de las personas de la tercera edad y derecho a la seguridad social de la accionante, señora IRIS MARÍA ARIAS ROSARIO, por lo que procede acoger la presente acción de amparo, dejando sin efecto las resoluciones Nos. 186-01 y 268, dictadas por el Consejo Nacional de Seguridad Social y por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), en lo relativo a la edad de 60 años del afiliado para que al confirmar la cobertura de pensión por sobrevivencia del afiliado Mario César de Jesús Fernández Morales, así como otorgarle la pensión
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). que le corresponde y de realizar un primer pago retroactivo que contemple las pensiones que debieron haber sido otorgadas desde la fecha del fallecimiento a cargo de la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S. A. (AFP SIEMBRA)”.
15.10 El análisis de la sentencia impugnada permite concluir que en sus consideraciones sobre la acción de amparo la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo: (a) hizo un adecuado planteamiento del problema jurídico a que se refiere el caso, poniendo de relieve los puntos constitutivos del conflicto; (b) valoró los medios de prueba aportados de las partes en litis, los cuales apreció de manera soberana, y, a la luz de dicha valoración, hizo una reconstrucción de los hechos invocados por las partes; (c) hizo un estudio del contrato de póliza de discapacidad, sobrevivencia y condiciones particulares relativo al caso; (d) escogió las normas jurídicas relativas a la litis, haciendo una adecuada labor de subsunción; e) contrastó la Ley núm. 87-01 y varios artículos de la Constitución de la República con las resoluciones núms. 186-01 y 268-06; f) llegó a la conclusión que dichas resoluciones vulneraban el derecho a la dignidad humana, el derecho a la protección de las personas de la tercera edad y el derecho a la seguridad social de la accionante; y g) finalmente, sobre la base de esa motivación, entendió que procedía dejar sin efecto las mencionadas resoluciones en lo concerniente al requisito de los sesenta (60) años de edad del afiliado a la seguridad social para que el beneficiario de la pensión de sobrevivencia tuviese derecho a recibir dicha pensión.
15.11 Lo expuesto pone de manifiesto que la sentencia recurrida fue debidamente motivada, razón por la cual la señalada recurrente no puede prevalerse de que inicialmente solo le haya sido notificado el dispositivo de la sentencia de referencia para pretender lo contrario, pues este hecho carece, por sí solo, de efecto jurídico en relación con la pretendida nulidad de la sentencia impugnada. Todo ello con
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). independencia, además, de que a la recurrente le fue posteriormente notificada, de manera íntegra, dicha decisión, como ya se ha apuntado.
15.12 Por lo anterior y al no verificarse la alegada vulneración, este tribunal procede a rechazar el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN).
b. En cuanto al recurso interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A. (AFP Siembra, S. A.)
15.13 La empresa Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A. (AFP Siembra, S. A.) ha solicitado la revocación de la sentencia impugnada “por haber incurrido en graves vicios de inconstitucionalidad y por no acreditarse ninguna violación o amenaza a los derechos fundamentales de la accionante, señora Iris María Arias Rosario”.
15.14 La señalada sociedad comercial afirma que “el tribunal a quo fue apoderado para conocer de una violación a derechos fundamentales alegadamente generada por la Resolución 186-01 y la Resolución 268-06 (que contienen el ‘Contrato Póliza’). Sin embargo, dicho tribunal ordenó que la Resolución 186-01 (y la 268- 06) quede sin ningún tipo de efecto jurídico en lo relativo a la edad límite del afiliado para reclamar, como si esas resoluciones no fueran una norma dictada por el CNSS en el ámbito de la facultad normativa que le es dada por la Ley No. 87- 01”.
15.15 Sostiene, además, que “si bien es cierto que todo tribunal tiene el derecho de conocer o no de una inconstitucionalidad (siguiendo las pautas legalmente establecidas), no menos cierto es que no pueden, legalmente hablando, dejar sin
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). efecto leyes, reglamentos y/o resoluciones, que los tribunales únicamente están llamados a aplicar la normativa legal vigente, al menos que se trate de una situación en la que se plantea una inconstitucionalidad, y no a interpretarla cuando su contenido está perfectamente claro como sucede con la Resolución 186-01 previamente con la Resolución 268-06”.
15.16 Por último, la AFP Siembra, S. A., alega que “la dignidad humana no tiene nada que ver con una ‘pensión por sobrevivencia’ máxime cuando la misma no cumple mínimamente con la normativa legal vigente. El mensaje que el tribunal está mandando es que cualquier persona tiene derecho a una ‘pensión por sobrevivencia’ (como si el derecho a una pensión fuera un derecho fundamental) aplastando toda la normativa legal vigente pues se asume que la misma está disponible a cualquiera y que poco importa lo que disponga nuestro marco legal”.
c. En cuanto a los alegatos de la señora Iris María Arias Rosario
15.17 En su escrito de defensa, la recurrida, señora Iris María Arias Rosario, sostiene, en cambio, lo que, a continuación, se hace constar: […] la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo ha hecho una justa aplicación de la Constitución y las Leyes, al conceder la Pensión de Sobrevivencia a la hoy recurrida señora IRIS MARIA ARIAS ROSARIO, mediante la Sentencia No. 00170-2015 [sic] dictada en fecha 24 de marzo del 2015, que le restablecieron los derechos fundamentales conculcados, de acuerdo al ordinal 3 del Art.39 sobre Derecho a la igualdad que reza: “3) El Estado debe promover las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas para prevenir y combatir la discriminación, la marginalidad, la vulnerabilidad y la
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). EXCLUSION”; y es que la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES SIEMBRA, S.A. (AFP Siembra, S.A. con RNC-101-78432-6) en fecha noviembre 18 del 2014 [sic] trató de hacer valer la Resolución No. 268-06 d/f 01-08-06 de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) de manos de su Gerente de Servicios al Cliente señora SANDRA GUZMAN, y posteriormente la Consultoría Jurídica de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) nos entregó la Resolución No. 186-01 d/f 24-07-08 del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) y es que ambas Resoluciones (268-06 y 186-01) excluyen a los afiliados después de los 60 años de edad para el pago de las prestaciones de Pensión de Sobrevivencia, y que además debemos señalar que la Res.No.186-01 d/f 24- 07-08 del CNSS no deroga ni sustituye explícitamente la Res.No.268-06 d/f 01-08-06 de la SIPEN, derogación que trataron de hacer valer las instituciones accionadas en amparo. c.1. Consideraciones del Tribunal
15.18 Como se ha indicado, el tribunal a quo acogió la acción de amparo basándose en que las disposiciones de las resoluciones números 268-06 y 186-01, dictadas, respectivamente, el primero (1 ro ) de agosto de dos mil seis (2006) y veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008), por el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) –las cuales trazan las pautas que sirven de base a la elaboración de los contratos póliza de discapacidad y sobrevivencia para el régimen contributivo al establecer como requisito el límite señalado para acceder a la referida pensión– vulneran derechos fundamentales de la accionante en amparo, señalando como tales los derechos a la dignidad humana, a la seguridad social y a la protección de las personas de la tercera edad.
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
15.19 En este orden, es pertinente señalar que el artículo 51 de la Ley núm. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, dispone: Pensión de sobrevivientes. En caso de fallecimiento del afiliado activo, los beneficiarios recibirán una pensión de sobrevivencia no menor al sesenta por ciento (60%) del salario cotizable de los últimos tres (3) años o fracción, ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El cónyuge sobreviviente menor de 50 años recibirá una pensión durante sesenta (60) meses, o, en su defecto, el hijo menor hasta los 18 años. El cónyuge sobreviviente mayor de 50 años y menor de 55 años tendrá derecho a setenta y dos (72) meses de pensión y los sobrevivientes mayores de 55 años, a una pensión vitalicia. La pensión de sobrevivencia será financiada con el monto acumulado de la cuenta personal del afiliado más el aporte del seguro de sobrevivencia. Estas prestaciones serán revisadas cada 5 años. Serán beneficiarios: El (la) cónyuge sobreviviente; b) Los hijos solteros menores de 18 años; c) Los hijos solteros mayores de 18 años y menores de 21 años que demuestren haber realizado estudios regulares durante no menos de los 6 meses anteriores al fallecimiento del afiliado; d) Los hijos de cualquier edad considerados discapacitados de acuerdo con el reglamento de pensiones. Las prestaciones establecidas beneficiarán:
a) Con el cincuenta por ciento (50%) al cónyuge, o en su defecto, al compañero de vida, siempre que ambos no tuviesen impedimento jurídico para contraer matrimonio.
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
b) Con el cincuenta por ciento (50%) a los hijos menores de 18 años, o menores de 21 si fuesen estudiantes, o mayores de edad cuando estuviesen afectados por una incapacidad absoluta o permanente. Párrafo I.- A falta de beneficiarios de estos grupos el saldo de la cuenta se entregará en su totalidad a los herederos legales del afiliado. El afiliado tendrá derecho a señalar sus herederos de acuerdo con las leyes dominicanas. Párrafo II.- El CNSS establecerá, luego de realizados los estudios de factibilidad correspondientes, el monto del seguro de vida según el aporte y en caso de que el afiliado no falleciera, el monto del ahorro acumulado del mismo será adicionado a su fondo de pensión”.
15.20 La empresa AFP Siembra, S. A., sostiene que […] la sentencia número 00107-2015 contiene vicios de inconstitucionalidad por no acreditarse ninguna violación a derechos fundamentales […] y que, además, el Tribunal […] no pueden [sic], legalmente hablando, dejar sin efecto leyes, reglamentos y/o resoluciones, […] que estos […] únicamente están llamados [sic] a aplicar la normativa legal vigente, al menos que se trate de una situación en la que se plantea [sic] una inconstitucionalidad, y no a interpretarla cuando su contenido está perfectamente claro como sucede con la Resolución 186-01 previamente con la Resolución 268- 06 […].
15.21 En respuesta a dicho alegato, es necesario precisar que el artículo 6 de la Constitución de la República prescribe que Todas las personas y 1os órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
15.22 Es preciso consignar, asimismo, que mediante su Sentencia TC/0351/14, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014), el Tribunal Constitucional estableció lo siguiente: El principio de legalidad de la Administración Pública se configura como un mandato dirigido a todos los órganos públicos de someter los actos y resoluciones de la administración que se encuentren bajo su jurisdicción al cumplimiento de las normas que integran el ordenamiento jurídico. De conformidad con este principio, las actuaciones de la Administración y las resoluciones judiciales quedan subordinadas a los mandatos de la ley.
15.23 En ese orden, el artículo 188 de la Constitución de la República, establece: “Control Difuso. Los tribunales de la República conocerán la excepción de constitucionalidad en los asuntos sometidos a su conocimiento”.
15.24 De igual modo, el artículo 189 de la Constitución precisa lo siguiente: “La ley regulará los procedimientos constitucionales y lo relativo a la organización y al funcionamiento del Tribunal Constitucional”.
15.25 Conforme a ello, todo juez del orden judicial está conminado a ejercer, incluso de oficio, el control difuso de la constitucionalidad de las normas y, por tanto, a no aplicar aquellas que valore como contraria a nuestra Ley Fundamental. En este sentido ha sido orientado el artículo 51 de la Ley núm. 137-11, que dispone: Todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado del fondo de un asunto ante el cual se alegue como medio de defensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, tiene competencia y está en el deber de examinar, ponderar y decidir la excepción planteada como cuestión previa al resto. De igual forma el artículo 52 de la referida ley prescribe que el control difuso de constitucionalidad
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). debe ejercerse por todo juez o tribunal del Poder Judicial, aún de oficio, en aquellas causas sometidas a su conocimiento”.
15.26 En lo que se refiere al control difuso, el Tribunal Constitucional, mediante Sentencia TC/0116/16, del veintidós (22) de abril de dos mil dieciséis (2016), se pronunció en el siguiente tenor: …la tutela del control de constitucionalidad fue otorgada, tanto al Tribunal Constitucional, en el ejercicio del control concentrado, como también al Poder Judicial por vía del control difuso.
15.27 Por igual, el Tribunal Constitucional en la Sentencia TC/0119/14, del trece (13) de junio de dos mil catorce (2014), sostiene que: El amparo es el mecanismo idóneo del que disponen todas las personas para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades; estos elementos le perfilan como la institución llamada a intervenir en situaciones que demandan respuestas de los órganos públicos para la garantía de otros derechos de su misma configuración constitucional.
15.28 Además, es necesario precisar que los derechos fundamentales envueltos en el presente caso se encuentran consignados en los artículos 38, 57 y 60 de la Constitución, a los que se adiciona, de manera importante, el artículo 51 de la Ley núm. 87-01, el cual, y en contra de lo alegado por la Administradora de Fondos de Pensiones, S. A. (AFP Siembra, S. A.), no establece el requisito sobre la edad del afiliado a que se refieren las resoluciones núms. 268-06 y 186-01, para que los
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). beneficiarios puedan acceder a la pensión de sobreviviente establecida por ese último artículo.
15.29 En este orden, y previo al análisis de los argumentos en que se sustenta el presente recurso, este órgano colegiado considera pertinente reiterar algunas de las puntualizaciones hechas en el Precedente TC/0203/13, del trece (13) de noviembre de dos mil trece (2013) –citado por el tribunal a quo–, en cuanto a la especial protección de los derechos fundamentales, a la dignidad humana y a la seguridad social cuando su titular es una persona de la tercera edad. Este criterio fue reiterado en la Sentencia TC/0375/16, del once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016). Al respecto, establecimos que: El derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, como tal inherente a la persona, y es, asimismo, un derecho prestacional, en la medida en que implica un derecho a recibir prestaciones del Estado […]. El derecho a la seguridad social constituye la garantía del derecho a vivir una vida digna frente al desempleo, la vejez, la discapacidad o la enfermedad. Sin embargo, el derecho a la seguridad social se sustenta en los principios de universalidad y solidaridad, y puede ser reivindicado mediante la acción de amparo; los jueces deben ponderar las particularidades de cada caso concreto.
15.30 Asimismo, en la mencionada sentencia TC/0203/13 este tribunal consideró que: En un Estado Social y Democrático de Derecho, es función esencial la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto de su dignidad
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco tanto de libertad igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco tanto de libertad individual como de justicia social [sic] que sean compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas, lo cual es posible cuando se cuenta con una administración pública cuya actuación se encuentre sujeta a los principios de legalidad, eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad, coordinación. En este caso, al tratarse de un amparo solicitado por una persona de avanzada edad y, además discapacitada, este tribunal constitucional acoge el “principio de la protección reforzada”, desarrollado por la Corte Constitucional de Colombia, cuya obligatoriedad se hace imperativa por disposición de los artículos 58 y 60 de la Constitución dominicana. Sin embargo, para hacer valer su derecho, el reclamante debe acreditar su procedencia, y cumplir con los requisitos establecidos por algunas leyes particulares.
15.31 Ello es así en razón de que la pensión de sobreviviente tiene por finalidad, como precisa la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-485/11, del veinte (20) de junio de dos mil once (2011), la protección de la familia que se ve desamparada por la muerte de quien proveía el sustento del núcleo familiar, entregando una prestación económica equivalente a lo que se dejó de percibir en ocasión del fallecimiento del causante.
15.32 Visto así, la dimensión de la tutela señalada se expande aún más cuando el beneficiario de la referida pensión es una persona en senectud o perteneciente a la tercera edad, pues, conforme a lo establecido en el mencionado artículo 57 de
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). nuestra Carta Sustantiva y a la jurisprudencia de este tribunal constitucional, estas personas son acreedoras, frente al Estado, de una protección especial, a fin de garantizar el disfrute efectivo y oportuno de ese derecho fundamental.
15.33 Lo anterior nos indica que el juez constitucional, al momento en que le sea presentada una cuestión de esta naturaleza, especialmente aquellas que tiendan a regular o modular el ejercicio del derecho fundamental a la seguridad social mediante prestaciones económicas (pensión por sobrevivencia o por discapacidad, por ejemplo), debe, para salvaguardar el mantenimiento de las condiciones que auspician la vida digna de una persona de la tercera edad, poner su empeño en que estas se cumplan con especial observancia de la Constitución de la República, primero, y, luego, de la legislación adjetiva que regula la materia social.
15.34 Así visto, y tomando en consideración que la supremacía de la Constitución funciona como un incuestionable axioma que se impone a todo juzgador al momento de decidir, y que, además, una resolución no puede desconocer el carácter normativo de una ley, sobre todo si ésta tiene el carácter de una ley marco que regula una disciplina, como la Ley núm. 87-01, es necesario precisar que el juez a quo obró correctamente al dejar sin efecto, vale decir, al declarar la nulidad de las resoluciones núms. 186-01 y 268-06. Para ello habrá necesidad de examinar la cuestión partiendo de los puntos nodales de la sentencia recurrida, lo que está referido, en primer lugar, a las pruebas que sirven de sustento a la reclamación de la señora Arias Rosario, y, en segundo lugar, y de manera principal, al valor regulatorio de las señaladas resoluciones frente al valor normativo de la Ley núm. 87-01 y la supremacía incuestionable de las disposiciones constitucionales aplicables en el presente caso.
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
15.35 Resulta evidente (conforme al estudio de la sentencia impugnada) que para dejar “sin efecto”, es decir, para declarar la nulidad de las resoluciones 186-01 y 268-06, el tribunal de amparo tuvo que hacer un minucioso análisis de estas normas y del contenido de las cláusulas de los contratos póliza de discapacidad y sobrevivencia (cuyas condiciones generales y particulares fueron aprobadas mediante dichas resoluciones) para confrontarlas con los artículos 57 y 60 de la Constitución y 51 de la Ley núm. 87-01. Más aún, a fin de verificar si el juez a quo hizo una labor correcta en el sentido apuntado, este tribunal constitucional se ha visto constreñido a hacer el obvio y obligado análisis de la sentencia y, adicionalmente, proceder a la realización idéntica a la realizada por dicho magistrado. En ocasión de dicho estudio, este tribunal ha constatado que, ciertamente, los referidos contratos imponen una limitación que afecta los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la seguridad social y a la protección de los afiliados en razón de la edad; limitación que también afecta, por vía de consecuencia, los derechos fundamentales de las beneficiarios de los primeros en lo concerniente al goce y disfrute de derechos derivados de los derechos de aquellos, principalmente en los casos de pensión de sobreviviente o por discapacidad.
15.36 Conforme a lo precedentemente indicado, este órgano colegiado ha podido verificar que, a fin de determinar si las accionadas habían vulnerado los referidos derechos fundamentales en desmedro de la accionante, el tribunal de amparo, como se ha indicado, contrastó el contenido de las resoluciones 186-01 y 268-06 con varios artículos de la Constitución de la República y de la Ley núm. 187-01, sobre el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Mediante dicho ejercicio, el juez a quo pudo verificar que, en efecto, mediante las referidas resoluciones el SIPEN había desconocido los textos constitucionales invocados por él (específicamente los artículos 38, 57 y 60) y el artículo 51 de la citada ley, razón por la cual declaró sin efecto (es decir, en sentido real, declaró inaplicables), a los fines del presente caso,
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). dichas resoluciones, haciendo uso de las facultades que reconoce a los jueces del orden judicial el artículo 185 de la Constitución, lo que significa que dicho magistrado no hizo sino cumplir, al amparo de la interpretación realizada a las referidas normas, con el mandato del señalado texto constitucional, así como respecto del precedente de este tribunal constitucional.
15.37 Es pertinente precisar, contrario a lo sostenido por la empresa AFP Siembra, S. A., que al declarar sin efecto las referidas resoluciones, a los fines del presente caso, el juez a quo no hizo sino ejercer el control difuso de la constitucionalidad, de conformidad con las atribuciones que confiere a todo juez del orden judicial el artículo 188 de la Constitución de la República; facultad que todo juez está conminado a ejercer, incluso de oficio. Por consiguiente, el juez de amparo sujetó su actuación a lo prescrito por el señalado texto de nuestra Carta Sustantiva, lo que significa que, desde este punto de vista, el presente recurso de revisión de decisión de amparo debe ser desestimado, a la luz del criterio sentado por este tribunal constitucional mediante su Sentencia TC/00107/15, ya que la decisión impugnada no contiene vicios de inconstitucionalidad por no acreditarse en su contra ninguna violación a derechos fundamentales.
d. En cuanto al recurso interpuesto por la Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).
15.38 El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), fundamenta su recurso en contra de la sentencia recurrida sobre la base de los siguientes alegatos: (a) que esta decisión fue dictada sin hacerse una justa valoración de los medios de prueba que constan en el expediente, además de no estar debidamente motivada; (b) que, al fijar el astreinte que consta en el dispositivo de la sentencia impugnada, el juez a quo decidió sobre aspectos que no le fueron planteados; y (c) que la Resolución
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). núm. 369-02, del veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015), fue aprobada para otorgar la cobertura del seguro de discapacidad y de sobrevivencia a los afiliados al régimen contributivo.
15.39 En respuesta a los señalados alegatos, la recurrida, señora Iris María Arias Rosario, mantiene los criterios originalmente invocados como sustento de la reclamación de los derechos que –según sostiene– le corresponden al amparo del artículo 51 de la Ley núm. 87-01; derechos que, como se ha hecho constar, le fueron reconocidos por la sentencia ahora impugnada. De ello se concluye, obviamente, que la recurrida pretende el rechazo de los recursos a que se contrae el caso que ocupa nuestra atención
15.40 La sociedad comercial Mapfre BHD, Compañía de Seguros, S. A., demandada en intervención forzosa, ha manifestado en su escrito de defensa que no tiene interés en contestar el presente recurso de revisión, razón por la cual deja su solución a la soberana apreciación del Tribunal.
15.41 Ahora bien, el ejercicio de una valoración probatoria, en el presente caso, cobra sentido al momento que el tribunal a quo se aprestó a ordenar que se dispusiera la confirmación de la cobertura, se otorgara la pensión por sobrevivencia y se realizara un pago retroactivo de pensiones a favor de Iris María Arias Rosario. En efecto, lo anterior encuentra su justificación en que la accionante en amparo – hoy recurrida en revisión– demostró ser la cónyuge supérstite del afiliado cotizante e inscrito a la seguridad social, mediante diversos elementos de prueba que, en su momento, no fueron objetados –ni tampoco en la especie lo son– por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), tales como el extracto del Acta de matrimonio número 001693, del cuatro (4) de diciembre de mil novecientos ochenta y dos (1982), la compulsa del Acto auténtico núm. 0026-2014, del veintitrés (23)
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). de septiembre de dos mil catorce (2014), y la certificación expedida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) el quince (15) de julio de dos mil catorce (2014).
15.42 Visto lo anterior, este tribunal constitucional considera atinado el criterio del tribunal de amparo al ordenar tales medidas, con el fin de restaurar los derechos fundamentales violentados a la señora Iris María Arias Rosario, toda vez que dicha ciudadana demostró encontrarse legitimada para solicitar la pensión de sobrevivencia respecto del finado Mario César de Jesús Fernández Morales, cuya fijación procedía en vista de que en el caso bajo análisis concurren los presupuestos fácticos, legales y constitucionales para ser beneficiaria de la pensión de referencia.
15.43 En tal virtud, procede rechazar los aspectos del recurso relativos a dicho alegato, pues ha quedado demostrado que sus motivos se encuentran sustentados en una valoración lógica y racional de las pruebas aportadas por las partes en litis, ajustando así su actuación a lo prescrito por la parte capital del artículo 88 de la Ley núm. 137-11. También cumplió con el mandato del párrafo de dicho artículo, pues explicó en su decisión las razones que tuvo para atribuir el valor probatorio que dio a las pruebas sometidas a su poder de apreciación; poder que ejerció –según la debida ponderación de la sentencia impugnada por este tribunal constitucional– de manera objetiva, valorando en su justa medida no solo los méritos de la acción de amparo, sino, por igual, los alegatos que sirven de fundamento a la contestación de esta acción. Desde ese punto de vista, tampoco se advierte vicios en la sentencia impugnada.
15.44 Para responder el segundo alegato planteado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (concerniente a que el juez a quo decidió sobre aspectos que no le fueron planteados, al fijar un astreinte en contra de las partes condenadas por la sentencia recurrida), es necesario precisar, en primer lugar, que este órgano
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). colegiado reitera su criterio [sentado en sus sentencias TC/0048/12, del ocho (8) de agosto de dos mil doce (2012); TC/0344/14, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil catorce (2014) y TC/0438/17, del quince (15) de agosto de dos mil diecisiete (2017), entre otras] de que el astreinte tiene la naturaleza de una sanción pecuniaria, no la de una indemnización en reparación de daños y perjuicios, la cual impone el juez, de manera discrecional, a fin de constreñir a aquella parte contra quien se dicta al cumplimiento de determinada obligación. De ello se concluye que la imposición de esta sanción es una facultad exclusiva del juzgador, cuyo establecimiento queda a su soberana apreciación, atendiendo a las particularidades de cada caso, ya que su único fin es ejercer coerción sobre el deudor de una obligación referida a la conculcación de un derecho fundamental (en materia de amparo) con miras al cumplimiento de lo ordenado.
15.45 En efecto, el artículo 93 de la Ley núm. 137-11 así lo establece, según los siguientes términos: Astreinte. El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreinte, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”.
15.46 Así, es constitucionalmente aceptable que en el discurrir de un proceso de amparo –o, incluso, en un proceso de justicia ordinaria– el juzgador puede, motu proprio, fijar un astreinte con la finalidad de obtener, al menos, una garantía que haga efectivo, real, el cumplimiento de lo ordenado en su sentencia. El propósito de la medida es vencer la reticencia del agraviante en obtemperar al mandato del juez.
15.47 El uso, pues, de esta facultad del juez de amparo está sujeto al poder soberano de apreciación del juzgador, dependiendo de las particularidades del caso concreto -como se ha dicho-, correspondiendo a la parte constreñida por el astreinte establecer la prueba del carácter irrazonable o injustificado de tal medida, lo que no
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). ha probado el CNSS. Procede, por consiguiente, el rechazo de este segundo aspecto del recurso incoado por esta entidad.
15.48 Por último, el recurrente invoca que al ser aprobada la Resolución núm. 369- 02 [dictada por el CNSS el veintitrés (23) de abril de dos mil quince (2015)] se hicieron modificaciones a las condiciones generales del contrato póliza de discapacidad y sobrevivencia, dando una mejor cobertura al seguro de discapacidad y sobrevivencia a los afiliados al régimen contributivo, con lo cual se subsana la situación creada bajo el amparo de las resoluciones núms.268-06 y 186-01. Sin embargo, es pertinente advertir que la situación (nueva) creada por la Resolución núm. 369-02 es posterior al origen del conflicto y a la propia sentencia recurrida, de donde resulta, de manera clara y palmaria, que el juez de amparo no podía juzgar sobre la base de una regulación normativa que aún no existía (desconocida, por demás) cuando dictó su sentencia. Además, habría sido impropio que (en el supuesto caso de que en el curso de proceso sobreviniera el cambio alegado), el juez a quo estaba conminado a aplicar la norma sustantiva vigente al momento de la génesis del conflicto, es decir, la Resolución núm.186-01 (a la que el juez de amparo agregó la 268-06).
15.49 A lo anterior se añade, de manera sobreabundante (si necesario fuere), en lo concerniente a la eventual falta de interés y objeto de la referida acción de amparo, sobre la base de la supuesta puesta en vigencia inmediata de la Resolución núm. 369-02, que la letra a) del artículo segundo de esa resolución, que contiene las condiciones generales del contrato póliza de discapacidad y sobrevivencia, dispone lo siguiente: PAGO DE BENEFICIOS:
a) Por Sobrevivencia:
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). LA COMPAÑÍA en caso del fallecimiento de un asegurado, indemnizará con una renta mensual equivalente al sesenta por ciento (60%) del promedio salarial de las últimas treinta y seis (36) remuneraciones o fracción cotizadas por el afiliado fallecido, si su seguro se encuentra en vigencia y antes de cumplir 65 años de edad, distribuidas en un cincuenta por ciento (50%) del total de esa renta para el cónyuge o compañero (a) de vida y el cincuenta por ciento (50%) restante, para el total de los hijos […]”.
15.50 El citado texto pone de manifiesto que, si bien es cierto que el CNSS procedió a una modificación de las condiciones generales del citado contrato póliza de discapacidad y sobrevivencia, al aumentar cinco (5) años a la anterior edad tope (60 años) que figuraba en las resoluciones núms.268-06 y 186-01, no ha subsanado, en lo esencial, la violación a los derechos fundamentales a la dignidad humana, seguridad social y protección a las personas de la tercera edad, pues mantiene un límite de edad para el acceso a esa pensión, lo que constituye una modificación implícita, pero real y tangible, y, por tanto, un desconocimiento a lo dispuesto por el artículo 51 de la Ley núm. 87-01, en la que no se establece ese límite o restricción para el ejercicio del derecho a la pensión.
15.51 Respecto a lo señalado en el párrafo anterior, referido al asunto esencial de la acción de amparo y al fundamento que sirvió de sustento al juez a quo para declarar la inaplicabilidad (al caso) de las resoluciones núms. 268-06 y 186-01, no se puede dejar sin considerar que, en aplicación del principio de la jerarquía normativa como componente básico de nuestro ordenamiento jurídico y del orden constitucional dominicano, no es constitucionalmente admisible que el valor normativo de un acto reglamentario proveniente de un órgano administrativo pretenda ser colocado por encima de una norma general proveniente del Congreso Nacional. Ello fue lo que pretendió el Consejo Nacional de Seguridad Social
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). mediante las indicadas resoluciones, con las cuales restringió o limitó el alcance del artículo 51 de la Ley núm. 87-01, arrogándose atribuciones que la Constitución de la República reconoce de manera exclusiva a este poder del Estado, lo que constituye una clara y flagrante violación de los artículos 93 y 96 de la Constitución de la República.
15.52 Conforme a la supremacía normativa establecida por nuestra Ley Fundamental, el sistema normativo dominicano se encuentra jerárquicamente organizado de una manera tal que en este se reconocen las normas de rango constitucional como las supremas y más importantes y, por lo tanto, a ellas se encuentran sometidas tanto las de rango legal como las de alcance reglamentario, y a las de rango legal se encuentran sometidas, a su vez, las de carácter reglamentario, entre las que se incluyen las resoluciones dictadas por los órganos de la seguridad social, que comprenden, por ende, las resoluciones a que se refiere el presente caso.
15.53 En ese orden, considerando que la Resolución núm. 369-02 no corrige, en realidad, el vicio advertido por el juez de amparo al momento de analizar las resoluciones núms. 186-01 y 268-06, por el cual estas últimas fueron anuladas, sino que lo reitera al aumentar la edad de sesenta (60) años establecida primigeniamente como límite para el goce o disfrute de tal prerrogativa del derecho fundamental a la seguridad social, ha lugar a desestimar dicho argumento como una causa tendente a la revocación de la sentencia recurrida en la especie.
15.54 A las consideraciones precedentes debe añadirse, de manera trascendente, por su relevancia, que si bien los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 57 (relativo a la protección de las personas de la tercera edad) y 60 (concerniente al derecho a la seguridad social) de la Constitución de la República son derechos sociales de carácter prestacional, los cuales, como tales, necesitan ser
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). legislativamente concretizados, no es menos cierto que el carácter fundamental de esos derechos es incuestionable y que estos son tangibles y concretos cuanto su regulación se materializa mediante el alcance que, en cuanto a su contenido, le confiere una norma de carácter legislativo, por la reserva de ley que está implícita en estos derechos. Ello es lo que ha ocurrido con esos derechos mediante la Ley núm. 87-01 (de incuestionable carácter orgánico), en cuanto a los aspectos regulados por esta, lo que significa que una transgresión de dicha norma se traduce en la vulneración de los derechos fundamentales a que ella se refiere, como son los derechos contenidos en los citados artículos 57 y 60. Con ello se pone en evidencia que las resoluciones núm. 268-06, dictada por la Superintendencia de Pensiones el primero (1 ro ). de agosto de dos mil dieciséis (2006), y núm. 186-01, dictada por el Consejo Nacional de Seguridad Social el veinticuatro (24) de julio de dos mil ocho (2008), son inconstitucionales por haber vulnerado los derechos fundamentales reconocidos por los citados textos, además de los previamente enunciados.
15.55 De lo anteriormente expuesto este tribunal constitucional concluye que, contrario a lo invocado por los recurrentes, en el presente caso el tribunal a quo ha dictado una sentencia ajustada al buen derecho, por ser conforme con la Constitución y con las normas adjetivas aplicables al caso, lo que significa que no se produce ninguna de las causas que los recurrentes han invocados para pretender la revocación de la sentencia impugnada, la cual, por ende, no está afectada de ningún vicio que justifique las pretensiones de los recurrentes. En consecuencia, dicha decisión debe ser confirmada. 16 Sobre la solicitud de suspensión de ejecución de sentencia
16.1 Los recurrentes han solicitado, además, como medida cautelar, que este órgano colegiado ordene la suspensión provisional de la ejecución de la sentencia
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015). impugnada, hasta que este tribunal decida la suerte de los recursos contra dicha decisión.
16.2 Sin embargo, las consideraciones precedentes ponen de manifiesto que el presente caso ha sido resuelto, de manera definitiva e irrefragable, con el rechazo de los recursos de referencia, evidenciando así falta de interés y la carencia de objeto, por su impertinencia e inutilidad, lo que conduce a la inadmisibilidad de la solicitud de suspensión provisional presentada. Además, mediante la Sentencia TC/0179/16, del doce (12) de mayo de dos mil dieciséis (2016), este tribunal rechazó una solicitud similar, presentada por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A. (AFP Siembra, S. A.). Por tanto, y conforme con el precedente establecido por este tribunal en otros supuestos fácticos y procesales similares [véase las sentencias TC/0120/13, del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013) y TC/0073/15, del veinticuatro (24) de abril de dos mil quince (2015)], procede declarar la inadmisibilidad de la solicitud de suspensión provisional de la sentencia impugnada, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta decisión. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; Hermógenes Acosta de los Santos y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITE los recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo incoados por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y la Administradora de Fondo de Pensiones Siembra, S. A. (AFP Siembra, S. A.) contra la Sentencia núm. 00107-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
SEGUNDO: RECHAZA, en cuanto al fondo, los recursos de revisión constitucional de sentencia de amparo a que se refiere el presente caso, de conformidad con las precedentes consideraciones, y, en consecuencia, CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia núm. 00107-2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
TERCERO: DECLARA el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República, y 7 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
CUARTO: ORDENA COMUNICAR, por Secretaría, la presente sentencia, para su conocimiento y fines de lugar, al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), a la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A. (AFP Siembra, S. A.), a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), a Mapfre BHD, Compañía de Seguros, S. A., a la Procuraduría General Administrativa y a la señora Iris María Arias Rosario. a) Expediente núm. TC-05-2015-0177, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN); b) Expediente núm. TC-05-2015-0219, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Administradora de Fondos de Pensiones Siembra, S. A.; y c) Expediente núm. TC-05- 2016-0063, relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de suspensión de ejecución de sentencia de amparo interpuestos por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), todos contra la Sentencia núm. 00107- 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de marzo de dos mil quince (2015).
QUINTO: DISPONE que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0405/19, del 1 de octubre de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0405-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.