Sentencia TC/0138/21
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 20 de enero de 2021 · Expediente TC-05-2019-0174
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Clara Luz Liranzo Rosario contra la Ordenanza núm. 00058-2019, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Monseñor Nouel el dieciséis (16) de abril de dos mil diecinueve (2019).
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Temas: Derecho de propiedad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0138/21?
El recurso de revisión se interpuso dentro del plazo franco de cinco días hábiles, expresó con claridad los agravios y presentó especial trascendencia constitucional porque permitía desarrollar el criterio sobre la imprescriptibilidad del derecho de propiedad y el deber estatal de protegerlo cuando recae sobre terrenos registrados. El amparo dirigido a prevenir un desalojo mediante el auxilio de la fuerza pública no encajaba en los supuestos de notoria improcedencia. Por ello, el Tribunal revocó la ordenanza y se avocó a conocer la acción de amparo (TC/0138/21, numeral 9, c–e, pág. 15; TC/0138/21, numeral 9, f–h, pág. 16; TC/0138/21, numeral 9, i–j, pág. 16; TC/0138/21, numeral 10, g–i, pág. 20).
Aunque transcurrieron noventa y tres días desde que la accionante conoció la amenaza de desalojo, el plazo de sesenta días del artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11 no impide al propietario reclamar por amparo la protección de su derecho ante una amenaza o vulneración, dado que el derecho de propiedad es imprescriptible. Como la titularidad de la accionante sobre el inmueble registrado no era controvertida, el deber estatal de garantizar su derecho de propiedad justificó acoger el amparo y ordenar al procurador fiscal que se abstuviera de autorizar la fuerza pública para ejecutar el mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo y desalojo, así como de adoptar cualquier otra medida que perturbara ese derecho (TC/0138/21, numeral 10, i–k, pág. 21; TC/0138/21, numeral 10, l–n, pág. 21; TC/0138/21, numeral 10, o–q, pág. 22; TC/0138/21, numeral 10, r–s, pág. 23).
Decisión
El Tribunal declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo acoge en cuanto al fondo y revoca la Ordenanza núm. 00058-2019. Acoge el amparo de Clara Luz Liranzo Rosario y ordena al procurador fiscal de Monseñor Nouel abstenerse de autorizar la fuerza pública para ejecutar el mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo y desalojo, así como de adoptar cualquier otra medida tendente a perturbar su derecho de propiedad; declara el recurso libre de costas y dispone la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“su inadmisibilidad debe ser la excepción, siendo la admisibilidad la regla.” (TC/0138/21, numeral 10, i–k, pág. 21)
“un propietario no está sujeto al cumplimiento del plazo legal establecido en el artículo 70, numeral 2 de la Ley núm. 137-11 para reclamar la protección de su derecho ante la amenaza o vulneración del mismo.” (TC/0138/21, numeral 10, o–q, pág. 22)
“el Estado tiene la obligación de reconocer y garantizar el derecho fundamental de propiedad.” (TC/0138/21, numeral 10, o–q, pág. 22)
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículos 51, 69, 72 y 185.4.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 9, 65, 66, 70, 94, 95, 96 y 100.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0080/12, TC/0061/13, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0483/16, TC/0834/17, TC/0548/18, TC/0007/12, TC/0031/14, TC/0086/13, TC/0017/13, TC/0187/13, TC/0074/14, TC/0241/13, TC/0254/13, TC/0276/13, TC/0147/13, TC/0009/14, TC/0306/15 (TC/0360/15 en la nota 23), TC/0002/17, TC/0071/13, TC/0088/12, TC/0257/13, TC/0614/19 y TC/0585/17.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos y argumentos invocados, el presente conflicto se origina cuando el señor Tomás Adames Cruz, siendo titular del inmueble descrito como Parcela núm. 366-P, con una superficie de 383.64 Mts2 y amparado por el certificado de título núm. 0700019176, interpone una demanda civil en resciliación de contrato de inquilinato, cobro de pesos por alquileres vencidos y no pagados y desalojo en contra del señor Daniel Liranzo Rosario. A raíz de dicho proceso, el Juzgado de Paz Ordinario del Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel, dicta el diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete (2017) la Sentencia civil núm. 416-2017-SSEN-00058, por medio de la cual acoge la demanda y condena al señor Daniel Liranzo Rosario al pago de un millón doscientos cincuenta mil pesos dominicanos con 00/100 ($1,250,000.00) en favor del señor Tomás Adames Cruz en razón de mensualidades dejadas de pagar, así como ordenó el desalojo del señor Daniel Liranzo Rosario o cualquier otra persona que se encontrara ocupando el inmueble. La referida sentencia civil núm. 416-2017-SSEN-00058 fue recurrida en apelación, pero las partes desistieron, de lo que resultó la Sentencia civil núm. 413-2018-SSEN-01345, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel el veinte (20) de noviembre de dos mil dieciocho (2018). Resulta que en ese intervalo el inmueble descrito como Parcela núm. 366-P, con una superficie de 383.64 Mts2 y amparado por el certificado de título núm. 0700019176 resultó adjudicado por la Cooperativa Vega Real, mediante la Sentencia Civil núm. 413-2018-SSEN-00258, dictada por la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monseñor Nouel el primero (1 ro ) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Dicha decisión no fue recurrida por el señor Tomás Adames Cruz. Por su parte, la Cooperativa Vega Real, transfirió el inmueble adjudicado a la señora Clara Luz Liranzo Rosario, el nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018) según consta en la certificación de estatus jurídico del inmueble, expedida por el Registro de Títulos de Monseñor Nouel el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019). El señor Tomás Adames Cruz, por medio del Acto núm. 1300/2018, del veintiséis (26) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), notifica a la señora Clara Luz Liranzo Rosario un mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo y desalojo sustentado en la Sentencia civil núm. 416-2017-SSEN- 00058, dictada el diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete (2017), por el Juzgado de Paz Ordinario del Municipio de Bonao, Provincia Monseñor Nouel. A raíz de dicha notificación, la señora Clara Luz Liranzo Rosario interpone una acción de amparo contra el señor Tomás Adames Cruz y el procurador fiscal de Monseñor Nouel, procurando tutelar su derecho de propiedad ante el Tribunal de Jurisdicción Original de Bonao, que el dieciséis (16) de abril de dos mil diecinueve (2019) dicta la Ordenanza núm. 00058-2019, por medio de la cual declaró inadmisible, por ser notoriamente improcedente, la acción de amparo; el tribunal basó su decisión en que la accionante no había podido demostrar cual acto del Ministerio Público pretendía vulnerar su derecho de propiedad. No conforme con la referida decisión, la señora Clara Luz Liranzo Rosario interpuso el recurso de revisión constitucional de amparo que ahora nos ocupa.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de
amparo El Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo es admisible atendiendo a las siguientes consideraciones:
a. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la referida ley núm. 137-11, las sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.
b. El artículo 95 establece la forma y plazo de interposición del recurso: El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado 1 Artículo 185. Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 4) Cualquier otra materia que disponga la ley. 2 Artículo 9. Competencia. El Tribunal Constitucional es competente para conocer de los casos previstos por el Artículo 185 de la Constitución y de los que esta ley le atribuye. Conocerá de las cuestiones incidentales que surjan ante él y dirimirá las dificultades relativas a la ejecución de sus decisiones. 3 Artículo 94. Recursos. Todas las sentencias emitidas por el juez de amparo pueden ser recurridas en revisión por ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en esta ley. Párrafo. Ningún otro recurso es posible, salvo la tercería, en cuyo caso habrá de procederse con arreglo a lo que establece el derecho común. en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación.
c. Con respecto al plazo previsto por el indicado artículo 95, este tribunal estableció en la Sentencia TC/0080/12 4 , que el mismo es de cinco (5) días hábiles y que, además, es un plazo franco, es decir, que al momento de establecerlo no se toman en consideración los días no laborables ni el día en que es realizada la notificación ni aquel en el cual se produce el vencimiento del indicado plazo. Dicho criterio ha sido reiterado en las Sentencias TC/0061/13 5 , TC/0199/14 6 , TC/0097/15 7 , TC/0483/16 8 , TC/0834/17 9 , TC/0548/18 10 , entre otras.
d. En la especie, la recurrente, señora Clara Luz Liranzo Rosario fue notificada de la Ordenanza núm. 00058-2019 el ocho (8) de junio de dos mil diecinueve (2019) por medio del Acto núm. 561/2019 del ocho (8) de junio de dos mil diecinueve (2019) 11 .
e. El recurso de revisión fue depositado el once (11) de junio de dos mil diecinueve (2019) ante el Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria de Bonao. Se puede verificar que fue interpuesto transcurridos dos (2) días hábiles después de la notificación y por lo tanto dentro del plazo exigido por el citado artículo 95 de la Ley núm. 137-11. 4 Sentencia TC/0080/12 del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), página 6, literal d) 5 Sentencia TC/0061/13 del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013) 6 Sentencia TC/0199/14 del veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014) 7 Sentencia TC/0097/15 del veintisiete (27) de mayo de dos mil quince (2015) 8 Sentencia TC/0483/16 del dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciséis (2016) 9 Sentencia TC/0834/17 del quince (15) de diciembre de dos mil diecisiete (2017) 10 Sentencia TC/0548/18 del diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018) 11 Instrumentado por el ministerial César Noé Díaz Roque, alguacil ordinario del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia Monseñor Nouel
f. Otro aspecto que debe ser observado para admitir el recurso de revisión es lo establecido en el artículo 96 de la referida Ley núm. 137-11, a saber, que: El recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo, haciéndose constar además de forma clara y precisa los agravios causados por la decisión impugnada.
g. En la especie, este colegiado considera que la recurrente obedeció los requerimientos de dicho texto, pues la señora Clara Luz Liranzo Rosario sustenta su recurso en que el tribunal a-quo conculcó su derecho a la propiedad, desnaturalizando los hechos al aplicar un criterio de inadmisibilidad sin tomar en cuenta la razonabilidad jurídica.
h. Por su parte, el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11, establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, indicando que dicha admisibilidad está sujeta a que el asunto de que se trate el recurso suponga una especial trascendencia o relevancia constitucional; a saber: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso.
i. En lo relativo a la especial trascendencia o relevancia constitucional este Tribunal fijó su posición por medio de la Sentencia TC/0007/12 12 , en la cual estableció que: 12 Sentencia TC/0007/12 del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012) (…) tal condición solo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) Que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
j. En el caso que nos ocupa, el tribunal constitucional considera que el recurso de revisión tiene especial trascendencia o relevancia constitucional ya que le permitirá seguir desarrollando su criterio sobre la imprescriptibilidad del derecho de propiedad y la obligación que tiene el Estado de garantizar la protección del mismo cuando ese derecho recae sobre terrenos registrados.
10. En cuanto al fondo del recurso de revisión constitucional de
sentencia de amparo En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:
a. En la especie, se trata de que la señora Clara Luz Liranzo Rosario interpuso una acción constitucional de amparo procurando la protección de su derecho de propiedad del inmueble identificado como parcela núm. 366-P del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio Bonao en la Provincia Monseñor Nouel y del cual ostenta el certificado de título núm. 0700019176; esto ante la amenaza de ser desalojada con el auxilio del otorgamiento de fuerza pública por parte del Ministerio Público.
b. En ese sentido, alega que el Tribunal de Jurisdicción Original de Monseñor Nouel ha vulnerado su derecho a la propiedad y que, además, el juez de amparo hizo una interpretación errónea del artículo 70, numeral 3 de la referida ley núm. 137-11, al declarar inadmisible por ser notoriamente improcedente la indicada acción, fundamentando su decisión en que la entonces accionante no había aportado los medios de prueba necesarios para sustentar su petición.
c. En efecto, el Tribunal de Jurisdicción Original de Monseñor Nouel expresó que [e]ste tribunal entiende que la acción lanzada por la impetrante a través de su abogado representante es notoriamente improcedente, púes como indicamos, pretende que el Ministerio Público se abstenga de conceder fuerza pública o suspenda la ejecución de la misma; en tal sentido, no ha aportado ninguna prueba que demuestre que se está ejecutando o haya otorgado fuerza pública que violenta el derecho de propiedad del cual es titular la impetrante; que el tribunal no puede, mediante atribuciones del amparo, ordenar la suspensión u ordenar a una autoridad pública, en este caso al Ministerio Público, que se abstenga de ejercer sus potestades por simples presunciones o sin prueba fehaciente, que de manera inminente, y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta se va a lesionar, restringir, alterar o amenazar los derechos fundamentales alegados y consagrados en la Constitución.
d. La Constitución dominicana, en su artículo 72 establece que Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por si o por quien actué en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, publico, gratuito y no sujeto a formalidades.
e. Por su parte, la Ley núm. 137-11 establece en su artículo 65 que La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data.
f. En lo relativo a la inadmisión de la acción de amparo por ser notoriamente improcedente, esta sede constitucional ha establecido criterios relativos a que (i) no se verifique la vulneración de un derecho fundamental (TC/0031/14 13 ), (ii) el accionante no indique cuál es el derecho fundamental supuestamente conculcado (TC/0086/13 14 ), (iii) la acción se refiera a una cuestión de legalidad ordinaria (TC/0017/13 15 y TC/0187/13 16 ), (iv) la acción se refiera a un asunto que ya se encuentre en la jurisdicción ordinaria (TC/0074/14 17 ), (v) la acción se refiera a un asunto que ha sido resuelto judicialmente (TC/0241/13 18 , TC/0254/13 19 y TC/0276/13 20 ), (vi) que 13 Sentencia TC/0031/14 del catorce (14) de febrero de dos mil catorce (2014) 14 Sentencia TC/0086/13 del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013) 15 Sentencia TC/0017/13 del veinte (20) de febrero de dos mil trece (2013) 16 Sentencia TC/0187/13 del veintiuno (21) de octubre de dos mil trece (2013) 17 Sentencia TC/0074/14 del veintitrés (23) de abril de dos mil catorce (2014) 18 Sentencia TC/0241/13 del veintinueve (29) de noviembre de dos mil trece (2013) mediante la acción se pretenda la ejecución de una sentencia (TC/0147/13 21 y TC/0009/14 22 ) y (vii) cuando las pretensiones sean absurdas, insólitas o imposibles y respecto de las cuales no estuvieran envueltas violaciones a derechos fundamentales (TC/0306/15 23 y TC/0002/17 24 ).
g. En la especie, se trata de una acción incoada con la finalidad de prevenir la ejecución de un desalojo, amparado en el otorgamiento de la fuerza pública por parte de una autoridad -que en este caso es el Ministerio Público- por lo que puede observarse que no estamos ante uno de los supuestos donde el juez de amparo podría aplicar la notoria improcedencia como causal de inadmisibilidad de la acción.
h. En ese sentido, el Tribunal Constitucional considera que la decisión tomada por el tribunal a-quo es errónea y procederá a revocar la referida Ordenanza núm. 00058-2019, y se avocará a conocer la acción de amparo interpuesta por la señora Clara Luz Liranzo Rosario –esto en aplicación de su propia jurisprudencia–, sentada en la Sentencia TC/0071/13 25 : El Tribunal Constitucional, en aplicación del principio de la autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida. 19 Sentencia TC/0254/13 del doce (12) de diciembre de dos mil trece (2013) 20 Sentencia TC/0276/13 del treinta (30) de diciembre de dos mil trece (2013) 21 Sentencia TC/0147/13 del veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013) 22 Sentencia TC/0009/14 del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014) 23 Sentencia TC/0360/15 del veinticinco (25) de septiembre de dos mil quince (2015), pág. 17, numeral 10.18 24 Sentencia TC/0002/17 del cuatro (4) de enero de dos mil diecisiete (2017), págs. 14 y 15, literal e) 25 Sentencia TC/0071/13 del siete (07) de mayo de dos mil trece (2013), página 15, literal m)
i. De la acción de amparo: Antes de proceder al conocimiento del fondo de la acción de amparo, este tribunal debe verificar que la misma sea admisible:
i. De conformidad con las disposiciones del artículo 72 de la Constitución, la acción de amparo es un procedimiento preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades; por ende, su inadmisibilidad debe ser la excepción, siendo la admisibilidad la regla.
j. Por su parte el artículo 70 de la referida Ley núm. 137-11, establece las causas de inadmisibilidad de la acción de amparo. A saber: 1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado. 2) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental. 3) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente.
k. A los fines de determinar la admisibilidad de la acción de amparo se hace necesario determinar el momento en que el accionante tuvo conocimiento del acto supuestamente conculcador de sus derechos. En el caso que nos ocupa, la señora Clara Luz Liranzo Rosario tuvo conocimiento de la amenaza de vulneración a su derecho de propiedad por medio del Acto núm. 1300/2018, de mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo y desalojo, el veintiséis (26) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
l. Luego de recibir dicho acto, procede a interponer una acción de amparo en contra del señor Tomás Adames Cruz y el procurador fiscal de Monseñor Nouel, licenciado Joel López, mediante instancia depositada ante el Tribunal de Jurisdicción Original de Bonao el veintinueve (29) de marzo de dos mil diecinueve (2019), a los fines de prevenir que este último otorgara el auxilio de la fuerza pública para ejecutar el desalojo del inmueble identificado como parcela 366-P del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio de Bonao en la Provincia Monseñor Nouel y del cual la accionante ostenta el certificado de título núm. 0700019176.
m. De lo anterior se evidencia que la acción de amparo fue interpuesta habiendo transcurrido noventa y tres (93) días desde que la accionante tomó conocimiento de la amenaza de vulneración a su derecho de propiedad.
n. Como se puede observar, la accionante alega violación a su derecho de propiedad, reconocido en el artículo 51 de la Constitución dominicana, que, en su parte capital, in fine, dispone que: (...) Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. En ese sentido, el Tribunal Constitucional por medio de la Sentencia TC/0088/12 26 estableció que toda persona tiene el derecho de ejercer a plenitud su derecho de propiedad, sobre todo disfrutar y disponer de ellos y en la Sentencia TC/0257/13 27 determinó que, por su naturaleza y sus características, el derecho de propiedad es imprescriptible, en ese sentido expresó que mientras se mantenga la violación dicho plazo se renueva.
o. En aplicación de lo expuesto precedentemente este colegiado es del criterio que un propietario no está sujeto al cumplimiento del plazo legal establecido en el artículo 70, numeral 2 de la Ley núm. 137-11 para reclamar la protección de su derecho ante la amenaza o vulneración del mismo. Por lo que la acción de amparo interpuesta es admisible por tratarse de un derecho imprescriptible. 26 Sentencia TC/0088/12 del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012) 27 Sentencia TC/0257/13 del diecisiete (17) de diciembre de dos mil trece (2013)
p. En la especie no es controvertido que la accionante, es la legítima propietaria del inmueble objeto del conflicto, en virtud de que fue adquirido legalmente a raíz de la transferencia realizada por la Cooperativa Vega Real el nueve (9) de abril de dos mil dieciocho (2018) según consta en la certificación de estatus jurídico del inmueble, expedida por el Registro de Títulos de Monseñor Nouel el veinticuatro (24) de abril de dos mil diecinueve (2019 y avalada por el Certificado de título Matrícula núm. 0700019176 de la Parcela núm. 366-P del Distrito Catastral núm. 2 del Municipio Bonao, Provincia Monseñor Nouel a nombre de la señora Clara Luz Liranzo Rosario.
q. Como bien dispone el citado artículo 51 constitucional, el Estado tiene la obligación de reconocer y garantizar el derecho fundamental de propiedad. En ese tenor puede conferir a las autoridades la facultad de tomar las medidas que sean necesarias a los fines de proteger ese derecho cuando el mismo sea vulnerado, tomando en cuenta que este derecho conlleva el cumplimiento de un conjunto de reglas judicialmente aplicables, a los fines de determinar y proteger el goce y disfrute de los bienes inmuebles en todo el territorio nacional 28 .
r. En ese tenor, el Tribunal Constitucional por medio de la Sentencia TC/0585/17 29 , estableció que (…) si bien es cierto que en principio la propiedad es un derecho casi absoluto, limitado sólo por el carácter social del mismo, una vez el bien ha sido transferido y entrado al patrimonio de una persona natural o jurídica y este se subroga en los derechos del propietario, dicho derecho no puede ser vulnerado, por tratarse de un derecho legítimamente adquirido, y el Estado tiene el deber de garantizar y proteger los derechos adquiridos, sobre todo cuando ese derecho recae 28 Sentencia TC/0614/19 del veintiséis (26) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). Pág. 16, literal e). 29 Sentencia TC/0585/17 del uno (1) de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Pág. 24, literal g). sobre terrenos registrados, salvo que se demuestre que no se trata de un adquiriente de buena fe.
s. Por los motivos expuestos este tribunal constitucional estima pertinente acoger la acción de amparo y en consecuencia ordena al procurador fiscal de Monseñor Nouel abstenerse de autorizar la fuerza pública para la ejecución de un mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo y desalojo, así como de cualquier otra medida tendente a perturbar el derecho de propiedad de la señora Clara Luz Liranzo Rosario. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; José Alejandro Ayuso y Justo Pedro Castellanos Khoury, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional,
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la señora Clara Luz Liranzo Rosario, contra la Ordenanza núm. 00058-2019, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Monseñor Nouel, el dieciséis (16) de abril de dos mil diecinueve (2019).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y, en consecuencia, REVOCAR la Ordenanza núm. 00058-2019, dictada por el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Judicial de Monseñor Nouel el dieciséis (16) de abril de dos mil diecinueve (2019).
TERCERO: ACOGER la acción de amparo incoada por la señora Clara Luz Liranzo Rosario contra el señor Tomás Adames Cruz y el procurador fiscal de Monseñor Nouel, licenciado Joel López.
CUARTO: ORDENAR al procurador fiscal de Monseñor Nouel abstenerse de autorizar la fuerza pública para la ejecución de un mandamiento de pago tendente a embargo ejecutivo y desalojo, así como de cualquier otra medida tendente a perturbar el derecho de propiedad de la señora Clara Luz Liranzo Rosario.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72 30 , in fine, de la Constitución de la República, y 7 31 y 66 32 de la referida Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procesos Constitucionales.
SEXTO: ORDENAR por Secretaría, la comunicación de la presente sentencia a la parte recurrente, Clara Luz Liranzo Rosario y a las partes recurridas, Tomás Adames Cruz y el procurador fiscal de Monseñor Nouel, licenciado Joel López.
SÉPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional. 30 Artículo 72.- Acción de amparo. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades. 31 Artículo 7.- Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: 6) Gratuidad. La justicia constitucional no está condicionada a sellos, fianzas o gastos de cualquier naturaleza que dificulten su acceso o efectividad y no está sujeta al pago de costas, salvo la excepción de inconstitucionalidad cuando aplique. 32 Artículo 66.- Gratuidad de la Acción. El procedimiento en materia de amparo es de carácter gratuito, por lo que se hará libre de costas, así como de toda carga, impuestos, contribución o tasa.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0138/21, del 20 de enero de 2021. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0138-21. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.