Sentencia TC/0162/20

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 17 de junio de 2020 · Expediente TC-05-2019-0065

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por Michel Natividad Durán Febles, Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Paniagua y Caroline Castillo Jiménez contra la Sentencia núm. 030-02-2019-SSEN- 00006, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de pensión

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0162/20?

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo franco de cinco días y presentó especial trascendencia constitucional porque permitía precisar el alcance de la pensión de sobrevivencia para la pareja de hecho y los hijos supérstites (TC/0162/20, numeral 10, 10.1–10.2, pág. 11; TC/0162/20, numeral 10, 10.5–10.6, pág. 12). El juez de amparo incurrió en un error procesal que hacía anulable su sentencia al fundar la inadmisibilidad en una ley derogada, en contravención del principio de legalidad del artículo 69.7 de la Constitución. Anulada la sentencia, el Tribunal conoció directamente el amparo de cumplimiento por economía procesal (TC/0162/20, numeral 11, 11.4–d, pág. 14; TC/0162/20, numeral 11, 11.6–11.7, pág. 15).

El amparo de cumplimiento era procedente porque se dirigía a hacer efectivo el artículo 121 de la Ley núm. 590-16 y se cumplieron los requisitos de legitimación, identificación de la autoridad renuente, puesta en mora y plazo (TC/0162/20, numeral 11, 11.12–11.13, pág. 17; TC/0162/20, numeral 11, 11.14, pág. 17; TC/0162/20, numeral 11, 11.15, pág. 18; TC/0162/20, numeral 11, 11.17, pág. 19). El Tribunal comprobó que solo Michel Natividad Durán Febles mantuvo con el oficial fallecido una unión de hecho singular, estable y permanente, sin que las relaciones de las que nacieron otros hijos constituyeran nexos domésticos simultáneos. Acreditada también la filiación de los seis hijos menores, todos ellos y la conviviente supérstite tenían derecho a la pensión. La falta de validación y trámite de la solicitud, contraria al deber de coordinación y cooperación administrativa, vulneró el derecho a la seguridad social, reforzado en el caso de los hijos por la protección constitucional de las personas menores de edad (TC/0162/20, numeral 11, 11.26–11.27, pág. 24; TC/0162/20, numeral 11, 11.28–11.29, pág. 24; TC/0162/20, numeral 11, 11.30, pág. 25; TC/0162/20, numeral 11, 11.31, pág. 25; TC/0162/20, numeral 11, 11.32, pág. 26; TC/0162/20, numeral 11, 11.33–g, pág. 27).

Decisión

El Tribunal admitió el recurso en cuanto a la forma, lo acogió en cuanto al fondo, anuló la sentencia recurrida y declaró procedente el amparo de cumplimiento. Ordenó al Comité de Retiro de la Policía Nacional validar y tramitar la pensión con pago retroactivo al 5 de marzo de 2017, asignando el 50 % a la conviviente supérstite y el otro 50 % en partes iguales a los seis hijos menores; impuso al Comité una astreinte de $5,000.00 por cada día de retardo a favor de los beneficiarios y declaró el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“Los jueces, al momento de administrar justicia deben sujetarse a la legislación vigente, puesto que están sujetos al principio de legalidad previsto en el artículo 69.7 de la Constitución dominicana” (TC/0162/20, numeral 11, 11.4–d, pág. 14).
“sólo la señora Michel Natividad Durán Febles mantuvo con el fenecido Mendoza Marte una comunidad de vida permanente y singular, que se prolongó por más de trece años” (TC/0162/20, numeral 11, 11.26–11.27, pág. 24).
“el derecho a recibir una pensión se circunscribe dentro de los beneficios y garantías que otorga la Seguridad Social, derecho fundamental previsto en el artículo 60 de la Constitución dominicana” (TC/0162/20, numeral 11, 11.33–g, pág. 27).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 55.5, 56, 60, 69.7, 72 in fine y 138.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 66, 87, 93, 95, 100 y 104 a 107.

Ley núm. 590-16: artículos 121, 123 y 130.

Ley núm. 397-19: artículo 36.4.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/12, TC/0007/12, TC/0850/18, TC/0203/14, TC/0344/14, TC/0071/13, TC/0185/13, TC/0012/14, TC/0127/14, TC/0012/12, TC/0261/16, TC/0007/17, TC/0742/17, TC/0217/16, SC-4361-2018, TC/0203/13, TC/0453/15, TC/0675/18 y TC/0438/17.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

Conforme con los documentos depositados en el expediente y los hechos invocados por las partes, el caso que nos ocupa surge por el hecho de que la Sra. Michel Natividad Durán Febles solicitó una pensión de sobrevivencia para ella y sus hijos menores de edad con motivo de la unión singular y estable, libre de impedimento matrimonial que sostuvo por más trece (13) años con el Sr. José de Jesús Mendoza Marte, primer teniente de la Policía Nacional, quien falleció estando activo en sus funciones, el cinco (5) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Producto de esta unión procrearon tres (3) hijos menores de edad. Por otra parte, el extinto primer teniente Mendoza Marte también sostuvo una relación consensual no permanente con las señoras Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Panigua y Caroline Castillo Jiménez, procreando un (1) hijo con cada una de ellas, quienes únicamente solicitaron la pensión de sobrevivencia para sus hijos menores de edad en situación de orfandad. En este sentido, ante la negativa de la institución castrense, las referidas cuatro (4) señoras procedieron a interponer una acción de amparo de cumplimiento, la cual, mediante la Sentencia núm. 030-02-2019-SSEN-00006, emitida el diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019) por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, fue recalificada como amparo ordinario y declarado inadmisible por notoria improcedencia, en virtud del art. 70.3 de la Ley núm. 137-11, decisión objeto del presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo.

TC/0162/20, numeral 8, pág. 10 — PDF oficial

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión

10.1. El artículo 95 de la Ley núm. 137-11 señala: “El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación”. Asimismo, el Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia TC/0080/12, de quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), al referirse al cómputo del plazo instituido en el referido artículo 95, lo siguiente: “El plazo establecido en el párrafo anterior es franco, es decir, no se le computarán los días no laborales, ni el primero ni el último día de la notificación de la sentencia”.

10.2. La Sentencia núm. 030-02-2019-SSEN-00006, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019), fue notificada a las partes recurrentes el veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019), según se hace constar en el Acto núm. 326/19. Entre la fecha de notificación de la sentencia recurrida [veinticinco (25) de febrero de dos mil diecinueve (2019)] y la de interposición del presente recurso [veintiocho (28) de febrero de dos mil diecinueve (2019)] excluyendo los días a quo, veinticinco (25) y ad quem, veintiocho (28), se advierte que transcurrieron dos (2) días hábiles y por tanto, al momento del depósito del presente recurso de revisión se ejerció dentro del plazo hábil para su interposición.

TC/0162/20, numeral 10, 10.1–10.2, pág. 11 — PDF oficial

10.3. Respecto a la inadmisibilidad del recurso de revisión planteada por el procurador general administrativo, sobre el argumento de que este no contiene de manera clara y precisa los agravios que la sentencia impugnada les ha causado a los recurrentes, entendemos que estos últimos, al argumentar que el remitirlos a un procedimiento de legalidad, cuya eficacia no garantiza la restauración de sus derechos conculcados, dichos recurrentes pretenden determinar el agravio que les ha causado la sentencia, por una errónea aplicación del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, del procedimiento de amparo mediante el cual buscan el remedio a las violaciones a sus derechos fundamentales, por lo que se rechaza dicho pedimento sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo.

10.4. Por otro lado, y de conformidad con el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, la admisibilidad del recurso de revisión contra toda sentencia de amparo está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada; esta condición se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales.

TC/0162/20, numeral 10, 10.3–10.4, pág. 11 — PDF oficial

10.5. En su Sentencia TC/0007/12, de veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), el Tribunal señaló casos -no limitativos- en los cuales se configura la relevancia constitucional: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

10.6. El presente recurso de revisión tiene especial relevancia y trascendencia constitucional, ya que su conocimiento le permitirá a este tribunal afianzar su posición sobre la aplicación y alcance del derecho fundamental de pensión en lo relativo a la pensión de sobrevivencia para la pareja de hecho y los hijos supérstites.

TC/0162/20, numeral 10, 10.5–10.6, pág. 12 — PDF oficial

11. Sobre el presente recurso de revisión

11.1. El recurso de revisión a que se contrae el presente caso, se interpuso contra la Sentencia núm. 030-02-2019-SSEN-00006, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019), mediante la cual se recalificó la acción de amparo de cumplimiento como amparo ordinario y se declaró inadmisible por notoria improcedencia la referida acción interpuesta por las señoras Michel Natividad Durán Febles, Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Paniagua y Caroline Castillo Jiménez, contra la Policía Nacional, en procura del otorgamiento de pensiones de sobrevivencia a favor de las accionantes, las cuales no fueron satisfechas por la institución castrense.

11.2. El juez a-quo fundamentó la inadmisibilidad de la acción bajo el entendido de que al tenor de las disposiciones del artículo 84 de la Ley 94-06, Institucional de la Policía Nacional, el órgano encargado de la administración y dirección de retiro lo es el Comité de Retiro de la Policía Nacional, entidad que posee personería jurídica propia, y que no ha sido puesto en causa en el proceso en cuestión; que de lo anterior se infiere la imposibilidad del juez de amparo de ordenar a una institución la realización de una acción de la cual no tiene obligación.

11.3. Los recurrentes por su parte arguyen que la sentencia impugnada tomó como fundamento el artículo 84 de la Ley núm. 94-06, la cual había sido derogada por la actual Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, y, por tanto, inobservó el hecho de que el Comité de Retiro de la Policía Nacional es una dependencia directa del referido cuerpo castrense.

TC/0162/20, numeral 11, 11.1–11.3, pág. 13 — PDF oficial

11.4. Es preciso indicar que, en consonancia con lo argumentado por los recurrentes, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, al momento de declarar inadmisible la acción de amparo, utilizó como fundamento el artículo 84 de la Ley núm. 96-04, Institucional de la Policía Nacional, la cual había sido derogada por la actual Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, de quince (15) de julio de dos mil dieciséis (2016), vigente al momento de interponer la acción de amparo el veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018), incurriendo el juez a-quo en un error procesal que hace anulable la sentencia impugnada.

11.5. Los jueces, al momento de administrar justicia deben sujetarse a la legislación vigente, puesto que están sujetos al principio de legalidad previsto en el artículo 69.7 de la Constitución dominicana; así lo ha manifestado este colegiado en su Sentencia TC/0850/18, de diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), estableciendo lo siguiente:

c. La actividad de administración de justicia a través de la emisión de decisiones debidamente motivadas con aplicación de la norma vigente responde a uno de los principios pilares de un estado constitucional de derecho, el principio de legalidad. Este principio responde a su vez a la necesidad de que los poderes públicos se sujeten a la conformidad de la ley, a pena de nulidad.

d. Como garantía del debido proceso, el principio de legalidad se consagra en el artículo 69.7 de la Constitución, el cual prescribe que ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a las leyes preexistentes y con observancia de las formalidades propias de cada juicio. Tal disposición evidencia la función garantista de este principio, pues limita a los poderes públicos, incluido el Poder Judicial, a ejercer sus funciones dentro de los confines establecidos por la ley.

TC/0162/20, numeral 11, 11.4–d, pág. 14 — PDF oficial

11.6. Respecto a la aplicación de legislaciones derogadas por parte de un juez de amparo, el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0203/14, numeral 10.12, y ratificado por la Sentencia TC/0344/14, dispuso que:

10.12. Otro aspecto que se observa en la lectura de la Resolución Núm. 81/2013, impugnada mediante el presente recurso de revisión, es que el juez de amparo basó su decisión en observación a la Ley núm. 437-06, sobre Recurso de Amparo, de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil seis (2006), la cual fue derogada por la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, por lo que, al sustentar la motivación de su fallo en las disposiciones de una ley derogada, en vez de aplicar la ley vigente, el juez a quo incurrió en un error procesal que hace anulable la sentencia.

11.7. Por tales motivos, procede acoger el presente recurso de revisión, declarar la nulidad de la Sentencia núm. 030-02-2019-SSEN-00006 por las consideraciones expuestas, y en aplicación del principio de economía procesal, siguiendo el criterio establecido en el precedente fijado en la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), reiterado en las sentencias TC/0185/13, del once (11) de octubre de dos mil trece (2013); TC/0012/14, del catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), así como la TC/0127/14, del veinticinco (25) de junio de dos mil catorce (2014), este tribunal constitucional se aboque a conocer de la presente acción de amparo.

TC/0162/20, numeral 11, 11.6–11.7, pág. 15 — PDF oficial

11.8. La acción de amparo de cumplimiento que nos ocupa fue interpuesta por las señoras Michel Natividad Durán Febles, Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Paniagua y Caroline Castillo Jiménez contra la Dirección General de la Policía Nacional, Comité de Retiro de la Policía Nacional, Ministerio de Hacienda y Autoseguro del Instituto del Seguro Social el veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018).

11.9. Las accionantes plantean que les han conculcado sus derechos fundamentales de seguridad alimentaria, como la protección de las personas menores de edad, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud y el derecho a la educación de sus seis (6) hijos menores, así como los derechos fundamentales que se desprenden de la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, previstos por el numeral 5 del artículo 55 de la Carta Sustantiva, al no haberles otorgado la pensión de sobrevivencia prevista en el artículo 121 de la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional.

11.10. La acción de amparo de cumplimiento está prevista en los artículos 104 al 111 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, los cuales deben ser analizados para establecer la procedencia o improcedencia de las pretensiones vertidas por las accionantes.

11.11. El artículo 104 de la referida ley establece que el amparo de cumplimiento se configura cuando la acción de amparo tenga por objeto hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, ésta perseguirá que el juez ordene que el funcionario o autoridad pública renuente dé cumplimiento a una norma legal, ejecute un acto administrativo, firme o se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento.

TC/0162/20, numeral 11, 11.8–11.11, pág. 16 — PDF oficial

11.12. En la especie, las señoras Michel Natividad Durán Febles, Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Paniagua y Caroline Castillo Jiménez persiguen el cumplimiento del artículo 121 de la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que trata lo relativo a la pensión de sobrevivencia; por tanto, la especie cumple con lo previsto en la referida disposición.

11.13. Respecto al artículo 105, se establece lo siguiente: Legitimación. Cuando se trate del incumplimiento de leyes o reglamentos, cualquier persona afectada en sus derechos fundamentales podrá interponer amparo de cumplimiento. Párrafo I.- Cuando se trate de un acto administrativo sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para el cumplimiento del deber omitido. Párrafo II.- Cuando se trate de la defensa de derechos colectivos y del medio ambiente o intereses difusos o colectivos podrá interponerlo cualquier persona o el Defensor del Pueblo.

TC/0162/20, numeral 11, 11.12–11.13, pág. 17 — PDF oficial

11.14. En el caso que nos ocupa, como hemos indicado anteriormente, las accionantes plantean que les han conculcado sus derechos fundamentales previstos en los artículos 54, 55, numeral 5; 56, 60, 61 y 63 de la Constitución, relativos a la seguridad alimentaria, protección de las personas menores de edad, derecho a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a la educación de sus seis (6) hijos menores, así como a los derechos fundamentales que se desprenden de la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, por cuanto la Dirección de la Policía Nacional se ha negado a atribuirles la pensión de sobrevivencia que, según alegan, les corresponde a sus seis hijos procreados con el fallecido primer teniente de la Policía Nacional Mendoza Marte, probada mediante compulsa notarial del Acto auténtico núm. 12/2017, de diez (10) de julio de dos mil diecisiete (2017); por tanto, al alegar violaciones a derechos fundamentales por incumplimiento de lo previsto en la Ley núm. 590-16, las accionantes están legitimadas para interponer la presente acción de amparo de cumplimiento.

TC/0162/20, numeral 11, 11.14, pág. 17 — PDF oficial

11.15. En relación con lo previsto en el artículo 106 de la Ley núm. 137-11, que indica la necesidad de que la acción de amparo de cumplimiento sea dirigida contra la autoridad o funcionario renuente que le corresponda el cumplimiento de la norma legal, debemos precisar que en la especie se cumple con dicho requisito legal, debido a que la solicitud de pensión de sobrevivencia tanto de la viuda Durán Febles como de los tres vástagos procreados entre ellos, así como los otros tres menores cuyas madres son las señoras Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Paniagua y Caroline Castillo Jiménez fue dirigida contra el director de la Policía Nacional, con copia al Comité de Retiro de dicha institución, mediante instancia de nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018), recibida en la Policía Nacional el trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).

TC/0162/20, numeral 11, 11.15, pág. 18 — PDF oficial

11.16. Lo anterior queda evidenciado en los artículos 123 y 130 de la Ley núm. 590- 16, Orgánica de la Policía Nacional, que indican lo siguiente: Artículo 123. Solicitud de pensiones de los miembros de la Policía Nacional. Las solicitudes de las pensiones de los miembros de la Policía Nacional y sus beneficiarios deberán ser sometidas ante el Comité de Retiro de la Policía Nacional, de acuerdo con las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en esta ley, previo su tramitación ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda para el pago de las mismas. Párrafo. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Comité de Retiro de la Policía Nacional se transformará en la entidad responsable de la recepción y validación de las solicitudes de pensiones y otras prestaciones de los miembros de la Policía Nacional. Las funciones de administración y pago de las prestaciones quedarán a cargo de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda y del Autoseguro del IDSS. Artículo 130. Comité de Retiro. La Policía Nacional contará con un Comité de Retiro, el cual tendrá a su cargo la tramitación de solicitudes de pago de las pensiones por antigüedad en el servicio, así como el pago de indemnizaciones por retiro y gastos fúnebres de los miembros de la Policía Nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Superior Policial. El Comité de Retiro operará como una unidad administrativa bajo la supervisión del Consejo Superior Policial. Párrafo. El Consejo Superior Policial deberá establecer mediante norma complementaria la integración y funcionamiento del Comité de Retiro.

TC/0162/20, numeral 11, 11.16, pág. 18 — PDF oficial

11.17. En lo que respecta al cumplimiento del artículo 107 de la Ley núm. 137-11, que trata sobre la puesta en mora que debe realizar la parte afectada a la autoridad que tiene el deber legal del cumplimiento de lo requerido, consta en el expediente la comunicación recibida por la Dirección General de la Policía Nacional y copia para el Comité de Retiro de dicha institución el trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), antes aludida, mediante la cual la señora Michel Natividad Durán Febles solicita el pago de la pensión de sobrevivencia. Ante la falta de respuesta por parte de las instituciones requeridas, las partes accionantes incoaron la presente acción de amparo de cumplimiento el veintinueve (29) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Para verificar el cumplimiento del referido artículo, se debe partir del último día hábil que tenía la institución requerida para dar respuesta, el cuatro (4) de septiembre, hasta la fecha de interposición de la acción, el veintinueve 29 de octubre de dos mil dieciocho (2018), se puede advertir que transcurrieron cincuenta y cinco (55) días, plazo inferior a los sesenta (60) días previstos por el primer párrafo del artículo 107, cumpliendo así con dicho requisito.

TC/0162/20, numeral 11, 11.17, pág. 19 — PDF oficial

11.18. Es oportuno indicar que el caso que nos ocupa tiene como eje central la pretensión de obtener una pensión de sobrevivencia de un miembro fallecido de la Policía Nacional. Las señoras Michel Natividad Durán Febles, Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Paniagua y Caroline Castillo Jiménez sostienen que están facultadas para perseguir el cumplimiento del artículo 121 de la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, debido a que entre ellas y el señor José de Jesús Mendoza Marte existía una unión marital de hecho que culminó con su fallecimiento en servicio activo y que, además, en su calidad de madres de seis (6) hijos menores procreados con el fallecido miembro de la Policía Nacional, son tutoras legales de éstos y, por tanto, les corresponde una parte alícuota de la pensión de sobreviviente.

11.19. En la especie, al analizar los documentos que conforman el presente expediente podemos constatar que las accionantes, a través de sus abogados, han expresado, tanto en su acción de amparo como en el recurso de revisión, la siguiente afirmación: […] entre las accionantes señoras Michel Natividad Duran Febles, Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli De Los Santos Paniagua, Caroline Castillo Jiménez y el extinto primer teniente de la Policía Nacional José De Jesús Mendoza Marte, existió una relación consensual según el acto de publica notoriedad No. 12/2017, de fecha 10 de Julio del 2017… 1 1 Ver numeral 1, pág. 2 de la acción de amparo y del recurso de revisión interpuesto por las señoras Michel Natividad Duran Febles, Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Paniagua, Caroline Castillo Jiménez

TC/0162/20, numeral 11, 11.18–11.19, pág. 20 — PDF oficial

11.20. En contraposición con la afirmación transcrita, este tribunal procedió a verificar el contenido de la referida compulsa notarial del Acto auténtico núm. 12/2017, la cual en su ordinal cuarto indica lo siguiente: “Que les consta igualmente que el señor José De Jesús Mendoza Marte mantenía una unión libre por más de trece (13) años con la señora Michel Natividad Durán Febles […] con quien formó un hogar ubicado en la dirección donde residió hasta el día de su deceso…”.

11.21. En adición a lo anterior, también consta la solicitud de pensión de sobrevivencia realizada por la señora Michel Natividad Durán Febles dirigida al director de la Policía Nacional, recibida el trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), donde indica su condición de viuda del fallecido y convivencia con él por más de trece (13) años. De lo anterior resulta, que nos encontramos ante una discrepancia entre las pretensiones que han hecho las accionantes ante la jurisdicción constitucional y lo previsto en el acta de notoriedad y la solicitud de pensión.

11.22. En ese sentido, este tribunal constitucional, en aras de una sana administración de justicia constitucional, y en atención a lo que dispone el artículo 87 de la Ley núm. 137-11, ordenó la celebración de una audiencia en Cámara de Consejo, a la cual asistieron las señoras Michel Natividad Durán Febles, Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Paniagua y Caroline Castillo Jiménez, sus abogados, así como también el representante legal de la Policía Nacional.

TC/0162/20, numeral 11, 11.20–11.22, pág. 21 — PDF oficial

11.23. Durante la celebración de la referida audiencia, este órgano de justicia constitucional especializada pudo comprobar, tanto por los testimonios de cada una de las damas comparecientes, por las exposiciones de su abogado, y del representante de la Policía Nacional, así como de la documentación que consta en el expediente lo siguiente: 1. El primer teniente de la Policía Nacional José de Jesús Mendoza Marte era miembro activo de la Policía Nacional y falleció mientras prestaba servicio el cinco (5) de marzo de dos mil diecisiete (2017), a causa de shock hemorrágico, laceración de vena, herida por proyectil de arma de fuego con entrada en hipocondrio derecho sin salida. 2. Dicho oficial mantuvo por más de trece (13) años y hasta el momento de su deceso, una unión de hecho con la señora Michel Natividad Durán Febles, con quien procreó tres (3) hijos menores de edad. 3. Con las señoras Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Paniagua y Caroline Castillo Jiménez, el finado Mendoza Marte procreó otros tres (3) hijos menores de edad. 4. El hoy occiso José de Jesús Mendoza Marte devengaba un sueldo mensual de dieciocho mil un pesos con treinta y dos centavos ($18,001.32) más otros ingresos por concepto de “especialismo” por la suma de ocho mil quinientos pesos ($8,500.00) mensuales. 5. A la fecha de la celebración de la audiencia, el Comité de Retiro de la Policía Nacional no ha otorgado las pensiones correspondientes.

TC/0162/20, numeral 11, 11.23, pág. 21 — PDF oficial

11.24. En relación con la existencia de una relación marital de hecho entre la accionante, Michel Natividad Durán Febles, y el hoy occiso, José de Jesús Mendoza Marte, cabe destacar que la Constitución de la República en el numeral 5 del artículo 55 protege los derechos fundamentales, no sólo en sus relaciones personales sino también patrimoniales, derivados de la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial.

11.25. Mediante Sentencia TC/0012/12, de nueve (9) de mayo de dos mil doce (2012), este tribunal constitucional asumió los requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia en la sentencia del diecisiete (17) de octubre de dos mil uno (2001), para la conformación de una unión consensual, a saber:

TC/0162/20, numeral 11, 11.24–11.25, pág. 22 — PDF oficial

l) La Suprema Corte de Justicia de nuestro país, en una importante sentencia dictada el 17 de octubre de 2001 (que este Tribunal Constitucional estima conforme a la Constitución) dictaminó que la unión consensual: “(…) se considera prevista, considerada o aceptada por el legislador en el ordenamiento legal como una modalidad familiar, criterio que debe ser admitido, en los casos como el de la especie, siempre y cuando esa unión se encuentre revestida de las características siguientes: a) una convivencia “more uxorio”, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; b) ausencia de formalidad legal de la unión; c) una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de los dos iguales o nexos formales de matrimonio con otros terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aun cuando haya cesado esa condición por la disolución posterior de vínculo matrimonial de uno de los integrantes de la unión consensual con una tercera persona; e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí (…).

TC/0162/20, numeral 11, l, pág. 23 — PDF oficial

11.26. En aplicación del precedente anterior, esta alta corte, a través de su jurisprudencia, ha garantizado el otorgamiento de pensiones de sobrevivencia a la pareja supérstite que mantenía una unión de hecho válida con la persona fallecida. 2 Una vez analizados los requisitos planteados por el precedente citado, se puede apreciar que, al momento de aplicarlos en el caso que nos ocupa, se encuentran satisfechos, toda vez que sólo la señora Michel Natividad Durán Febles mantuvo con el fenecido Mendoza Marte una comunidad de vida permanente y singular, que se prolongó por más de trece años, situación que fue reconocida por las otras tres señoras con las cuales éste también procreó otros tres hijos, pero con ninguna de ellas estableció un nexo doméstico de hecho y de modo simultáneo.

11.27. Además, esta alta corte valora y califica como un acto de sororidad, el hecho de que las señoras Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Paniagua y Caroline Castillo Jiménez no se han opuesto a que a la pareja de hecho supérstite le fuera concedida la pensión que en dicha calidad le puede corresponder.

TC/0162/20, numeral 11, 11.26–11.27, pág. 24 — PDF oficial

11.28. Si acudimos al derecho comparado, veremos que otros tribunales han optado por acreditar la singularidad y permanencia de las uniones de hecho, a pesar de infidelidades o de ausencias temporales del techo conyugal de uno de los compañeros, pues lo cierto es que aquella sólo se disuelve con la separación física y definitiva de los compañeros permanentes. En este sentido, se ha pronunciado la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en su Sentencia SC- 4361-2018, de dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciocho (2018): “Establecida una unión marital de hecho, la singularidad que le es propia no se destruye por el hecho de que un compañero le sea infiel al otro, pues lo cierto es que aquella solo se disuelve con la separación física y definitiva de los compañeros permanentes”. 2 Sentencias TC/0261/16, TC/0007/17, TC/0742/17 y TC/0217/16.

11.29. Al hilo de lo precedentemente expuesto, este tribunal constitucional ha podido comprobar, fuera de toda duda razonable, que existió entre el finado José de Jesús Mendoza Marte y la señora Michel Natividad Durán Febles una relación marital de hecho singular, estable y permanente que se prolongó por más de trece (13) años y terminó a raíz del fallecimiento del primero. De esta relación nacieron tres hijos. De ello resultan derechos patrimoniales también para ella, a tono con lo establecido por la Constitución y la ley.

TC/0162/20, numeral 11, 11.28–11.29, pág. 24 — PDF oficial

11.30. En relación con el segundo argumento planteado por las partes accionantes respecto a la persecución del otorgamiento de la pensión de sobrevivencia en beneficio de los seis (6) hijos del hoy occiso primer teniente de la Policía Nacional, José de Jesús Mendoza Marte, se han verificado los siguientes hechos no controvertidos entre las partes: 1) Fallecimiento del señor José de Jesús Mendoza Marte el cinco (5) de marzo de dos mil diecisiete (2017), ostentando al momento de su deceso el rango de primer teniente de la Policía Nacional; 2) declaración de nacimiento de seis hijos en donde figura como figura paterna el señor Mendoza Marte y 3) solicitud de pensión de sobrevivencia realizada a la Policía Nacional con copia al Comité de Retiro de dicha institución, donde se anexaron las seis actas de nacimiento de los menores de edad Josué de Jesús Mendoza Durán (2005), Kevin Jordy Mendoza De Los Santos (2010), Yonedy de Jesús Mendoza Castillo (2015), José Miguel Mendoza Pérez (2003), Yolenny Altagracia Mendoza Durán (2015) y Jesús Daniel Mendoza Durán (2008).

TC/0162/20, numeral 11, 11.30, pág. 25 — PDF oficial

11.31. El artículo 121 de la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, cuyo cumplimiento se persigue mediante la presente acción, establece lo siguiente: Pensión de sobrevivencia. Se reconocerá el derecho de pensión de sobrevivencia a favor de las viudas(os) sobrevivientes de un matrimonio o de una unión marital de hecho, de los hijos menores de edad, hijos discapacitados aún mayores de edad, hijos estudiantes hasta los veinte y cinco (25) años y los padres del causante cuando tengan más de cincuenta (50) años de edad y no ejerzan una profesión lucrativa, o se encuentren impedidos de trabajar, en cuyo caso recibirán la pensión, aunque tengan menos de cincuenta (50) años de edad. 3 Párrafo I. La pensión de sobrevivencia será igual al cien por ciento (100%) del monto de la pensión por antigüedad en el servicio que hubiere podido corresponderle al afiliado si falleciere en servicio activo. Esta pensión se reconocerá desde el día siguiente al fallecimiento. Párrafo II. Los beneficios que esta ley concede a las viudas o viudos sobrevivientes de un matrimonio o de una unión marital de hecho, a los hijos menores y a los padres del personal de la Policía Nacional, estarán exentos de todo impuesto.

TC/0162/20, numeral 11, 11.31, pág. 25 — PDF oficial

11.32. Es preciso indicar que el hecho de que el Comité de Retiro de la Policía Nacional no haya recibido y validado esta solicitud de pensión 4 , y que la Policía Nacional desconozca que sus actuaciones han de enmarcarse dentro de los principios constitucionales que rigen la administración pública de coordinación y cooperación 5 y, por ende, realizar las gestiones necesarias para que sea tramitada dicha solicitud, constituye una actuación arbitraria y violatoria de los derechos fundamentales que 3 El subrayado es nuestro 4 Artículo 123. Solicitud de pensiones de los miembros de la Policía Nacional. Las solicitudes de las pensiones de los miembros de la Policía Nacional y sus beneficiarios deberán ser sometidas ante el Comité de Retiro de la Policía Nacional, de acuerdo con las condiciones, requisitos y procedimientos establecidos en esta ley, previo su tramitación ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda para el pago de las mismas. Párrafo. A partir de la entrada en vigencia de esta ley, el Comité de Retiro de la Policía Nacional se transformará en la entidad responsable de la recepción y validación de las solicitudes de pensiones y otras prestaciones de los miembros de la Policía Nacional. Las funciones de administración y pago de las prestaciones quedarán a cargo de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda y del Autoseguro del IDSS. 5 Artículo 138.- Principios de la Administración Pública. La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación… le asisten a los beneficiarios que en el caso de la especie se encuentran reforzados por su condición de menores edad. 6

TC/0162/20, numeral 11, 11.32, pág. 26 — PDF oficial

11.33. En ese tenor es oportuno señalar que el derecho a recibir una pensión se circunscribe dentro de los beneficios y garantías que otorga la Seguridad Social, derecho fundamental previsto en el artículo 60 de la Constitución dominicana, el cual ha sido protegido por este tribunal fijando varios precedentes, a saber:

f. El derecho a la seguridad social es un derecho fundamental, como tal inherente a la persona, y es, asimismo, un derecho prestacional, en la medida en que implica un derecho a recibir prestaciones del Estado. (Sentencia TC/0203/13 de fecha trece (13) del mes de noviembre de dos mil trece (2013).

g) A juicio de este tribunal, al tratarse de una pensión de sobreviviente […] la misma requiere de un tratamiento eminentemente protector, dado que su beneficiario se ha visto privado de manera involuntaria del apoyo económico del pensionado o afiliado, por lo que su finalidad es garantizar que su muerte no impida que este pueda atender las necesidades propias de su subsistencia y hacer frente a las contingencias que se han podido generar tras el fallecimiento. Sentencia TC/0453/15 tres (3) días del mes de noviembre del año dos mil quince (2015).

TC/0162/20, numeral 11, 11.33–g, pág. 27 — PDF oficial

11.34. En un caso de similares hechos fácticos, pero aplicando los preceptos legales previstos por la Ley núm. 96-04, esta alta corte consideró válido ordenar el pago de 6 Artículo 56.- Protección de las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes Artículo 60.- Derecho a la seguridad social. Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez. una pensión de sobrevivencia en favor de un menor de edad a través de un amparo de cumplimiento y así lo hizo constar el precedente de la Sentencia TC/0675/18, de diez (10) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), planteando lo siguiente:

e. En virtud de las precisiones anteriores, resulta evidente que, al ordenar el pago retroactivo de la pensión a favor de la menor YEBM, el juez de amparo actuó con estricto apego al derecho, ya que en la especie se reúnen los requisitos previsto por la referida ley núm. 96-04. En este sentido, se ha comprobado que la menor YEBM es la hija supérstite de la señora Saudys Amparo Mota Lucas, quien falleció mientras fungía como sargento de la Policía Nacional…

TC/0162/20, numeral 11, 11.34–e, pág. 27 — PDF oficial

g. Por los motivos enunciados, este tribunal constitucional comparte el criterio sostenido por el juez de amparo, en el sentido de que: «efectivamente que la parte accionada, COMITE DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL, ha conculcado el derecho fundamental legítimamente protegido por nuestra Constitución en su artículo 56, sobre protección de las personas menores de edad, en perjuicio de YESAURY ELIZABETH BRITO MOYA, al negarse a entregar a ésta el pago retroactivo de la pensión».

11.35. En virtud de las consideraciones anteriores, se impone declarar procedente la presente acción de amparo de cumplimiento y, en consecuencia, ordenar al Comité de Retiro de la Policía Nacional el cumplimiento de la obligación legal que le corresponde para validar y tramitar la pensión de sobrevivencia que le corresponde, tanto a la conviviente Michel Natividad Durán Febles como a los hijos menores de edad del de cujus primer teniente de la Policía Nacional, José de Jesús Mendoza Marte, para ser pagada del modo proporcional que corresponde de acuerdo con la ley, contando a partir del cinco (5) de marzo de dos mil diecisiete (2017), fecha en la que ocurrió el fallecimiento del referido señor Mendoza Marte, debiendo dicho pago ser realizado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) del Ministerio de Hacienda, en virtud de lo que establecen la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, y el artículo 36, numeral 4, de la Ley núm. 397-19, que ordena la disolución del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).

TC/0162/20, numeral 11, g–11.35, pág. 28 — PDF oficial

11.36. Es preciso indicar que este tribunal constitucional considera que, al momento de producirse y registrarse el fallecimiento de un afiliado, es la propia institución autorizada para gestionar u otorgar el beneficio derivado de derecho de pensión que tiene el deber y la obligación de contactar a los beneficiarios y darles acompañamiento de forma activa para que puedan acceder a dicho beneficio, siempre y cuando sean observados los requisitos legales correspondientes.

11.37. Por otro lado, de conformidad con el artículo 93, “el juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado”.

11.38. Sobre el particular, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0438/17, ha establecido que corresponde a los jueces de amparo no sólo determinar la imposición de la astreinte o descartarla en caso de que no proceda, sino que, además, dispondrá la persona o entidad beneficiaria de la misma.

11.39. Es preciso aclarar que en la misma decisión, el Tribunal Constitucional se refirió, nueva vez, a la naturaleza de la figura de la astreinte, estableciendo que esta no constituye una condenación en daños y perjuicios, sino que se trata de una sanción pecuniaria que procura constreñir al agraviante a que cumpla con lo ordenado por el Tribunal.

TC/0162/20, numeral 11, 11.36–11.39, pág. 29 — PDF oficial

11.40. En tal sentido, y tomando en cuenta la naturaleza de los derechos envueltos, cuya restitución amerita cierta premura, procede, pues, imponer una astreinte en los términos que se expresarán en el dispositivo de esta decisión. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Alba Luisa Beard Marcos y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este tribunal constitucional

TC/0162/20, numeral 11, 11.40, pág. 30 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo de cumplimiento interpuesto por las señoras Michel Natividad Durán Febles, Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Paniagua y Caroline Castillo Jiménez contra la Sentencia núm. 030-02-2019-SSEN- 00006, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto el fondo, el referido recurso y, en consecuencia, ANULAR la Sentencia núm. 030-02-2019-SSEN-00006, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el diecisiete (17) de enero de dos mil diecinueve (2019), por las razones expuestas en el cuerpo de la presente sentencia.

TERCERO: DECLARAR la procedencia de la presente acción de amparo de cumplimiento y, en consecuencia, ORDENAR al Comité de Retiro de la Policía Nacional el cumplimiento de la obligación legal que le corresponde para validar y tramitar la pensión de sobrevivencia asignando el cincuenta por ciento (50%) a la conviviente supérstite Michel Natividad Durán Febles y el restante cincuenta por ciento (50%) en igual proporción a todos los hijos menores de edad del de cujus primer teniente de la Policía Nacional José de Jesús Mendoza Marte, a ser pagada retroactivamente a partir del cinco (5) de marzo de dos mil diecisiete (2017), en virtud de las razones expuestas en la presente decisión.

CUARTO: IMPONER un astreinte de cinco mil pesos con 00/100 ($5,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, en contra del Comité de Retiro de la Policía Nacional y en favor de los beneficiarios de la pensión de sobrevivencia Michel Natividad Durán Febles, conviviente supérstite; y los menores de edad Josué de Jesús Mendoza Durán, Kevin Jordy Mendoza de los Santos, Yonedy de Jesús Mendoza Castillo, José Miguel Mendoza Pérez, Yolenny Altagracia Mendoza Durán y Jesús Daniel Mendoza Durán.

QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 72, in fine, de la Constitución de la República y 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.

SEXTO: COMUNICAR, por Secretaría, esta sentencia para su conocimiento y fines de lugar, a las partes recurrentes, Michel Natividad Durán Febles, Maritza Antonia Pérez Genao, Carmen Deli de los Santos Paniagua y Caroline Castillo Jiménez; a las partes recurridas, Dirección General de la Policía Nacional y Comité de Retiro de la Policía Nacional; y al procurador general administrativo.

SÉPTIMO: ORDENAR, que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0162/20, del 17 de junio de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0162-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.