Sentencia TC/0213/20
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 14 de agosto de 2020 · Expediente TC-04-2019-0104
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0213/20?
El Tribunal tuvo por cumplido el plazo franco y calendario de treinta días para recurrir y constató que la sentencia impugnada era irrevocable y posterior a la proclamación de la Constitución de 2010. Consideró satisfechos los requisitos de revisión por alegada vulneración de derechos fundamentales y reconoció especial trascendencia constitucional al caso porque permitía profundizar su criterio sobre las dilaciones abusivas e injustificadas en los procesos judiciales (TC/0213/20, numeral 9, d–e, pág. 33; TC/0213/20, numeral 9, f–h, pág. 34; TC/0213/20, numeral 9, k–m, pág. 36; TC/0213/20, numeral 9, n–p, pág. 37).
En cuanto al fondo, el Tribunal rechazó por preclusión el cuestionamiento del auto de apertura a juicio, pues debió dilucidarse en la etapa intermedia y no constaba que se hubiera planteado en apelación. Determinó que, por tratarse de delitos de acción pública, el Ministerio Público podía recurrir en casación sin que la querellante lo hiciera, de modo que el petitorio del imputado no era el único que delimitaba el examen de la Suprema Corte de Justicia. Asimismo, precisó que el vencimiento del plazo máximo del proceso no basta para extinguir la acción penal: la dilación debe ser atribuible al órgano judicial o al Ministerio Público, no al imputado. En este caso, la prolongación del proceso se debió al ejercicio abusivo de las vías incidentales por la defensa y no se identificaron actuaciones dilatorias de las autoridades. Finalmente, constató que la Segunda Sala respondió con claridad y suficiencia los medios de casación y motivó su decisión sin vulnerar la tutela judicial efectiva ni el debido proceso (TC/0213/20, numeral 10, 10.3–10.5, pág. 39; TC/0213/20, numeral 10, 10.8, pág. 41; TC/0213/20, numeral 10, 10.12–10.13, pág. 44; TC/0213/20, numeral 10, 10.19–10.20, pág. 49; TC/0213/20, numeral 10, 10.21, pág. 50; TC/0213/20, numeral 10, 10.24, pág. 52; TC/0213/20, numeral 10, 10.25–10.27, pág. 54).
Decisión
Declara admisible en cuanto a la forma el recurso de revisión constitucional, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma íntegramente la Sentencia núm. 1668 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Declara el recurso libre de costas y no examina la solicitud de suspensión de la ejecución por haber quedado sin objeto ni interés jurídico (TC/0213/20, dispositivo, pág. 56; TC/0213/20, numeral 10, 10.28, pág. 55).
Citas textuales clave
“la actuación del Ministerio Público no dependía de la presentación del recurso de casación de la querellante y actora civil” (TC/0213/20, numeral 10, 10.21, pág. 50).
“la procedencia de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso no está circunscrita solo al plazo previsto por ley” (TC/0213/20, numeral 10, 10.12–10.13, pág. 44).
“se responden con suficiencia y claridad los motivos del referido recurso de casación” (TC/0213/20, numeral 10, 10.25–10.27, pág. 54).
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículos 68, 69 y 277.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 53 —en particular, 53.3—, 54 —numerales 1, 5 y 7— y 100.
Código Procesal Penal: artículos 29, 30 y 148.
Código Penal dominicano: artículos 147 y 148.
Ley núm. 53-07: artículo 18.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0038/12, TC/0011/13, TC/0062/14, TC/0064/15, TC/0247/16, TC/0526/16, TC/257/0257/18, TC/0252/18, TC/ 0184//18, TC/0335/14, TC/0143/15, TC/0123/18, TC/0094/13, TC/0007/12, TC/0244/15, TC/0037/13, TC/0331/14, TC/0394/18 y TC/0009/13. Corte Constitucional de Colombia: T-441/15 y T-230/13.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del caso
Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por el recurrente, Marcos Rafael Martínez Espaillat, la controversia se generó con la querella presentada en su contra por la señora Margarita María Cedeño Lizardo, por presunta violación a las disposiciones esbozadas en los artículos 147 y 148 del Código Penal dominicano, que tipifican el uso de documentos de banco falsos, el uso de documentos falsos vía electrónica y el artículo 18 de la Ley núm. 53-07, sobre Delitos de Alta Tecnología, en perjuicio de la señora Cedeño Lizardo. El Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago resultó apoderado del conocimiento de la demanda de marras. Conocido el fondo del asunto, dicho tribunal dictó la Sentencia núm. 353, del veinticuatro (24) de noviembre de dos mil quince (2015), declarando al señor Marcos Martínez Espaillat no culpable de cometer los ilícitos penales que se les imputan. Inconformes con la citada decisión, la señora Margarita María Cedeño y el procurador fiscal del Distrito Judicial de Santiago interpusieron sendos recursos de apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, los cuales fueron decididos mediante la Sentencia núm. 359-2016-SSEN-0279, del diez (10) de agosto de dos mil diez y seis (2016). Luego, aún inconformes con lo decidido, el señor Marcos Rafael Martínez Espaillat y el procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Judicial de Santiago incoaron recursos de casación que fueron acogidos, en el caso del primero, parcialmente, y mediante la Sentencia núm. 1668, de treinta y uno (31) de cctubre de dos mil dieciocho (2018), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Esta última es la decisión jurisdiccional que comporta el objeto del presente recurso de revisión constitucional.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión
jurisdiccional El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional resulta admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas:
a. Previo a referirnos a la admisibilidad del presente recurso conviene indicar que de acuerdo con los numerales 5 y 7 del artículo 54 de la Ley núm. 137-11, el Tribunal Constitucional debe emitir dos decisiones: una para decidir sobre la admisibilidad o no del recurso y la otra, en el caso de que sea admisible, para decidir sobre el fondo de la revisión constitucional de la sentencia; sin embargo, en la Sentencia TC/0038/12, del trece (13) de septiembre, se estableció que en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal solo debía dictarse una sentencia, criterio que el tribunal reitera en el presente caso.
b. Antes de conocer el fondo del presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional, es de rigor procesal determinar si reúne los requisitos de admisibilidad previstos en la Ley núm. 137-11. En ese sentido, el tribunal expone los siguientes argumentos:
c. Para determinar la admisibilidad o no del recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, resulta imperativo evaluar la exigencia relativa al plazo de su interposición, que figura prevista en el artículo
54.1 de la Ley núm. 137-11. Según esta disposición, el recurso ha de interponerse en un plazo no mayor de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la sentencia recurrida en revisión. La inobservancia de dicho plazo, de acuerdo con los precedentes de este tribunal constitucional (TC/0011/13, TC/0062/14, TC/0064/15, TC/0247/16, TC/0526/16, TC/257/0257/18, TC/0252/18 Y TC/ 0184//18, entre otras decisiones), se encuentra sancionada con la inadmisibilidad del recurso.
d. En ese sentido, el plazo en cuestión debe considerarse como franco y calendario; de manera que debemos indicar que a partir de la Sentencia TC/0335/14, el Tribunal Constitucional estimaba que el plazo para la interposición del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional era franco y hábil. Sin embargo, en su Sentencia TC/0143/15, este órgano de justicia constitucional especializada varió su criterio, estableciendo, la Sentencia TC/0143/15, y formulando el razonamiento que se transcribe a continuación: Este nuevo criterio establecido en esta decisión ─por excepción─ no aplicará para los casos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales incoados ante este tribunal en el tiempo comprendido entre la publicación de la Sentencia TC/0335/14 y la publicación de esta sentencia, para preservar los derechos de los justiciables que le otorgó la Sentencia TC/0335/14, en virtud del principio de la seguridad jurídica; es decir, el criterio fijado en la TC/0335/14, relativo al plazo de la revisión jurisdiccional, solo será aplicado a los recursos incoados después de su publicación y hasta la entrada en vigencia del nuevo criterio fijado en esta decisión.
e. En vista de estas consideraciones, y dado que el señor Marcos Román Martínez Pérez interpuso el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional que nos ocupa el seis (6) de junio de dos mil diecinueve (2019), la naturaleza del plazo a recurrir vigente en esta fecha es del tipo franco y calendario, de conformidad con lo que este tribunal dispuso al respecto en su aludida Sentencia TC/0143/15.
f. En el presente caso, la sentencia recurrida fue notificada al recurrente, señor Marcos Rafael Martínez Espaillat, mediante el Acto núm. 532/2018, de ocho (8) de noviembre de dos mil dieciocho (2018), instrumentado por el ministerial Luis Sandy Carvajal Leger, alguacil de estrados de la Suprema Corte de Justicia.
g. Asimismo, se verifica que el recurso que nos ocupa ha sido interpuesto mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del tribunal que dictó la sentencia recurrida, dentro de un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia, tal y como lo dispone el artículo 54.1 de la Ley núm. 137-11.
h. Según los artículos 277 de la Constitución de la República y 53 de la Ley núm. 137-11, las sentencias que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada después de la proclamación de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010), son susceptibles del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional. En el presente caso se cumple el indicado requisito, en razón de que la decisión recurrida fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), y al declarar con lugar y conocer los recursos de casación, no es susceptible de ningún otro recurso ante el Poder Judicial.
i. En relación con los aspectos relativos al artículo 53.3 y sus variantes de la Ley núm. 137-11, este tribunal constitucional unificó criterio en lo que concierne a este artículo con ocasión de emitir la Sentencia TC/0123/18, de cuatro (4) de julio de dos mil dieciocho (2018), estableciendo al respecto lo siguiente: El uso de la modalidad de sentencias constitucionales de unificación de doctrina se justifica cuando dentro de la jurisprudencia de este Tribunal se observan aplicaciones divergentes de un precedente o se haga necesario unificar criterios contrarios tendentes a la clarificación, modificación o variación de un precedente y evitar así sentencias o criterios contradictorios. Como ya lo ha indicado este Tribunal, aplicaciones contradictorias de precedentes, o la existencia continuada de precedentes contradictorios, plantean problemas de seguridad jurídica y de la aplicación del principio de igualdad de la ley (TC/0094/13) que colocaría en un estado de vulnerabilidad a los justiciables, así como a los operadores políticos y jurisdiccionales encargados de acoger y hacer efectivos los criterios de este tribunal.
j. De acuerdo con el referido artículo 53, el recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional procede en tres casos: “1) cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental”.
k. En tal sentido, la admisibilidad de la revisión de sentencias firmes está condicionada a que la circunstancia planteada se encuentre en uno de los tres presupuestos contenidos en el artículo 53, precedentemente descrito. En la especie, el recurrente alega que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, incurre en fragrantes violaciones a la tutela judicial efectiva y al debido proceso. Además, su admisibilidad, conforme lo establece el referido texto, está subordinada al cumplimiento de todos y cada uno de los siguientes requisitos:
a. Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma.
b. Que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.
c. Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales e1 Tribunal Constitucional no podrá revisar.
l. En tal sentido, el primero de los requisitos se satisface, ya que la alegada violación al derecho a una tutela judicial efectiva y al debido proceso puede ser, eventualmente, imputable al tribunal que dictó la sentencia recurrida en casación.
m. El segundo de los requisitos también se satisface, ya que la sentencia ahora recurrida en revisión, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia no es susceptible de recurso alguno dentro del ámbito del Poder Judicial, por lo cual se agotaron todos los recursos disponibles de la vía jurisdiccional correspondiente sin que las violaciones alegadas fueran subsanadas.
n. El tercero de dichos requisitos por igual se satisface. En tal sentido, las violaciones invocadas son atribuidas a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
o. De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, este tribunal estima aplicable a esta materia, la especial transcendencia o relevancia constitucional, la cual “(…) se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y concreta protección de los derechos fundamentales”. La referida noción es de naturaleza abierta e indeterminada, y ha sido definida por este tribunal en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012).
p. Luego de estudiar el caso que nos ocupa, este tribunal constitucional arriba a la conclusión de que el caso tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, La especial transcendencia o relevancia constitucional radica en que la solución del conflicto planteado le permitirá continuar profundizando el criterio relativo a referirse a las situaciones abusivas dilatorias injustificadas en los procesos judiciales, razón por la cual resulta admisible.
10. Sobre el fondo del recurso de revisión de decisión jurisdiccional y
solicitud de suspensión Respecto al fondo del recurso de revisión constitucional que nos ocupa, el Tribunal Constitucional expone lo siguiente:
10.1. A través del presente recurso de revisión constitucional se impugna la Sentencia núm. 1668, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), y que declaró con lugar los recursos de casación interpuestos por el señor Marcos Rafael Martínez Espaillat y el procurador general de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago contra la Sentencia núm. 359-2016-SSEN- 0279, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016). Dictando directamente la sentencia, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 427 del Código Procesal Penal. 1
10.2. La parte recurrente, Marcos Rafael Martínez Espaillat, persigue la anulación de la Sentencia núm. 1668, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), invocando en su primer medio de revisión constitucional la violación a la tutela judicial efectiva y el debido proceso, en virtud de que el dieciocho (18) de febrero del dos mil quince (2015) depositó ante el Tercer Tribunal Colegiado 1 Art. 427.- Procedimiento y decisión. Para lo relativo al procedimiento y la decisión sobre este recurso, se aplican, analógicamente, las disposiciones relativas al recurso de apelación de las sentencias, salvo en lo relativo al plazo para decidir que se extiende hasta un máximo de un mes, en todos los casos. de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago un escrito de incidentes a través del cual propuso la inconstitucionalidad por vía difusa del Auto de apertura a juicio núm. 031-016- 01-2012-00556, emitido por el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santiago el diez (10) de septiembre del dos mil catorce (2014). Además, alega el recurrente que el indicado auto de apertura a juicio violó su derecho de defensa por haber rechazado varias de las pruebas a descargo por él propuestas, y que, asimismo, omitió dar respuesta a una solicitud de desistimiento tácito de la acción que había propuesto como medio de defensa.
10.3. En lo concerniente a los alegatos precedentemente señalados, debemos precisar que ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago, no se constata que el accionante haya cuestionado, en el transcurso del conocimiento del proceso de apelación las violaciones denunciadas; de ahí que procede rechazar el referido medio por ser un asunto en el cual el principio de preclusión está consolidado, razón por la cual debió ser dilucidado antes en la etapa intermedia.
10.4. En este caso, las pretensiones de la parte recurrente no alcanzan mérito constitucional para ser examinadas ante este tribunal, toda vez que ello le corresponde a la jurisdicción ordinaria (…), siendo el papel de este tribunal constitucional, la valoración de las violaciones relativas a los derechos fundamentales. 2
10.5. Sobre el principio de preclusión, esta sede constitucional en su Sentencia TC/0244/15 prescribió lo siguiente: 2 Sentencia TC/0037/13 La preclusión ha de ser entendida como la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal, cuyo fundamento se encuentra en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que se han de desarrollar los actos procesales para el pronto logro de la tutela jurisdiccional y la correcta defensa procesal, ambas garantías del debido proceso. De ahí que, no ha lugar al presente medio de revisión.
10.6. En cuanto al segundo medio de revisión constitucional, relativo a la alegada violación al debido proceso de ley y a la tutela judicial efectiva, 3 que expresa el recurrente exhibe la sentencia impugnada, al no considerar que en el presente caso la actuación del Ministerio Público dependía de la presentación del recurso de casación de la querellante y actora civil, y quien por demás no presentó formal recurso de casación, y que sin embargo, el Ministerio Público sí ejerció el referido recurso pese al desinterés de la querellante, lo cual, al decir del recurrente, impedía procesalmente al procurador general de la Corte de Apelación de Santiago actuar recursivamente, en razón de que no contaba con la autorización que se deriva de la permanencia de la instancia privada en la acusación penal.
10.7. Al respecto, la Constitución de la República consagra en los artículos 68 y 69 la tutela judicial efectiva con respeto al debido proceso como una garantía y un derecho fundamental, que el Estado debe reconocer y procurar su cumplimiento por tener una función social que implica obligaciones; al respecto, este tribunal mediante la Sentencia TC/0331/14, de veintidós (22) diciembre de dos mil catorce (2014), definió el debido proceso en los términos siguientes: 3 Consagrados en los artículos 68 y 69 de la Constitución de la República El debido proceso es un principio jurídico procesal que reconoce que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, mediante las cuales se procura asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso que se lleve a cabo en su contra, permitiéndole tener la oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juzgador, es por ello que la Constitución lo consagra como un derecho fundamental y lo hace exigible (…).
10.8. Sobre el particular, contrario a lo argüido por el accionante, el Ministerio Público presentó acusación contra el accionante Marcos Rafael Martínez Espaillat por incurrir en la presunta violación del artículo 18 de la Ley núm. 53- 07; 4 así como de los artículos 147 5 y 148 6 del Código Penal dominicano, lo cual constituye un tipo penal de acción pública per se, por lo que, en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 30 7 del Código Procesal Penal, manda al Ministerio Público a perseguir todos los hechos punibles de acción pública. De ahí que su acción ha sido perseguida en base a las normas procesales que a ello lo facultan, por tanto, de la decisión jurisdiccional recurrida se desprende un estricto cumplimiento de las garantías inherentes a la tutela judicial efectiva y al debido proceso del recurrente, por lo que, ha lugar a desestimar dicho argumento como un móvil de nulidad de la sentencia recurrida. 4 Sobre delitos de Alta Tecnología 5 Art. 147.- (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999). Se castigará con la pena de tres a diez años de reclusión mayor, a cualquiera otra persona que cometa falsedad en escritura auténtica o pública, o en las de comercio y de banco, ya sea que imite o altere las escrituras o firmas, ya que estipule o inserte convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos después de cerrados aquellos, o que adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerse constar en dichos actos. 6 Art. 148.- (Modificado por las Leyes 224 del 26 de junio del 1984 y 46-99 del 20 de mayo del 1999). En todos los casos del presente párrafo, aquel que haya hecho uso de los actos falsos, se castigará con la pena de reclusión menor 7 Art. 30.- Obligatoriedad de la acción pública. El ministerio público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para veri car su ocurrencia. La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes.
10.9. En relación con el argumento planteado en el tercer medio de revisión constitucional por el recurrente, relativo a que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia no aplicó la ley que le resulta más favorable para resolver el medio de inadmisión por prescripción de la acción penal seguida en su contra, por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, el recurrente plantea, en síntesis, que: (…) en vista de que el día 28 de marzo de 2012 fue citado para comparecer ante el despacho de la Procuradora Fiscal, Licda. Luisa Lizardo Sánchez en fecha 2 de abril de 2012, esta fecha es la que debe tomarse como punto de partida del plazo de extinción. A su vez, indica que no es sino hasta el día 21 de julio de 2014 que el Ministerio Público presenta acto conclusivo en su contra, es decir, 2 años, 3 meses y 23 días luego de la primera citación realizada. Que el día 10 de septiembre de 2014 el Tercer Juzgado de la instrucción del Distrito Judicial de Santiago dictó auto de apertura a juicio en contra del imputado, apoderando al Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago. Que en fecha 16 de julio de 2015 el recurrente presentó una instancia al tribunal solicitando que fuese declarada la extinción de la acción penal; solicitud que fue rechazada ese mismo día, por no haber transcurrido los tres años señalados en el artículo 148 del Código Procesal Penal. Que el 2 de septiembre de 2015 el recurrente reitera ante el tribunal de primer grado su solicitud de extinción, siendo esta rechazada nueva vez. Indica el recurrente, que, acogiéndose al último criterio del Tribunal Constitucional, el plazo debió contarse desde el día de la citación, no desde la fecha de la imposición de la medida de coerción, como planteó el tribunal, por lo que procede la solicitud de extinción.
10.10. En relación con el argumento ut supra señalado, debemos resaltar que la decisión jurisdiccional recurrida, en dicho aspecto, se basta a sí misma cuando en sus motivaciones aclara que la extinción de la acción penal, por prescripción, no operó producto de que la dilación del proceso se encuentra fundamentalmente motivada en las actuaciones de la defensa, la cual presentó, inclusive, contra el auto de apertura a juicio una serie de excepciones e incidentes, incluyendo uno de inconstitucionalidad, tal como ha descrito en su propio recurso, todo esto por supuesto, en el ejercicio de las acciones que le asisten por mandato de ley, sin embargo, este hecho naturalmente se refleja en la duración del proceso, por lo que resulta improcedente la aplicación del artículo 148 del Código Procesal Penal y se rechaza este incidente sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente sentencia.
10.11. Al respecto, la decisión jurisdiccional recurrida precisa, además, que (…) del estudio de la glosa procesal se colige que en el presente caso el tribunal de primer grado ofreció una respuesta debidamente fundamentada a su rechazo de la solicitud de extinción, señalando que: ”que verifica el tribunal que en la fase de la instrucción fue recusada dos veces la magistrada que presidía la audiencia, por motivos infundados, además este mismo tribunal ha sido recusado de manera improcedente, sumado a esto la defensa ha presentado de manera improcedente, incidentes como la inconstitucionalidad del auto de apertura, ha solicitado el desistimiento de la querellante aun sabiendo que está representada por sus abogaos apoderados, en varias etapas; ha presentado varios recursos de oposición, incluso ha solicitado hasta el sobreseimiento de la acción varias veces, siendo impertinente el pedimento. Todavía en el día de hoy pretende que el tribunal sobresea la acción porque ha presentado recurso de apelación y de casación contra una sentencia dictada in voce en este tribunal, y de las cuales han solicitado le sea notificada, entre otros incidentes improcedentes: que si bien las partes tienen derecho a ejercer los pedimentos y ejercer sus recursos, no menos cierto es que el abuso de dicho derecho lo torna inapropiado y temerario, lo cual tiende a dilatar el conocimiento del proceso, lo que ha verificado el tribunal, pues no es solo que haya ejercido su derecho a recurrir y presentar sus incidentes, no, sino que han abusado a la mayor saciedad de dicho derecho, lo cual ha desdoblado el espíritu de un verdadero ejercicio de derecho de defensa, es por lo que el tribunal entiende que actuando como lo ha hecho la defensa, no puede beneficiarse de su propia falta, pues como se ha observado, éste es quien ha dilatado el proceso en cuestión; en consecuencia, rechaza la petición planteada sobre la extinción de la acción, por esta causa”
10.12. Sobre el particular, la procedencia de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso no está circunscrita solo al plazo previsto por ley, 8 sino a que la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido sea atribuible al órgano judicial y/o Ministerio Público, no así al imputado, por tanto se debe fundamentar en cuáles actores y actuaciones procesales han provocado la dilación; sin embargo, en el presente caso el accionante incumplió con estos requisitos, limitándose sólo a indicar que el acto inicial del proceso es la citación que le realizó la Procuradora Fiscal de Santiago el veintiocho (28) de marzo del 8 Código Procesal Penal, art.148- Duración máxima. La duración máxima de todo proceso es de tres años, contados a partir del inicio de la investigación. Este plazo sólo se puede extender por seis meses en caso de sentencia condenatoria, a los fines de permitir la tramitación de los recursos. dos mil doce (2012), sin fundamentar debidamente, ni señalar algún acto dilatorio en que hubiere incurrido el órgano judicial o el Ministerio Público.
10.13. Respecto a la extinción de la acción penal por máxima duración del proceso, se advierte que el accionante, reitera los argumentos en los que basó la excepción de extinción de la acción penal por el mismo motivo, conocido por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago y resuelta mediante Sentencia núm. 353/2015, del ocho (8) de octubre, decidiendo el rechazo de dicha pretensión, sobre la base de que el accionante es quien ha dilatado el proceso de que se trata, y que por ello, no puede beneficiarse de su propia falta, no encontrándose nuevos fundamentos a los expuestos en su anterior excepción que pudieran fomentar la aplicación del art. 148 del Código Procesal Penal.
10.14. El tema en cuestión ha sido abordado por esta sede constitucional a través de la Sentencia TC/0394/18, en donde establece: En ese orden, cabe indicar que las situaciones abusivas, dilatorias e injustificadas se materializan cuando el imputado se niega a nombrar o ser asistido por un abogado defensor público o privado, ejecuta cambios continuos de sus representantes legales o de su demanda, y hace una utilización abusiva de las vías recursivas o incidentales, o bien cualquier tipo de actitud que propendan en procurar retardar, más de lo debido, el conocimiento de la causa judicial o el dictada de un fallo definitivo. 9 9 Dictado el once (11) de octubre del año dos mil dieciocho (2018).
10.15. En relación con lo antes señalado en la Resolución núm. 2802-2009, emitida por la Suprema Corte de Justicia el (25) de septiembre de dos mil nueve (2009), se prescribió: Atendido, que el artículo 5 del indicado texto legal, establece: “Duración del proceso. Las causas que, mediante la estructura liquidadora, deban continuar tramitándose de conformidad al Código de Procedimiento Criminal de 1884, por no estar sujetas a la extinción extraordinaria, deberán concluir en el plazo máximo de dos años, computables a partir del 27 de septiembre del 2004. Una vez vencido este plazo de dos años, las causas a las que se refiere este artículo que quedaren todavía pendientes dentro de la estructura liquidadora seguirán tramitándose de conformidad con el Código Procesal Penal. Sin embargo, el plazo de duración máxima del proceso a que se refiere el Artículo 148 del Código Procesal Penal tendrá su punto de partida, respecto de estos asuntos, el día en que corresponda su tramitación conforme al nuevo procedimiento. Transcurridos todos estos plazos sin decisión irrevocable se declarará la extinción de la acción penal de las causas que quedaren pendientes dentro de la estructura liquidadora. Esta declaratoria tendrá lugar a petición de las partes o de oficio por el Tribunal, aun cuando haya mediado actividad procesal. (…) Atendido, que cuando el legislador consignó en el quinto considerando del preámbulo de la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso Penal instituido por la Ley núm. 76-02, “que si bien es cierto que se hace necesario un mecanismo expedito de descongestionamiento del sistema penal nacional, no menos cierto es que el mecanismo diseñado al efecto no puede convertirse en un medio que consagre en modo alguno la impunidad de los hechos de alta peligrosidad social”, obviamente que su intención fue resaltar que era de interés público evitar que los procesos penales estuvieran a merced de los imputados, quienes con sus incidentes dilatorios podrían fácilmente evadir los procesamientos que se le siguen; (…)Primero: Declara que la extinción de la acción penal por haber transcurrido el tiempo máximo de duración del proceso se impone sólo cuando la actividad procesal haya discurrido sin el planteamiento reiterado, de parte del imputado, de incidentes y pedimentos que tiendan a dilatar el desenvolvimiento de las fases preparatorias o de juicio, correspondiendo en cada caso al Tribunal apoderado evaluar en consecuencia la actuación del imputado 10 ;(…)”
10.16. En este punto, se hace necesario indicar que también en los procesos judiciales se puede dar la existencia de una demora judicial injustificada o indebida a cargo de los jueces o representantes del Ministerio Público, cuando estos, en el desarrollo de cualquiera de las fases de la causa, exhiben un comportamiento negligente en el cumplimiento de sus funciones, trayendo consigo que sus actuaciones no sean ejecutadas dentro del plazo máximo procesal fijado por la ley, lo cual implica la existencia de una vulneración al principio del plazo razonable y a la garantía fundamental al debido proceso y tutela judicial efectiva.
10.17. En relación con la demora judicial injustificada a cargo de los jueces y fiscales, la Corte Constitucional de Colombia en su Sentencia T-441/15 ha prescrito: 10 Subrayado nuestro Se está ante un caso de dilación injustificada o indebida, cuando quiera que se acredite que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. La dilación injustificada que configura la violación de derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar.(…)
10.18. En contraposición a lo antes señalado, existe una dilación justificada a cargo de los jueces y representante del Ministerio Público cuando la demora judicial se da por una circunstancia ajena a ellos, producida por el cúmulo de trabajo, por la complejidad misma del caso o por la existencia de un problema estructural dentro del sistema judicial. En relación con ello, la Corte Constitucional de Colombia ha indicado en su Sentencia T-230/13: La jurisprudencia ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones.
10.19. Producto de lo antes analizado, y vistas las descripciones de las actuaciones incidentales realizadas por la defensa técnica del recurrente en el presente proceso judicial, las cuales están enumeradas en las páginas 5 y 6 del acta de audiencia de la Sentencia núm. 353/2015, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, es constatable la existencia de una actitud dilatoria e injustificada en el ejercicio del derecho de defensa, la cual tuvo por efecto prolongar el presente proceso judicial más allá del tiempo de duración estipulado por el Código Procesal Penal. Conforme a la máxima “nemo auditur propriam turpitudinem allegans" una parte que dilata el proceso, abusa de las prerrogativas que el ordenamiento prevé, no puede beneficiarse de su propia actitud desleal.
10.20. En mérito de los argumentos antes expuestos, se advierte que la presente excepción de prescripción y la alusión a la extinción de la acción penal por vencimiento de duración máxima del proceso, son manifiestamente dilatorias, por lo que los aspectos que conforman este medio deben ser rechazados.
10.21. En lo referente a los alegatos vertidos por el recurrente en su cuarto medio de revisión constitucional, en el cual sustenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia excedió con su sanción lo pedido por las partes actoras, pese a que el petitorio hecho por el imputado era el único que ataba a la Suprema Corte de Justicia, en razón de que el escrito de adhesión a la casación realizado por la víctima, querellante y actora civil fue desestimado, cabe reiterar la solución vertida por esta sede respecto al segundo medio de revisión invocado por el accionante en el presente recurso, relativo a que la actuación del Ministerio Público no dependía de la presentación del recurso de casación de la querellante y actora civil, en razón de que es parte de la querella y acusación formulada en contra del accionante, y por el cual fue juzgado se fundamenta en el uso de documentos de banco falsos, cuya violación se encuentra tipificada y sancionada en los artículos 147 y 148 del Código Penal dominicano, lo cual constituye un tipo penal de acción pública per se, y en virtud de las disposiciones contenidas en el artículo 30 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público debe perseguir todos los hechos punibles de acción pública. De ahí que el petitorio del accionante no era el único que ataba al tribunal de alzada, sino, también, el realizado por el procurador general de la Corte de Apelación de Santiago a través de su recurso de casación, y que conforme lo establece el artículo 29 de referido código: “La acción penal es pública o privada. Cuando es pública su ejercicio corresponde al ministerio público, sin perjuicio de la participación que este código concede a la víctima. Cuando es privada únicamente corresponde a la víctima”.
10.22. En cuanto a la pena impuesta por el tribunal de alzada, los hechos de la prevención al valorar lo argüido por las partes, fallar en el sentido en que lo hizo, y acoger parciamente el recurso de apelación del hoy recurrente en casación Marcos Rafael Martínez Espaillat y en su totalidad el incoado por el Ministerio Público, razonó de la manera siguiente: (…) que en ese sentido, y a partir de los hechos fijados en las instancia anteriores, en este caso quedan verificados los elementos constitutivos del tipo penal de uso de documentos falsos, consistentes en: 1-uso de un documento, comprobado en las distintas declaraciones televisivas hechas por el imputado presentando los documentos en cuestión; 2- que dicho documento posea valor jurídico o que sea un título de cualquier índole, lo cual queda verificado por tratarse de documentos bancarios; 3- que dicho documentos contenga alteraciones de la verdad, verificado mediante la certificación del banco en que se indica que la víctima no posee ninguna cuenta de ellos; 4- que sea un documento que haya causado un perjuicio o que sea capaz de causar un perjuicio, a lo cual acertadamente se refiere la Corte a-qua, verificándose esto en el sentido de que la víctima es una funcionaria que maneja fondos públicos y se le está atribuyendo la titularidad de una cuenta multimillonaria en el extranjero; 5- que dicho documento haya sido utilizado intencionalmente, comprobado con la presentación de la denuncia ante el Depreco hecha por el imputado pocos días antes de las elecciones, aun después de haber sido desmentidos dicho documentos por la querellante y la propia entidad bancaria; Considerando, que en lo relativo a la imposición de una condena en el aspecto civil, si bien este no ha sido debidamente fundamentado por la Corte de a-qua, al haberlo retenido sobre la base de un tipo penal por el cual no se había acusado al imputado y que no fue ventilado en audiencia, por lo cual no tuvo oportunidad de defenderse del mismo, al haberse verificado la comisión del uso de documentos falsos, la imposición de una sanción civil es de lugar, considerando esta Alzada que el monto fijado por la Corte a-qua en la sentencia impugnada resulta útil al efecto de indemnizar a la querellante por el perjuicio causado, por lo cual se condena al imputado al pago de un millón de pesos como justa indemnización.
10.23. De lo anterior, se verifica que la ponderación realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia está enmarcada en la evaluación integral de cada uno de los elementos sometidos al examen; que, en la especie, contrario a lo que denuncia el recurrente, la Corte a-qua justifica la condena del imputado en las pruebas presentadas en la acusación y consideradas como suficientes para establecer la responsabilidad penal y civil del encartado, y al efecto imponer la sanción correspondiente, disponiendo su suspensión. Por consiguiente, del examen de la sentencia impugnada y de los medios expuestos, se desprende que ella brinda un análisis lógico y objetivo, resultando debidamente justificada.
10.24. Este tribunal constitucional observa, sobre la falta de motivación alegada, que la Corte de Casación ponderó y respondió cada uno de los medios planteados por la parte recurrente, fundamentó su decisión de conformidad con los cánones constitucionales y legales, y con estricto apego a la Sentencia TC/0009/13, de once (11) de febrero de dos mil trece (2013), mediante la cual se formuló el test de la debida motivación, estableciendo las consideraciones siguientes: Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; y c) que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas. A su vez, el literal g, del numeral 9, de la Sentencia TC/0009/13, enuncia los lineamientos que deben seguir los tribunales del orden judicial para el cabal cumplimiento del deber de motivación. A continuación, analizaremos si la sentencia impugnada acató tales lineamientos, a saber:
a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia expuso fundamentos suficientes y desarrolló la correlación entre la norma jurídica utilizada para fundamentar su decisión y la aplicación que han hecho de esta al caso en concreto, además transcribió cada medio alegado por la parte recurrente, y respondió cada uno de los argumentos que fueron planteados.
b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar. En la sentencia recurrida, el tribunal a-quo cumple cuando presenta fundamentos y argumentos, desarrollando el por qué se ha determinado que la Corte de Apelación actuó de forma incorrecta, más indica las bases legales que le sirvieron de apoyo para emitir su fallo.
c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada. Apreciamos que esta alta corte expuso consideraciones jurídicamente correctas con ocasión de fundamentar la decisión adoptada, estas fueron estructuradas de manera clara.
d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción. Con este parámetro, el Tribunal ha querido eliminar de la jurisprudencia dominicana las transcripciones innecesarias al motivar las decisiones judiciales; sin embargo, esto no implica que los jueces puedan emitir decisiones sin correlacionar las premisas lógicas y la base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencias pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas.
10.25. Por lo antes expuesto, cuanto se aprecia en la sentencia recurrida es que esta se basta en sí misma, por cuanto en el desarrollo de sus consideraciones, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, fundamentándose en base legal y doctrina jurisprudencial, contesta todos y cada uno de los motivos integrantes de los medios de casación presentados. En tal sentido, no es posible advertir en este caso una violación a los presupuestos mínimos de la tutela judicial efectiva y del debido proceso alegado por la parte recurrente.
10.26. Conforme a la normativa y la jurisprudencia anteriormente expuestas, la decisión impugnada y demás documentos que conforman el presente expediente, este tribunal constitucional considera que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia expone de manera adecuada y razonable los fundamentos de su decisión, toda vez que ciertamente se responden con suficiencia y claridad los motivos del referido recurso de casación.
10.27. En tal virtud, este tribunal constitucional, luego de analizar los argumentos anteriormente expuestos, y tomando en consideración que se ha comprobado que la Sentencia núm. 1668, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), no ha vulnerado ningún derecho ni garantía fundamental, entiende pertinente pronunciar el rechazo del presente recurso de revisión de decisión jurisdiccional y, en consecuencia, proceder a la confirmación de la sentencia recurrida.
10.28. La parte recurrente también ha solicitado la suspensión de la ejecución de la sentencia, demanda que este tribunal se exime de analizar por considerar que carece de objeto e interés jurídico, en virtud de la declaratoria de rechazo del presente recurso de revisión, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de esta decisión. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Alba Luisa Beard Marcos y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figura incorporado el voto salvado del magistrado Justo Pedro Castellanos Khoury y el voto disidente del magistrado Domingo Gil. Consta en acta el voto salvado del magistrado Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR admisible, en cuanto a la forma, el presente recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor Marcos Rafael Martínez Espaillat contra la Sentencia núm. 1668, de treinta y uno (31) de octubre de dos mil dieciocho (2018), dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el citado recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional incoado por el señor Marcos Rafael Martínez Espaillat contra la Sentencia núm. 1668, y, en consecuencia, CONFIRMAR en todas sus partes la referida decisión jurisdiccional, por los motivos expuestos en la presente sentencia.
TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11.
CUARTO: COMUNICAR la presente sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Marcos Rafael Martínez Espaillat, así como a la parte recurrida, Sra. Margarita María Cedeño Lizardo, así como a la Procuraduría General de la República.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0213/20, del 14 de agosto de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0213-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.