Sentencia TC/0239/21
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 27 de agosto de 2021 · Expediente TC-05-2019-0144
Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por JCCE, menor de edad representado por sus padres, la señora María Cristina Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard Conille Dabourze contra la Sentencia núm. 447-02-2019-SCON-00093, de fecha dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019), por la Sala Civil del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional.
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Temas: Derecho a la educacion
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0239/21?
La sentencia de amparo no superó el test de motivación de la Sentencia TC/0009/13. El juez redujo el conflicto al vencimiento del plazo de rematriculación, sin valorar que el colegio podía admitir solicitudes tardías según la disponibilidad de espacio, los requisitos ordinarios y el pago de un recargo. Tampoco examinó la causa de la negativa a recibir el pago: las instrucciones del Ministerio Público. Al no explicar suficientemente la valoración de los hechos y las pruebas ni por qué descartaba la vulneración de derechos fundamentales, procedía revocar la sentencia y conocer directamente la acción de amparo (TC/0239/21, numeral 7, 10.7, pág. 31; TC/0239/21, numeral 7, 10.9, pág. 33; TC/0239/21, numeral 7, 10.10, pág. 34; TC/0239/21, numeral 7, 10.11–10.12, pág. 34).
El Carol Morgan School no figura entre los sujetos obligados no financieros del artículo 33 de la Ley núm. 155-17, sin perjuicio de que pueda ser incluido por vía reglamentaria. Aunque la persecución del lavado de activos persigue un fin legítimo, condicionar la rematriculación del niño a que sus padres acreditaran el origen lícito de sus ingresos fue desproporcionado: el Ministerio Público disponía de otros medios de investigación y la exigencia, ajena a los requisitos ordinarios, discriminó al niño por una circunstancia de sus padres, lesionó su derecho a la educación y a la dignidad y desconoció su interés superior y la prioridad absoluta de sus derechos. Por ello, procedía eliminar la exigencia extraordinaria y permitir la matriculación bajo las condiciones ordinarias (TC/0239/21, numeral 10, f–10.21, pág. 40; TC/0239/21, numeral 10, 10.33–10.34, pág. 47; TC/0239/21, numeral 10, 10.35–10.36, pág. 47; TC/0239/21, numeral 10, 10.37–10.38, pág. 48).
Decisión
Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión, revoca la Sentencia núm. 447-02-2019-SCON-00093 y acoge la acción de amparo. Ordena al Ministerio Público y al Carol Morgan School permitir la matriculación inmediata de JCCE si sus padres lo estiman prudente y conveniente, previo cumplimiento de las formalidades ordinarias y del pago correspondiente; fija a cargo del colegio una astreinte de RD$5,000.00 por cada día de retardo, liquidable a favor de la parte accionante, y declara el recurso libre de costas.
Citas textuales clave
“En definitiva, es evidente que la decisión examinada no satisface los requisitos del test de motivación” (TC/0239/21, numeral 7, 10.10, pág. 34).
“Es evidente que en el caso que nos ocupa, el derecho a la educación del niño JCCE está siendo afectado única y exclusivamente por una condición referente a sus padres, lo que objetivamente supone una discriminación.” (TC/0239/21, numeral 10, 10.35–10.36, pág. 47).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 39, 56, 63 y su numeral 2, 69.4, 72, 74.4, 169 y 185.4.
Ley núm. 137-11: artículos 7 (incluido el numeral 6), 65, 66, 71, párrafo, 93, 94, 95, 96, 98 y 100.
Ley núm. 136-03: principios V y VI y artículos 45, párrafo II, 47, párrafo II, y 325.
Ley núm. 155-17: artículo 33 y su párrafo.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0080/12, TC/0061/13, TC/0071/13, TC0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0007/12, TC/0147/14, TC/0222/15, TC/0009/13, TC/0058/13, TC/0064/19, TC/0048/12 y TC/0438/17.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
7.1. Conforme a la documentación depositada en el expediente y a los hechos invocados por las partes, en la especie se trata de que el centro educativo Carol Morgan School, donde se encuentra matriculado el niño JCCE, se niega a recibir el pago correspondiente a la rematriculación del referido niño para año escolar 2019-2020. Esta negativa se debe a las instrucciones dadas por Ministerio Público a través de las comunicaciones de veinte (20) de febrero y diecisiete (17) de abril de dos mil diecinueve (2019), mediante las cuales la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo le advierte al Carol Morgan School que, como sujeto obligado bajo la Ley núm. 155-17, debe abstenerse de recibir pagos de los señores Jean Edouard Conille Dabourze y María Cristina Echeverri Díaz, padres del niño JCCE, quienes están siendo investigados por los ilícitos de proxenetismo y lavado de activos.
7.2. Luego de varias comunicaciones infructíferas entre Jean Edouard Conille Dabourze y el Carol Morgan School, a fin de lograr la rematriculación de su hijo, la señora María Cristina Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard Conille Dabourze, en su calidad de padres del referido niño JCCE, interpusieron una acción de amparo ante la Sala Civil del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, la cual fue rechazada mediante Sentencia núm. 447-02-2019-SCON-00093, de dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019).
7.3. No conforme con lo decidido, ambos padres, en representación de su hijo menor de edad JCCE, apoderaron a este tribunal constitucional del recurso de revisión de sentencia de amparo que nos ocupa. 8. Competencia. Este tribunal es competente para conocer del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, en virtud de lo que dispone el artículo 185.4 de la Constitución y el artículo 94 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011). 9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo. Previo a decidir sobre la admisibilidad del presente recurso es menester analizar los medios de inadmisión planteados por la parte recurrida:
9.1. De acuerdo con las disposiciones del artículo 94 de la Ley núm. 137-11, todas las sentencias emitidas por el juez de amparo sólo son susceptibles de ser recurridas en revisión y en tercería.
9.2. El presente caso se contrae a una revisión de amparo interpuesta contra la Sentencia núm. 447-02-2019-SCON-00093, del dieciséis (16) de mayo de dos mil diecinueve (2019), dictada por la Sala Civil del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, la cual rechazó la acción de amparo interpuesta por JCCE, menor de edad representado por sus padres, la señora María Cristina Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard Conille Dabourze, contra el Ministerio Público y el Carol Morgan School.
9.3. La Ley núm. 137-11, s, dispone en su artículo 95: El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la Secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación.
9.4. Con respecto al plazo previsto por el indicado artículo 95, este tribunal estableció en la Sentencia TC/0080/12, emitida el quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012), que el referido plazo es de cinco (5) días hábiles y que, además, es un plazo franco, es decir, que al momento de establecerlo no se toman en consideración los días no laborables, ni el día en que es hecha la notificación, ni aquel en el cual se produce el vencimiento del indicado plazo. Dicho precedente ha sido reiterado en las sentencias TC/0061/13, TC/0071/13, TC0132/13, TC/0137/14 y TC/0199/14, del diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013); siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), dos (2) de agosto de dos mil trece (2013), ocho (8) de julio de dos mil catorce (2014) y veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014), respectivamente.
9.5. En la especie, se ha podido comprobar que la parte hoy recurrente, JCCE, menor de edad representado por sus padres, la señora María Cristina Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard Conille Dabourze, fue notificada de la sentencia objeto del recurso mediante oficio del diecisiete (17) de mayo de dos mil diecinueve (2019), de la Unidad de Recepción e información de la Jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional; recibido por su abogada la Licda. Odette Troncoso; y que posteriormente presentó su recurso de revisión ante la Secretaría General del Tribunal Superior Administrativo el veinticuatro (24) de mayo de dos mil diecinueve (2019), es decir, dentro del plazo exigido por el artículo 95 de la Ley núm. 137-11.
9.6. Por otra parte, respecto al requisito contenido en el artículo 96 de la Ley núm. 137-11, consistente en hacer constar de forma clara y precisa los agravios causados por la decisión impugnada, hemos de considerar que en el análisis de la instancia contentiva del recurso es posible verificar que la parte recurrente expresa que la referida decisión incurre en múltiples vicios, entre los cuales señala: desnaturalización de los hechos, falta de valoración y desnaturalización de documentos relevantes aportados al debate como medio de pruebas, ilogicidad manifiesta y falsa aplicación del derecho; lo cual apunta a violaciones al derecho fundamental a una debida motivación de las decisiones, de manera que cumple con lo exigido en la mencionada disposición.
9.7. De igual manera, el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11 establece los criterios para la admisibilidad del recurso de revisión de sentencia de amparo, sujetándola a que la cuestión de que se trate entrañe una especial trascendencia o relevancia constitucional. En efecto, dicho artículo faculta al Tribunal Constitucional para apreciar dicha trascendencia o relevancia constitucional, atendiendo a la importancia del caso para la interpretación, aplicación y general eficacia del texto constitucional, o para determinar el contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
9.8. Para la aplicación del referido artículo 100, este tribunal fijó su posición en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), estableciendo que la mencionada condición de admisibilidad: sólo se encuentra configurada, entre otros supuestos, 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
9.9. En el caso de la especie, el Tribunal Constitucional considera que el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo tiene relevancia y trascendencia constitucional ya que el conocimiento de su fondo le permitirá reforzar los criterios relativos al deber de motivación de los tribunales al momento de adoptar sus decisiones, así como reafirmar y continuar desarrollando el contenido y el alcance del derecho fundamental a la educación y el principio del interés superior del niño. 10. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional en materia de amparo
10.1. Previo a entrar en el análisis del fondo del presente recurso, nos referiremos al plazo previsto para el depósito del escrito de defensa. En este orden, el artículo 98 de la Ley núm. 137-11 establece: Escrito de defensa. En el plazo de cinco días contados a partir de la notificación del recurso, las demás partes en el proceso depositarán en la Secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, su escrito de defensa, junto con las pruebas que lo avalan. Como se observa, el legislador no definió la naturaleza del indicado plazo, como tampoco lo hizo en relación con el plazo para recurrir la sentencia de amparo.
10.2. En cuanto a la naturaleza del referido plazo, este tribunal constitucional ha establecido en sus Sentencias TC/0147/14, del nueve (9) de julio de dos mil catorce (2014), y TC/0222/15, del diecinueve (19) de agosto de dos mil quince (2015), lo siguiente:
b. El plazo de cinco (5) días para recurrir las sentencias de amparo está consagrado en el artículo 95 de la Ley núm. 137-11, texto según el cual: Interposición. El recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación. La naturaleza de este plazo fue definida por este tribunal en las Sentencias TC/0080/12 y TC/0071/13 del quince (15) de diciembre de dos mil doce (2012) y siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), respectivamente. Mediante las indicadas sentencias se estableció que se trataba de un plazo franco y que los cinco (5) días eran hábiles, no calendarios.
c. Lo decidido en las indicadas sentencias es aplicable al plazo de cinco (5) días previsto en el artículo 98 de la Ley núm. 137-11 para el depósito del escrito de defensa, en virtud de que las partes en el proceso deben ser tratadas con estricto respeto al principio de igualdad consagrado en el artículo 69.4 de la Constitución, texto según el cual dichas partes tienen: “4) El derecho a un juicio público, oral y contradictorio, en plena igualdad y con respeto al derecho de defensa”.
10.3. Conforme a la documentación del presente caso el recurso de revisión le fue notificado al centro educativo Carol Morgan School, y a su abogado el Licdo. José de Jesús Bergés M., mediante Acto núm. 538/2019, de veintisiete (27) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mientras que su escrito de defensa fue depositado en la secretaría de ese tribunal que dictó la Sentencia recurrida el día cuatro (4) de julio de dos mil diecinueve (2019). De ahí que se pueda establecer entre la fecha de notificación del recurso hasta el depósito del referido escrito de defensa transcurrió más de un mes. Sin embargo, el referido acto de notificación no puede tomarse como punto de partida del plazo dispuesto en el artículo 98 de la Ley núm. 137-11, pues contiene una nota donde el alguacil actuante indica: Este acto la faltó la página del 16 al 22, que incluye las conclusiones del presente recurso de revisión.
10.4. Ante tal situación, es evidente que el presente recurso no fue notificado íntegramente al Carol Morgan School, lo que resultaba necesario para que dicha parte quedara en condiciones para ejercer efectivamente su derecho de defensa. En vista de lo anterior, y ante la imposibilidad de establecer por otros medios el punto de partida del plazo dispuesto en el artículo 98 de la Ley núm. 137-11 para el depósito de su escrito de defensa, este tribunal considerará que el mismo fue depositado en tiempo hábil. En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:
10.5. El presente caso se contrae a un recurso de revisión de sentencia de amparo interpuesto contra la Sentencia núm. 447-02-2019-SCON-00093, de dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Sala Civil del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, mediante la cual fue rechazada la acción de amparo interpuesta por JCCE, menor de edad representado por sus padres, la señora María Cristina Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard Conille Dabourze, en representación del niño JCCE contra el Ministerio Público y el Carol Morgan School.
10.6. La parte recurrente, JCCE, menor de edad representado por sus padres, la señora María Cristina Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard Conille Dabourze, solicita en su recurso de revisión que sea anulada la sentencia recurrida, fundamentando su pedimento en que, según alega, fueron violados derechos y principios fundamentales entre los que señala el derecho a la igualdad y a la no discriminación injusta, el interés superior del niño, y prioridad absoluta de los derechos del menor y el derecho al debido proceso, indicando que el tribunal de amparo incurrió en múltiples vicios que hacen anulable su sentencia, entre estos: desnaturalización de los hechos, falta de valoración y desnaturalización de documentos relevantes aportados al debate como medio de prueba, ilogicidad manifiesta y falsa aplicación del derecho.
10.7. Al examinar los alegatos del recurrente se advierte que sus argumentos contra la sentencia recurrida refieren a alegados vicios que vulneran el derecho a una debida motivación. En tal sentido, es preciso determinar si la sentencia recurrida adolece de insuficiente motivación, por lo que procede que el Tribunal someta la decisión al test instituido en la Sentencia TC/0009/13 del once (11) de febrero de dos mil trece (2013), en la que se establecen los estándares o requisitos que debe reunir toda decisión jurisdiccional para considerarse debidamente motivada. Estos requisitos o estándares son: 1) Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones; 2) exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; 3) manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; 4) evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción, y 5) asegurar que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.
10.8. Sobre el particular, el análisis realizado a la Sentencia núm. 447-02-2019- SCON-00093, permite verificar que el tribunal de amparo, al rechazar la acción de amparo de la cual se encontraba apoderado, se limitó a citar documentos, disposiciones normativas y hechos a partir de los alegatos de las partes, a excepción de las consideraciones vertidas específicamente en los numerales 31, 32 y 33, páginas 33 y 34 de la decisión cuestionada, donde exponía lo siguiente: 31. Que el Carol Morgan School, como institución privada posee reglamentos internos y discrecionalidad para establecer reglas que permitan el buen desenvolvimiento de la vida académica en sentido general para todo el alumnado que pertenece a dicho centro educativo, lo que permite a su vez mantener la convivencia entre todas las personas que conforman la comunidad educativa. 32. Que en atención a la mencionada autonomía que poseen las instituciones para dictar sus reglamentos, es que existen requisitos y exigencias tanto para los alumnos como para los padres como parte de la comunidad educativa. Que por dicha autonomía es que las instituciones tienen la libertad de ponderar o no la permanencia de algún alumno en el programa del año escolar correspondiente. Que en la especie resulta un hecho no controvertido para esta sala que el periodo de re matriculación para el menor de edad JCCE en el Carol Morgan School, había vencido en fecha 15 de febrero de 2019, cuando aún no habían sido emitidas las comunicaciones de la Procuraduría General de la República en fecha 20 de febrero y 17 de abril de 2019, y que el interés o no aceptar la re matriculación de algún alumno posterior al cierre de dicha fecha cae dentro de la discrecionalidad de la institución. 33. Que, amén de las obligaciones asignadas al Carol Morgan School como sujeto obligado, la negativa a aceptar la re matriculación es una posibilidad reconocida a los centros educativos. Igualmente, de manera específica se le comunicó a los padres que el menor de edad JCCE había perdido la re matriculación para el próximo año escolar, por vencimiento de la fecha de la misma. Que, nada impide que, en su legítimo derecho de admisión estos opten por no matricular para un año posterior algún alumno, sin que esto constituya una discriminación, dado que, si bien los padres pueden optar por cualesquiera de los centros educativos que existen dentro del territorio nacional para que se encargue de la educación de sus hijos, dicha elección válidamente puede estar precedida de unos requisitos de admisión y de la libertad que tienen los colegios de demandar el cumplimiento de la exigencias prescritas. Lo que sí es posible, es que, en caso de no re matriculación, esta debe hacerse salvaguardando el periodo escolar vigente y proveyendo al alumno de los documentos necesarios para que pueda escoger algún otro centro educativo.
10.9. Este tribunal constitucional considera que la Sala Civil del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, en la Sentencia núm. 447-02-2019-SCON-00093 anteriormente descrita, no desarrolla de forma sistemática los medios en que fundamenta su decisión, que es el primer requisito del test de motivación, puesto que a quo se limita a reducir el conflicto del cual estaba apoderado a un hecho no controvertido, específicamente, al hecho de que el período de rematriculación para el menor de edad JCCE en el Carol Morgan School, había vencido el quince (15) de febrero de dos mil diecinueve (2019), obviando que el conflicto subyacente por el cual se interpone la acción de amparo es la negativa del Carol Morgan School a recibir el pago correspondiente a la rematriculación del referido niño para año escolar 2019- 2020; negativa que se produce a raíz de las instrucciones dadas por Ministerio Público a través de las comunicaciones de veinte (20) de febrero y diecisiete (17) de abril de dos mil diecinueve (2019), mediante las cuales la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo le advierte al Carol Morgan School que, como sujeto obligado bajo la Ley núm. 155-17, debe abstenerse de recibir pagos de los señores Jean Edouard Conille Dabourze y María Cristina Echeverri Díaz, padres del niño JCCE, cuestión que la sentencia recurrida solo señala de manera sucinta, evitando cualquier desarrollo motivacional o valoración al respecto.
10.10. En conexión con lo anterior, vale decir que si bien no es controvertido entre las partes que los padres del niño JCCE no completaron el proceso de rematriculación para el año escolar 2019-2020 dentro del plazo establecido, el tribunal de amparo incurrió en los vicios señalados por la parte recurrente en el sentido de que la desnaturalización los hechos y las pruebas aportadas, pues tanto en las comunicaciones vía correo electrónico entre el señor Jean Edouard Conille Dabourze y el Carol Morgan School, como en la reglamentación interna de dicha institución educativa se establece que dichos padres no estaban impedidos de completar la rematriculación del niño después de la fecha límite, sino que esta sería considerada según el espacio disponible y conforme a los lineamientos regulares de admisión, incurriendo en un costo adicional por matriculación tardía. De manera que tampoco hay una exposición clara de cómo se produce la valoración de los hechos y las pruebas, ni es posible determinar los razonamientos en los cuales se fundamenta la decisión al omitir referirse al conflicto principal invocado por la parte accionante, limitándose a la enunciación genérica de disposiciones legales y constitucionales afines, solapando la debida tutela del invocado derecho a la educación, el derecho a la dignidad y el principio del interés superior del niño. En definitiva, es evidente que la decisión examinada no satisface los requisitos del test de motivación; por ende, dado el incumplimiento de los anteriores requisitos, la decisión recurrida no contiene una fundamentación que cumpla con la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad.
10.11. En vista de lo anterior, se advierte que la Sala Civil del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional no ha motivado adecuadamente la decisión objeto del presente recurso, puesto que rechazó la acción de amparo sin aportar razonamientos suficientes que le llevaran a concluir que no ha existido vulneración de los derechos fundamentales de la parte recurrente, por lo que no se verifica que el tribunal a quo haya cumplido en la especie, con su obligación de realizar una debida motivación, apegada a los criterios anteriormente definidos por el Tribunal Constitucional.
10.12. Por las razones expuestas, este tribunal procede a acoger el fondo del recurso, revocar la Sentencia núm. 447-02-2019-SCON-00093, objeto del presente recurso de revisión constitucional, para conocer la acción de amparo; esto así, por aplicación del precedente establecido por la Sentencia TC/0071/13, del siete (7) de mayo de dos mil trece (2013), que, en observación de los principios de celeridad, efectividad y oficiosidad, consagrados en el artículo 7 de la Ley núm. 137-11, y sustentado en el principio de autonomía procesal, instituyó la prerrogativa de este colegiado de conocer la acción de amparo sometida, en los casos en que, luego de examinar el fallo dado por el juez de amparo, se amerite revocar la sentencia recurrida en revisión constitucional.
10.13. Adentrándonos en el conocimiento de la acción de amparo, se observa que la parte accionante arguye que el Ministerio Público y Carol Morgan School están violando los siguientes principios y derechos de carácter fundamental: derecho a la igualdad y a la no discriminación injusta; derecho a la dignidad; principio del interés superior del niño, prioridad absoluta de los derechos del menor y derecho al debido proceso; todos en perjuicio del niño JCCE, por vía del impedimento de reinscripción para el año escolar 2019-2020, en su actual colegio desde el año 2015, lo que consideran una medida arbitraria e injusta motivada en una condición de sus padres.
10.14. Lo anterior se enmarca dentro de los términos del artículo 72 de la Constitución de la República, que establece lo siguiente: Toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el hábeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para garantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, público, gratuito y no sujeto a formalidades.
10.15. Es importante enfatizar que el accionante que acude en procura de tutela de sus derechos fundamentales es el niño JCCE, representado por sus padres María Cristina Echeverri Díaz y Jean Edouard Conille Dabourze. Al respecto, el artículo 325 de la Ley núm. 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, establece sobre el derecho al recurso de amparo que Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a interponer ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes un recurso de amparo, cada vez que se sienta lesionado en el ejercicio de un derecho consagrado y protegido por la Constitución, tratados internacionales y este código, a cuyos fines procederá conforme a los plazos y procedimientos establecidos para dicho recurso en el derecho común. Respecto a esta acción, el artículo 65 de la Ley núm. 137-11, establece: La acción de amparo será admisible contra todo acto omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el hábeas corpus y el hábeas data.”
10.16. En ese orden, la acción de amparo que nos ocupa fue interpuesta a los fines de que se deje sin efecto todo acto o medida que impida la recepción del pago de la reinscripción del accionante en Carol Morgan School para el período escolar 2019-2020 especialmente las comunicaciones del Ministerio Público del veinte (20) de febrero dos mil diecinueve (2019) y diecisiete (17) de abril dos mil diecinueve (2019), y en consecuencia, que se ordene a Carol Morgan School y sus representantes, a no imponer requisitos ni exigencias extraordinarias a los padres del niño accionante como condición para ejecutar su reinscripción, aceptando el pago correspondiente.
10.17. Más allá de un relato circunstanciado de los hechos, conviene recalcar que la causa específica de la acción de amparo es que el centro educativo Carol Morgan School donde se encuentra matriculado desde hace varios años el niño JCCE, se niega a recibir el pago correspondiente a su matriculación para el año escolar 2019-2020, impidiendo con esto su continuidad en dicho centro educativo para ese período. La negativa del Carol Morgan School se debe a que el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, mediante las comunicaciones de veinte (20) de febrero y diecisiete (17) de abril de dos mil diecinueve (2019) le advirtió al Carol Morgan School que, como sujeto obligado bajo la Ley núm. 155-17, debía abstenerse de recibir pagos de los señores Jean Edouard Conille Dabourze y María Cristina Echeverri Díaz, padres del niño JCCE, quienes estaban siendo investigados por los ilícitos de proxenetismo y lavado de activos, hasta tanto presentaran la documentación pertinente que permita establecer y justifique que sus fuentes de ingresos provienen de actividades lícitas.
10.18. Ante tal requerimiento, y a fin de completar los requerimientos para la reinscripción del niño JCCE para el año escolar 2019-2020, se produjeron varias comunicaciones vía correo electrónico entre el señor Jean Edouard Conille Dabourze, padre del niño, y el señor Fracisco Rodríguez, representante del Carol Morgan School, en cuya última comunicación, del diecisiete (17) de abril de dos mil diecinueve (2019) le comunicaba lo siguiente: A solicitud de la Procuraduría General de la República, procedimos a entregarle la documentación pertinente a las transacciones de su familia, adicional a la documentación enviada en su último email. Lamentamos informarles que hemos sido requeridos, a abstenernos de recibir pagos de parte de ustedes. Por favor refiérase a la carta anexa de la Procuraduría General de la República, fechada 17 de abril del 2019 (hoy), relacionada con su caso.
10.19. En virtud de lo anterior, corresponde a este tribunal determinar si la oposición del Ministerio Público y, por vía de consecuencia, la negativa del Carol Morgan School de recibir el pago correspondiente para la matriculación del niño JCCE para el año escolar 2019-2020, constituye una transgresión de sus derechos fundamentales.
10.20. Es importante destacar, que la solicitud hecha por el Ministerio Público al Carol Morgan School, instruyéndole a abstenerse de recibir el pago en cuestión, se produce señalándole como sujeto obligado en virtud de la Ley núm. 155-17, la cual en su artículo 33, define los sujetos obligados no financieros señalando lo siguiente: . - Sujetos obligados no financieros. Se consideran sujetos obligados no financieros las personas físicas o jurídicas que ejerzan otras actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Se considerarán como tales:
a. Los casinos de juego, juego de azar, bancas de lotería o apuestas y concesionarios de lotería y juego de azar.
b. Empresas de factoraje.
c. Agentes inmobiliarios cuando estos se involucran en transacciones para sus clientes concernientes a la compra y venta de bienes inmobiliarios.
d. Comerciantes de metales preciosos, piedras preciosas y joyas.
e. Los abogados, notarios, contadores, y otros profesionales jurídicos, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes, sobre las siguientes actividades: 1. Compra, venta o remodelación de inmuebles. 2. Administración del dinero, valores u otros bienes del cliente. 3. Administración de las cuentas bancarias, de ahorros o valores. 4. Organización de contribuciones para la creación, operación o administración de empresas. 5. Creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, y compra y venta de entidades comerciales. 6. La constitución de personas jurídicas, su modificación patrimonial, por motivo de aumento o disminución de capital social, fusión o escisión, así como la compra venta de acciones y partes sociales; 7. Actuación como agente de creación de personas jurídicas.
8. Actuación (o arreglo para que otra persona actúe) como director o
apoderado de una sociedad mercantil, un socio de una sociedad o una posición similar con relación a otras personas jurídicas.
9. Provisión de un domicilio registrado, domicilio comercial o espacio
físico, domicilio postal o administrativo para una sociedad mercantil, sociedad o cualquier otra persona jurídica o estructura jurídica.
10. Actuación o arreglo para que una persona actúe como un accionista
nominal para otra persona.
f) Las empresas o personas físicas que de forma habitual se dediquen a la compra y venta de vehículos, de armas de fuego, barcos y aviones, vehículos de motor.
g) Casas de empeños.
h) Empresas constructoras. Párrafo. - Reglamentariamente, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados, a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas para dichas actividades ilícitas.
10.21. Como se aprecia, el Carol Morgan School es una institución educativa que no se encuentra identificada dentro de las características que la referida ley define para ser considerada sujeto obligado, salvo que, por vía reglamentaria el Comité Nacional contra el Lavado de Activos decidiera incluirle como tal, como lo indica el párrafo final del artículo citado. No obstante, el Carol Morgan School, reconociendo la autoridad del Ministerio Público como órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad 1 , actuó conforme al requerimiento hecho por dicha autoridad por medio de las comunicaciones de veinte (20) de febrero y diecisiete (17) de abril de dos mil diecinueve (2019).
10.22. En este orden, es pertinente señalar que la comunicación del veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019), de la Procuraduría General de la República, suscrita por el Lic. Luis González, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo; dirigida al señor Francisco Rodríguez, gerente administrativo del Carol Morgan School, expresa lo siguiente: Es en virtud de las disposiciones anteriores, y sin desmedro de los derechos constitucionales que protegen el derecho a la educación del menor 2 y tomando en cuenta la investigación sobre lavado de activos en curso contra los señores Jean Edouard Conille Darbouze y María Cristina Echeverri Díaz que tenemos a bien solicitarles que activen los mecanismos de control establecidos en la Ley núm. 155-17 detallados anteriormente. En particular, se les requiere que nos informen en la forma que indicamos sobre los valores recibidos previamente por esa 1 Constitución dominicana. Artículo 169. 2 Subrayado nuestro. institución educativa por parte de los entes investigados, y que de estos pretender realizar nuevos pagos soliciten previamente documentación justificativa y de origen lícito, exigiendo e indicando el comercio preciso junto a la documentación oficial que acredite el origen de los fondos utilizados para ello, procediendo a informar y enviar al Ministerio Público la misma, sin limitantes ni demora, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 56 de la Ley Núm. 155-17.
10.23. Igualmente, la comunicación del diecisiete (17) de abril de dos mil diecinueve (2019), de la Procuraduría General de la República, suscrita por el Lic. Luis González, titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo; dirigida al Carol Morgan School, con atención al señor Francisco Rodríguez, expresa en su párrafo final: En consecuencia, esta Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo les informa que sin desmérito de los derechos constitucionales que protegen el derecho a la educación del menor 3 y tomando en cuenta la investigación en curso sobre la lavado de activos en contra de los señores Jean Conielle y María Cristina Echeverrí, Carol Morgan School debe abstenerse de recibir pagos conforme lo formulado en nuestra misiva de fecha 20 de febrero de 2019 y la ley ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, hasta tanto los mencionados señores presenten la documentación pertinente que permita establecer y justifique que sus fuentes de ingresos provienen de actividades lícitas.” (sic) 3 Subrayado nuestro.
10.24. En el contenido de ambas comunicaciones, destaca que el propio Ministerio Público enfatiza que estas diligencias requeridas al Carol Morgan School, deben llevarse a cabo sin desmedro de los derechos constitucionales que protegen el derecho a la educación del menor. En tal sentido, es pertinente señalar que el derecho a la educación adquiere una significación especial cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, por fuerza del interés superior que el artículo 56 de la Constitución establece para la tutela reforzada de sus derechos, disponiendo lo siguiente: “Protección de las personas menores de edad. La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las leyes.
10.25. En consonancia con lo anterior, el Principio V de la Ley núm. 136-03 establece: El principio del interés superior del niño, niña o adolescente debe tomarse en cuenta siempre en la interpretación y aplicación de este código y es de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que les sean concernientes. Busca contribuir con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Para determinar el interés superior del niño, niña y adolescente, en una situación concreta, se debe apreciar: La opinión del niño, niña y adolescente; La necesidad de equilibrio entre los derechos y garantías del niño, niña y adolescente y las exigencias del bien común 4 ; La condición específica de los niños, niñas y adolescentes como personas en desarrollo; La indivisibilidad de los derechos humanos y, por tanto, la 4 Subrayado nuestro. necesidad de que exista equilibrio entre los distintos grupos de derechos de los niños, niñas y adolescentes y los principios en los que están basados, de acuerdo a lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; La necesidad de priorizar los derechos del niño, niña y adolescente frente a los derechos de las personas adultas. 5 ”
10.26. De igual manera, el Principio VI de la referida ley establece: El Estado y la sociedad deben asegurar, con prioridad absoluta, todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. 6 La prioridad absoluta es imperativa para todos y comprende: Primacía en la formulación de las políticas públicas; Primacía en recibir protección especial en cualquier circunstancia; Preferencia en la atención de los servicios públicos y privados; Prevalencia de sus derechos ante una situación de conflicto con otros derechos e intereses legítimamente protegidos. 7
10.27. En tal sentido, uno de los derechos fundamentales que le asiste a todo niño, niña y adolescente es el derecho a la educación, sobre el cual el artículo 63 de la Constitución establece que Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. Así mismo, el numeral 2 del referido artículo dispone: La familia es responsable de la educación de sus integrantes y tiene derecho a escoger el tipo de educación de sus hijos menores. 8 5 Subrayado nuestro. 6 Subrayado nuestro. 7 Subrayado nuestro. 8 Subrayado nuestro.
10.28. En ese orden, es significativo resaltar lo manifestado por los padres del niño JCCE, en sus declaraciones ante el tribunal de amparo, las cuales muestran indicios de arraigo del niño JCCE con la institución educativa y su interés de continuar vinculado a la misma. En este sentido, el señor Jean Edouard Conille Darbouze, entre otras declaraciones expresó: Al Ministerio Público no le importa mi niño, porque ahora no solo nosotros somos víctimas sino también mi niño; él está desde kínder en ese colegio, él mismo me ha dicho que quiere ir a ese colegio… mi niño no hizo nada malo, él es una víctima… Por su parte, la señora María Cristina Echeverri, entre otras declaraciones expresó: …el niño es estudiante de siempre en el Carol Morgan, él fue que lo escogió, él estuvo en un campamento, él fue director del colegio por un día el año pasado. El niño va a cumplir nueve años ahora en mayo. El niño no sabe el problema del colegio, pero él si sabe del otro caso que nos encontramos víctimas, nosotros le dijimos, pero le dijimos que no se preocupe… incluso nosotros le hicimos un comentario breve, le dije, papi si te toca salir del colegio, no te molestaría y él me contestó llorando y me dijo que allá tiene todos sus amigos allá, nosotros los padres quisiéramos que el niño continuara en su colegio…
10.29. Siguiendo este orden, el artículo 45, párrafo II, de la Ley núm. 136-03, establece que en ningún caso podrá negarse la educación a los niños, niñas y adolescentes alegando razones como: la ausencia de los padres, representantes o responsables, la carencia de documentos de identidad o recursos económicos o cualquier otra causa que vulnere sus derechos. 9 9 Subrayado nuestro.
10.30. Al respecto, el Principio V, de la Ley núm.136-03, referente a la igualdad y no discriminación, expresa que “Las disposiciones de este Código se aplican por igual a todos los niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, edad, idiomas, pensamiento, conciencia, religión, creencias, cultura, opinión política o de otra índole, posición económica, origen social, étnico o nacional, discapacidad, enfermedad, nacimiento, en situación de riesgo o cualquier otra condición del niño, niña o adolescentes, de sus padres, representantes o responsables o de sus familiares. 10
10.31. Sobre el derecho a la igualdad, el artículo 39 de la Constitución prohíbe todo tipo de discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.
10.32. Cabe destacar que el Tribunal Constitucional estableció en el apartado
10.1.6 de su Sentencia TC/0058/13, del quince (15) de abril de dos mil trece (2013), que: en el plano internacional, es de importancia destacar que República Dominicana es signataria de la Convención contra la Discriminación en la Educación, suscrita en París en diciembre de mil novecientos sesenta (1960), y ratificada por el Congreso Nacional el treinta (30) de agosto de mil novecientos setenta y siete (1977), por medio de la cual los Estados miembros se comprometían a promover la igualdad de acceso a la escuela y de trato en los centros educativos. Esta convención sostiene que la selección de alumnos y la expulsión basadas en sus características 10 Subrayado nuestro. individuales o de sus familias son obstáculos para avanzar en la calidad de la educación.
10.33. En este mismo orden, el Tribunal Constitucional expresó en la Sentencia TC/0064/19, del trece (13) de mayo de dos mil diecinueve (2019), que: Este tribunal ha considerado implícitamente en la Sentencia núm. TC/0058/13 que los estudiantes menores de edad no deben ser utilizados como un medio para resolver conflictos.
10.34. En el caso de la especie, la intervención del Ministerio Público a través de sus misivas de s veinte (20) de febrero y diecisiete (17) de abril de dos mil diecinueve (2019), requiriendo al Carol Morgan School, abstenerse de recibir el pago correspondiente a la reinscripción del niño JCCE hasta tanto los mencionados señores presenten la documentación pertinente que permita establecer y justifique que sus fuentes de ingresos provienen de actividades lícitas, se sostiene en la existencia de una investigación penal contra sus padres, y es tal circunstancia familiar, referente a sus padres, la que ha impedido que el niño JCCE pueda ser reinscrito en el Colegio Carol Morgan, al imponer una exigencia extraordinaria para completar el proceso de matriculación.
10.35. Es evidente que en el caso que nos ocupa, el derecho a la educación del niño JCCE está siendo afectado única y exclusivamente por una condición referente a sus padres, lo que objetivamente supone una discriminación. Máxime porque la exigencia impuesta para su matriculación excede los requisitos ordinarios dispuestos por el Carol Morgan School para el resto de los niños vinculados a dicha institución educativa. En tal sentido, el requerimiento del Ministerio Público al Carol Morgan School, que está impidiendo de forma actual e inminente la matriculación del niño JCCE, y la continuidad de su desarrollo progresivo conservando los vínculos creados con y a través de dicha institución educativa, resulta contrario al principio del interés superior del niño y de prioridad absoluta que el Estado y la sociedad deben asegurar con la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ante una situación de conflicto con otros derechos e intereses legítimamente protegidos.
10.36. Dicho esto, resulta indiscutible que el fin perseguido por el Ministerio Público con el requerimiento hecho al Carol Morgan School, responde a un interés legítimo de actuar a nombre del Estado en la persecución del delito de lavado de activos, sin embargo, el medio empleado resulta desproporcional y sus efectos lesivos para los derechos fundamentales del niño JCCE, toda vez que a través de esta medida se violenta su derecho a la educación y su derecho a la dignidad al ser indirectamente utilizado como objeto para la persecución penal de sus padres. Especialmente, a sabiendas de que el Ministerio Público tiene a su disposición otros medios que la ley dispone para la investigación de las referidas infracciones y el constreñimiento de las personas investigadas, sobre las cuales existe una presunción de inocencia mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.
10.37. En ese orden de ideas, y partiendo de que la Constitución en su artículo 74, numeral 4 señala, como principio de interpretación y reglamentación, que los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías, en el sentido más favorable a la persona titular de ellos; por todo lo expresado precedentemente, resulta coherente con los principios pro homine y pro libertatis, en consonancia con el principio del interés superior del niño, niña y adolescente, que el niño JCCE sea amparado. Por lo que procede acoger la presente acción de amparo y ordenar el cese de cualquier exigencia extraordinaria como condición para admitir el regreso del niño al centro educativo de referencia, de manera que si sus padres entienden que resulta oportuno y conveniente para el niño su regreso para el periodo escolar iniciado, se les permita completar en lo inmediato los requisitos ordinarios y el pago correspondiente para su matriculación, siendo así garantizado de manera efectiva su derecho fundamental a la educación, sin restricción ni discriminación de ningún tipo.
10.38. En su instancia, la parte recurrente, solicita que se ordene la ejecución sobre minuta de la sentencia a intervenir. Al respecto, es propio decir que las decisiones de amparo son ejecutorias de pleno derecho, según lo dispuesto en el párrafo del artículo 71 11 de la Ley núm. 137-11. El propósito del legislador es que la protección de los derechos fundamentales estuviese garantizada, por lo que dispuso la ejecutoriedad de las sentencias de amparo de pleno derecho.
10.39. Finalmente, conforme a lo establecido en el artículo 93 de la Ley núm. 137- 11, el juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar astreintes, con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado. Es pertinente destacar que este tribunal constitucional, en su Sentencia TC/0048/12, del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012), estableció que la naturaleza de la astreinte es la de una sanción pecuniaria, que no la de una indemnización por daños y perjuicios, por lo que su eventual liquidación no debería favorecer al agraviado. A partir de dicha decisión, el Tribunal Constitucional se había decantado por la imposición de astreintes en favor de una institución estatal dedicada a la solución de problemas sociales relacionadas con el objeto de la sentencia que sería pronunciada, y no del 11 Artículo 71,- Ausencia de Efectos Suspensivos. El conocimiento de la acción de amparo que reúna las condiciones de admisibilidad, no podrá suspenderse o sobreseerse para aguardar la definición de la suerte de otro proceso judicial. Párrafo. - La decisión que concede el amparo es ejecutoria de pleno derecho. agraviado. Sin embargo, tal como fue ponderado en la Sentencia núm.TC/0438/17, ello no representa impedimento alguno para que el juez de amparo fije la astreinte en provecho del agraviado.
10.40. En virtud del precedente fijado en la referida sentencia, en el ejercicio de su función jurisdiccional incumbe a los jueces de amparo no solo la facultad de imponer o descartar la imposición de una astreinte, sino también la de disponer su beneficiario. En este orden de ideas, fue estatuido que cuando el tribunal disponga que la astreinte beneficie al agraviado, no lo hará con el ánimo de otorgarle una compensación en daños y perjuicios o para generarle un enriquecimiento, sino con el propósito específico de constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión dictada. Este criterio obedece a que, de otro modo, el accionante que ha sido beneficiado por un amparo resultaría directamente perjudicado por el incumplimiento de la decisión emitida en contra del agraviante; inferencia que se aviene con el principio de relatividad de las sentencias de amparo y la naturaleza inter-partes de sus efectos. Fundado en estos razonamientos y aplicándolos al caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional decide fijar la astreinte de que se trata en contra de la parte accionada y a favor de la parte accionante, como se indicará en la parte dispositiva de esta decisión. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Samuel, segundo sustituto, José Alejandro Ayuso, Alba Luisa Beard Marcos y Eunisis Vásquez Acosta, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por JCCE, menor de edad representado por sus padres, la señora María Cristina Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard Conille Dabourze, contra la Sentencia núm. 447-02-2019-SCON- 00093, del dieciséis (16) de mayo del año dos mil diecinueve (2019), dictada por la Sala Civil del Segundo Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional.
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por JCCE, menor de edad representado por sus padres, la señora María Cristina Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard Conille Dabourze; en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 447-02-2019-SCON-00093.
TERCERO: ACOGER la acción de amparo interpuesta el veintiséis (26) de abril de dos mil diecinueve (2019) por JCCE, menor de edad representado por sus padres, la señora María Cristina Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard Conille Dabourze, en contra del Ministerio Público y Carol Morgan School, y en consecuencia ORDENAR al Ministerio Público y Carol Morgan School permitir la matriculación inmediata del niño JCCE en el Carol Morgan School para cursar el año escolar correspondiente, si así lo entendieren prudente y conveniente la madre y el padre del niño, previo cumplimiento con las formalidades ordinarias y el pago correspondiente que al respecto haya establecido dicho centro de formación.
CUARTO: FIJAR una astreinte de cinco mil pesos dominicanos con 00/100 ($5,000.00) por cada día de retardo en que incurra el Carol Morgan School en el cumplimiento de la presente sentencia, la cual se liquidará a favor de la parte accionante.
QUINTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine de la Constitución de la República y en los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
SEXTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, vía Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la señora María Cristina Echeverri Díaz y el señor Jean Edouard Conille Dabourze, en su calidad de padres representantes del niño JCCE; a los recurridos, Carol Morgan School y Procuraduría General de la República; y al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 47, párrafo II de la Ley núm. 136-03.
SÉPTIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0239/21, del 27 de agosto de 2021. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0239-21. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.