Sentencia TC/0064/19

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 13 de mayo de 2019 · Expediente TC-052017-0124

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho a la educación

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0064/19?

El recurso se interpuso dentro del plazo de cinco días hábiles y francos y tuvo especial trascendencia constitucional porque permitió examinar la colisión entre los derechos a la huelga y a la educación (TC/0064/19, numeral 10, a–b, pág. 26; TC/0064/19, numeral 10, d, pág. 27). La competencia del juez de amparo se determina por la afinidad de su materia con el derecho cuya tutela se solicita. En este caso, el juzgado de primera instancia era el juez natural para conocer la lesión del derecho a la educación causada por la suspensión reiterada de clases, sin que procediera declinar la acción para que otra jurisdicción calificara la legalidad de la huelga (TC/0064/19, numeral 12, d–e, pág. 31; TC/0064/19, numeral 12, g, pág. 33; TC/0064/19, numeral 12, h–11.2, pág. 33). Los padres y tutores acreditaron su calidad para representar a los estudiantes afectados; la Fundación Justicia y Transparencia, en cambio, no acreditó una afectación propia, actual o eventual, ni la representación de personas directamente afectadas (TC/0064/19, numeral 12, a–b, pág. 34; TC/0064/19, numeral 12, c–a, pág. 35; TC/0064/19, numeral 11, e, pág. 29).

El derecho a la huelga no es absoluto: en los servicios públicos, su restricción debe limitarse a garantizar los servicios mínimos y evaluarse de manera proporcional en cada caso. La educación pública gratuita y obligatoria de los niveles inicial, básico y medio puede calificarse como servicio esencial cuando la suspensión de la docencia es progresiva, prolongada e indiscriminada, dada la protección reforzada que exige el interés superior de los niños, niñas y adolescentes (TC/0064/19, numeral 12, f, pág. 41; TC/0064/19, numeral 12, p, pág. 46). En Barahona, los paros reiterados pusieron en grave riesgo los objetivos educativos de 33,000 estudiantes y lesionaron su derecho a recibir enseñanza en igualdad de condiciones, mientras que las mejoras reclamadas eran poco probables a corto plazo. Por ello, el Tribunal dio primacía al derecho a la educación y confirmó su tutela por amparo, sin establecer una jerarquía abstracta entre ambos derechos: el precedente se limita a casos rigurosamente análogos (TC/0064/19, numeral 12, n, pág. 45; TC/0064/19, numeral 12, q, pág. 48; TC/0064/19, numeral 12, s, pág. 49; TC/0064/19, numeral 12, w–a, pág. 52).

Decisión

Admitió en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo rechazó en cuanto al fondo y confirmó la sentencia que ordenó levantar la suspensión de la docencia; declaró el recurso libre de costas y dispuso la publicación de la decisión. En sus fundamentos declaró inadmisible la intervención voluntaria de la Fundación Justicia y Transparencia y consideró que la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia de amparo carecía de objeto.

Citas textuales clave

“En razón de lo anterior, el derecho a la huelga no constituye un derecho absoluto.” (TC/0064/19, numeral 12, f, pág. 41)
“La sensibilidad y significación de los intereses que se presentan en la colisión entre el derecho a la huelga de los profesores y el derecho a la educación de los estudiantes, especialmente porque los últimos son personas menores de edad, determinan que este tribunal resuelva el presente conflicto sobre la base de una ponderación estricta, adoptando un precedente que restrinja su ámbito de aplicación al contexto de casos rigurosamente análogos.” (TC/0064/19, numeral 12, n, pág. 45)
“Conforme al principio de restricción menor posible del derecho de huelga, la limitación debe destinarse a garantizar exclusivamente servicios mínimos, lo que deberá ser evaluado en la esfera judicial a la luz de la teoría de la proporcionalidad, que debe concretar ante cada caso y situación de huelga.” (TC/0064/19, numeral 12, p, pág. 46)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 8, 38, 56, 62.6, 63 (en particular, 63.3), 69, 72, 74, 128.1.h, 142 y 143.

Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 65, 66, 70, 71, 72 (incluido su párrafo III), 74, 80, 85, 87, 95 y 100.

Código de Trabajo: artículos 401, 403 y 404.

Ley núm. 136-03: principios V y VI y disposiciones sobre competencia de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes.

Ley núm. 66-97: título VI, sobre la carrera docente.

Ley núm. 41-08: ausencia de regulación expresa del derecho a la huelga de los servidores públicos.

Convención sobre los Derechos del Niño: artículos 28 y 29.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0007/12, TC/0187/13, TC/0123/13, TC/0101/14, TC/0185/13, TC/0163/13, TC/0135/14, TC/0531/15, TC/0109/13, TC/0092/15, TC/0058/13, TC/0081/16, TC/0350/14 y TC/0190/15. También invoca las sentencias T-423/96 (Colombia), 00026-2007-PI/TC (Perú), STC 26-1981 y 86/1985 (España).

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

El conflicto del que encuentra apoderado esta jurisdicción constitucional se origina a raíz de que la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional del municipio Barahona, realizó una serie de marchas, piquetes, asambleas y suspensiones parciales de la docencia en reclamo de mejoras en las condiciones de trabajo en las escuelas públicas de su demarcación. Estas suspensiones parciales de docencia afectaron las horas lectivas que debían recibir los estudiantes, por lo que varios padres y tutores interpusieron una acción de amparo en representación de sus hijos menores de edad, procurando que sea levantada la suspensión de la docencia. El amparo fue acogido, por lo que el juez actuante ordenó el levantamiento de la suspensión de la docencia y convocó a la clase magisterial a integrarse a su labor docente en los centros educativos correspondientes. Esta decisión es impugnada a través del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo.

TC/0064/19, numeral 8, pág. 25 — PDF oficial

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en materia

de amparo

a. Antes de analizar el fondo del presente recurso revisión constitucional en materia de amparo, es de rigor procesal determinar si reúne los requisitos de admisibilidad previstos en Ley núm. 137-11. El primer requisito a verificar se encuentra en la parte in fine del artículo 95 de la precitada ley, esto es, el plazo que debe observarse para la interposición del recurso, que es “de cinco días contados a partir de la fecha de [la] notificación” de la sentencia”. Este plazo, según ha precisado la jurisprudencia de este tribunal, es hábil y franco, por lo que para su cómputo no se toman en cuenta los días no laborables ni tampoco los que corresponden a la notificación de la sentencia y al vencimiento (sentencias TC/0080/12 § 8.d y TC/0071/13 § 10.B.a)

b. En la especie, se comprueba que la sentencia impugnada fue notificada a los recurrentes, el veintidós (22) de marzo de dos mil diecisiete (2017), mediante el Acto núm. 400-2017, instrumentado por el ministerial Iván Danilo Arias, alguacil de estrados de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona. Asimismo, se evidencia que estos depositaron el recurso de revisión que nos ocupa el día veintisiete (27) de marzo de dos mil diecisiete (2017), de lo cual resulta que fue interpuesto dentro del plazo previsto por la ley.

TC/0064/19, numeral 10, a–b, pág. 26 — PDF oficial

c. El segundo requisito que procede analizar es la especial trascendencia o relevancia constitucional de la pretensión planteada, según lo exigido por el artículo 100 de la Ley núm. 137-11, la cual “se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales”. Sobre el contenido que encierra el concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional, este tribunal ha señalado en la Sentencia TC/0007/12 y abundante jurisprudencia posterior, que esta condición queda configurada, entre otros, en aquellos supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0064/19, numeral 10, c, pág. 27 — PDF oficial

d. Después de haber estudiado los hechos y argumentos más importantes del caso que nos ocupa, este tribunal considera que existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible el recurso de revisión de amparo y, en consecuencia, procederemos a conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que esta sentencia le permitirá al Tribunal confrontar los derechos fundamentales a la huelga y a la educación para definir criterios jurisprudenciales constitucionalmente adecuados.

TC/0064/19, numeral 10, d, pág. 27 — PDF oficial

11. Admisibilidad de la intervención voluntaria de la Fundación Justicia y

Transparencia en el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo

a. La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) ha promovido en el presente caso una intervención voluntaria, a fin de adherirse a la solicitud de rechazar el recurso de revisión, y en consecuencia requiere que se confirme la sentencia de amparo, por lo que procede analizar la pretensión de la causa y los alegatos sostenidos por el interviniente, para constatar si este cuenta con legitimación procesal para ser tenido por interviniente voluntario en la especie.

b. La intervención en los procesos en curso ante el Tribunal Constitucional se encuentra regulada en la sección IV de nuestro Reglamento Jurisdiccional, dictado el diecisiete (17) de diciembre de dos mil catorce (2014). Esta normativa dispone, especialmente el artículo 19, que la intervención voluntaria de una persona física o jurídica es motivada por su interés personal. El tribunal ha establecido en su jurisprudencia que el interviniente voluntario debe ser admitido como parte en un proceso cuando “tiene algún interés en el resultado del mismo; es decir, que con el resultado de la decisión sus intereses o derechos se puedan ver afectados de manera positiva o negativa” (Sentencia TC/0187/13 § 10.2.a).

TC/0064/19, numeral 11, a–b, pág. 28 — PDF oficial

c. Este Tribunal ha precisado que “[c]uando las intervenciones voluntarias no se hacen al inicio del proceso litigioso, [se] requiere que el interviniente cumpla con requisitos adicionales, no simplemente la existencia de un interés” (Sentencia TC/0187/13 § 10.2.b). Así que, para admitir la intervención voluntaria en una revisión constitucional en materia de amparo es menester que la sentencia de amparo perjudique algún derecho actual o eventual del interviniente; debiendo entenderse que, en la afectación eventual, la sentencia constituye una amenaza grave y seria para que el interviniente no disfrute derechos e intereses legítimos sujetos a una condición o eventualidad cierta.

d. En el presente caso, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) alega que debe ser admitida como interviniente voluntaria en el presente recurso al tener “un interés evidente y jurídicamente relevante en la solución del presente caso”, por tratarse de un asunto de interés público. Esta entiende que su intervención se enmarca en los fines sociales que procura como entidad de la sociedad civil, en tanto ejercita el control social previsto en el artículo 246 de la Constitución, para velar por la promoción y fiel cumplimiento de la propia Constitución y los derechos fundamentales que ella proclama en beneficio de la sociedad dominicana.

TC/0064/19, numeral 11, c–d, pág. 28 — PDF oficial

e. La determinación del interés (eventual) del interviniente voluntario obliga a verificar la naturaleza del derecho alegadamente vulnerado, esto es, la educación. En relación con ello, este tribunal ha establecido que el derecho a la educación “es, al mismo tiempo, individual y de segunda generación [y, en consecuencia], su protección, en caso de violación, solo puede ser reclamada por su titular” (Sentencia TC/0123/13 § 10.8). Esto conlleva que, cuando se trata del derecho a la educación, solo puede ser admisible la intervención voluntaria cuando la afectación actual o eventual perjudique al interviniente; por lo que al no quedar acreditado que la sentencia de amparo le produce o producirá alguna afectación, ni que representa a personas directamente afectadas, debe concluirse que la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) carece de legitimidad y por consiguiente, procede declarar inadmisible su intervención voluntaria en el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente sentencia.

TC/0064/19, numeral 11, e, pág. 29 — PDF oficial

12. Sobre el fondo del presente recurso de revisión constitucional en materia

de amparo Al analizar las pretensiones de la parte recurrente, Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional de Barahona, se aprecia que imputa al juez de amparo la comisión de varias infracciones constitucionales de naturaleza procesal y sustantiva que, a su juicio, justifican un pronunciamiento correctivo del Tribunal Constitucional. Estos agravios aparecen difusamente señalados en el escrito del recurso de revisión constitucional en materia de amparo, con denominaciones jurídicas que no reflejan necesariamente de la mejor manera posible las infracciones alegadas. Sin embargo, es oportuno recordar que conforme el “principio iura novit curia, corresponde a las partes explicar los hechos al juez y a este último aplicar el derecho que corresponda” (Sentencia TC/0101/14 § 10.d), por lo que este tribunal realizará la calificación jurídica apropiada de los agravios alegados por el recurrente y, acorde con las previsiones del artículo 85 de la Ley núm. 137-11, “suplirá de oficio cualquier medio de derecho” en la verificación de los de los medios de impugnación siguientes:

11.1. Sobre la alegada violación al derecho al juez natural

a. El recurrente inicia su alegato imputando a la sentencia recurrida la vulneración del debido proceso “sobre el orden constitucional de la competencia”, esto es, el denominado derecho al juez natural, pues considera que “el tribunal competente para la Acción de Amparo es aquel que guarde mayor afinidad con los hechos que se alega representan la conculcación o vulneración a derechos fundamentales”. Esta infracción constitucional quedó configurada, a su juicio, cuando el juez de amparo rechazó la excepción de incompetencia que procuraba que la acción fuera declinada de la jurisdicción civil a la jurisdicción de niños niñas y adolescentes, por tratarse de un conflicto con personas menores de edad.

TC/0064/19, numeral 12, 11.1–a, pág. 29 — PDF oficial

b. Plantea, en segundo orden, que lo decidido por el juez de juez de amparo en relación con la excepción de incompetencia, al calificarlo como un conflicto entre la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Ministerio de Educación (MINERD), así como una huelga de la ADP que trae consigo la suspensión de docencia en diferentes centros educativos, “representa una desnaturalización de la sustanciación del proceso, que es de naturaleza contencioso administrativa”, en tanto que el juez debió “suplir de oficio la excepción de incompetencia” y declinar la causa hacia “Tribunal Superior Administrativo competente, no solo para la calificación de la huelga, sino también para viabilizar la conciliación amigable, o [a] la Corte de Apelación en Materia de Trabajo, como tribunal competente para los referimientos laborales”.

c. Los recurridos alegan, en respuesta a la impugnación del recurrente, que el juez de amparo no podía declinar la causa ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, puesto que “en el caso de la especie, no es el menor que está infringiendo la Ley, todo lo contrario, es el adulto, es decir, los integrantes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) Seccional Barahona, vulnerándose el Derecho Fundamental a la Educación”. Agregan que tampoco se podía declinar hacia el Tribunal Superior Administrativo, ya que no se trataba de un conflicto de carácter administrativo, sino que …el conflicto de que estaba apoderada la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia Barahona, era entre los padres de los alumnos afectos, Asociación de Padres y la Asociación Dominicana de Maestros -ADP-, estas últimas instituciones de la sociedad civil, por lo que no se cumple las condiciones para que se tratase de un conflicto de carácter administrativo.

TC/0064/19, numeral 12, b–c, pág. 30 — PDF oficial

d. Para este tribunal constitucional, en el ordenamiento jurídico dominicano en vigor, “el juez natural del amparo debe ser aquel cuya materia guarde mayor relación o afinidad con el derecho fundamental cuya tutela se procura, tal como indican [los] artículos [72 y] 74 de la Ley núm. 137-111” (Sentencia TC/0185/13 § 13.A.b). Por tanto, para determinar la competencia ratione materiae, corresponde al juez o tribunal apoderado de la acción de amparo, verificar la naturaleza de la amenaza o lesión a derechos fundamentales que funda la controversia. El juez podrá declarar de oficio su incompetencia en razón de la materia y, según el párrafo III del mencionado artículo 72 de la Ley núm. 137-11, deberá expresar “en su decisión la jurisdicción que estima competente, bajo pena de incurrir en denegación de justicia. Esta designación se impondrá a las partes y al juez de envío, quien no podrá rehusarse a estatuir, bajo pena de incurrir en denegación de justicia”.

e. En el caso de la especie, el conflicto que prima facie funda la pretensión de amparo, aunque afecta derechos fundamentales de personas menores de edad, no puede ser encuadrado dentro de las materias que competen a los tribunales de niños, niñas y adolescentes, pues al analizar la Ley núm. 136-03, que instituye el Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, se comprueba que esta jurisdicción especializada solo tiene competencia en determinados conflictos que involucran la protección de la educación, tales como la disciplina escolar o a propósito del incumplimiento de los deberes en materia de educación que corresponden a las madres, padres y tutores; no así a conflictos que provengan de actuaciones u omisiones lesivas del derecho a la educación, que sean imputables a los maestros al margen de la dinámica educativa en sentido estricto.

TC/0064/19, numeral 12, d–e, pág. 31 — PDF oficial

f. De otro lado, el recurrente, accionado en amparo, esto es, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Barahona, no es una corporación profesional de derecho público investida de funciones públicas de ordenación de su sector profesional, sino que es una corporación de derecho privado, fundada por particulares en el marco de la ley, regida por normas estatuarias adoptadas libremente por los integrantes de la asociación, y actúa “bajo la vigilancia y con el permiso de la administración, pero sin ninguna delegación del poder público” (Sentencia TC/0163/13 § 9.2.2). Así que, sus actuaciones contrarias a derecho escapan, en principio, al escrutinio de la jurisdicción contencioso administrativa, salvo aquellos supuestos encuadrados en el marco de las disposiciones legales que regulan las asociaciones de servidores públicos.

TC/0064/19, numeral 12, f, pág. 32 — PDF oficial

g. Este tribunal no encuentra motivos ni razones para cuestionar válidamente la determinación de la competencia realizada por el juez de amparo, pues efectivamente la jurisdicción apoderada por los accionantes, esto es, la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Barahona, era el juez natural para conocer de la acción de amparo planteada contra la ADP, seccional Barahona, frente a la reiterada suspensión de docencia que afectaba de manera manifiestamente arbitraria el derecho a la educación de los estudiantes de la comunidad de Barahona. Cualquier actuación u omisión manifiestamente arbitraria o ilegal, ya sea de las autoridades educativas, de los profesores o, incluso, de los padres, madres o tutores, que afecte o amenace en forma actual o inminente el goce y disfrute del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes que habitan en el país, legitima en principio que los agraviados puedan, por sí o por quien actúe en su nombre, reclamar ante los tribunales la protección sumaria que ofrece el amparo.

TC/0064/19, numeral 12, g, pág. 33 — PDF oficial

h. Consideramos que en el presente caso, el conflicto que debía ser tutelado por el juez de amparo se contrae prima facie al derecho fundamental a la educación de los estudiantes, afectado de manera palpable por la reiterada suspensión de docencia que derivó de la huelga convocada por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Barahona. Se trata, por lo tanto, de la confrontación de derechos fundamentales: de un lado, el derecho a huelga de los recurrentes, y del otro, el derecho a la educación de los recurridos. Es así que el Tribunal de Primera Instancia, como tribunal de derecho común, era el más idóneo para evaluar la pretensión que subyace al presente conflicto entre dos derechos fundamentales; por lo tanto, el alegato del recurrente en relación con la vulneración del juez natural del amparo debe ser rechazado.

i. Cabe agregar que el acceso a este proceso constitucional no puede ser impedido por el hecho de que los demandados en amparo actúen prima facie en ejercicio de otro derecho fundamental, como ocurre en la especie con el derecho a la huelga, pues la admisibilidad del amparo no está determinada por la ausencia de conflicto entre derechos fundamentales, sino por el cumplimiento de los presupuestos o condiciones de procedencia que, según los artículos 65 y 70 de la Ley núm. 137-11, justifican la protección inmediata de los derechos. Es por ello que el conocimiento de la acción no puede “suspenderse o sobreseerse para aguardar la definición o la suerte de otro proceso judicial” (artículo 71 de la Ley núm. 137-11); por lo que la pretensión de los recurrentes para que el juez de amparo declare su incompetencia y declinará al Tribunal Superior Administrativo o a la Corte de Apelación para que evaluara la “legalidad” de la huelga es improcedente.

11.2. Sobre la alegada falta de calidad de los accionantes

TC/0064/19, numeral 12, h–11.2, pág. 33 — PDF oficial

a. El recurrente alega que el juez de amparo incurrió en una violación al debido proceso al admitir la calidad de los accionantes para interponer un amparo colectivo …alegando representar a una persona jurídica, en este caso la ASOCIACIÓN DE PADRES, MADRES Y AMIGOS DE LAS ESCUELAS (APMAES), sin presentar ninguna certificación de registro de dicha organización, ni un poder otorgado por los accionantes para mostrar la pretendida calidad”. Mientras que los recurridos sostienen que a la parte recurrente no “se le ha violado el debido proceso, puesto que las partes accionantes [en el amparo] demostraron de más que poseían calidad para actuar. Es más, uno de éstos “depositó como prueba de su calidad” las actas de nacimiento de sus hijos y una certificación que muestra su vinculación al sistema educativo.

b. Este tribunal entiende que este alegato relativo a la falta de calidad debe ser rechazado, porque los recurridos (accionantes en amparo) acreditaron oportunamente la calidad en que actuaban en representación de sus hijos, estudiantes afectados por la suspensión de docencia en las escuelas públicas de Barahona. Preciso es recordar que esta jurisdicción adoptó, en la Sentencia TC/0123/13, de cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013), un precedente vinculante que define claramente la calidad para accionar cuando se alegan violaciones al derecho a la educación, rechazando que organizaciones que no representen directamente a los afectados puedan accionar por vía del amparo.

TC/0064/19, numeral 12, a–b, pág. 34 — PDF oficial

c. El precedente aludido establece que el derecho a la educación “es, al mismo tiempo, individual y de segunda generación. Dada la naturaleza del indicado derecho fundamental, su protección, en caso de violación, solo puede ser reclamada por su titular” (Sentencia TC/0123/13 § 10.8). Así, pues, en la especie queda evidenciado que los accionantes en amparo han sido los padres y tutores de los estudiantes afectados, personas menores de edad, así como miembros de organizaciones que representan a padres, madres, tutores y amigos de las escuelas en la comunidad de Barahona, por lo que cumplen con el presupuesto de legitimación procesal establecido en el indicado precedente para accionar judicialmente en tutela del derecho a la educación; en consecuencia, el alegato de la parte recurrente debe ser rechazado.

11.3. Sobre la alegada vulneración del derecho a la prueba.

a. Una de las alegaciones marginales del recurrente es que el juez de amparo omitió el papel activo que le corresponde como juzgador, “al no ordenar de oficio la comparecencia personal de las partes envueltas en el proceso” y de las autoridades educativas correspondientes, “toda vez que al momento de contradecir las pruebas aportadas en la audiencia, no existía ningún documento de notoriedad sobre la ausencia de docencia en las escuelas públicas”. Plantea, además, que en el momento de la discusión de las pruebas los accionantes “no presentaron las certificaciones de escolaridad de los adolescentes y niños que pretenden representar, mismas que en aras de garantizar el debido proceso de ley, debieron ser acreditadas oportunamente como única posible TITULARIDAD DEL DERECHO RECLAMADO POR LOS ACCIONANTES”.

TC/0064/19, numeral 12, c–a, pág. 35 — PDF oficial

b. Las alegaciones que realiza el recurrente se enmarcan en la supuesta vulneración del derecho a la prueba. Este se encuentra constitucionalizado en el artículo 69 de la Constitución, pero “constituye un derecho constitucional de configuración legal, en la medida en que es la ley la que precisa la forma y momento de presentación de la prueba, así como los medios autorizados para hacer valer este derecho” (Sentencia TC/0135/14 § 10.4). Así, pues, el contenido y alcance del derecho a la prueba en cada tipo de proceso, tanto en relación a los medios de prueba que pueden ser impulsados por los justiciables en defensa de sus intereses, como respecto a los límites a que se encuentra sujeto para preservar otros derechos y bienes fundamentales, dependen de la delimitación que realice el legislador en la normativa procesal que resulte aplicable al conflicto objeto de enjuiciamiento. Por lo tanto, la evaluación de la posible afectación del derecho a la prueba, inescindible del derecho de defensa, solo puede apreciarse verificando si el juzgador ha aplicado fielmente o no normas legales válidas conforme a los valores y principios constitucionales.

TC/0064/19, numeral 12, b, pág. 36 — PDF oficial

c. Al evaluar las disposiciones de Ley núm. 137-11 relativas a los poderes oficiosos del juez de amparo (artículo 87) y la libertad de prueba (artículo 80), en relación con la naturaleza de este proceso constitucional, es imprescindible recordar que “la acción de amparo constituye una vía judicial caracterizada por la tutela urgente, la celeridad del trámite y la sumariedad del procedimiento” (Sentencia TC/0531/15 § 11.1.b). Acorde con ello, la actividad probatoria en el amparo es esencialmente informal, al tratarse del juzgamiento de amenazas o lesiones a derechos fundamentales ocurridas a partir de actos u omisiones caracterizados por manifiesta arbitrariedad o ilegalidad (artículo 65), por lo que la libertad probatoria de las partes y los poderes oficiosos del juez en materia de prueba no quedan lesionados cuando se aprecia, como en la especie, hechos notorios como las huelgas reiteradas por la ADP, seccional Barahona, o el carácter de estudiante de las escuelas públicas de la comunidad de los niños y adolescentes representados en juicio por sus padres y tutores.

TC/0064/19, numeral 12, c, pág. 36 — PDF oficial

d. A pesar de lo anterior, consta en el expediente que la autoridad competente del Distrito Educativo 01-03 de Barahona emitió una certificación el nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), que prueba claramente la ausencia de docencia por la reiteradas huelgas auspiciadas por la parte recurrente, y por lo tanto, ordenar su comparecencia al juicio de amparo no solo era complemente innecesario, sino que podría haber resultado contraproducente al retardar la instrucción de la causa en detrimento del carácter sumario del procedimiento de amparo y la dilación en la protección del derecho fundamental vulnerado. Además, algunos recurridos (accionantes en amparo) probaron con las actas de nacimiento correspondientes la respectiva calidad que les habilitaba para actuar en nombre y representación de sus hijos menores de edad y depositaron certificaciones de escolaridad que demuestran su vinculación al sistema educativo público de la comunidad de Barahona; otros probaron actuar en representación de asociaciones de padres, madres, tutores y amigos de escuelas afectadas por las suspensiones de docencia, por lo que las alegaciones de la parte recurrente deben ser rechazadas.

11.4. Sobre la alegada vulneración al derecho de defensa

a. Los recurrentes alegan que se les ha vulnerado el derecho de defensa al existir una condena a título personal contra los señores Miguel Ángel Feliz, Ángel Medina, Julio Samboy, Milagros Tavares, Domingo Batista, Carmen Reyes, David Corniel, José Ramón Ramírez, Keny Montilla, Vicenta Urbáez y Daneyce Luz Valdo Pérez, a pesar de que no fueron notificados para el proceso en cuestión. Mientras que los recurridos sostienen que los recurrentes son los directivos de la ADP, seccional Barahona, y, en cuanto tales, estuvieron representados en el amparo por una barra de cinco abogados, por lo que entienden que no habido violación al derecho de defensa.

TC/0064/19, numeral 12, d–a, pág. 37 — PDF oficial

b. Este tribunal considera que la condena que realiza el ordinal segundo de la sentencia recurrida, al mencionar a los señores Miguel Ángel Feliz, Ángel Medina, Julio Samboy, Milagros Tavares, Domingo Batista, Carmen Reyes, David Corniel, José Ramón Ramírez, Keny Montilla, Vicenta Urbáez y Daneyce Luz Valdo Pérez , no se hace a título personal, sino más bien que estos son mencionados como representantes del Comité Ejecutivo de la Asociación Dominicana de Profesores, seccional Barahona, por lo que no se trata, como alega la parte recurrente, de que han sido condenados sin ser citados, sino que la sanción recae directamente sobre la Asociación Dominicana de Profesores y su Comité Ejecutivo, que estuvo representado en el proceso de amparo, por lo que el medio de impugnación relativo a la vulneración del derecho de defensa debe ser rechazado.

11.5. Sobre la alegada vulneración del derecho a la huelga

a. La parte recurrente alega que la sentencia de amparo califica erróneamente de servicio esencial la educación y acoge indebidamente el interés superior del menor, al juzgar sobre los derechos en cuestión para imponer límites al ejercicio del derecho a la huelga. Esta reivindica el derecho a la huelga “de los servidores públicos que prestan el servicio de educación a través del ejercicio de la carrera magisterial”, puesto que la Constitución permite la huelga en el sector público con la excepción de los servicios esenciales y, a su juicio, la educación no es un servicio esencial. Concluye que la decisión de amparo le agravió porque no existe “ni en la Constitución, ni en la ley adjetiva para el caso específico de los servidores públicos, una prohibición de huelgas en dicho sector, [por lo que] la pretendida regla implementada por el tribunal colida con el Bloque de Constitucionalidad que rige nuestro ordenamiento jurídico”.

TC/0064/19, numeral 12, b–a, pág. 38 — PDF oficial

b. La parte recurrida entiende ...que, si bien es cierto que la huelga o el derecho a la protesta se encuentra consagrado tanto en la Constitución como en las leyes dominicanas, pactos y convenios internacionales, no se puede hacer uso abusivo del mismo como ha ocurrido en la Seccional de la ADP de Barahona, y que, con la acción de amparo no se pretende impedir el derecho a la huelga, sino más bien conseguir el respeto al derecho a la educación, como ha sido planteado en la sentencia recurrida. Enfatizan que la parte recurrente está “vulnerando un derecho fundamental, como lo es el Derecho a la Educación, abandonando las aulas, por reclamos que podrían ser justos, pero que no están siendo realizados dentro del marco de la Ley, en franca violación a las leyes y la Constitución”.

c. De los argumentos planteados por las partes, se puede inferir que estamos frente a un conflicto o confrontación de derechos fundamentales, esto es, el derecho a la huelga de los profesores que integran la ADP, seccional Barahona, y el derecho a la educación de los estudiantes de las escuelas públicas de esta comunidad del sur del país. La colisión o choque entre derechos fundamentales es reconocida por el artículo 74 de la Constitución, el cual manda a que se procure “armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución”. Acorde con tal disposición constitucional, este tribunal ha considerado “que en caso de confrontación de derechos fundamentales, se deben apreciar las circunstancias concretas del caso a los fines de intentar conseguir una armonización de los mismos, y en caso de no ser esto posible, hacer prevalecer el derecho más afín a la dignidad humana” (Sentencia TC/0109/13 § 10.1.i).

TC/0064/19, numeral 12, b–c, pág. 39 — PDF oficial

d. El artículo 62.6 de la actual Carta Sustantiva reconoce el derecho fundamental a la huelga de los trabajadores para resolver conflictos laborales y pacíficos, “siempre que se ejerzan con arreglo a la ley, la cual dispondrá las medidas para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos o los de utilidad pública”. Este derecho comporta, según la concretización del Código de Trabajo “la suspensión voluntaria del trabajo concertada y realizada colectivamente por los trabajadores en defensa de sus intereses comunes” (articulo 401) y “debe limitarse al solo hecho de la suspensión del trabajo”, por lo que no se hayan cubierto bajo su abrigo “los actos de coacción o violencia física o moral sobre las personas o de fuerza física sobre las cosas, o cualquier otro acto que tenga por objeto promover el desorden o quitar a la huelga su carácter pacífico”. Estas disposiciones legales, aunque han sido concebidas para los trabajadores del sector privado deben cumplirse, con mayor razón, cuando este derecho es ejercido por los servidores de la Administración Pública, dado el interés colectivo que afecta. Es necesario recordar que la Ley núm. 41-08 sobre Función Pública, guarda silencio respecto al derecho de huelga de funcionarios y empleados públicos, y el Reglamento para su aplicación núm. 523- 09 lo admite implícitamente, pues prohíbe la huelga en los servicios esenciales.

TC/0064/19, numeral 12, d, pág. 40 — PDF oficial

e. Este tribunal concuerda con la jurisprudencia comparada en que el derecho a la huelga constituye uno de los …pilares fundamentales sobre los cuales descansa la estructura misma del derecho colectivo del trabajo para la definición de los diferendos laborales de carácter económico, en las relaciones entre el Estado y sus trabajadores y entre los empresarios y sus servidores”. 1 A través de su ejercicio, “los trabajadores se encuentran pues facultados para desligarse de manera temporal de sus obligaciones jurídico-contractuales, a efectos 1 Corte Constitucional de Colombia: Sentencia T-423/96, del 11 de septiembre de 1996. de lograr la obtención de algún tipo de mejora por parte de sus empleadores, en relación a ciertas condiciones socioeconómicas o laborales”. 2 Sin embargo, las huelgas …no solo perjudican al empleador sino que también afectan los intereses […] de los consumidores o usuarios. Es así que el desarrollo de la huelga provoca una evidente tensión con el ejercicio de los derechos del empleador […] así como también con derechos de terceros o de la sociedad […] que también cuentan con protección constitucional. 3

TC/0064/19, numeral 12, e, pág. 40 — PDF oficial

f. En razón de lo anterior, el derecho a la huelga no constituye un derecho absoluto. Así que su ejercicio está supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, recaudos y límites que procuran evitar que la paralización de actividades “perturben o amenacen el orden público, la seguridad del Estado, el funcionamiento regular de los servicios públicos o de utilidad pública, o impidan el desenvolvimiento de las actividades económicas” (artículo 128.1.h de la Constitución). Es más, las huelgas se encuentran legalmente proscritas “en los servicios esenciales, cuya interrupción fuese susceptible de poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en toda o parte de la población” ni en “cualesquiera otros de naturaleza análoga” (artículos 403 y 404 del Código de Trabajo).

TC/0064/19, numeral 12, f, pág. 41 — PDF oficial

g. Es importante precisar con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia que …son conceptos diferentes los de servicios públicos, servicios de utilidad pública y servicios esenciales: por servicios públicos debe entenderse toda 2 Tribunal Constitucional de Perú: Sentencia N. o 00026-2007-PI/TC, del 28 de abril de 2009. 3 Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: “Orellano Francisco Daniel c/ Correo Oficinal de la República de Argentina”, Fallo de 7 de junio de 2016. actividad que tienda a satisfacer necesidades colectivas; ahora bien, si esta actividad es cumplida por particulares, el servicio recibirá el nombre de utilidad pública, la noción de servicios esenciales es mucho más restringida, pues la misma se circunscribe a identificar un servicio cuya paralización es susceptible de poner en peligro la vida, salud, seguridad de las personas en toda o parte de la población, razón por la cual un servicio público o de utilidad pública será esencial si su paralización pone en peligro la vida, salud o seguridad de las personas, en caso contrario, no lo es del todo lo que se infiere que todo servicio esencial es necesariamente público o de utilidad pública, pero no todo servicio público o de utilidad pública es de naturaleza esencial. 4

TC/0064/19, numeral 12, g, pág. 41 — PDF oficial

h. Es preciso resaltar que el Tribunal Constitucional de España en su sentencia del diecisiete (17) de julio de mil novecientos ochenta y uno (1981) 5 , tiene una vision extensiva del concepto “servicios esenciales” al considerar …un servicio no es esencial tanto por la naturaleza de la actividad que se despliega como por el resultado que con dicha actividad se pretende. Mas concretamente, por la naturaleza de los intereses a cuya satisfaccion la prestacion se endereza. Para que el servicio sea esencial, deben ser esenciales los bienes o intereses satisfecho. Como bienes o intereses esenciales hay que considerar los derechos fundamentales, las libertades publicas y los bienes constitucionalmente protegidos.

TC/0064/19, numeral 12, h, pág. 42 — PDF oficial

i. El artículo 63 de la Carta Sustantiva establece que “toda persona tiene derecho a una educación” integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus actitudes, vocación y 4 Tercera Sala de lo Laboral, Tierras, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario de la Suprema Corte de Justicia: Sentencia de 27 de mayo de 2015. 5 STC 26-1981, Tribunal Constitucional, de 17 de julio de 1981. aspiraciones. La educación “tiene por objeto la formación integral del ser humano”, por lo que presupone tanto la orientación hacia el desarrollo del poder creativo de la persona y de sus valores éticos, como el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Si bien, este derecho debe ser garantizado “a lo largo de toda la vida”, adquiere una significación especial en la etapa de la niñez y la adolescencia de las personas, acorde a los artículos 28 y 29 de la Convención de los Derechos del Niño 6 y el artículo 56 de la Constitución, en tanto coadyuva a “garantizar su desarrollo armónico e integral” y a dotarles de las capacidades básicas “para estimular su tránsito productivo hacia la vida adulta”.

TC/0064/19, numeral 12, i, pág. 42 — PDF oficial

j. Cabe precisar que el artículo 63 de la Constitución es muy extenso y complejo. Contiene trece numerales con preceptos de distinta naturaleza, pues mientras algunos de ellos consagran derechos de libertad (como los previstos en el encabezado, así como en los numerales 2, 7 y 12), otros imponen deberes (como obligatoriedad de la enseñanza en los niveles inicial, básico y medio, numeral 3, o las establecidas en los numerales 5, 6 y 11, así como la enseñanza obligatoria de la Constitución en el numeral 13); garantizan instituciones (como la autonomía universitaria en los numerales 7 y 8); o derechos de prestación (como la gratuidad de la enseñanza pública, numerales 3 y 4); o atribuyen, en relación con ello, competencias a los poderes públicos (así, por ejemplo, numerales 3, 4, 7 y 9); imponen mandatos a los poderes públicos (como serían los numerales 9, 10, 11 y 12); o indican objetivos a alcanzar (como los previstos en los numerales 1, 6 y 13).

TC/0064/19, numeral 12, j, pág. 43 — PDF oficial

k. Ese conjunto heterogéneo de prerrogativas individuales, expectativas colectivas, garantías institucionales, mandatos a los poderes públicos y objetivos o valores constitucionales contenidos en el artículo 63 de la Constitución, concurren armónicamente al imponer al Estado obligaciones de planificación, promoción, prestación y fiscalización que garanticen la calidad de la formación moral, intelectual y física de las personas para promover el libre desarrollo de la 6 Ratificada por el país el 11 de junio de 1991. personalidad, el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, así como la convivencia pacífica. De ahí que se concuerde con el Tribunal Constitucional español en que …[l]a estrecha conexión de todos estos preceptos, derivada de la unidad de su objeto, autoriza a hablar, sin duda, en términos genéricos, como denotación conjunta de todos ellos, del derecho a la educación, o incluso del derecho de [toda persona] a la educación, utilizando como expresión omnicompresiva la que el mencionado artículo emplea como fórmula liminar. 7

TC/0064/19, numeral 12, k, pág. 43 — PDF oficial

l. Según la primigenia doctrina constitucional del país, …[u]na vez reconocido constitucional e incondicionalmente el derecho a la educación, la propia iniciativa individual bastaría para utilizarlo y fecundarlo; mas, como la Sociedad tiene un interés de vida o muerte en que todos sus componentes conozcan los fines para que viven, y el Estado ha sido instituido para coadyuvar con sus poderes generales a la eficacia del derecho general, cuando éste no alcanza a realizarse por su propia iniciativa, deben las instituciones del Estado ayudarlo a realizarse”. 8 Para cumplir este fin con el derecho a la educación, la Constitución “dota en su contenido esencial al Estado de un mandato prestacional, dentro de los servicios públicos” (Sentencia TC/0092/15 § 10.f). Ello significa que la educación posee un carácter binario, al conjugar la dimensión subjetiva de derecho fundamental, con la dimensión institucional de servicio público. De ahí que el Estado se encuentre obligado a garantizar la provisión de un servicio educativo de calidad, en tiempo y 7 Tribunal Constitucional de España: Sentencia 86/1985, de 10 de julio de 1985. 8 Eugenio María de Hostos: Lecciones de Derecho Constitucional [1887], Colección Clásicos del Tribunal Constitucional, Santo Domingo, 2015, p. 201. contenidos adecuados que aseguren el logro de los objetivos educacionales, tanto en el sector público como en el privado. El servicio público y social de la educación se ha robustecido en la medida en que los poderes públicos han establecido que el 4 % del producto interno bruto debe ser destinado a él y se ha introducido la llamada tanda extendida.

TC/0064/19, numeral 12, l, pág. 44 — PDF oficial

m. La ocasión es propicia para reiterar que la educación ...se enmarca dentro de los derechos económicos y sociales; también es un derecho civil y político, ya que se sitúa en centro de la realización plena y eficaz de esos derechos [erigiéndose en] el epítome de la indivisibilidad de los derechos humanos”; “constituye [además] un componente básico del derecho al desarrollo, en la medida en que resulta necesario para hacer efectivos otros derechos humanos, configurándose, así como condición de todo desarrollo, tanto personal como social y cultural (Sentencia TC/0058/13 § 10.2.9 y 10.2.6). La educación es el medio a través del cual las personas pueden convertirse en entes productivos y útiles, sirviendo como medio de socialización humana en sus diferentes etapas. La educación es uno de los elementos que promueven la libertad, al mismo tiempo que es generador de la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad (Sentencia TC/0081/16 § 10.y).

TC/0064/19, numeral 12, m, pág. 45 — PDF oficial

n. La sensibilidad y significación de los intereses que se presentan en la colisión entre el derecho a la huelga de los profesores y el derecho a la educación de los estudiantes, especialmente porque los últimos son personas menores de edad, determinan que este tribunal resuelva el presente conflicto sobre la base de una ponderación estricta, adoptando un precedente que restrinja su ámbito de aplicación al contexto de casos rigurosamente análogos. Esto significa que la solución a que se arribará no supondrá necesariamente, y en todo caso, que el derecho fundamental que resulte protegido haya de prevalecer siempre respecto del otro, ni tampoco que el precedente contenido en la decisión podrá ser considerado en abstracto como fuente de una sub-regla de jerarquización entre los derechos en conflicto, sino que será necesario realizar una casuística ponderación entre uno y otro para determinar la solución que resulte constitucionalmente adecuada, según el grado de afectación y satisfacción de los intereses en conflicto.

TC/0064/19, numeral 12, n, pág. 45 — PDF oficial

o. Este tribunal es consciente de la transcendencia, no siempre valorada, de la tarea que desempeñan los profesores o personal docente en la prestación del servicio público educativo, y no le son ajenas las apremiantes necesidades que históricamente han afectado el bienestar de este sector profesional. Sus reclamos son en principio legítimos y merecen ser atendidos oportunamente por el Ministerio de Educación. Es lógico que la ADP despliegue ingentes esfuerzos para encausar los reclamos del sector magisterial. Sin embargo, concuerda con el juez de amparo que la docencia en las escuelas públicas “se torna cada vez más atractiva en el país, como evidencia el flujo progresivo de profesionales de otras áreas, participando en los programas de habilitación docente, en procura de un trabajo seguro, bien remunerado en comparación con otros sectores laborales, que ofrece una cierta estabilidad socioeconómica”, al estar amparados legalmente por el estatuto de la carrera docente consagrado en el titulo VI de la Ley núm. 66-97, reforzado por el reconocimiento del régimen estatutario de la función pública en los artículos 142 y 143 de la Constitución.

TC/0064/19, numeral 12, o, pág. 46 — PDF oficial

p. La proscripción absoluta de la huelga que realiza el artículo 403 del Código de Trabajo en los servicios esenciales “cuya interrupción fuese susceptible de poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de la persona en toda o parte de la población”, no presupone que en el resto de los servicios públicos puedan realizarse huelgas que pongan en grave riesgo otros derechos fundamentales de las personas. El canon constitucional aplicable (artículo 62.6), no prohíbe las huelgas en los servicios públicos o de utilidad pública, pero ordena al legislador a disponer las medidas indispensables para garantizar el mantenimiento de estos servicios. Conforme al principio de restricción menor posible del derecho de huelga, la limitación debe destinarse a garantizar exclusivamente servicios mínimos, lo que deberá ser evaluado en la esfera judicial a la luz de la teoría de la proporcionalidad, que debe concretar ante cada caso y situación de huelga. Acorde con todo ello, este tribunal considera que la declaración de servicio esencial establecida por el legislador solo podría extenderse a la “educación pública gratuita, y a la vez obligatoria, en el nivel inicial, básico y medio” (artículo 63.3 de la Constitución), cuando la suspensión de la docencia se practica “de manera progresiva, prolongada e indiscriminada”, dada la preponderancia que adquiere en un Estado social y democrático de derecho la enseñanza de niños, niñas y adolescentes, por fuerza del “interés superior” que el artículo 56 de la Constitución establece para la tutela reforzada de sus derechos. El interés superior del niño ha sido abordado por el legislador en el principio V de la Ley núm.136-03 que crea el Código de Niñas, Niños y Adolescentes, disponiendo: El principio del interés superior del niño, niña o adolescente debe tomarse en cuenta siempre en la interpretación y aplicación de este Código y es de obligatorio cumplimiento en todas las decisiones que les sean concernientes. Busca contribuir con su desarrollo integral y asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos fundamentales. Asimismo, el propio legislador ha dispuesto la prioridad absoluta de todos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (principio VI de la referida normativa). Por tanto, en perspectiva individual, la educación pública y gratuita asegura a sus usuarios un desarrollo armónico e integral, incluyendo su tránsito productivo hacia la vida adulta, y en perspectiva social, soluciones tendentes a la satisfacción del bien común en poblaciones que demandan de un cuidado y protección especial. De ahí que la “paralización progresiva, prolongada e indiscriminada de la docencia en una escuela pública, a nivel inicial, básico y medio” afecta en forma actual e inminente el derecho de recibir en tiempo y forma la educación imprescindible en niños, niñas y adolescentes para su formación y el desarrollo de su personalidad, lo que justifica la tutela urgente o la pronta protección del amparo.

TC/0064/19, numeral 12, p, pág. 46 — PDF oficial

q. Acorde con las consideraciones previas conviene atender a las circunstancias concretas del conflicto para visualizar los beneficios que se puede obtener de un derecho en contraposición a la afectación que supone en el radio de acción del otro. Las huelgas constantes y reiteradas convocadas por la ADP, seccional Barahona, constituyen un grave riesgo que podría afectar el logro de los objetivos educacionales de 33,000 niños, niñas y adolescentes de la región. El beneficio que pretendían obtener los profesores radicaba en mejoras en las condiciones laborales y en los planteles educativos. Sin embargo, las probabilidades de que tales beneficios se pudieran conseguir en un corto plazo eran precarias, pues los requerimientos de las normas que pautan la erogación de los fondos públicos y el carácter centralizado de la gestión educativa en el país, pugnan con la posibilidad de mejoras como las exigidas por la ADP, seccional Barahona, sin el aprovisionamiento presupuestario del Poder Legislativo y otras medidas que tienen una incidencia nacional.

TC/0064/19, numeral 12, q, pág. 48 — PDF oficial

r. Cabe destacar que el derecho a la educación adquiere una significación especial cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, por fuerza del “interés superior” que el artículo 56 de la Constitución establece para la tutela reforzada de sus derechos. Por tanto, en perspectiva individual, la educación les asegura el “desarrollo armónico e integral”, incluyendo “su tránsito productivo hacia la vida adulta”; y, en perspectiva social, la cantidad y calidad de la enseñanza, acorde con el dinamismo social, constituye un factor de progreso con vistas a ofrecer –en el futuro próximo– soluciones tendentes a la satisfacción del bien común en el Estado social y democrático de derecho. De ahí que cualquier actuación u omisión manifiestamente arbitraria o ilegal, ya sea de las autoridades educativas, de los profesores o, incluso, de los padres, madres o tutores, que afecte en forma actual o inminente el derecho de recibir en tiempo y forma la educación imprescindible para el logro de los objetivos educacionales de los niños, niñas y adolescente justifica –prima facie– la tutela urgente o la pronta protección del amparo.

TC/0064/19, numeral 12, r, pág. 48 — PDF oficial

s. Se concuerda con la parte recurrida que en las circunstancias que rodean el presente caso, …realizar paros y huelgas, en los lugares y horarios que tienen que ser utilizados, conforme a la Constitución y las leyes, para impartir docencia, constituye una violación a la igualdad de oportunidades, a la igualdad de estar en las aulas, a la igualdad de aprovechamiento del tiempo de instrucción, en la preparación con miras a competir en igualdad de condiciones con el resto del país y con aquellos que se han educado en colegios privados. Es indudable que …los estudiantes, las personas, los niños, niñas y adolescentes del Municipio de Barahona […] tienen el derecho de recibir educación pública en igual[es] condiciones de calidad y durabilidad que a los demás, conforme al calendario escolar y la programación de cada año, sin importar que sea una escuela de campo o un Liceo Experimental de Santo Domingo o Santiago. Así que las suspensiones reiteradas de docencia por la huelga convocada por la ADP, seccional Barahona, lesionan gravemente su derecho a la educación y son víctimas de discriminación fáctica en la medida en que los estudiantes de colegios privados disfrutan de programas completos, cursos y exámenes a tiempo, sin ningún tipo de interrupción.

TC/0064/19, numeral 12, s, pág. 49 — PDF oficial

t. Este tribunal ha considerado implícitamente en la Sentencia TC/0058/13 que “los estudiantes menores de edad no deben ser utilizados como un medio para resolver conflictos”. Esta decisión surgió a partir de una acción directa en inconstitucionalidad relativa a un conflicto hipotético entre los padres y la administración de los centros educativos privados por la falta de pago de la matrícula escolar. En el presente caso, el conflicto del que deriva la huelga (esto es, una situación de naturaleza concreta) ocurre entre la ADP y el MINERD para la realización de ciertos fines ligados a las expectativas e intereses reivindicativos de los educadores. Sin embargo, en ambas hipótesis, los estudiantes menores de edad son utilizados como un recurso o medio para resolver conflictos en beneficio de otros, violando el principio de dignidad humana prescrito en el artículo 38 de la Constitución. Este principio, conforme la inspiración kantiana, presupone que “el ser humano es un fin en sí mismo, no un medio para usos de otros individuos, lo que lo convertiría en una cosa”, por lo que se erige en una razón adicional para rechazar las frecuentes huelgas promovidas por la parte recurrente.

TC/0064/19, numeral 12, t, pág. 49 — PDF oficial

u. Cabe agregar que lleva la razón el juez de amparo al plantear que …la suspensión de las docencias de manera progresiva e indiscriminado, por cuanto no toma en cuenta las familias y responsables de los alumnos produce otras afectaciones colaterales a los derechos fundamentales, a saber”: a) desorienta al estudiantado respecto a la disciplina que se forja en su esfuerzo de asumir su compromisos educativos b) altera la planificación de las familias en el orden social, económico, laboral, y en la seguridad alimenticia; c) altera el estado emocional de padres y madres que aprovechan las horas educativas de sus hijos para profesionalizarse e insertarse en el mercado laboral; d) altera el estado emocional de las familias frente a condiciones de riesgo o vulnerabilidad que se genera alrededor de sus hijos. Estas razones, en adición a las demás que han sido ya explicadas en este fallo, llevan a este tribunal a considerar que, a la tradicional definición de servicios esenciales – aquellos cuya suspensión pone en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas en toda o parte de la publicación–, debe adicionarse la educación pública gratuita a nivel inicial, básico y medio, cuando la suspensión de la docencia se practica de modo “progresivo, prolongado e indiscriminado”, pues su misión esencial es contribuir a la función del Estado social y democrático de derecho que, por mandato constitucional debe propender a la obtención de los medios que permitan a la persona perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva (artículo 8).

TC/0064/19, numeral 12, u, pág. 50 — PDF oficial

v. A la luz de las circunstancias que rodean el presente caso, la decisión de calificar como servicio esencial la educación pública gratuita a nivel inicial, básico y medio cuando la suspensión de la docencia se produce de modo progresivo, prolongado e indiscriminado, no implica prejuzgar la legitimidad o no de las reclamaciones de los profesores ni del histórico gremio sindical que las enarbola. Es legítimo que los educadores, a través de sus organizaciones gremiales, reivindiquen mejores condiciones de trabajo y salarios acorde con la responsabilidad que les corresponde, pero deben priorizar mecanismos de acción o negociación que no interrumpan gravemente el funcionamiento del servicio educativo en perjuicio del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes, especialmente los que asisten a las escuelas públicas, casi siempre, en países como el nuestro, provenientes de sectores vulnerables por su condición de pobreza, a “recibir una educación en forma continua y regular que asegure el cumplimiento de los objetivos educacionales y les permita el desarrollo de su personalidad”, derechos fundamentales que pueden resultar afectados por la interrupción continua y prolongada de la docencia en las escuelas. La calificación de servicio esencial, en las condiciones ya indicadas, no impide que los docentes puedan acudir a la avenencia directa con el Ministerio de Educación, y de esta no prosperar, solicitar la mediación del Ministerio de Administración Publica, o reclamar el concurso de árbitros, que de no poder ser escogidos libremente por las partes podrían ser nombrados, a solicitud de una de estas, por la jurisdicción contenciosa administrativa.

TC/0064/19, numeral 12, v, pág. 51 — PDF oficial

w. Por tal razón, para este colegiado los paros reiterados, intespectivos, escalonados y prolongados que hacen peligrar el cumplimiento de las metas educativas y el año escolar, impiden que el pan de la enseñanza nutra a los jóvenes de la educación estatal. No puede colocarse en un plano superior el derecho que tienen los docentes de utilizar la huelga para reivindicar mejores condiciones de vida y de trabajo. En otras palabras, el servicio público y social de la educación tiene primacía sobre un derecho a huelga en la función pública, cuyo ejercicio deberá ser regulado por el Estado, con la finalidad de hacer realidad la preponderancia del derecho a la educación.

11.6. Sobre la demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia.

a. El recurrente requirió a este tribunal constitucional, por los motivos ya expuestos en el recurso, que tenga …a bien disponer como medida Provisional de forma preferente y sumaria, la suspensión de la Ejecución de la Sentencia número 0105-2017- S.Amp.00026, de fecha 21 de marzo, del año 2017, dictada por la primera sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, dada en atribuciones de amparo y hoy recurrida en Revisión ante esa jurisdicción, hasta tanto esa jurisdicción se pronuncie, sobre el caso, vista la disposición del artículo 40, del Reglamento del Tribunal Constitucional, con motivo de la Sentencia número TC-0016/12, que rindió el Tribunal Constitucional en fecha 31 del mes de Mayo, del año 2012.

TC/0064/19, numeral 12, w–a, pág. 52 — PDF oficial

b. En virtud de la decisión adoptada en la especie, la solicitud de suspensión de la ejecución de la sentencia de amparo carece de objeto, pues se rechaza el recurso de revisión constitucional en materia de amparo de amparo, por lo que resulta innecesaria su ponderación, tomando en cuenta que la demanda en suspensión es accesoria al recurso de revisión constitucional en materia de amparo que nos ocupa. En consecuencia, esta sigue la suerte de lo principal, decisión que se toma sin la necesidad de hacerlo constar en el dispositivo, criterio establecido por este tribunal en situaciones análogas (sentencias TC/0350/14 § 9.h, TC/0190/15 § 10.h y TC/0531/15 § 11.7.b). Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Consta en acta el voto salvado del magistrado Rafael Díaz Filpo, primer sustituto; el cuál será incorporado a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0064/19, numeral 12, b, pág. 52 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), seccional Barahona, y su presidente municipal, señor Miguel Ángel Feliz, contra la Sentencia núm. 0105-2017-S.amp.00026 dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Barahona el veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

SEGUNDO: RECHAZAR en cuanto al fondo, el referido recurso de revisión constitucional en materia de amparo y en consecuencia, por las razones sustentadas en la presente decisión, CONFIRMAR la Sentencia núm. 0105-2017-S.amp.00026 dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de Barahona el veintiuno (21) de marzo de dos mil diecisiete (2017).

TERCERO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución y los artículos 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

CUARTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0064/19, del 13 de mayo de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0064-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.