Sentencia TC/0531/15
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 19 de noviembre de 2015 · Expediente TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060
Recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014).
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Temas: Derecho de igualdad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0531/15?
La protección del derecho a ser elegido alcanza los cargos directivos internos de los partidos por mandato del artículo 216 de la Constitución, pero los requisitos de elegibilidad pueden limitar su ejercicio si satisfacen el test de legalidad, finalidad legítima y proporcionalidad. El requisito de cuatro años ininterrumpidos de militancia para aspirar a la Secretaría General del PRD superó ese test: fue aprobado por el órgano partidario habilitado, conforme a los estatutos y antes de la inscripción de las candidaturas, por lo que no se aplicó retroactivamente; perseguía asegurar la identificación político-ideológica de los candidatos con el partido y su aptitud para representar a los militantes; y era proporcional a las responsabilidades del cargo. Exigir mayor vinculación partidaria para un cargo directivo interno que para una candidatura a un cargo público no vulnera la igualdad, pues se trata de supuestos distintos. Desde su retiro de las Fuerzas Armadas hasta la solicitud de inscripción, el recurrente no había cumplido el plazo exigido (TC/0531/15, numeral 11, e–11.5, pág. 22; TC/0531/15, numeral 11, h, pág. 25; TC/0531/15, numeral 11, j, pág. 26; TC/0531/15, numeral 11, k, pág. 27; TC/0531/15, numeral 11, l, pág. 27; TC/0531/15, numeral 11, m–11.6, pág. 28; TC/0531/15, numeral 11, c–11.7, pág. 29).
Por la sumariedad del amparo, el Tribunal Superior Electoral podía limitar su valoración al decreto de retiro, única prueba relevante para resolver la controversia. El incumplimiento del plazo para motivar el fallo no acarrea por sí solo su nulidad: en este caso, la demora no fue irrazonable ni causó agravio, pues el recurrente pudo recurrir oportunamente. Tampoco se acreditó parcialidad: la experiencia política o la militancia anterior de un juez no bastan sin datos objetivos que justifiquen la duda en el caso concreto (TC/0531/15, numeral 11, b–11.2, pág. 16; TC/0531/15, numeral 11, b–11.3, pág. 17; TC/0531/15, numeral 11, c–d, pág. 19; TC/0531/15, numeral 11, f–11.4, pág. 20).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión de amparo, lo rechaza en cuanto al fondo y confirma la Sentencia TSE-027-2014, sin condenación en costas. En sus fundamentos, considera que la solicitud de medida precautoria carece de objeto por su carácter accesorio al recurso desestimado.
Citas textuales clave
“La protección del derecho a ser elegible no se contrae únicamente a los cargos públicos de elección popular, sino que por efecto de la democratización impuesta por el artículo 216 de la Constitución, también afecta los puestos electivos a lo interno de los partidos políticos.” (TC/0531/15, numeral 11, h, pág. 25)
“Es legítimo en una sociedad democrática que los partidos políticos establezcan un período mínimo de afiliación a sus militantes para permitirles aspirar a los cargos directivos de la organización, puesto que para dirigir un partido es imperativo una mayor vinculación con la organización que la simple militancia y uno de los indicadores de aquella es justamente el tiempo de afiliación al partido.” (TC/0531/15, numeral 11, k, pág. 27)
“Por lo tanto, la exigencia de un mayor grado de vinculación partidaria para aspirar a un cargo de dirección a lo interno del partido, en comparación con la menor exigencia que pudiera existir en relación con las candidaturas a cargos públicos, no lesiona el derecho a la igualdad de los militantes del partido.” (TC/0531/15, numeral 11, c–11.7, pág. 29)
Normas interpretadas
Constitución: arts. 39, 47, 69, 72 (parte in fine), 110, 151 y 216.
Ley núm. 137-11: arts. 4, 7.6, 17, 66, 84 y 100.
Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral: art. 6, párrafo II.
Ley núm. 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas: art. 194.
Estatutos Generales del PRD: art. 174, párrafo III, parte in fine.
Reglamento de la Convención y Normativa Complementaria del PRD (Resolución CON/003-2013): art. 30.9.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0165/15, TC/0350/14, TC/0094/12, TC/0089/13, TC/0254/13, TC/0375/14, TC/0007/2012, TC/0050/12, TC/0163/13, TC/0031/13, TC/0006/14, TC/0192/15, TC/0050/13 y TC/0190/15.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
El presente conflicto se origina a raíz de que al señor Rafael Bienvenido Percival Peña le fuera rechazada, por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano, la candidatura presentada a la Secretaría General de esa agrupación partidaria. El rechazo obedeció a que presuntamente no cumplía con el requisito de tener cuatro (4) años de militancia ininterrumpida. Frente a esta decisión, el aspirante interpone acción de amparo ante el Tribunal Superior Electoral, la cual es rechazada tras considerar que el accionante no reunía los requisitos establecidos para que fuera presentada su candidatura a la Secretaría General del Partido Revolucionario Dominicano en la Trigésima Convención Nacional Ordinaria Noé Suberví Espinosa. Esta decisión es la actualmente impugnada a través de este recurso de revisión.
9. Fusión de expedientes
a. La fusión de expedientes no está contemplada en la legislación procesal dominicana, pero los tribunales de derecho común la ordenan en la práctica, cuando entre demandas o recursos existe un estrecho vínculo de conexidad. Dicha práctica tiene como finalidad evitar la eventual contradicción de sentencias y garantizar los principios de celeridad y economía procesal (Sentencia TC/0165/15 § 8), puesto “que en la administración de justicia deben aplicarse las soluciones procesales que Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). sean menos onerosas en lo que concierne a la utilización de tiempo y de recursos […] sin lesionar los intereses de las partes” (Sentencia TC/0350/14 § 8.c). Este tribunal ha establecido reiteradamente que ello constituye “una facultad discrecional de los tribunales que se justifica cuando lo aconseja una buena administración de justicia, siempre que la fusión de varias demandas o acciones interpuestas ante un mismo tribunal y contra el mismo acto puedan ser decididos por una misma sentencia” (sentencias TC/0094/12 § 7.2, TC/0089/13 § 7.2, TC/0254/13 § 7.2, TC/0375/14 § 8.a y TC/0165/15 § 8).
b. Dado el evidente y estrecho vínculo de conexidad existente entre el recurso de revisión de amparo (Exp. TC-05-2014-0144) y la solicitud de medidas precautorias en amparo (Exp. TC-07-2014-0060) que nos ocupan, puesto que se refieren a una misma cuestión e involucran las mismas partes, así como en razón de las particularidades del presente caso, este tribunal considera que pueden resolverse en una sola decisión sin lesionar los intereses de las partes, por lo que serán conocidas y decididas conjuntamente ambas pretensiones, aunque fueron interpuestas por separado. La decisión de producir esta fusión obedece al propósito de crear las condiciones para el mejor uso de los principios aplicables a la justicia constitucional como son los de celeridad y economía procesal, el ejercicio de la democracia interna en los partidos conforme a los precedentes ya establecidos, así como para evitar posibles contradicciones entre decisiones sobre expedientes relacionados.
10. Admisibilidad del presente recurso de revisión
a. Antes de analizar el fondo del presente caso, es de rigor procesal determinar si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11. En este sentido, la indicada disposición legal establece que: La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales.
b. Sobre el contenido que encierra el concepto de especial trascendencia o relevancia constitucional, este tribunal ha señalado en la Sentencia TC/0007/2012 y abundante jurisprudencia posterior, que esta condición queda configurada, entre otros, en aquellos supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.
c. Después de haber estudiado los hechos y argumentos más importantes del caso que nos ocupa, este tribunal considera que existe especial trascendencia o relevancia constitucional, por lo que resulta admisible el recurso de revisión de amparo y, en consecuencia, procederemos a conocer su fondo. La especial trascendencia o relevancia constitucional radica en que esta sentencia le permitirá al Tribunal pronunciarse sobre algunos aspectos relevantes del derecho de asociación política, así como al derecho a un juez imparcial y el derecho a la igualdad ante la ley.
11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional
El origen del conflicto a dilucidar surge a raíz de que el Partido Revolucionario Dominicano rechazó al señor Rafael Bienvenido Percival Peña la candidatura a su Secretaría General, por considerar que no cumplía con el requisito de tener un Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). mínimo de cuatro (4) años como dirigente o militante de esa organización política. Ante ello, interpuso una acción de amparo, que fue rechazada por considerarse válida la actuación del partido. Inconforme con la decisión de amparo, recurre en revisión constitucional alegando: (1) que la sentencia dictada por el Tribunal Superior Electoral realiza una incorrecta valoración probatoria; (2) que la decisión es emitida con carácter extemporáneo, (3) que le vulneraron el derecho a una justicia imparcial, (4) la supuesta violación al principio de la no retroactividad de la ley, (5) al derecho al sufragio universal en la democracia interna de los partidos políticos, por la supuesta inconstitucionalidad del artículo 30, numeral 9 del Reglamento de la Convención y de la Normativa Complementaria y (6) al derecho a la igualdad ante la ley, por lo que, finalmente, requiere, como medida precautoria, que se reestablezca la inscripción de su candidatura a secretario general. Cada una de estas alegaciones será analizada por separado, a continuación:
11.1. Sobre la alegada incorrecta valoración probatoria
a. El recurrente plantea que ofertó al tribunal de amparo varios elementos probatorios, pero aquel solo aceptó y valoró una prueba, omitiendo indicar por qué las otras no resultaron admisibles o justificar por qué las mismas fueron rechazadas, como era su deber, en virtud de lo establecido en el artículo 88 de la Ley núm. 137- 11. En relación con esto, el recurrido alega que las otras pruebas aportadas eran irrelevantes para resolver la controversia, puesto que la base en que descansaba el amparo era si el recurrente tenía o no derecho a ser inscrito como candidato a la Secretaría General según las normas internas del Partido Revolucionario Dominicano, lo cual fue revelado por el Reglamento de la Trigésima Convención Nacional Ordinaria y sancionado por la prueba contundente del Decreto núm. 452- 10, el cual precisó la fecha en que el recurrente fue puesto en retiro de las Fuerzas Armadas.
b. Al estudiar la sentencia impugnada, este tribunal constitucional advierte que efectivamente la prueba utilizada para resolver la acción de amparo es el Decreto núm. 452-10. Esta prueba resultó de vital pertinencia para resolver la controversia Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). jurídica sobre la que versó el amparo, al punto tal de que hacía irrelevante el resto de las pruebas ofertadas por el hoy recurrente. Dado que la acción de amparo constituye una vía judicial caracterizada por la tutela urgente, la celeridad del trámite y la sumariedad del procedimiento, es legítimo que el juzgador concentre sus esfuerzos en la valoración de la prueba estrictamente necesaria para dilucidar la controversia. Así que el Tribunal Superior Electoral obró correctamente, en el presente caso, al ponderar la única prueba relevante, si bien era recomendable que dejara establecido explícitamente en su decisión –y no sólo implícitamente– que el resto de las pruebas aportadas era irrelevante para la solución del caso, aspecto que suple este tribunal sin necesidad de mayor análisis, por no generar ningún agravio al recurrente.
11.2. Sobre el alegado carácter extemporáneo de la sentencia
a. El recurrente alega que la sentencia de amparo le fue notificada siete (7) días después de haberse conocido la última audiencia, a pesar de que el artículo 84 de la Ley núm. 137-11, señala que el juez de amparo dispone de un plazo de cinco (5) días para motivar la sentencia, por lo que se habría violado ipso facto no solo la referida disposición legal, sino también el carácter sumario de la acción de amparo consagrado en el artículo 72 de la Constitución, así como la obligación de brindar una justicia oportuna y rápida, conforme al mandato del artículo 69.1 de la misma.
b. Este tribunal considera que aunque el artículo 84 de la Ley núm. 137-11, establece que “[u]na vez que el asunto quede en estado de fallo, el juez deberá rendir su decisión el mismo día de la audiencia en dispositivo y dispone de un plazo de hasta cinco días para motivarla”, la prorrogación de este plazo no implica necesariamente la nulidad de la sentencia de amparo, puesto que el incumplimiento del mencionado plazo sólo podría afectar la validez de la decisión en caso de retraso irrazonable o injustificado en la motivación, o cuando la notificación tardía de la misma genere algún agravio a una a ambas partes. Al analizar el caso de la especie, es claramente notorio que la dilación en que pudo haber incurrido el Tribunal Superior Electoral ni es irrazonable ni produjo perjuicio alguno al recurrente, en Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). razón de que la decisión motivada le fue notificada en un plazo razonable y él pudo interponer su recurso de revisión en tiempo oportuno, por lo que su pretensión ha de ser rechazada.
11.3. Sobre la alegada vulneración del derecho a un juez imparcial
a. El recurrente alega que los jueces del Tribunal Superior Electoral nunca han dado un ejemplo de independencia e imparcialidad, puesto que responden a intereses partidarios, tanto es así, según enfatiza, que uno de los jueces que falló en contra de sus pretensiones es seguidor del presidente del partido político demandado en la acción de amparo, razones que le llevan a aseverar que hubo parcialidad por parte de la jurisdicción a-quo. Sobre el particular, el recurrido señala que no hubo por parte del recurrente ningún pedimento de recusación ni solicitud de inhibición contra los jueces electorales, por lo que la imputación de parcialidad obedece a un criterio de retractación inescrupulosa.
b. La imparcialidad de los órganos jurisdiccionales constituye una de las garantías básicas del debido proceso consagrado en el artículo 69 de la Constitución. Este tribunal ha establecido que, [e]l contenido esencial del derecho fundamental al juez imparcial comporta dos dimensiones: una objetiva, que se refiere a la imparcialidad del juez frente a la estructura del sistema de justicia; y otra subjetiva, que apunta a la imparcialidad del juez frente a las partes del proceso, de modo que la decisión jurisdiccional a producir no resulte contaminada con pasiones, intereses y subjetividades ajenas a la objetividad que supone el oficio de juzgar. (Sentencia TC/0050/12 § 9.2.3). Este criterio es compartido por la jurisprudencia comparada que viene distinguiendo entre una imparcialidad subjetiva, que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del juez con aquellas, y una imparcialidad objetiva, es decir, Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el juez se acerca al thema decidendi sin haber tomado postura previa en relación con él.
c. En el presente caso no existe evidencia alguna de que el Tribunal Superior Electoral en general, o alguno de sus integrantes en particular, haya obrado con parcialidad. Llama la atención, en primer lugar, que el recurrente no planteara oportunamente la recusación de ningún magistrado del Tribunal Superior Electoral, a pesar de que “es un medio procesal para resguardar el derecho fundamental al juez imparcial” (Sentencia TC/0050/12 §9.2.6) admitido en esa jurisdicción, puesto que cuenta con suplentes para reemplazar las vacancias ad casum que produzcan las recusaciones, sino que es en el recurso de revisión que censura a los jueces de amparo por no inhibirse. En segundo lugar, la alegación de parcialidad planteada en el recurso de revisión es genérica y no contiene datos objetivos que permitan verificar la verosimilitud de su reproche, el cual procura desmeritar in abstracto la imparcialidad de los jueces electorales en atención a la trayectoria o la experiencia política acumulada antes del cargo.
d. Este tribunal considera que para que en garantía de la imparcialidad un juez pueda ser impedido de conocer un asunto concreto, es preciso que existan dudas objetivamente justificadas, es decir, exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que hagan posible afirmar fundadamente que el juez no es ajeno a la causa o permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, no va a utilizar como criterio de juicio el previsto en el ordenamiento jurídico, sino otras consideraciones ajenas al derecho. Por tanto, no basta con que las dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien imputa al juez parcialidad, sino que es preciso determinar, caso a caso, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permitan afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas.
e. Preciso es hacer notar que para asegurar la apariencia de imparcialidad, el artículo 151 de la Constitución prohíbe a los jueces del orden judicial participar en actividades político partidistas. Una restricción similar es impuesta a los jueces electorales por el artículo 6, párrafo II, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). Electoral, y a los jueces del Tribunal Constitucional, por el artículo 17 de la Ley núm. 137-11. Sin embargo, la antigua pertenencia a un partido político no sólo no es incompatible con el desempeño de la función jurisdiccional, sino que constituye una experiencia que puede enriquecer la jurisprudencia. Por ello, ni la Constitución ni la ley pueden impedir legítimamente que un juez tenga su correspondiente ideología política, lo que sí pueden evitar es que participe en actividades partidarias, comprometiéndose activamente con las directrices o el programa de los partidos políticos.
f. La experiencia política o la ex-militancia partidaria de un juez no pueden considerarse, pura y simplemente, condicionamientos negativos que afecten su imparcialidad, pues la imparcialidad que exige el ordenamiento jurídico no equivale a un mandato de neutralidad general o a una exigencia de aislamiento social y político. Así que para imputar parcialidad a un juzgador en razón de lo anterior, es necesario acreditar en el caso concreto elementos objetivos que permitan verificar la afectación del adecuado enjuiciamiento de la pretensión jurídica a dilucidar. El recurrente no ofrece evidencia al respecto. Pero más aún, la sentencia de amparo electoral consta de una argumentación adecuada y una motivación suficiente que despejan cualquier duda de parcialidad, por lo que no existen motivos que permitan apreciar la vulneración del derecho a una justicia imparcial.
11.4. Sobre la alegada vulneración al principio de no irretroactividad de la ley
a. El recurrente alega que la aprobación del Reglamento de la Convención y Normativa Complementaria del PRD, que impuso a los candidatos que deseen ocupar puestos dirigenciales a nivel orgánico, el tener un mínimo interrumpido de cuatro (4) años de militancia, se realizó pocos meses antes de las elecciones internas, con la finalidad de impedir que una gran cantidad de dirigentes políticos, como es el caso de él mismo, puedan participar en las elecciones partidarias, lo cual constituye una transgresión al principio de la no retroactividad de la ley establecido en el artículo 110 de la Constitución de la República. Así que, al ampararse el Tribunal Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). Superior Electoral en el preindicado reglamento para fallar una sentencia perniciosa contra el recurrente, la sentencia recurrida merece ser anulada.
b. El recurrido señala que el reglamento de la convención que estableció los requisitos para aspirar a los cargos dirigenciales del partido, se elaboró antes de la solicitud de la inscripción de la candidatura del recurrente, no posterior, como precepto general para regular a todos y no a uno de los candidatos, en razón de que todos los demás han tenido que cumplir con los indicados requisitos, lo que no colide con principios constitucionales, puesto que basta con que el reglamento emane de una autoridad legítima del partido y que haya sido redactado y aprobado antes del proceso de inscripción de las candidaturas, por lo que no es razonable argüir que el mismo contraría el precepto contenido en el artículo 110 de la Constitución.
c. La Resolución CON/003-2013, que incorpora la disposición reglamentaria cuestionada, es adoptada por la Comisión Nacional Organizadora de la Convención, en virtud del mandato otorgado por la Comisión Política, que actuó en la especie por delegación del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). El que los Estatutos Generales del PRD, aprobados por la XXI Convención Nacional Extraordinaria del 28 de noviembre de 2004, establezcan en el artículo 174, parte in fine del párrafo III, que “[u]n reglamento aprobado por el CEN establecerá todos los requisitos y normas para aspirar a las candidaturas de los cargos electivos del Estado y los cargos de Dirección del Partido”, no significa en modo alguno que sea contrario al derecho de la delegación y el mandato acordados para que este reglamento sea redactado, aprobado y aplicado por otro órgano partidario.
d. La reglamentación impugnada fue adoptada por la Comisión Nacional Organizadora con anterioridad a la inscripción de las candidaturas, pero con ello el órgano partidario no actuó caprichosamente ni desbordó su ámbito competencial, sino que cumplió fielmente, conforme las normas estatutarias vigentes, una encomienda de la Comisión Política del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Dominicano. De modo que los requisitos establecidos en la Resolución CON/003-2013 para aspirar al cargo de secretario general cumplen el Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). mandato estatutario de concretizar “todos los requisitos y normas” para aspirar a los cargos de dirección del partido. Esa regulación es realizada en cada ocasión, por lo que quien postula una candidatura a un puesto de dirección partidaria lo hace con base en las reglas estipuladas para el certamen en que aspira.
e. Dado que la Resolución CON/003-2013 no hizo otra cosa que establecer ex novo, conforme el artículo 174 de los estatutos partidarios, los requisitos que debían cumplir con carácter general los dirigentes y militantes que aspiraban a cargos directivos en la Trigésima Convención Nacional Ordinaria del Partido Revolucionario Dominicano, no puede apreciarse que haya habido variación en los mecanismos de postulación y elección para los puestos de dirección partidaria, ni mucho menos la alegada modificación de las reglas vigentes para impedir que el recurrente participara como candidato a secretario general. Al haber sido establecidos tales requisitos con anterioridad a la inscripción de las candidaturas, este tribunal rechaza la vulneración al principio de la irretroactividad de la ley invocada por el recurrente.
11.5. Sobre el alegado derecho al sufragio universal a lo interno de los partidos, en virtud de la supuesta inconstitucionalidad del artículo 30, numeral 9, del Reglamento de la Convención y de la Normativa Complementaria
a. El recurrente alega que el derecho a ser elegido para los cargos directivos del Partido Revolucionario Dominicano está consagrado en el artículo 22.1 de la Constitución y, por lo tanto, con la exclusión de él y otros militantes de la posibilidad de presentar candidaturas a diferentes puestos ejecutivos dentro del Partido Revolucionario Dominicano, al aplicárseles un reglamento interno de forma retroactiva, arbitraria, inconstitucional e injusta, no se está respetando la democracia interna que debe imperar, sino más bien un criterio grupal, parcializado y limitado a los seguidores de su presidente, lo que constituye una trasgresión al artículo 216 de la Constitución de la República, razón por la cual la sentencia recurrida debe ser anulada. Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014).
b. El recurrido plantea “que la membresía a un partido político u otra organización social no es un derecho fundamental establecido por la Constitución de la República, que establece los requisitos para ser miembro y tener derecho a ser elegible en los partidos, son sus estatutos, por conducto de sus organismos, siempre que la persona cumpla con los requisitos legales, políticos y conductuales que establecen sus estatutos, reglamentos y leyes dominicanas”. (sic) Que, por consiguiente, la no admisión de la candidatura del recurrente a la posición de secretario general se produjo tras determinarse que no cumplía con el requisito previsto en el artículo 30.9 del Reglamento de la Trigésima Convención Ordinaria, conforme al cual los candidatos a la mencionada posición debían acreditar tener al menos cuatro (4) años como dirigente o militante del partido.
c. Esta jurisdicción ha establecido que la libertad de asociación es configurada genéricamente en el artículo 47 de la Constitución de la República como, un derecho civil y político esencial […] que consiste en la facultad de que disponen los seres humanos de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones libremente, con objetivos de concreción lícitos, la libertad de retirarse de las mismas en caso de así decidirlo. También comprende el derecho a no ser obligado a pertenecer a una asociación”. Siempre y cuando no se esté ante aquellos supuestos legales que hagan obligatoria la pertenencia a una asociación por razones de interés superior, como sería el caso de las corporaciones de derecho público, esto es, “aquellas entidades autónomas que representan los intereses de ciertos sectores sociales ante los poderes públicos y desempeñan funciones públicas de ordenación de dicho[s] sector [es]” (Sentencia TC/0163/13 § 9.2.1 y 9.2.2).
d. El artículo 216 de la Constitución reconoce, como especie de la libertad genérica de asociación, el derecho de asociación política. Este último comprende la posibilidad de que ciudadanas y ciudadanos constituyan libremente, conforme a la ley, partidos, agrupaciones o movimientos políticos, o bien puedan optar por formar Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). parte de los ya existentes, “con el fin primordial de participar en la elección de ciudadanos aptos para los cargos públicos y de propender a la realización de programas trazados conforme a su ideología particular, con el objetivo de alcanzar los puestos electivos del Estado” (Sentencia TC/0031/13 § 7.6). La asociación política implica, en sentido positivo, la titularidad de derechos y obligaciones para el militante, como son el derecho a participar en la vida interna del partido en condiciones de igualdad, y la obligación de coadyuvar al logro de los objetivos partidarios. En sentido negativo, comprende la posibilidad de que el militante pueda abandonar la agrupación en cualquier momento.
e. Es preciso hacer notar que el derecho de asociación política involucra un derecho más amplio, el de participación política, ya que “[l]as elecciones tienen lugar en atención a la oferta electoral que proponen los partidos políticos y es la Ley Electoral la que establece los procedimientos al efecto” (Sentencia TC/0031/13 § 7.6). Por ello, este tribunal ha establecido que los partidos políticos constituyen, Un espacio de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos donde los integrantes manifiestan su voluntad en la construcción de propósitos comunes, convirtiéndose de esta manera en el mecanismo institucional para acceder mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y desde allí servir al interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo de la sociedad” (Sentencia TC/0006/14 § 10.2.n).
f. Además, de la lectura del artículo 216 de la Constitución “se aprecia que el constituyente ha querido dejar claramente establecido que los partidos políticos son instituciones públicas” (Sentencia TC/0192/15 § 10.k), si bien de naturaleza no estatal con base asociativa, por lo que deben contar con estructuras democratizadoras que garanticen el derecho de sus militantes a intervenir en la vida interna de la agrupación, a efecto de dar cumplimiento al derecho de participación política, lo que implica la legítima aspiración a ocupar un puesto de dirección o de representación dentro de las estructuras partidarias y a no ser removido arbitrariamente de esos Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). puestos. Por tal razón, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos están sometidos al control jurisdiccional, de modo que sus normas o actos que lesionen o amenacen con vulnerar derechos fundamentales devienen en un presupuesto objetivo que permite a las y los ciudadanos afectados requerir la intervención contralora de la jurisdicción, a efectos de restaurar su goce o prevenir que sean conculcados.
g. El recurrente alega la vulneración del derecho a la participación política por habérsele impedido aspirar a un puesto de dirección política en el Partido Revolucionario Dominicano por no cumplir con el plazo de cuatro (4) años de militancia. De ahí que el problema jurídico dilucidado en el juicio de amparo constituyó la determinación de las limitaciones o restricciones legítimas al sufragio pasivo o el derecho a ser elegible para un cargo de dirección partidaria. Al respecto, en la sentencia atacada, el Tribunal Superior Electoral planteó que el derecho al sufragio no constituye un derecho absoluto y puede estar sujeto a limitaciones, por lo que la previsión y aplicación de requisitos para su ejercicio no constituye per se una restricción indebida, siempre y cuando en su reglamentación sean observados los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática.
h. En cuanto a las limitaciones del sufragio universal, el propio Tribunal ha sostenido que, [e]l derecho al sufragio pasivo o derecho a ser elegido, es la prerrogativa que corresponde a todo ciudadano, que cumpla con determinados requisitos de elegibilidad, para postularse mediante candidaturas a un cargo público electivo en condiciones jurídicas de igualdad. Este derecho, sin embargo, no reviste un carácter absoluto sino relativo, pues el Estado puede regular su ejercicio siempre y cuando se observen los requerimientos de legalidad, finalidad legítima y proporcionalidad” (Sentencia TC/0050/13 § 9.1.2). Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). La protección del derecho a ser elegible no se contrae únicamente a los cargos públicos de elección popular, sino que por efecto de la democratización impuesta por el artículo 216 de la Constitución, también afecta los puestos electivos a lo interno de los partidos políticos.
i. La disposición partidaria impugnada en inconstitucionalidad por el recurrente, esto es, el artículo 30.9) de la Resolución CON/003-2013 establece textualmente lo siguiente: Artículo 30. Requisitos para presentar candidaturas. Todos (as) los (as) dirigentes (as) y militantes del Partido tienen derecho de presentar sus candidaturas para puestos dirigenciales dentro de las convenciones convocadas para tales fines. Los (as) candidatos (as) a presentar candidaturas uninominales a todos los niveles orgánicos, deben cumplir los requisitos establecidos a continuación, de acuerdo a lo previsto en los artículos 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 172, 173 y 176 de los Estatutos Generales, los artículos 6, 47, 6 y 7 y 68 de la Ley Electoral y las disposiciones del Reglamento para la fiscalización de las asambleas y convenciones de los partidos políticos de la JCE: […] 9) Presentar constancias debidamente certificadas por lo menos de dos (2) organismos de la misma cadena de mando de Partido, pertenecientes a una provincia, municipio, región municipal, Distrito Municipal, Zona o Seccional del Exterior, de tener un mínimo ininterrumpido de dos (2) años, para los cargos de Comités de Colegios Electorales, y de cuatro (4) años, para los cargos a los distintos niveles orgánicos, como militante del Partido.
j. Este tribunal considera que el “test de razonabilidad” de la regulación del derecho al sufragio, aplicado en la Sentencia TC/0050/13 al ámbito estatal, resulta aplicable mutatis mutandis a la esfera partidaria, por lo que para resolver la presente controversia es de rigor determinar si la precitada disposición partidaria cumple los tres pasos del test, esto es, la “legalidad, la finalidad legítima y la proporcionalidad”. En cuanto al primer paso, es apreciable la legalidad de la reglamentación, puesto que la Comisión Nacional Organizadora de la Trigésima Convención Ordinaria del Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). Partido Revolucionario Dominicano redactó y aprobó el reglamento, exigido por la parte in fine del párrafo III del artículo 174 de los Estatutos, para concretizar “todos los requisitos y normas” para aspirar a los cargos de dirección partidaria, de conformidad con la delegación del Comité Ejecutivo Nacional y el mandato otorgado por su Comisión Política. De esta manera se evidencia que el citado reglamento está subordinado a los estatutos del partido, que desempeñan la función de norma suprema del mismo, sometido a los principios y valores de la Constitución de la República.
k. En cuanto al segundo paso, esto es, que la regulación persiga fines constitucionalmente legítimos, debe señalarse que la exigencia de cierta temporalidad en la afiliación para que los militantes puedan aspirar a los cargos de dirección en las estructuras orgánicas de un partido, constituye un requisito necesario para asegurar que los candidatos gozan de suficiente identificación político- ideológica con la organización, y consecuentemente, la aptitud de representar con idoneidad los intereses de los militantes a lo interno de la estructura del partido. Es legítimo en una sociedad democrática que los partidos políticos establezcan un período mínimo de afiliación a sus militantes para permitirles aspirar a los cargos directivos de la organización, puesto que para dirigir un partido es imperativo una mayor vinculación con la organización que la simple militancia y uno de los indicadores de aquella es justamente el tiempo de afiliación al partido.
l. En cuanto al tercer paso, debe ponderarse si resulta razonable el requisito de un plazo mínimo de cuatro (4) años de militancia para aspirar al cargo de secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Sobre esto, es preciso señalar que el secretario general de un partido juega una función estelar en la conducción de la vida partidaria, por lo que es razonable que a quien aspire a este cargo le sea exigido una fuerte adhesión ideológico-política, gran experiencia político-partidaria y comprensión de la idiosincrasia partidaria, elementos de inestimable valor para la democracia representativa que avalan la exigencia de un tiempo razonable de militancia comprometida con la vida partidaria. Así que el requisito de cuatro (4) años de afiliación para aspirar a un cargo a nivel orgánico –como el de la Secretaría Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). General– constituye una exigencia proporcional y razonable para asegurar una adecuada representación partidaria, y por ende, la normativa partidaria es conforme a la Constitución, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la decisión.
m. En la sentencia recurrida se acredita que el día 16 de agosto de 2010 el recurrente formaba parte de las filas militares y resulta que, de conformidad con el artículo 194 de la Ley núm. 139-13, Orgánica de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, del 13 de septiembre de 2013, se dispone sobre “Participación en Asociaciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo pueden formar parte de asociaciones religiosas, recreativas, culturales, de socorro y otras similares de carácter civil, pero en ningún caso podrán pertenecer a partidos o agrupaciones de carácter político”. Desde el momento en que el recurrente queda en estado de retiro de las Fuerzas Armadas, hasta que presenta la solicitud de admisión de su candidatura partidaria, no había transcurrido el período de cuatro (4) años mínimos de militancia partidaria estipulado por el artículo 30.9 de la Resolución CON/003-2013 para poder aspirar al cargo de secretario general, por lo que obró conforme a derecho el Tribunal Superior Electoral al rechazar la acción de amparo y, en consecuencia, es de rigor concluir que la sentencia recurrida no vulnera el derecho a ser elegible del recurrente.
11.6. Sobre la alegada vulneración al derecho a la igualdad ante la ley
a. El recurrente alega la vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, porque diversos dirigentes extrapartidos se inscribieron como miembros del Partido Revolucionario Dominicano e inmediatamente se postularon a cargos políticos electivos, violándose presuntamente los estatutos, toda vez que ninguno de ellos logró llegar a tres (3) años de militancia partidaria, mientras que a él sí le han negado ser candidato a la Secretaría General, razón por la cual considera que esta discriminación transgrede los artículos 8, 39 y 40.15 de la Constitución. El recurrido se limita a señalar que el reglamento no fue un precepto particular para ser aplicado a una sola persona, en razón de que todos los precandidatos a los cargos dirigenciales dentro del partido tuvieron que cumplir con los requisitos establecidos en el mismo. Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014).
b. Es preciso hacer notar que constituye una tradición arraigada en la democracia contemporánea, el que los partidos políticos permitan que ciudadanas y ciudadanos no militantes aspiren, a través suyo, a cargos de elección popular. Con ello se aseguran que personas de reconocido prestigio y arraigo popular, coincidentes con su programa político y la visión ideológica de gobernar que éste proyecta, puedan hacer causa común en el logro de la finalidad esencial para la cual existen los partidos: “servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad”. Esta apertura hacia líderes de la sociedad civil, religiosos, deportistas, artistas, entre otros, encuentra justificación en el rol instrumental que, conforme el artículo 216 de la Constitución, están llamados a jugar los partidos políticos para “garantizar la participación de ciudadanas y ciudadanos en los procesos políticos” y “contribuir a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular”.
c. La apertura hacia afuera (para la presentación de candidaturas a cargos públicos) no es incompatible, en modo alguno, con el establecimiento de reglas más estrictas hacía adentro (para la presentación de candidaturas a los puestos directos del partido). Se trata de supuestos diferenciados que justifican criterios de acción diferentes. En el caso de las candidaturas estatales es razonable que los partidos privilegien para la postulación las mejores personas con quienes puedan identificarse las y los electores, aunque no necesariamente sean militantes. Pero cuando se trata de cargos partidarios de alta responsabilidad, como la Secretaría General, es razonable que el partido exija a los candidatos una militancia de probada fidelidad y antigüedad que los haga idóneos para gobernar el partido. Por lo tanto, la exigencia de un mayor grado de vinculación partidaria para aspirar a un cargo de dirección a lo interno del partido, en comparación con la menor exigencia que pudiera existir en relación con las candidaturas a cargos públicos, no lesiona el derecho a la igualdad de los militantes del partido. Además, los razonamientos precedentes tienen singular importancia en el caso de alianzas electorales en que un partido político puede llevar como candidatos a militantes o dirigentes de otra agrupación política. Por lo antes dicho, la alegación del recurrente ha de ser rechazada. Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014).
11.7. Sobre la solicitud de medida precautoria.
a. El recurrente alega que no es razonable la posibilidad de una interferencia en el funcionamiento de la expresión democrática popular por vía de una sanción judicial que no mida el carácter de igualdad entre un partido democrático y sincero, que va a todas luces en vías y caminos arbitrarios, y contraviene sus estatutos, de lo que se deriva una situación grave y urgente, en la medida que existe un riesgo de amenaza inminente que puede materializarse generando un daño irreparable al ejercicio de sus derechos políticos, por lo que solicita al Tribunal Constitucional la adopción de una medida precautoria para que se le reestablezca la inscripción de su candidatura a secretario general del Partido Revolucionario Dominicano.
b. En virtud de la decisión adoptada en la especie, la solicitud de una medida precautoria para que se reestablezca la inscripción de la candidatura del recurrente al mencionado puesto partidario carece de objeto, en razón de que la presente sentencia rechaza el recurso de revisión de amparo, por lo que resulta innecesaria su ponderación, tomando en cuenta que la solicitud de la medida precautoria es accesoria al recurso de revisión de la sentencia de amparo que nos ocupa. En consecuencia, esta sigue la suerte de lo principal, decisión que se toma sin la necesidad de hacerlo constar en el dispositivo, criterio establecido por este tribunal en situaciones análogas (Sentencias TC/0350/14 § 9.h y TC/0190/15 § 10.h). Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figura incorporado el voto salvado de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Consta en acta el voto disidente del magistrado Jottin Cury David, el cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Expedientes números TC-05-2014-0144 y TC-07-2014-0060, relativos al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo y solicitud de medidas precautorias en amparo, respectivamente, incoados por el señor Rafael Bienvenido Percival contra la Sentencia TSE-027-2014 dictada por el Tribunal Superior Electoral el seis (6) de junio de dos mil catorce (2014). Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de sentencia de amparo interpuesto por el señor Rafael Bienvenido Percival Peña contra la Sentencia TSE-027-2014, dictada por el Tribunal Superior Electoral el 6 de junio de 2014.
SEGUNDO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, el recurso descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, CONFIRMAR la sentencia recurrida.
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Rafael Bienvenido Percival Peña, a la parte recurrida, Partido Revolucionario Dominicano y a su presidente, señor Miguel Vargas Maldonado.
CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, parte in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la referida ley núm. 137-11.
QUINTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la referida ley núm. 137-11.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0531/15, del 19 de noviembre de 2015. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0531-15. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.