Sentencia TC/0330/21

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 23 de septiembre de 2021 · Expediente TC-05-2018-0240

Al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Danilo Vizcaíno Reyes contra la Sentencia núm. 1530-2018-SSEN-00494 dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal el treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de propiedad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0330/21?

A falta de constancia de que la sentencia íntegra se notificó al recurrente, el plazo hábil y franco de cinco días se computó desde la fecha en que este la notificó a la contraparte, actuación que acreditó su pleno conocimiento del fallo (TC/0330/21, numeral 9, a–b, pág. 16; TC/0330/21, numeral 9, c, pág. 17; TC/0330/21, numeral 9, f, pág. 18). El juez de amparo valoró erróneamente los hechos: la acción no buscaba establecer la titularidad de la asignación de ruta, sino restablecer su explotación. Además, para inadmitir el amparo por existir otra vía efectiva, no bastaba con señalar el tribunal competente: era necesario identificar el mecanismo procesal y explicar por qué era eficaz para proteger el derecho invocado. Por esos vicios, el Tribunal revocó la sentencia y conoció el fondo del amparo por economía procesal (TC/0330/21, numeral 10, c, pág. 22; TC/0330/21, numeral 10, f, pág. 24; TC/0330/21, numeral 10, g, pág. 25).

Las garantías del debido proceso son exigibles mediante amparo también frente a decisiones sancionatorias de entidades privadas. El secretario general de UNACHOSIN paralizó arbitrariamente las operaciones del vehículo de Danilo Vizcaíno Reyes, titular de la ficha núm. 110, sin notificación previa ni oportunidad de defensa, con lo que vulneró su derecho al debido proceso y le impidió trabajar. No se configuró una violación del derecho de propiedad: la ruta es de dominio público y la controversia se refería a la explotación autorizada mediante la ficha. El amparo no impide que las partes cuestionen por la vía ordinaria la validez del contrato de adquisición de la ficha (TC/0330/21, numeral 10, c, pág. 28; TC/0330/21, numeral 10, d, pág. 29; TC/0330/21, numeral 10, e, pág. 30; TC/0330/21, numeral 10, h, pág. 31; TC/0330/21, numeral 10, i, pág. 32; TC/0330/21, numeral 10, j–k, pág. 33).

Decisión

Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión, y revoca la Sentencia núm. 1530-2018-SSEN-00494. Acoge el amparo, ordena el cese de la paralización de las operaciones del vehículo de Danilo Vizcaíno Reyes en la Ruta B de San Cristóbal con la ficha núm. 110 e impone a UNACHOSIN una astreinte de RD$5,000.00 a favor del accionante por cada día de retardo en la ejecución, a partir de la notificación de la sentencia.

Citas textuales clave

“sin indicar el mecanismo procesal procedente ante dicha jurisdicción ni los motivos por los cuales esta última constituía la vía idónea para la resolución del presente conflicto” (TC/0330/21, numeral 10, f, pág. 24).
“En efecto, observamos que la actuación tuvo lugar sin notificación previa y sin otorgarle la oportunidad al accionante de defenderse de la denuncia formulada por su hermana, la señora Luisa Vizcaíno Reyes.” (TC/0330/21, numeral 10, e, pág. 30).
“Por el contrario, como bien indicamos anteriormente, la disputa concierne a la explotación de la ficha núm. 110, mediante la cual UNACHOSIN autoriza las operaciones como transporte público en dicha ruta.” (TC/0330/21, numeral 10, j–k, pág. 33).

Normas interpretadas

Constitución: arts. 51, 62.2, 69 (en particular, 69.10) y 72.

Ley núm. 137-11: arts. 7.6, 66, 70.1, 92, 93, 95, 96 y 100.

Ley núm. 63-17: art. 43.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0406/14, TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15, TC/0233/17, TC/0239/13, TC/0433/15, TC/0156/15, TC/0001/18, TC/0765/18, TC/0080/16, TC/0167/16, TC/0220/17, TC/0195/15, TC/0670/16, TC/0007/12, TC/0004/17, TC/0134/17, TC/0739/17, TC/0021/12, TC/0182/13, TC/0065/16, TC/0740/17, TC/0630/18, TC/0254/19, TC/0313/19, TC/0276/20, TC/0064/21, TC/0159/21, TC/0185/13, TC/0012/14, TC/0127/14, TC/0569/16, TC/0589/19, TC/0183/20, TC/0201/13, TC/0331/14, TC/0002/15, TC/0096/12, TC/0058/13 y TC/0438/17.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

7. Síntesis del conflicto

El conflicto de la especie nace el cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho (2018), fecha en que le fue comunicado al señor Danilo Vizcaíno Reyes la cesación de operaciones de su vehículo 2 , en el sistema de transporte de la Ruta B de San Cristóbal. Ante dicha situación, el referido señor Vizcaíno Reyes sometió una acción de amparo el veintiséis (26) de junio dos mil dieciocho (2018), alegando violación de su derecho de propiedad sobre la ficha núm. 110, consignada a su persona mediante el contrato de asignación de ruta suscrito con la Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN) el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). La Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal inadmitió dicha acción de amparo, por la existencia de otra vía efectiva (art. 70.1 de la Ley núm. 137-11), mediante la Sentencia civil núm. 1530-2018-SSEN-00494, dictada el treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018). Inconforme con este dictamen, el señor Danilo Vizcaíno Reyes interpuso el recurso de revisión que nos ocupa, alegando que el juez de amparo incurrió en una errónea aplicación de la ley, desnaturalización de los hechos y apreciación incorrecta de la prueba. Consecuentemente, arguye que el fallo recurrido adolece de falta de motivación y de contradicción de motivos, con lo cual perpetúa la afectación de su derecho de propiedad sobre la antes mencionada ficha núm. 110. 2 Marca Mitsubishi, modelo Fuso, año 2011, placa núm. I051448, color blanco/crema, chasis núm. BE637GF03074.

TC/0330/21, numeral 7, pág. 15 — PDF oficial

9. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional de

sentencia de amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo resulta admisible, en atención a los razonamientos siguientes:

a. Los presupuestos procesales de admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo fueron establecidos por el legislador en los arts. 95 y siguientes de la Ley núm. 137-11. A continuación, procederemos a evaluar el cumplimiento de aquellos requisitos que este colegiado ha reconocido como imprescindibles para someter el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo que nos ocupa, a saber: el sometimiento dentro del plazo previsto para su interposición (art. 95); inclusión de los elementos mínimos requeridos por la ley (art. 96); calidad de los recurrentes en revisión (TC/0406/14), y satisfacción de la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada (art. 100).

b. En cuanto al plazo para la interposición del recurso, la parte in fine del art. 95 de la Ley núm. 137-11 prescribe que este debe presentarse, a más tardar, dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la sentencia recurrida. Sobre el particular, esta sede constitucional dictaminó, de una parte, que dicho plazo es hábil, o sea, que del mismo se excluyen los días no laborables; y, de otra parte, que dicho plazo es franco, es decir, que se excluyen el día inicial (dies a quo), así como el día final o de vencimiento (dies ad quem) 3 . Este colegiado también decidió al respecto que el evento procesal considerado como punto de partida para el inicio del cómputo del plazo para recurrir la decisión es la toma de conocimiento por los recurrentes de la sentencia íntegra en cuestión 4 .

TC/0330/21, numeral 9, a–b, pág. 16 — PDF oficial

c. En el presente expediente no existe constancia de que la sentencia recurrida haya sido notificada al hoy recurrente, señor Danilo Vizcaíno Reyes. Sin embargo, en los documentos integrantes del expediente figura el Acto núm. 463/2018, instrumentado a instancias de este último a la parte recurrida, señor Noel Luna, en calidad de secretario general de la Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN). En virtud de dicho acto se le notifica a dicho recurrido la indicada sentencia núm. 1530-2018-SSEN-00494, el catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018), con lo cual se evidencia el pleno conocimiento del hoy recurrente de la referida decisión.

TC/0330/21, numeral 9, c, pág. 17 — PDF oficial

d. Para casos como el de la especie, en los que la notificación de la sentencia ha sido efectuada por la parte recurrente, esta sede constitucional se ha auxiliado del art. 92 de la Ley núm. 137-11, el cual establece que la notificación del fallo, a pesar de ser competencia del secretario del Tribunal, puede ser efectuada válidamente por la parte agraviada 5 . En este mismo sentido, al conocer de un 3 TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15, TC/0233/17, entre otras. 4 TC/0239/13, TC/0433/15, TC/0156/15, TC/0001/18, TC/0765/18, entre otras decisiones. 5 A tal efecto, en su Sentencia TC/0433/15, desarrolló el siguiente análisis: «b) Conforme al pá rrafo anterior, este tribunal ha advertido que en el presente caso si bien no existe constancia de la notificació n de la sentencia al señor Juan Ramó n Brea y compartes, estos fueron los que le notificaron la referida sentencia al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante el acto de alguacil anteriormente citado, con lo cual se evidencia que los recurrentes tenían conocimiento pleno de la referida decisión. c) En este sentido, el artículo 92 de la referida ley núm. 137-11, establece que: “Cuando la decisión que concede el amparo disponga medidas o imparta instrucciones a una autoridad pública, tendientes a resguardar un derecho fundamental, el secretario del tribunal procederá a notificarla inmediatamente a dicha autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene la parte agraviada de hacerlo por sus propios medios. (...)”. d) De la lectura del anterior artículo se desprende que ciertamente aun cuando la notificación de la decisión rendida en ocasión de un amparo está proceso en el cual resultaba innegable el pleno conocimiento del recurrente, aunque no existiera constancia de la notificación de la sentencia en el expediente, el Tribunal Constitucional tomó como punto de partida para el cómputo del plazo legal la fecha probatoria del conocimiento 6 .

TC/0330/21, numeral 9, d, pág. 17 — PDF oficial

e. Bajo esta misma orientación, este colegiado también planteó que una actuación procesal realizada por el propio recurrente, que suponga necesariamente el previo conocimiento de la decisión recurrida, puede ser tomada como punto de partida para el cómputo del plazo de interposición del recurso. Específicamente, mediante sus sentencias TC/0156/15, TC/0080/16, TC/0167/16, TC/0220/17, entre otras, el Tribunal Constitucional precisó que la finalidad del requerimiento de la notificación es la preservación del derecho a ejercer los recursos de las partes envueltas en los plazos establecidos en la ley. En este tenor, dispuso que «si la parte demandante, accionante o recurrente, toma conocimiento de la sentencia por cualquier otra vía y ejerce su derecho a ejercer el recurso, el plazo para el cómputo empieza a correr desde el momento de su ejercicio […]».

TC/0330/21, numeral 9, e, pág. 18 — PDF oficial

f. Aplicando estos razonamientos a la especie, y ante la ausencia de prueba fehaciente de la notificación de la sentencia recurrida al señor Danilo Vizcaíno Reyes, adoptaremos como punto de partida para el cálculo del plazo la fecha de la notificación efectuada por el recurrente a la parte recurrida, puesto que esta actuación resultaría inconcebible sin el conocimiento previo del recurrente de reservada a ser realizada por el secretario del tribunal que la dictó , la ley confiere también ese derecho a la parte agraviada, como ha ocurrido en la especie, aunque en el presente caso no se trata de una autoridad pública, sino de particulares». 6 Así lo dispuso en su Sentencia TC/0239/13, expresando lo siguiente: «c. El inicio del mencionado plazo comienza a correr a partir de la notificación de la sentencia objeto del recurso, según se dispone en el texto transcrito anteriormente. En el presente caso, no hay constancia de dicha notificación; sin embargo, resulta incuestionable que la señora Nicaudi Zugeidi Gerardo tuvo conocimiento de la misma desde el treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012), fecha en la cual la recurrió́ en apelación. (Véase la página 6 de la Sentencia núm. 838-2012, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional). d. El recurso de revisión que nos ocupa fue interpuesto el once (11) de enero de dos mil trece (2013), es decir, siete (7) meses y once (11) días después de la fecha en que el recurrente tuvo conocimiento de la sentencia recurrida, acontecimiento que se produjo el treinta y uno (31) de mayo de dos mil doce (2012), en consecuencia, dicho recurso es extemporáneo y debe ser declarado inadmisible». la decisión y sus motivos. El Tribunal Constitucional adopta el referido criterio en el entendido de que los procesos judiciales, aun cuando sean estos de índole constitucional, no están concebidos para estar a disposición del accionante per saecula saeculorum, sino para instar el interés de este al ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, según la acción o proceso de que se trate. De modo que, al comprobar que la notificación de la sentencia de amparo fue realizada el catorce (14) de agosto de dos mil dieciocho (2018) a requerimiento del recurrente, y que este último depositó su recurso el veinte (20) de agosto de dos mil dieciocho (2018), se impone concluir que la interposición del recurso de revisión fue realizada en tiempo hábil.

TC/0330/21, numeral 9, f, pág. 18 — PDF oficial

g. Por otra parte, el art. 96 de la aludida Ley núm. 137-11 exige que «[e]l recurso contendrá las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo», y que en este se harán «constar además de forma clara y precisa los agravios causados por la decisión impugnada» (TC/0195/15, TC/0670/16). Hemos comprobado el cumplimiento de ambos requerimientos en la especie, dado que, de un lado, las menciones relativas al sometimiento del recurso figuran en la instancia en revisión; y, de otro lado, el recurrente, señor Danilo Vizcaíno Reyes, desarrolla las razones por las cuales considera que el juez de amparo erró al inadmitir la acción de amparo por la existencia de otra vía efectiva en aplicación del art. 70.1 de la Ley núm. 137-11. A tales fines, alega que el juez a quo incurrió en una errónea aplicación de la ley, desnaturalización de hechos e incorrecta valoración de las pruebas, motivo por el cual estima que el fallo adolece de falta de motivación y contradicción de motivos, perpetuando la afectación de su derecho fundamental a la propiedad.

TC/0330/21, numeral 9, g, pág. 19 — PDF oficial

h. En igual sentido, tomando en cuenta el precedente sentado en la Sentencia TC/0406/14 7 , solo las partes intervinientes en la acción de amparo ostentan la 7 En el aludido precedente se estableció que «[l]a calidad para accionar en el ámbito de los recursos de revisión de amparo, es la capacidad procesal que le da el derecho procesal constitucional a una persona conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes y en el caso en particular la recurrente en calidad para presentar un recurso de revisión constitucional contra la sentencia relativa a la acción. En el presente caso, el hoy recurrente, señor Danilo Vizcaíno Reyes, ostenta la calidad procesal idónea, pues fungió como único accionante en el marco de la acción de amparo resuelta por la sentencia recurrida en la especie, motivo por el cual resulta satisfecho el presupuesto procesal objeto de estudio.

i. En cuanto al requisito atinente a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada en el recurso, previsto en el art. 100 de la Ley núm. 137-11 8 , definido en nuestra Sentencia TC/0007/12 9 , esta sede constitucional lo estima satisfecho. Esta decisión obedece al criterio de que el conocimiento del presente caso permitirá al Tribunal Constitucional continuar la consolidación de su jurisprudencia respecto a la observancia del debido proceso cuando entidades de naturaleza privada adoptan decisiones disciplinarias que pudieran suscitar afectaciones de derechos fundamentales.

TC/0330/21, numeral 9, h–i, pág. 19 — PDF oficial

j. Luego de comprobar la satisfacción de todos los presupuestos de admisibilidad del presente recurso, el Tribunal Constitucional lo admite a trámite y procede a conocer el fondo del mismo. revisión de sentencia de amparo no posee dicha calidad». Precedente reiterado en las decisiones TC/0004/17, TC/0134/17, TC/0739/17, entre otras. 8 Dicho requisito se encuentra concebido en la indicada disposición en los términos siguientes: «La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales». 9 En esa decisión, el Tribunal expresó que «[…] tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional».

TC/0330/21, numeral 9, j, pág. 20 — PDF oficial

10. El fondo del recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo

Basándose en el estudio del expediente, el Tribunal Constitucional expondrá los argumentos en cuya virtud decidirá el acogimiento del presente recurso de revisión y la revocación de la sentencia de amparo (A). Luego, conocerá el fondo de la acción de amparo y establecerá las razones justificativas de su acogimiento (B). A) Acogimiento del recurso de revisión de amparo Respecto al intitulado que figura en el epígrafe, el Tribunal Constitucional expone lo siguiente:

a. Este colegiado se encuentra apoderado de un recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por el señor Danilo Vizcaíno Reyes contra la Sentencia núm. 1530-2018-SSEN-00494, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal el treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018). Mediante dicho fallo, el juez de amparo declaró la inadmisibilidad de la acción de amparo sometida por el referido señor Vizcaíno Reyes, en aplicación del numeral 1 del art. 70 de la Ley núm. 137-11, que reza como sigue: El juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo, en los siguientes casos: 1) Cuando existan otras vías judiciales que permitan de manera efectiva obtener la protección del derecho fundamental invocado 10 . 10 El aludido juez de amparo fundamentó su dictamen esencialmente en los motivos siguientes: «Que este tribunal ha podido examinar que se trata de un conflicto entre un sindicato y un miembro del sindicato. En efecto se colige que existe otra vía judicial que tutela de manera efectiva la protección del supuesto derecho fundamental conculcado, estando en mejores

TC/0330/21, numeral 10, a, pág. 21 — PDF oficial

b. En total desacuerdo con el fallo obtenido, el señor Danilo Vizcaíno Reyes interpuso el presente recurso de revisión constitucional alegando que el juez de amparo incurrió en una errónea aplicación de la ley, desnaturalización de hechos e incorrecta valoración de las pruebas. Dicho recurrente sustenta estos argumentos en que el juez a quo equivocadamente valoró el caso como un conflicto entre un sindicato y un miembro del sindicato, cuando de lo que realmente se trata es […] de un acto de despojo y arrebato arbitrario, sin justificación e ilegal, del goce y disfrute de un derecho de propiedad, ostentado por el ciudadano accionante, sobre la ficha No.110 y que fue ejecutado por parte del señor NOEL LUNA, en su condición de secretario general del referido sindicato y es por esta razón, es decir, ese despojo arbitrario e ilegal, realizado por el secretario general del sindicato, señor Noel Luna, que el accionante invoca ante el juez de amparo, por ser la vía más idónea […] 11 .

TC/0330/21, numeral 10, b, pág. 22 — PDF oficial

c. Tras examinar la sentencia recurrida, así como los alegatos planteados por el recurrente, este colegiado considera que ciertamente el juez de amparo incurrió en una errónea valoración de los hechos, resultando en un fallo que no guarda relación con lo invocado por el señor Danilo Vizcaíno Reyes mediante el sometimiento de su acción de amparo. En efecto, hemos podido comprobar que el juez a quo trató el caso en cuestión como un conflicto entre el aludido señor Vizcaíno Reyes, y el accionado sindicato, Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN); sin embargo, la acción promovida por el recurrente no estaba dirigida a establecer la titularidad de una condiciones de realizar una buena administración de justicia, estimando este juez que procede declarar la inadmisibilidad de la acción de amparo en razón de que existe otra vía judicial que tutela idóneamente el derecho alegado. Que aunado lo anterior, esta presidencia considera que la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, es el órgano competente para dirimir el conflicto surgido entre el accionante Danilo Vizcaíno Reyesla [sic] y la accionada la Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados Independientes (Unachosin)». 11 Pág. 33 del recurso de revisión incoado por Danilo Vizcaíno Reyes. asignación de ruta, sino el restablecimiento de su derecho de explotación sobre la misma.

TC/0330/21, numeral 10, c, pág. 22 — PDF oficial

d. Respecto a este último aspecto, advertimos que, si bien se comprueba la existencia de una presunta disputa sobre quien es realmente el titular de la ficha núm. 110 (rótulo de identificación para operar en la Ruta B de San Cristóbal, otorgada por UNACHOSIN), no menos cierto es que en la especie resulta evidente que la titularidad la ostenta el señor Danilo Vizcaíno Reyes. Dicha titularidad fue asimismo reconocida por la señora Luisa Vizcaíno (contraparte en el conflicto), la cual admite que el titular de la ficha núm. 110 es su hermano Danilo Vizcaíno Reyes, sosteniendo que su refutación radica en que la compra fue realmente solventada por ella y que dicho señor solo fungió como titular en su lugar. En este sentido, alega que el conflicto entre ellos surgió años después cuando informó al señor Vizcaíno Reyes que operaría su propio vehículo en dicha ruta. En este tenor, la referida señora Vizcaíno Reyes mantiene que el rótulo de identificación (es decir, la ficha núm. 110) siempre le ha pertenecido, solo que no había ejercido su derecho sobre el mismo. Como fundamento de este criterio, presentó su testimonio en audiencia, auxiliándose también de los testimonios del señor Félix Guzmán Mojica (testigo, en calidad de presidente de la Asociación de Propietarios de Minibuses de San Cristóbal) y del señor Noel Luna (secretario general de la UNACHOSIN), quienes se pronunciaron en ese mismo sentido. Sin embargo, los antes indicados señores no aportaron documentación alguna que sirviese de prueba fehaciente para comprobar la veracidad de sus argumentos.

TC/0330/21, numeral 10, d, pág. 23 — PDF oficial

e. Fundado en estos motivos, el señor Danilo Vizcaíno Reyes expresa que no sometió la acción de amparo original para probar su titularidad (por cuanto está no ha podido ser contestada), ni para cuestionar la calidad jurídica del señor Noel Luna (secretario general de la UNACHOSIN). Muy por el contrario, dicho accionante persigue el resguardo del goce y disfrute del supuesto derecho de propiedad que ostenta sobre la ficha núm. 110, el cual estima transgredido por el indicado señor Luna al ordenar la paralización de la circulación de su vehículo como transporte público en la Ruta B de San Cristóbal, sin seguir las formalidades dispuestas por el contrato suscrito con la antigua OTT 12 . De modo que lo planteado por el recurrente en su recurso de revisión consiste en que su petición no fue contestada por el tribunal a quo, omisión que ha sido comprobada por este colegiado 13 .

TC/0330/21, numeral 10, e, pág. 23 — PDF oficial

f. Al margen de la precedente argumentación, resulta también importante señalar que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación, en vista de que el juez de amparo se limitó a identificar como vía más efectiva al propio tribunal emisor del fallo, es decir, la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, sin indicar el mecanismo procesal procedente ante dicha jurisdicción ni los motivos por los cuales esta última constituía la vía idónea para la resolución del presente conflicto. Con esta actuación, el referido juez se apartó del precedente constitucional establecido en nuestra decisión TC/0021/12, en los términos siguientes: «Además, el ejercicio de la mencionada facultad de inadmisión se encuentra condicionada a la identificación de la vía judicial que 12 Contrato de asignación de ruta núm. 005, suscrito entre la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) y la Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN), Ruta B, el uno (1) de septiembre de dos mil seis (2006), notarizado por el Dr. Carlos Moreta Tapia, notario público de los del número del Distrito Nacional. 13 En este sentido, el recurrente sostiene en su recurso que «[…] no está reclamando la titularidad de una RUTA, de la cual todos colegimos, le pertenece al estado dominicano y que tan solo es operada bajo licencia por el sindicato, en este caso UNACHOSIN, filiar San Cristóbal, “Ruta B”, sino que esté humilde trabajador, solo invoca que le sea restituido el goce y disfrute del derecho de propiedad que tiene sobre la Ficha No. 110, la cual adquirió de más nos [sic] de su antiguo propietario el señor LUIS I. JIMENEZ, cuya legitimidad no ha sido cuestionada por la parte accionada, y que esta compra fue bautizada y aprobada por el señor NELSON SOTO, Secretario General de la Unión Nacional de choferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN) filiar San Cristóbal “Ruta B”, de esa época (año 2003), derecho que le ha sido arrebat ado y violentado de forma arbitraria, al accionante, por el señor NOEL LUNA, quien funge como actual Secretario General de la Unión Nacional de choferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN) filiar San Cristóbal “Ruta B” » (ver pág. 12 de la instancia recursiva sometida por el señor Danilo Vizcaíno Reyes). el tribunal considere idónea, así como de las razones por las cuales la misma reúne los elementos de eficacia requeridos por el legislador» 14 .

TC/0330/21, numeral 10, f, pág. 24 — PDF oficial

g. Producto de los vicios antes formulados, se impone que el Tribunal Constitucional revoque la sentencia objeto del presente recurso de revisión constitucional y, en aplicación del principio de economía procesal, se avoque al conocimiento del fondo de la presente acción de amparo. Esta decisión se adopta siguiendo los precedentes de este colegiado en los cuales se dictaminó que, el Tribunal Constitucional, «en aplicación del principio de la autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso constitucional antes descritos, debe conocer el fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida» 15 . B) Acogimiento de la acción de amparo Con relación al acogimiento de la acción de amparo que nos ocupa, esta sede constitucional formula las siguientes observaciones:

TC/0330/21, numeral 10, g, pág. 25 — PDF oficial

a. Conforme a la documentación que reposa en el expediente, el conflicto de la especie nace el cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho (2018), cuando el apodado señor «Mártires», quien funge como control del sindicato, le comunicó al chofer del señor Danilo Vizcaíno Reyes que el señor Noel Luna (secretario general de la UNACHOSIN) había ordenado la paralización de las operaciones de su vehículo como transporte público en la Ruta B de San Cristóbal. Frente a esta situación, el señor Vizcaíno Reyes intimó en esa misma fecha al señor Noel Luna y al Comité Ejecutivo de la UNACHOSIN para que en el plazo de un (1) día franco obtemperaran a ordenar el cese de la paralización de operaciones de 14 En este sentido, ver sentencias TC/0182/13, TC/0065/16, TC/0740/17, TC/0630/18, TC/0254/19, TC/0313/19, TC/0276/20, TC/0064/21, TC/0159/21, entre otras. 15 TC/0071/13, TC/0185/13, TC/0012/14, TC/0127/14 y TC/0569/16, TC/0589/19, TC/0183/20, entre otras. su vehículo marca Mitsubishi, modelo Fuso, año dos mil once (2011), placa núm. I051448, en la indicada Ruta B de San Cristóbal, mediante el Acto núm. 286/2018, instrumentado por el referido ministerial Rafael Frías de los Santos el cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho (2018). Posteriormente, el aludido señor Vizcaíno Reyes procedió a intimar al señor «Mártires» mediante el Acto núm. 303/2018, instrumentado por el mencionado ministerial Rafael Frías de los Santos el quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018), para que diera declaración de quién había dado el mandato de paralizar las operaciones de su vehículo en la Ruta B, a lo cual dicho señor contestó que había cumplido con lo ordenado «por la dueña», o sea, la señora Luisa Vizcaíno Reyes.

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b. Ante la omisión de respuesta por parte de UNACHOSIN, el señor Danilo Vizcaíno Reyes sometió la presente acción de amparo el veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018), procurando que se ordene el cese de la paralización de la circulación de su vehículo como transporte público en la Ruta B de San Cristóbal, por resultar este acto violatorio del supuesto derecho de propiedad que ostenta sobre la mencionada ficha núm. 110. Como prueba de la titularidad de dicho derecho, el accionante en amparo depositó los documentos siguientes: 1. Contrato de asignación de ruta suscrito entre la Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN), representada por su antiguo secretario general, señor Nelson Soto, y el señor Danilo Vizcaíno Reyes el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). Dicho acto fue notarizado por la Dra. Cecilia Brigada Lara Rodríguez, notario público de los del número del municipio San Cristóbal; legalizado ante la Procuraduría General de la República el cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho (2018), y debidamente registrado en el libro letra p, folio 460 núm. 10679 del Registro Civil del Ayuntamiento del municipio San Cristóbal en esa misma fecha. Mediante este contrato, la primera parte, UNACHOSIN, pacta la asignación de la ficha núm. 110 a favor de la segunda parte, señor Vizcaíno Reyes. 2. Certificación de traspaso expedida por la Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados Independientes y la Asociación de Propietarios de Minibuses de San Cristóbal, Ruta B, (UNACHOSIN-ASOPROMISANCRIS) el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). Mediante ese documento se da constancia de la venta y traspaso de la ficha núm. 110 entre el vendedor, señor Luis I. Jiménez, y el comprador, señor Danilo Vizcaíno Reyes. Este contrato figura firmado por las siguientes personas: los señores Luis I.

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Jiménez (en su doble calidad de vendedor y de presidente de la Asociación de Propietarios de Minibuses de San Cristóbal); el señor Danilo Vizcaíno Reyes (en calidad de comprador); el Nelson Soto (en calidad de secretario general de UNACHOSIN); el señor Eddy A. Tejeda (en calidad de secretario de finanzas), y el señor Luis R. Luna (en calidad de secretario de actas y correspondencia). 3. Certificación núm. C1118952048187, expedida por el Departamento de Vehículos de Motor de la Dirección General de Impuestos Internos el quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018). Mediante este documento, según los registros de dicha entidad, se da constancia de lo siguiente: que la placa núm. I051448 pertenece al vehículo marca Mitsubishi Fuso (modelo BE637GLMSH, año dos mil once (2011), color blanco/crema, chasis núm. BE637GF03074), propiedad del señor Danilo Vizcaíno Reyes (titular portador de la cédula de identidad y electoral núm. 002-0033944-8); que dicho vehículo fue importado por Bonanza Dominicana SAS; que el mismo ingresó a la República Dominicana por el puerto de Santo Domingo el veintidós (22) de mayo de dos mil diez (2010), y que sobre él no existe oposición alguna. 4. Compulsa notarial del Acto núm. 35, de comprobación de vehículo con traslado de notario, suscrito por el Lic. Pedro María Casado Jacobo el dieciocho (18) de junio de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual da fe de que el vehículo anteriormente descrito, propiedad del señor Danilo Vizcaíno Reyes, se encontraba ubicado en la casa del propietario a las once y treinta horas de la mañana (11:30 a.m.). El indicado notario certifica en dicho acto lo siguiente: Estando en la casa del Sr.

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DANILO VIZCAINO REYES, la cual se encuentra en el sector Sabana Toro, ubicada en la calle principal, entrada los yaco casa núm. 10, pude verificar que en dicho patio se encuentra el vehículo AUTOBUS PRIVADO, MARCA MITSUBISHI, MODELO FUSO, PLACA I051448, COLOR BLANCO CON CREMA CHASSIS BE637GF03074, AÑO DE FABRICACION 2011, el cual según la versión de su propietario dicho vehículo se encuentra ahí y no dando un servicio porque la guagua o expreso fue, arbitrariamente, detenida desde el día 4/6/18 a las 6:30 am, cuando disponía iniciar su jornada de trabajo, siendo sacado dicho autobús de circulación por el presidente de la ruta B Sr. Noel Luna y desde entonces dicho vehículo esta sin dar servicio. Posteriormente, el indicado notario público confirmó lo anterior trasladándose a dos casas contiguas, en las que residen las señoras Tomasa Pacheco Toledo y Margarita Dincent Soriano, quienes declararon en el mismo sentido.

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c. Luego de ponderar los documentos antes enumerados, este tribunal considera que en la especie se verifica la titularidad del señor Danilo Vizcaíno Reyes sobre la ficha núm. 110, que constituye un rótulo de identificación expedido por la UNACHOSIN para operar como transporte público en la Ruta B de San Cristóbal, así como el hecho de que, el cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho (2018), el secretario general de UNACHOSIN dispuso paralizar la circulación de su vehículo en la referida Ruta B. En vista de que dicha paralización fue ejecutada de manera arbitraria y sin fundamento legal alguno, colegimos que tal actuación constituye un acto violatorio del derecho al debido proceso y del derecho al trabajo en perjuicio del referido accionante, señor Danilo Vizcaíno Reyes.

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d. Si bien es cierto que la especie concierne a una decisión sancionatoria dictaminada por una entidad privada, no menos cierto es que el art. 69.10 de nuestra Constitución establece de forma clara y precisa que «[l]as normas del debido proceso se aplicarán a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas», consagrándolo como un derecho fundamental, el cual, por ende, resulta exigible mediante la acción de amparo 16 . En este sentido se pronunció este colegiado en su Sentencia TC/0201/13, respecto a la aplicabilidad de las garantías mínimas que conforman el debido proceso en el ámbito de relaciones inter privatos, dictaminando lo siguiente: «Su análisis permite la conclusión, en consonancia con la jurisprudencia constitucional comparada, de que en sede administrativa su aplicación deberá ser exigida en los procedimientos administrativos sancionatorios y en aquellos que puedan tener como resultado la pérdida de derechos de las personas» 17 . 16 Respecto a este canon constitucional, el Tribunal Constitucional expuso en su Sentencia TC/0331/14 lo siguiente: «[…] la Constitución de la República establece en su artículo 69.10 que las normas del debido proceso resultan aplicables a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, por lo que al tratarse de una medida de carácter administrativo la suspensión adoptada por las autoridades de la Federación Dominicana de Tiro al Plato, Inc., la misma debió observar las reglas relativas al debido proceso, a los fines de que el recurrido, señor Jesús Dolores Dickson Castillo tuviera la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

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Pretender que dichas reglas no aplican a las entidades privadas y que sus decisiones sancionatorias solo incuben a la justicia ordinaria, resulta en un juicio errado por las razones antes expuestas. […] El debido proceso es un principio jurídico procesal que reconoce que toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, mediante las cuales se procura asegurar un resultado justo y equitativo dentro de un proceso que se lleve a cabo en su contra, permitiéndole tener la oportunidad de ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juzgador, es por ello que la Constitución lo consagra como un derecho fundamental y lo hace exigible mediante la acción de amparo, la cual puede ser ejercida por todas las personas físicas o moral contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución». 17 Esta línea jurisprudencial fue posteriormente reforzada por este colegiado en la Sentencia TC/0002/15, en los términos siguientes: «En este mismo sentido, el Tribunal Constitucional peruano ha manifestado que cuando se trate de una institución de derecho privado (como es la CCPALT en la especie), cualquier afectación sobre el contenido de derechos fundamentales […] es susceptible no sólo de revisión en sede constitucional, sino de tutela en las circunstancias en que tal violación o amenaza de violación quede manifiestamente acreditada, respetando, desde luego, el procedimiento legal- estatutario –en el caso de organizaciones particulares– si lo hubiere [Sentencia T-690-07 del 1 de octubre de 2007, párrafos 51-53].

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Cónsono con el anterior razonamiento, y respecto del aludido derecho al debido proceso en el ámbito de relaciones inter privatos, la indicada alta corte expresó, además, en la referida sentencia, que: 51. […] si bien el derecho al debido proceso se encuentra en el título relativo a la función jurisdiccional (artículo 139°, inciso 3, de la Constitución), su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en

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e. Con base en los razonamientos anteriormente expuestos, colegimos que ciertamente en la especie se configura una grave transgresión del derecho al debido proceso en perjuicio del señor Vizcaíno Reyes. Esta apreciación se fundamenta en que el señor Noel Luna (fungiendo como secretario general de UNASOCHIN) actuó en total inobservancia de las garantías mínimas conferidas al debido proceso concebido por el constituyente al ordenar la paralización de las operaciones como transporte público en la Ruta B de San Cristóbal del vehículo propiedad del indicado señor Vizcaíno Reyes. En efecto, observamos que la actuación tuvo lugar sin notificación previa y sin otorgarle la oportunidad al accionante de defenderse de la denuncia formulada por su hermana, la señora Luisa Vizcaíno Reyes.

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f. Por otro lado, y de conformidad con lo antes indicado, estimamos que dicho acto resultó asimismo en una afectación del derecho fundamental al trabajo del hoy recurrente, Danilo Vizcaíno Reyes, el cual se encuentra consagrado en el art. 62 de nuestra Carta Sustantiva. Esta última disposición constitucional prevé en su numeral 2 lo siguiente: El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto que pueda afectar sus derechos. 52. En suma, el derecho fundamental al debido proceso es un derecho que ha de ser observado en todo tipo de procesos y procedimientos, cualquiera que fuese su naturaleza. Ello es así en la medida que el principio de interdicción de la arbitrariedad es un principio inherente a los postulados esenciales de un Estado social y democrático de Derecho y a los principios y valores que la propia Constitución incorpora. 53. De ahí que el debido proceso se aplica también a las relaciones inter privatos, pues el que las asociaciones sean personas jurídicas de Derecho privado no quiere decir que no estén sujetas a los principios, valores y disposiciones constitucionales; por el contrario, como cualquier ciudadano o institución (pública o privada), tienen la obligación de respetarlas, más aún cuando se ejerce la potestad disciplinaria sancionadora. En tal sentido, las asociaciones no están dispensadas de observar el estricto respeto del derecho fundamental al debido proceso, sea en sus manifestaciones de derecho de defensa, doble instancia, motivación resolutoria u otro atributo fundamental, debiéndolo incorporar a la naturaleza especial del proceso particular que establezcan; a efectos de garantizar un adecuado ejercicio de la facultad sancionadora que poseen [Cf. STC N.° 1461- 2004-AA]» [subrayado nuestro]. y el Estado. En consecuencia: […] 2) Nadie puede impedir el trabajo de los demás ni obligarles a trabajar contra su voluntad.

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g. Dicho derecho fue, a su vez, ponderado por el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0096/12, en la cual manifestó que [n]uestra Carta Magna consigna que el trabajo es un derecho económico y social que tiene un doble objetivo: por un lado, ejerce una función social que procura el bienestar de la sociedad; por el otro, cumple una función personal que persigue proporcionar bienestar propio al ciudadano, permitiéndole satisfacer sus necesidades y disponer de poder adquisitivo en la sociedad donde se desenvuelve. Siendo esto así, una de las consecuencias directas que se desprende de este derecho es que el trabajo realizado por el ciudadano sea retribuido de forma efectiva, oportuna, justa y equitativa [subrayado nuestro] 18 .

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h. En virtud de lo anterior, y conforme puede apreciarse en el caso que nos ocupa, al ordenar la paralización de la circulación del vehículo propiedad del señor Danilo Vizcaíno Reyes, el secretario general de la Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN), señor Noel Luna, le ha impedido al referido señor Vizcaíno Reyes poder cumplir con sus labores, lo que resulta en una grave pérdida económica en su perjuicio. Esto así al comprobarse que, desde el cuatro (4) de junio de dos mil dieciocho (2018), el señor Vizcaíno Reyes no ha podido operar su vehículo como transporte público en la Ruta B, aun ostentando la titularidad de la ficha núm. 110, que autoriza su circulación. En este sentido, observamos que la turbación manifiestamente 18 En este mismo sentido, la Sentencia TC/0058/13, mediante la cual se estableció: «[…] el derecho al trabajo es parte esencial del Estado Social y democrático de derecho que diseña el artículo 7 de la Constitución de la República. A su vez, el mismo es reconocido como un derecho, un deber y una función social, que debe ser ejercido con la asistencia y regulación del Estado. Su contenido esencial se manifiesta en un doble aspecto: por un lado, el de acceder a un puesto de trabajo; y por otro, el derecho a no ser despedido, sino por justa causa. Así, toda persona tiene derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y debe realizarse en condiciones dignas y justas». ilegal que se configura en la especie imposibilita la satisfacción de la antes mencionada función personal que se le atribuye al trabajo, consistente en «proporcionar bienestar propio al ciudadano, permitiéndole satisfacer sus necesidades y disponer de poder adquisitivo en la sociedad donde se desenvuelve».

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i. Respecto a la supuesta violación del derecho fundamental a la propiedad 19 propugnada por el accionante, conviene recordar lo dispuesto en el art. 43 de la Ley núm. 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que expresa lo siguiente: Licencia de operación. Las rutas del transporte público de pasajeros son propiedad del Estado. La prestación del servicio del transporte público de pasajeros será autorizada por medio de la emisión de licencias de operación, expedidas por el INTRANT y los ayuntamientos en su jurisdicción a favor de operadores públicos o privados, de conformidad con la presente ley y sin vulnerar los derechos o las prerrogativas previamente establecidas [subrayado nuestro]. Del contenido de la disposición normativa transcrita ut supra, se evidencia que las rutas de transporte público como bien jurídico, al formar parte del patrimonio nacional y ser de dominio público, no pueden –ni deben– pertenecer a particulares, ya que por su propia naturaleza son de la exclusiva propiedad del Estado, sin que puedan ser objeto de negocio; es decir, que se encuentra prohibida su venta, donación, permuta o cualquier otro tipo de operación jurídica que conlleve el traspaso de la potestad absoluta o fraccionada de estas. De manera que, lo único que sí está permitido es la emisión de licencias que permitan a los particulares (en un contexto de igualdad de condiciones y 19 Este derecho se encuentra consagrado en el art. 51 de la Constitución, que reza como sigue: «El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. […]». oportunidades) su explotación en los términos fijados por la Constitución y la mencionada ley núm. 63-17, bajo la vigilancia del INTRANT, ya que se trata de un bien de dominio público cuya gestión está sujeta a una especial regulación por parte del Estado.

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j. Partiendo de esta premisa, este tribunal concluye que en el presente caso no se configura la afectación del derecho fundamental de propiedad argüida por el recurrente, por cuanto este no ostenta la titularidad de la Ruta B de San Cristóbal. Por el contrario, como bien indicamos anteriormente, la disputa concierne a la explotación de la ficha núm. 110, mediante la cual UNACHOSIN autoriza las operaciones como transporte público en dicha ruta.

k. A la luz de las consideraciones anteriores, y al comprobar la conculcación del derecho fundamental al debido proceso y del derecho al trabajo en perjuicio del accionante, el Tribunal Constitucional estima procedente el acogimiento de la acción de amparo que nos ocupa, sin desmedro del derecho que le asiste a las partes interesadas de cuestionar, por las vías ordinarias, la validez del contrato de adquisición de la ficha núm. 110, suscrito entre la Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN), representada por su antiguo secretario general, señor Nelson Soto, y el señor Danilo Vizcaíno Reyes el veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). En esta virtud, procede igualmente ordenar la cesación de la paralización de las operaciones del vehículo marca Mitsubishi [modelo Fuso, año dos mil once (2011), placa núm. I051448, color blanco/crema, chasis núm. BE637GF03074], propiedad del accionante, señor Danilo Vizcaíno Reyes, como medio de transporte público en la Ruta B de San Cristóbal, exhibiendo la ficha núm. 110 como rótulo de identificación.

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l. Finalmente, resulta útil tomar en consideración las prescripciones del art. 93 de la referida Ley núm. 137-11, relativas a la fijación de astreintes como una facultad discrecional otorgada al juez de amparo para constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión expedida; potestad en cuya virtud el Tribunal Constitucional dictaminó, mediante su Sentencia TC/0438/17, que su fijación puede tener lugar «contra la parte accionada y a favor de la parte accionante», o en beneficio de entidades sin fines de lucro «cuando se albergue el propósito de restaurar un daño social» (casos de amparos atinentes a reparación de derechos colectivos y difusos o a decisiones con efectos inter communis) 20 . En el caso que nos ocupa, este colegiado considera asimismo procedente la fijación de una astreinte a favor del amparista por el monto que se hará constar en el dispositivo de esta decisión. Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de las magistradas Alba Luisa Beard Marcos y Eunisis Vásquez Acosta, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

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Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por el señor Danilo Vizcaíno Reyes, contra la Sentencia núm. 1530-2018-SSEN-00494, dictada por la 20 Sentencia TC/0438/17: «h. En este orden de ideas, cuando el juez disponga que la astreinte beneficie al agraviado, no lo hará con el ánimo de otorgarle una compensación en daños y perjuicios o para generarle un enriquecimiento, sino con el propósito específico de constreñir al agraviante al cumplimiento de la decisión dictada. Este criterio obedece a que, de otro modo, el accionante que ha sido beneficiado por un amparo resultaría directamente perjudicado por el incumplimiento de la decisión emitida en contra del agraviante; inferencia que se aviene con el principio de relatividad de las sentencias de amparo y la naturaleza inter-partes de sus efectos. Fundado en estos razonamientos y aplicándolos al caso que nos ocupa, el Tribunal Constitucional decide fijar el astreinte de que se trata en contra de la parte accionada y a favor de la parte accionante. i. En cuanto a los astreintes fijados en beneficio de instituciones de [sic] sin fines de lucro, este colegiado estima que podrían aplicarse cuando se alberge el propósito de restaurar un daño social ─como en el caso de los amparos incoados para demandar respeto a los derechos colectivos y difusos─; o en aquellas decisiones con efectos inter communis, o sea, en las cuales la afectación detectada no solo incumbe a los accionantes, sino a todo un conjunto de personas que se encuentran en circunstancias análogas a estos últimos y a las que, en consecuencia, también afecta o concierne el objeto de lo decidido». Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal el treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la referida sentencia núm. 1530-2018-SSEN-00494, con base en las precisiones que figuran en el cuerpo de la presente decisión.

TERCERO: ORDENAR el cese de la paralización de las operaciones del vehículo marca Mitsubishi, modelo Fuso, año dos mil once (2011), placa núm. I051448, color blanco/crema, chasis núm. BE637GF03074, propiedad del accionante en amparo, señor Danilo Vizcaíno Reyes, como medio de transporte público en la Ruta B de San Cristóbal, exhibiendo la ficha núm. 110 como rótulo de identificación.

CUARTO: IMPONER una astreinte de cinco mil pesos dominicanos con 00/100 ($5,000.00) contra la Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN), liquidable a favor del accionante, señor Danilo Vizcaíno Reyes, por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, a partir de su notificación.

QUINTO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, señor Danilo Vizcaíno Reyes, así como a la parte recurrida, señor Noel Luna, en calidad de secretario general de la Unión Nacional de Chóferes Sindicalizados Independientes (UNACHOSIN).

SEXTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en los arts. 72, parte in fine, de la Constitución, 7.6 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

SÉPTIMO: DISPONER la publicación de esta sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0330/21, del 23 de septiembre de 2021. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0330-21. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.