Sentencia TC/0624/18
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 10 de diciembre de 2018 · Expediente TC-03-2017-0001
Relativo al conflicto de competencia entre la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral (TSE), sobre la aplicación de artículos 212 y 214 de la Constitución.
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Temas: Conflicto de competencia
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0624/18?
El Tribunal admitió el conflicto como atípico: un órgano constitucional puede impugnar el ejercicio de una competencia que, a su juicio, menoscaba sus propias atribuciones, aunque no la reclame para sí, siempre que justifique a quién corresponde. La JCE identificó a la jurisdicción contencioso-administrativa como competente y no pretendía revocar ni modificar la decisión del TSE que dio origen al conflicto. En cuanto al fondo, la potestad de la JCE de revisar o reconsiderar sus propias actuaciones es una competencia accesoria que deriva de su autonomía constitucional y se ejerce conforme a su régimen normativo propio. El agotamiento de la vía administrativa, como requisito excepcional, solo puede exigirse si dicho régimen lo establece expresamente para actos dictados en ejercicio de sus competencias distintivas; los reglamentos pueden impugnarse judicialmente sin agotar controles internos previos (TC/0624/18, numeral 8, 8.3–8.4, pág. 13; TC/0624/18, numeral 8, 8.7–8.8, pág. 14; TC/0624/18, numeral 9, 9.9–9.10, pág. 21; TC/0624/18, numeral 9, 9.11, pág. 22).
La separación constitucional entre la administración electoral y lo contencioso-electoral impide al TSE controlar las actuaciones de la JCE por el solo hecho de que incidan en derechos político-electorales. La reglamentación sobre la distribución de la contribución estatal a las organizaciones políticas y su orden en las boletas es materialmente administrativa: su impugnación no configuró un conflicto electoral ni encajó en los demás supuestos de competencia del TSE. En ausencia de norma en contrario, corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa controlar la juridicidad de esas actuaciones, sin perjuicio de los recursos internos (TC/0624/18, numeral 9, 9.17, pág. 25; TC/0624/18, numeral 9, 9.18, pág. 25; TC/0624/18, numeral 9, 9.19, pág. 26; TC/0624/18, numeral 9, 9.22, pág. 28; TC/0624/18, numeral 9, 9.23, pág. 28).
Decisión
Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo la acción de conflicto de competencia. Declara que la JCE puede conocer la revisión o reconsideración administrativa de sus actos y reglamentos conforme a su régimen normativo propio, sin perjuicio del control jurisdiccional, y que las impugnaciones sobre la distribución de la contribución estatal y el orden en las boletas corresponden a la jurisdicción contencioso-administrativa, no al TSE, salvo disposición legal en contrario.
Citas textuales clave
“Sin embargo, no procede su aplicación cuando la actuación sea de naturaleza reglamentaria, en tanto que los reglamentos constituyen normas jurídicas, por lo que éstos pueden ser sometidos al control jurisdiccional sin agotar controles internos previos.” (TC/0624/18, numeral 9, 9.11, pág. 22)
“La extensión de la jurisdicción contencioso-electoral debe interpretarse en sentido restrictivo a la luz de la normativa constitucional y legal que la rige, para evitar su expansión indebida por vía jurisprudencial en detrimento de las competencias que la Constitución y la ley atribuyen a otros órganos.” (TC/0624/18, numeral 9, 9.18, pág. 25)
“Este tribunal considera que lo contencioso-administrativo no es más que el ejercicio del control de juridicidad de las actuaciones de la Administración Pública.” (TC/0624/18, numeral 9, 9.23, pág. 28)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 22.1, 139, 165.2, 185.3, 208, 212 y 214.
Ley núm. 137-11: artículo 59.
Ley núm. 275-97: artículos 6, 48 y 95 y siguientes.
Ley núm. 29-11: artículos 13, 25 y 27.
Ley núm. 107-13: artículo 51.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0061/12, TC/0282/17, TC/305/15, TC/0001/15, TC/0305/14, TC/0079/14, TC/0177/14, TC/0597/15, TC/0073/12 y TC/0009/15.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
6. Síntesis del Conflicto
El presente caso concierne un conflicto de competencia planteado por la Junta Central Electoral (JCE) contra el Tribunal Superior Electoral (TSE). La accionante JCE alega que el accionado TSE desconoce la facultad que le corresponde para conocer de vías de recursos internas que conduzcan a la revisión o retractación de un acto adoptado por ella misma; también cuestiona que el órgano jurisdiccional electoral se arroga de facto, mediante su propia construcción jurisprudencial, la competencia de conocer de las impugnaciones de actos del órgano administrativo electoral sin contar con respaldo constitucional ni legal, y, por tanto, invade la competencia que corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, con el objetivo de incidir en los preparativos de los procesos electorales.
8. Sobre la admisibilidad del conflicto de competencia
8.1. Este tribunal ha establecido de forma reiterada que, conforme a los artículos 185.3 de la Constitución y 59 de la Ley núm. 137-11, habrá conflicto de competencia de orden constitucional cuando: 1) exista disputa por atribución de las mismas facultades entre: a) poderes públicos entre sí; b) poderes públicos y órganos constitucionales, entidades descentralizadas y autónomas, municipios u otras personas de derecho público; o c) cualesquiera de estas entre sí; 2) las competencias en disputa estén asignadas en la Constitución; 3) el conflicto se inicie a instancia del titular del órgano que lo invoca y 4) el titular esté legitimado por la norma que establece el mecanismo de su elección, nombramiento o designación (Sentencia TC/0061/12).
8.2. En cuanto al primer requisito de admisibilidad, puede advertirse que en el presente caso la accionante alega un conflicto de competencia entre dos órganos constitucionales autónomos, la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE). El conflicto, según la JCE, se origina por la pretensión del TSE de erigirse sin base constitucional ni legal en la jurisdicción de control de sus actos y resoluciones como órgano de administración electoral, y también cuestiona que el demandado rechace que la demandante goza de potestad para conocer de vías de recursos internas que conduzcan a la revisión o retractación de un acto adoptado por ella misma.
8.3. El TSE alega que la acción debe ser declarada inamisible porque la JCE ha escogido erróneamente la vía procesal idónea para dilucidar su pretensión, al procurar con la presente acción que el Tribunal Constitucional revoque o modifique una decisión jurisdiccional que habría sido dictada como consecuencia del cuestionamiento de varios partidos políticos contra la Resolución núm. 02/17, de siete (7) de febrero de dos mil diecisiete (2017), mediante la cual la JCE varió el criterio establecido en el Acta núm. 31-2016, de ocho (8) de mayo de dos mil dieciséis (2016), para la determinación de la contribución económica del Estado a los partidos políticos y el orden de los partidos en la boleta para el proceso electoral.
8.4. Al analizar este primer medio de inadmisión, el Tribunal Constitucional verifica que, como en otra ocasión, el antecedente fáctico que da origen al presente conflicto de competencia es una decisión jurisdiccional del TSE, pero no concuerda con el accionado en que la accionante procure, por vía de esta acción, que se revoque o modifique tal decisión. El objeto del conflicto planteado por la JCE es reivindicar sus competencias administrativas para organizar, dirigir y supervisar los procesos electorales, sin estar sujeta al escrutinio jurisdiccional del TSE en razón de que –a su juicio– ni la Constitución ni la ley le autorizan para controlar sus actuaciones como órgano de administración electoral, por lo que procede rechazar el primer medio de inadmisión.
8.5. El TSE sostiene, como segundo medio de inadmisión, que en el caso que nos ocupa no se configura un conflicto de competencia, puesto que no se trata de la situación en la que ambos órganos se atribuyen competencia (conflicto positivo) ni de la que ambos órganos niegan tener competencia (conflicto negativo). La accionante plantea –a su juicio–que el TSE no tiene competencia para conocer acerca de la nulidad de las resoluciones de la JCE, sino que compete al Tribunal Superior Administrativo, es decir, que no está reclamando para sí la competencia para analizar la legalidad de sus resoluciones, sino que reclama tal competencia para un tercero.
8.6. Al analizar este segundo medio de inadmisión, este tribunal constitucional advierte que la presente acción no se aviene a los parámetros típicos del conflicto de competencia, esto es, positivos y negativos, según la categorización que iniciamos en la Sentencia TC/0061/12, sino que como se agregó en la Sentencia TC/0282/17, estamos en presencia de “conflicto competencial atípico”, en la medida que el ejercicio ilegítimo por el TSE de una competencia que alegadamente no le corresponde menoscaba la esfera de atribuciones asignadas a la JCE. Así que la pretensión de la accionante consiste en proteger sus potestades en cuanto órgano de administración electoral de la supuesta intromisión contralora de un órgano jurisdiccional que ella considera incompetente.
8.7. Este tribunal trazó un precedente vinculante que amplió los criterios originalmente establecidos en materia de conflictos de competencia, para incluir supuestos que permitan evaluar los conflictos atípicos y, en consecuencia, determinó que para la admisibilidad del conflicto de competencia cabe considerar no solo que ‘exista disputa por atribución de las mismas facultades’ (conflicto positivo), sino que además deberá admitirse el conflicto cuando los órganos constitucionales se niegan a asumir una competencia o atribución constitucional (conflicto negativo) o, excepcionalmente, cuando uno de ellos desborda los límites de sus competencias en detrimento del otro, aunque el afectado no las demande para sí (conflicto atípico). Aunque en esta última hipótesis, la del conflicto atípico, el órgano que plantea el conflicto debe justificar a quien corresponde la competencia que rechaza sea ejercida por el órgano demandado (Sentencia TC/0282/17 § 8.10).
8.8. La naturaleza atípica del conflicto competencial de que nos encontramos apoderado se verifica en la medida en que la JCE alega que el TSE pretende ejercer ilegítimamente el control jurisdiccional de sus decisiones como órgano de administración electoral, afectando así el esquema de distribución de competencias que realizan la Constitución y la ley en materia electoral, lo que repercute negativamente en el ejercicio de las competencias de la JCE, y, consecuentemente, señala que a quien corresponde asumir la competencia en controversia es la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que se cumple el primer requisito de admisibilidad y, en consecuencia, procede rechazar el segundo medio de inadmisión planteado por el TSE.
8.9. En cuanto al segundo requisito de admisibilidad, este tribunal ha planteado que el objeto del conflicto de competencia constitucional consiste en la controversia por la titularidad de la competencia asignada por la Constitución a los órganos o personas de Derecho Público, que puede referirse a la jerarquía, la territorialidad o las funciones (Sentencia TC/0061/12). Por esta razón, este proceso procede contra cualquier actuación que voluntariamente o en cumplimiento de una norma jurídica produzca una lesión a la jerarquía, la territorialidad o las funciones de los poderes y órganos legitimados para accionar. Las competencias constitucionales que ha de tutelar el Tribunal Constitucional no pueden interpretarse en sentido restrictivo, sino que han de abarcar tanto las competencias fundamentales expresamente señaladas en la Constitución, como las competencias accesorias e instrumentales que implícitamente se deriven de aquellas (Sentencia TC/305/15 § 9.5).
8.10. En la especie, la pretensión del accionante JCE es preservar las competencias que le han sido constitucionalmente atribuidas de forma privativa, del control y supervisión de un órgano jurisdiccional que considera incompetente y que ha dado muestras de intervencionismo en la autonomía que le corresponde en la organización y dirección de los procesos electorales. Cuestiona, pues, que el TSE se constituya de facto, mediante su propia construcción jurisprudencial, en una especie de tribunal de alzada de sus decisiones sin contar con habilitación constitucional ni legal para ello, impidiéndole ejercitar su facultad de autocontrol para retractarse de los actos que adopta, por vía de revisión o reconsideración, a petición de terceros que se consideren afectados, y al pretender asumir una competencia propia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Así que se cumple el segundo requisito de admisibilidad.
8.11. En cuanto al tercer y el cuarto requisito de admisibilidad se verifica su adecuado cumplimiento, puesto que el proceso competencial ha sido impulsado por el presidente de la Junta Central Electoral, quien ejerce la representación legal del organismo, y fue designado válidamente por el órgano a quien la Constitución faculta para tales fines, esto es, el Senado de la República, condición que le otorga titularidad y legitimidad procesal activa para la representación de la parte accionante en el presente conflicto de competencia y permiten verificar el cumplimiento de los dos últimos requisitos de admisibilidad.
8.12. Este colegiado ha verificado el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad para la configuración de un conflicto de competencia atípico en el cual la JCE cuestiona que el TSE le impide ejercer la atribución de autocontrol, derivada de la autonomía constitucional, para retractarse de los actos que adopta, por vía de revisión o reconsideración, a petición de terceros que se consideren afectados, así como que aquel pueda controlar jurisdiccionalmente los actos y decisiones que emite como órgano de administración del proceso electoral sin contar con habilitación constitucional ni legal para ello y, por lo tanto, invadiendo la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa. Es así que el presente conflicto atiende a supuestos de aplicación de los artículos 165, 212 y 214 de la Constitución.
9. Análisis del conflicto constitucional
9.1. El presente conflicto de competencia atípico enfrenta los dos órganos extrapoder a los que la Constitución atribuyó competencias específicas en materia electoral, es decir, la Junta Central Electoral (JCE) y el Tribunal Superior Electoral (TSE). Las delicadas funciones que éstos deben desempeñar para la garantía del proceso democrático del país y la armonía que debe reinar entre ambos imponen a este Tribunal Constitucional adoptar una decisión constitucionalmente adecuada para asegurar la paz institucional y la ecuanimidad del proceso electoral, delimitando las fronteras que separan a los órganos administrativo y contencioso electoral, conforme al diseño competencial trazado por el constituyente y la concretización realizada por el legislador en diversas normativas como serían la Ley Electoral, la Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral y la reciente Ley de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas.
9.2. La accionante, Junta Central Electoral, fue constitucionalizada en mil novecientos veinticuatro (1924) y la Constitución vigente la define en su artículo 212 como un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia. Las atribuciones de la JCE son concretadas por las disposiciones de la Ley núm. 275-97 y sus modificaciones. El artículo 6 abarca de forma concreta la mayor parte de esas atribuciones, clasificadas en administrativas y reglamentarias, y, además, a los fines de la presenta acción resultan relevantes las facultades implícitas en los artículos 48 y 95.
9.3. El accionado, Tribunal Superior Electoral, ha sido incorporado recientemente en el ordenamiento jurídico-político del país y el artículo 214 Constitución lo define como el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contenciosos electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. Sus atribuciones, según la concretización de la Ley núm. 29-11 comprenden, además, el conocimiento de los amparos electorales (artículo 27), los delitos y crímenes electorales (artículo 25), la rectificación de las actas del estado civil que tengan un carácter judicial, entre otros asuntos (artículo 13).
9.4. El presente conflicto de competencia se contrae, esencialmente, a dos aspectos de especial relevancia para el funcionamiento y la estabilidad del régimen electoral dominicano. En primer lugar, la determinación de sí la JCE cuenta con la facultad o competencia necesaria para conocer y decidir de la retractación de los actos o reglamentos que adopta, por vía de revisión o reconsideración, a petición de terceros que se consideren afectados. En segundo lugar, establecer si los actos y reglamentos de la JCE en cuanto órgano de administración electoral se encuentran sujetos al escrutinio o control del TSE conforme a la normativa constitucional y legal que les rige.
9.5. El estudio del primer medio o aspecto del conflicto de competencia obliga a visualizar la regulación adoptada por la JCE, en cuanto al criterio mediante el cual los partidos políticos accederán a la “contribución del Estado”, así como la determinación del orden en qué aparecerán en las boletas en las próximas elecciones. La Ley núm. 275-97 regula la contribución estatal que corresponde a los partidos a partir del artículo 48 y lo relativo a la boleta electoral en los artículos 95 y siguientes. La Ley núm. 33-18, adoptada con posterioridad a la instauración del presente conflicto, establece en el artículo 61 los criterios de distribución de los recursos económicos del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La normativa legal suele contener imprecisiones que, en la especie, la JCE procuró colmar al ejercer la potestad reglamentaria que el artículo 212 de la Constitución le reconoce en los asuntos de su competencia, pero algunos partidos políticos le instaron a que revisara la medida adoptada por considerarla lesiva a sus derechos e intereses legítimos. 1
9.6. La validez de la potestad reglamentaria de la JCE no es objeto de controversia en este caso, pero sí lo es la posibilidad de que conozca de la retractación o corrección de lo previamente decidido. Así, de un lado, la JCE entiende que le compete conocer de las vías de recursos internos para retractarse de sus actos administrativos, a solicitud de terceros que se consideren afectados, conforme al recurso revisión establecido en el artículo 74 de la Ley núm. 275-97, y, supletoriamente, el recurso de reconsideración regulado en el artículo 53 de la Ley núm. 107-13, aplicable a la estructura institucional de la JCE, en la medida que no desvirtúa ninguna de sus competencias constitucionales, ni lesiona la separación de poderes.
9.7. El TSE, por otro lado, plantea que no puede atribuírsele a la JCE la facultad o posibilidad de examinar en segundo grado o en materia de revisión de sus propias decisiones, respecto de las pretensiones deducidas por los partidos políticos sobre cuestiones que, aun teniendo un aparente carácter administrativo, afectan derechos fundamentales de naturaleza político-electorales y, por lo tanto, reivindica como una potestad suya el arbitrar y revisar, en segundo y único grado, si las decisiones del órgano de administración electoral se han llevado a cabo siguiendo un debido proceso como garantía de tales derechos fundamentales.
9.8. Una vez más, este tribunal constitucional 1 La nueva Ley núm. 33-18 consagra expresamente, en el párrafo de su artículo 64, lo siguiente: “La Junta Central Electoral, por la vía reglamentaria, fijará las disposiciones complementarias que estime convenientes para garantizar una efectiva supervisión de los recursos para el finamiento de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos”. advierte claramente una contradicción de criterios entre los dos órganos rectores del proceso electoral: la JCE, por un lado, reivindica su competencia revisora en sede administrativa; mientras que, por el otro, el TSE se atribuye la competencia de examinar en segundo grado las decisiones de la JCE que alegadamente repercutan en la aplicación de derechos político-electorales. La argumentación del órgano contencioso electoral es sugestiva, pero no es conforme con el diseño competencial que realiza la Constitución, al separar los ámbitos administrativo y contencioso en materia electoral, pues de asumirse el criterio esbozado por el TSE, la JCE quedaría imposibilitada de ejercer cualquier medio de autocontrol administrativo en sus competencias fundamentales (Sentencia TC/0282/17 § 9.8).
9.9. El Tribunal Constitucional considera que la JCE –al igual que cualquier otro órgano constitucional– cuenta con potestad jurídica para conocer de los requerimientos que le planteen para el reexamen de sus actuaciones que puedan afectar los intereses legítimos de las personas y, en su caso, de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Esta vía interna supone naturalmente identidad entre el órgano autor de la medida impugnada y el que resuelve el recurso, con independencia de la denominación que le atribuyan las normativas pertinentes, y procura que el órgano revoque, sustituya o modifique por contrario imperio lo previamente decidido. Este es un recurso de especial relevancia para las relaciones entre los particulares y los órganos constitucionales, en razón de que pone fin a la vía administrativa, y, por lo tanto, debe interponerse en la forma y en los plazos definidos por el régimen normativo propio del órgano concernido.
9.10. Esta corporación reitera que la facultad autocontrol o de revisión de las actuaciones administrativas de los órganos extrapoder constituye una “competencia accesoria” que emerge implícitamente de la autonomía reforzada que la Constitución les otorga, erigiéndose, por tanto, en una garantía de la independencia y autonomía que les garantiza la Constitución (Sentencia TC/305/15 § 11.23). Este control ha de ser reglamentado por cualquiera de las fuentes jurídicas que integran el régimen normativo propio de los órganos constitucionales y puede ser configurado con carácter preceptivo obligatorio a cualquier control jurisdiccional, constituyéndose en una excepción válida a lo señalado en el artículo 51 de la Ley 107/13, que dispone el carácter optativo de los recursos administrativos (Sentencia TC/0282/17 § 9.9).
9.11. Se ha de precisar que el agotamiento obligatorio de la vía administrativa, en cuanto regla de excepción aplicable a los órganos constitucionales, solo podría ser exigible cuando se trate de actos y siempre que sea establecido expresamente en su régimen normativo propio 2 para el ejercicio de las competencias constitucionales y legales que le distinguen de los otros poderes y órganos del Estado. Sin embargo, no procede su aplicación cuando la actuación sea de naturaleza reglamentaria, en tanto que los reglamentos constituyen normas jurídicas, por lo que éstos pueden ser sometidos al control jurisdiccional sin agotar controles internos previos. Además, cuando los actos corresponden al ejercicio de competencias instrumentales que sean comunes a la actividad administrativa del Estado, el agotamiento de la vía administrativa se rige por los principios y reglas que –según la ley– sean aplicables a los medios de impugnación correspondientes.
9.12. Urge insistir, además, que la competencia de autocontrol en sede administrativa no supone la indefensión de la ciudadanía ante las actuaciones de los órganos constitucionales. El paradigma de protección de los derechos e intereses 2 Este está “integrado por los preceptos de la Constitución, las leyes orgánicas que los regulan y la reglamentación interna que ellos mismos se den para los efectos de proveer a su funcionamiento” (Sentencia TC/0001/15 § 9.1.5). legítimos de las personas que ha privilegiado el constituyente es la tutela jurisdiccional. Esta se garantiza a través de los mecanismos dispuestos por la Constitución y las leyes de procedimiento de los distintos tribunales que ejercen la función jurisdiccional del Estado (Sentencia TC/0305/14 § 11.20). Así, pues, la Constitución instaura un poder jurisdiccional, estructurado en tres órdenes jurisdiccionales separados (judicial, electoral y constitucional), con la clara finalidad de tutelar los derechos de las personas, y con el elevado propósito de resguardar el ordenamiento constitucional del Estado Social y Democrático de Derecho (Sentencia TC/0282/17 § 9.11).
9.13. El segundo medio a dilucidar en el presente conflicto de competencia es la determinación de a quién corresponde ejercer el control jurisdiccional de los actos y decisiones del órgano administrativo electoral. La accionante cuestiona que el TSE pretende constituirse de facto mediante, su propia jurisprudencia, en una especie de tribunal de alzada para conocer de las impugnaciones contra las decisiones adoptadas por la JCE sin que ninguna disposición constitucional o legal le faculte para ello. Considera, además, que el TSE, al arrogarse la competencia para conocer de cualquier cuestionamiento a un acto electoral suyo, lesiona la autonomía que la Constitución le asigna, en razón de que éste ha dado muestras de intervencionismo en los asuntos reservados a la JCE, e interfiere con la competencia amplia que la Constitución reconoce a la jurisdicción contencioso-administrativa.
9.14. El accionado considera que la JCE, en tanto órgano constitucional que forma parte de la administración, dicta actos administrativos que deben ser cuestionados por ante la jurisdicción contencioso administrativa, pero también emite actos de administración electoral que pueden dan lugar a reclamación o contestación que debe ser conocida por el TSE, de acuerdo a lo que se contempla en el artículo 214 de la Constitución y la Ley núm. 29-11. Considera, además, que atribuirle competencia a la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de asuntos de carácter político electorales desvirtuaría el grado de urgencia y celeridad con que se deben resolver las controversias en el ámbito electoral y vaciaría de contenido las disposiciones del artículo 214 de la Constitución que atribuye al TSE la competencia exclusiva y excluyente para conocer de los “asuntos contencioso-electorales”.
9.15. Este tribunal constitucional ha considerado que en cualquier esfera jurisdiccional constituye un imperativo para todo juez o tribunal examinar y establecer su propia competencia antes de abocarse a conocer el fondo de un determinado asunto. En ese esfuerzo tiene que ser objeto de especial ponderación la competencia de atribución, toda vez que este tipo competencial atiende a una naturaleza de orden público e incide de manera importante en la seguridad jurídica; por tanto, esta es improrrogable, no puede ser objeto de modificación y, además, es inderogable. El desconocimiento de esta norma de carácter procesal compromete los principios que gobiernan al juez y al tribunal natural; dichas reglas procedimentales tienen que ser aplicadas en todo ordenamiento jurídico por estar íntimamente vinculadas a la garantía fundamental del debido proceso al cual ha sido integrada y se aplica a todo tipo de actuación. (Sentencia TC/0079/14 § 10.d).
9.16. Se ha considerado que el incumplimiento de las reglas de competencia constitucional y legal en que se reparte la función jurisdiccional del Estado, constituye una intromisión en la esfera que ha sido reservada a otro orden jurisdiccional. Así, en ejercicio de la competencia revisora de amparo, este tribunal ha evaluado supuestos en los que determinado órgano jurisdiccional ha incurrido en un error procesal al decidir sobre una controversia […] para el cual no era competente, en razón de que la naturaleza del conflicto era administrativa y no electoral, ya que no se trata de un asunto contencioso electoral ni de un diferendo interno entre partidos, sino de un acto que emana de una autoridad administrativa, cuya impugnación, ya sea por la vía de amparo o por la vía administrativa, debió ser conocida [por organismos judiciales en atribuciones de jurisdicción contencioso administrativa] (sentencias TC/0177/14 § 10.2 y TC/0597/15 § 10.c).
9.17. Cuando lo que se pretende controlar jurisdiccionalmente es un acto o reglamento que adopte la JCE en el marco de las competencias que le reservan la Constitución y la ley, la situación es propicia para utilizar los criterios establecidos en las sentencias TC/0177/14 y TC/0597/15, en razón de que constituyen actuaciones materialmente administrativas, y, por lo tanto, en principio, la impugnación no versa sobre un conflicto de carácter contencioso electoral ni partidario en los términos pautados por la Constitución y la ley. Así, acorde con lo anticipado ya en la Sentencia TC/0305/14, en cuanto a que el “Tribunal Superior Administrativo está llamado a controlar la legalidad de la actuación administrativa de los órganos del Estado a requerimiento de la ciudadanía”, es de rigor concluir que, en ausencia de un mandato constitucional o legal en contrario, el control jurisdiccional de los actos de pura administración dimanados de un órgano constitucional autónomo como la JCE es competencia del Tribunal Superior Administrativo.
9.18. A la jurisdicción contencioso-electoral compete proteger de manera eficaz el derecho al sufragio (artículo 208 constitucional), es decir, el derecho a elegir y ser elegible (artículo 22.1 constitucional) en el marco del certamen electoral, a través de controles o impugnaciones estrictamente jurisdiccionales frente a los actos y procedimientos electorales taxativamente delimitados por la Constitución y la ley, así como conocer de los diferendos que ocurran a lo interno de los partidos políticos o entre éstos, por lo que quedan excluidos de su ámbito competencial los actos provenientes de órganos de naturaleza administrativa y cualquier otro supuesto en que no concurre la existencia de un conflicto electoral en los términos estrictos en que la Constitución y la ley han configurado sus competencias. La extensión de la jurisdicción contencioso-electoral debe interpretarse en sentido restrictivo a la luz de la normativa constitucional y legal que la rige, para evitar su expansión indebida por vía jurisprudencial en detrimento de las competencias que la Constitución y la ley atribuyen a otros órganos.
9.19. El presente conflicto de competencia surgió de la pretensión del TSE de controlar jurisdiccionalmente la reglamentación adoptada por la JCE para establecer los criterios de distribución de la contribución económica del Estado a los partidos políticos que estipula el artículo 48 de la Ley núm. 275-97, así como el orden que les corresponderá en las boletas electorales en las próximas elecciones, a partir de lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la referida ley. El antecedente del conflicto, por tanto, constituye una decisión de naturaleza reglamentaria adoptada por la JCE, conforme su régimen normativo propio, para cumplir con las responsabilidades que le competen como órgano constitucional de administración electoral. La impugnación jurisdiccional de la resolución administrativa de la JCE no configuró un conflicto electoral entre dos o más partes, ni se encuadra dentro de los otros supuestos en los cuales la Constitución y la ley otorgan competencia de control jurisdiccional al TSE, por lo que es forzoso concluir que éste era incompetente para controlar su conformidad a derecho, aunque hubiere afectaciones a derechos fundamentales, pues la tutela jurisdiccional no puede realizarse al margen del diseño competencial trazado por la Constitución y la ley.
9.20. Se ha establecido que la incompetencia del Tribunal Superior Electoral para controlar jurisdiccionalmente a la Junta Central Electoral se fundamenta en que la Constitución, la Ley orgánica núm. 29-11 y la Ley núm. 137-11, mantienen una separación rigurosa entre ambos órganos, por lo que asumir la interpretación que realiza el TSE atrofiaría la distribución de competencias que el constituyente y el legislador realizan en materia electoral. Ello no afecta en modo alguno la validez de los recursos contra las decisiones que emitan las Juntas Electorales cuando actúan, por mandato legal, como juez electoral de primera instancia. Se puede advertir entonces, que en la cúspide del sistema electoral (no así en la base) existe una rigurosa división entre lo administrativo y lo contencioso, atribuidos a dos órganos constitucionales que están llamados a actuar de forma paralela, con atribuciones claramente diferenciadas. Ese fue el espíritu del constituyente de 2010 y del legislador, como de manera expresa se observa en la ley 29-11 del Tribunal Superior Electoral (TSE) (Sentencia TC/0282/17 § 9.17)
9.21. Este tribunal ha considerado, además, que la separación entre las actuaciones administrativa y contenciosa electoral encuentra fundamento en tres aspectos concurrentes delimitados por la Constitución: 1) es una separación orgánica, puesto que se atribuye a dos órganos extrapoder (la JCE, en lo administrativo, y en el TSE en lo contencioso) que están situados en el vértice de la organización política, en posición de relativa paridad e independencia respecto de los poderes públicos tradicionales; 2) se trata de una separación funcional, pues al órgano administrativo le corresponde organizar, dirigir y supervisar las elecciones; mientras que compete al órgano contencioso dilucidar las controversias que surjan a consecuencia de la celebración de las elecciones o de los conflictos surgidos en relación a los partidos ya establecidos; 3) constituye, finalmente, una separación temporal, pues al órgano administrativo compete actuar ex ante durante la preparación de las elecciones; mientras que el órgano contencioso electoral actúa ex post para solucionar las controversias que surjan en relación a los resultados de las elecciones (Sentencia TC/0282/17 § 9.20).
9.22. A partir de la Sentencia TC/0073/12 esta corporación ha reconocido que la jurisdicción contenciosa administrativa es la competente para conocer de la legalidad y las contrariedades de constitucionalidad que se presenten en el contexto de los actos que emanen del ejercicio de la facultad administrativa de la administración pública, adoptándose este criterio en virtud de la aplicación combinada de los artículos del texto constitucional número 139, el cual sujeta la legalidad de los actos de la administración pública a los tribunales, y el 165.2, el cual dispone que esa jurisdicción tiene la facultad de […] conocer los recursos contenciosos contra los actos, actuaciones y disposiciones de autoridades administrativas contrarias al Derecho como consecuencia de las relaciones entre la Administración del Estado y los particulares […], entendiéndose la denominación “contrariedad al derecho” como contrariedad a la Constitución, a las leyes y demás fuentes del derecho (Sentencia TC/0009/15 § 10.10).
9.23. Este tribunal considera que lo contencioso-administrativo no es más que el ejercicio del control de juridicidad de las actuaciones de la Administración Pública. Ello significa que, en principio, las actuaciones y omisiones administrativas de los órganos constitucionales del Estado contrarios al ordenamiento jurídico deberán ser controlados por ante el Tribunal Superior Administrativo. Así, pues, al no existir ninguna disposición normativa en contrario, se ha de concluir, sin perjuicio de los recursos de la vía interna, que a quién compete conocer de las impugnaciones jurisdiccionales que los partidos, movimientos o agrupaciones políticas planteen contra las decisiones que regulan los criterios de distribución de la contribución estatal, así como la determinación del orden en que éstos aparecerán en las boletas de las elecciones, es la jurisdicción contencioso-administrativa.
9.24. El criterio anterior no prejuzga la validez ni el alcance de la competencia que el artículo 34.4 de la Ley núm. 33-18 atribuye al TSE para garantizar la democracia interna de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en virtud de lo cual reconoce a sus militantes o miembros el derecho a presentar por ante el órgano jurisdiccional electoral un “recurso de reclamación” cuando “consideren vulnerados sus derechos o transgredidas las normas estatutarias y los reglamentos […], siempre que hayan, en primer momento, recurrido ante los organismos internos de la organización, agotando los mecanismos establecidos por los estatutos de su partido, agrupación o movimiento político”. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta; Hermógenes Acosta de los Santos, Ana Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional,
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, la presente acción de conflicto de competencia interpuesta por la Junta Central Electoral (JCE) contra el Tribunal Superior Electoral (TSE).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la referida acción en conflicto de competencia, y en consecuencia, DECLARAR: a) que corresponde a la Junta Central Electoral conocer la revisión o reconsideración administrativa de los actos y reglamentos que adopta como órgano de administración electoral, de conformidad con lo estipulado en su régimen normativo propio, sin perjuicio del control jurisdiccional que corresponda según la Constitución y la ley; b) que los actos y reglamentos que emite la JCE para establecer los criterios de distribución de la contribución estatal para los partidos, agrupaciones y movimientos políticos conforme a lo establecido en el artículo 48 de la Ley núm. 275-97, así como la determinación del orden en que éstos aparecerán en las boletas de las elecciones, según los artículos 95 y siguientes de la Ley núm. 275-97, al constituir actuaciones administrativas, no pueden ser impugnados ante el Tribunal Superior Electoral, salvo disposición legal en contrario, sino ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
TERCERO: ORDENAR la comunicación de esta sentencia, por Secretaría, a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral.
CUARTO: DISPONER la publicación de la presente sentencia en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0624/18, del 10 de diciembre de 2018. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0624-18. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.