Sentencia TC/0129/21

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 20 de enero de 2021 · Expediente TC-05-2019-0298

Relativo al recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo incoado por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra la Sentencia núm. 030-04- 2019-SSEN-00035, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de libre acceso a la información pública

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0129/21?

La sentencia de amparo vulneró el debido proceso y la tutela judicial efectiva porque se limitó a enunciar normas y precedentes sin relacionarlos con los hechos ni explicar por qué la información solicitada quedaba fuera del deber de reserva tributaria. Al no satisfacer el test de debida motivación de la Sentencia TC/0009/13, el Tribunal Constitucional revocó el fallo y conoció directamente la acción de amparo en virtud del principio de autonomía procesal (TC/0129/21, numeral 11, c–a, pág. 18; TC/0129/21, numeral 11, f, pág. 20; TC/0129/21, numeral 11, 11.8–i, pág. 22).

El monto pagado por concepto de impuesto sobre la ganancia de capital en la operación examinada está protegido por el secreto tributario, que se funda en el derecho a la intimidad de las empresas titulares de la información y opera aunque no exista otro secreto previo. Como el solicitante no acreditó ninguna excepción legal al deber de reserva, la DGII actuó correctamente al negar la certificación y no vulneró el derecho de libre acceso a la información pública (TC/0129/21, numeral 12, y, pág. 34; TC/0129/21, numeral 12, aa, pág. 35; TC/0129/21, numeral 12, bb–cc, pág. 36; TC/0129/21, numeral 12, dd, pág. 36).

Decisión

Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión de la DGII; en consecuencia, revoca la Sentencia núm. 030-04-2019-SSEN-00035. Rechaza en cuanto al fondo la acción de amparo de José Manuel Mora Apolinario y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo omitió sustentar sus motivaciones en razonamientos jurídicos propios y adecuados a la cuestión planteada.” (TC/0129/21, numeral 11, c–a, pág. 18)
“el deber de reserva opera de pleno derecho y de manera autónoma a la preexistencia de otro secreto.” (TC/0129/21, numeral 12, bb–cc, pág. 36)
“la divulgación no consentida de información contenida en los registros de la Dirección General Impuestos Internos (DGII) resulta un ejercicio desproporcionado del derecho a la información que vulnera el núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad y al secreto tributario o reserva fiscal, cuando no se ha justificado en una de las excepciones contempladas en el ordenamiento jurídico.” (TC/0129/21, numeral 12, aa, pág. 35)

Normas interpretadas

Constitución: artículos 44.2, 49.1 y párrafo del artículo 49, y 72, parte final.

Ley núm. 137-11: artículos 4, 7.6, 66, 70.2, 94, 95 y 100.

Ley núm. 200-04: artículos 17, literal j), y 18.

Código Tributario (Ley núm. 11-92): artículo 47, párrafos I y II, modificado por la Ley núm. 147-00.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0122/15, TC/0224/16, TC/0109/17, TC/0016/18, TC/0007/12, TC/0009/13, TC/0178/17, TC/0042/12, TC/0011/12, TC/0052/13, TC/0062/13, TC/0084/13, TC/0563/15, TC/0027/12, TC/0512/16 y TC/0404/16. Jurisprudencia comparada del Tribunal Constitucional del Perú: Expediente 00009-2014-PI/TC, STC 004-2004-AI/TC y STC 0004-2004-APTC.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

Conforme a las piezas que figuran en el expediente y a los argumentos invocados por las partes, el conflicto parte de la acción de amparo interpuesta por el señor José Manuel Mora Apolinario contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por alegada violación al derecho de libre acceso a la información pública y en procura de obtener información, mediante una certificación, específicamente sobre el monto del pago (impuesto), recibido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por concepto de Ganancia de Capital, como consecuencia de la transacción suscrita entre la empresa internacional Ambev Brasil Bebidas, S.A. (Compañía de Bebidas Americanas, o Compañía de Bebidas de las Américas), y la empresa E. León Jiménez, S.A., propietaria del 83.5% de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana (CDN), en virtud de la cual Ambev adquirió el 51% de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana (CND) en 2011 y 2012. La Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo resultó apoderada de la acción de amparo y, a través de la Sentencia núm. 030-04-2019-SSEN-00035, acogió la acción de amparo y ordenó a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) emitir una certificación con la información solicitada. No conforme con la decisión, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) interpuso ante este tribunal el recurso de revisión que ahora nos ocupa, por considerar que el juez de amparo no ofreció suficiente motivación en su decisión para acoger la acción.

TC/0129/21, numeral 8, pág. 13 — PDF oficial

10. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de

amparo Para este tribunal constitucional, el presente recurso de revisión resulta admisible por los siguientes motivos de derecho:

a. La Ley núm. 137-11, en su artículo 94, consagra la posibilidad de que todas las sentencias emitidas por el juez de amparo puedan ser recurridas en revisión ante el Tribunal Constitucional en la forma y bajo las condiciones establecidas en la ley. En cuanto a su interposición, el artículo 95 de la referida ley dispone, so pena de inadmisibilidad, que [e]l recurso de revisión se interpondrá mediante escrito motivado a ser depositado en la secretaría del juez o tribunal que rindió la sentencia, en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su notificación. Este tribunal ha estimado este plazo como hábil y franco 1 , por lo cual se descartan para su cómputo los días no laborables y los correspondientes a la notificación y a su vencimiento.

b. En el presente caso la Sentencia núm. 030-04-2019-SSEN-00035 fue dictada el cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019) y notificada a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mediante Acto núm. 401- 2019, del veintisiete (27) de marzo de dos mil diecinueve (2019), mientras que el recurso fue interpuesto el cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019), dentro del plazo requerido por la norma para su interposición.

TC/0129/21, numeral 10, a–b, pág. 14 — PDF oficial

c. La admisibilidad de los recursos de revisión en amparo se encuentra establecida en el artículo 100 de la referida ley núm. 137-11, que de manera taxativa y específica lo sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación de contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales. 1 Entre otras, véanse: TC/0080/12, TC/0071/13, TC/0122/15, TC/0224/16, TC/0109/17, TC/0016/18.

d. En cuanto a la admisibilidad relativa a la especial trascendencia y relevancia constitucional, este tribunal fijó su posición en la Sentencia TC/0007/12, del veintidós (22) de marzo de dos mil doce (2012), al establecer: La especial trascendencia o relevancia constitucional se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos siguientes: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional.

TC/0129/21, numeral 10, c–d, pág. 15 — PDF oficial

e. En esa atención, el recurso de revisión constitucional que nos ocupa tiene especial trascendencia o relevancia constitucional, puesto que le permitirá a este tribunal continuar desarrollando jurisprudencia en lo relativo a la motivación de las sentencias de amparo y en cuanto al derecho de libre acceso a la información pública y su relación con el deber de reserva a cargo de la Administración Tributaria. Por todo lo anterior, el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo resulta admisible y, por tanto, debe procederse al conocimiento del fondo.

TC/0129/21, numeral 10, e, pág. 16 — PDF oficial

11. Sobre el fondo del recurso de revisión constitucional de sentencia de

amparo En cuanto al fondo del recurso, el Tribunal Constitucional, luego de haber analizado los documentos y argumentos de las partes, fundamenta su decisión en lo siguiente:

a. Alegando falta de motivación y errónea interpretación del derecho de libre acceso a la información pública y el deber de reserva a cargo de la administración tributaria, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha interpuesto un recurso de revisión constitucional en materia de amparo contra la Sentencia núm. 030-04-2019-SSEN-00035, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

TC/0129/21, numeral 11, a, pág. 17 — PDF oficial

b. La parte recurrente, en contra de la decisión ahora recurrida, sostiene que: Que contrario a lo que arguyen errónea e insustancialmente ese TRIBUNAL SUPERIROR ADMINISTRATIVO, en relación a que “… los datos requeridos no están protegidos por el deber de reserva, contrario a lo interpretado por la accionada Dirección General de Impuestos Internos (DGII)…”, resulta obvio que tal como se hizo constar en aquella COMUNICACION G. L. NUM. 1205395, las informaciones de carácter contractual y comercial suministradas a la ADMINISTRACION TRIBUTARIA por las sociedades comerciales citadas en dicha comunicación, y respecto de las cuales la DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS se encontraba obligada al deber de reserva sobre las mismas y a su única utilización para los fines de determinación de la ganancia de capital eventual y por determinar sobre dicha transacción de ventas de acciones o títulos societarios pertenecientes a tales personas morales, en ningún caso cabría considerarlas como informaciones públicas de libre acceso de cualesquiera persona o ciudadano, por lo que, es evidente que el TRIBUNAL SUPERIOR ADMINITRATIVO estuvo constitucionalmente imposibilitado de ordenar la entrega de las mismas para un presunto “estudio jurídico” que implicaría hacer de público conocimiento informaciones que incluso están protegidas por el debido secreto empresarial y comercial, y el mismo derecho fundamental de propiedad intelectual que ya consagra el artículo 52 de la misma constitución dominicana.

TC/0129/21, numeral 11, b, pág. 17 — PDF oficial

c. En el análisis de la sentencia recurrida, el Tribunal Constitucional ha podido comprobar que esta decisión adolece de falta de motivación en su desarrollo. En efecto, al exponer los fundamentos de dicha sentencia, la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo omitió sustentar sus motivaciones en razonamientos jurídicos propios y adecuados a la cuestión planteada. En este sentido, otorgó prioridad a la transcripción de las disposiciones legales 2 y jurisprudencia constitucional 3 sin la correcta valoración racional y lógica de los hechos sometidos al debate.

d. Respecto a la debida motivación de las sentencias, y precisamente como argumenta la parte recurrente, el Tribunal Constitucional formuló el test de la debida motivación en su Sentencia TC/0009/13, el cual prescribe en su acápite 9, literal D, los siguientes parámetros generales: 2 Artículo 49 de la Constitución y artículos 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública. 3 Específicamente las sentencias TC/0042/12 y TC/0286/13.

a) Que reviste gran importancia que los tribunales no se eximan de correlacionar los principios, reglas, normas y jurisprudencia, en general, con las premisas lógicas de cada fallo, para evitar la vulneración de la garantía constitucional del debido proceso por falta de motivación; b) Que para evitar la falta de motivación en sus sentencias, contribuyendo así al afianzamiento de la garantía constitucional de la tutela efectiva al debido proceso, los jueces deben, al momento de exponer las motivaciones, incluir suficientes razonamientos y consideraciones concretas al caso específico objeto de su ponderación; y c) Que también deben correlacionar las premisas lógicas y base normativa de cada fallo con los principios, reglas, normas y jurisprudencia pertinentes, de forma que las motivaciones resulten expresas, claras y completas.

TC/0129/21, numeral 11, c–a, pág. 18 — PDF oficial

e. A su vez, el literal G del mismo acápite 9 de la referida sentencia TC/0009/13 enuncia los lineamientos específicos que incumben a los tribunales del orden judicial para satisfacer el cabal cumplimiento del deber de motivación, a saber:

a. Desarrollar de forma sistemática los medios en que fundamentan sus decisiones; b. Exponer de forma concreta y precisa cómo se producen la valoración de los hechos, las pruebas y el derecho que corresponde aplicar; c. Manifestar las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada; d. Evitar la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción; y e. Asegurar, finalmente, que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional.

TC/0129/21, numeral 11, e–a, pág. 19 — PDF oficial

f. En este contexto, el Tribunal Constitucional ha comprobado que la referida sentencia núm. 030-2017-SEEN-00345, expedida por el referido tribunal el cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019), no satisface los parámetros anteriormente enunciados en la indicada decisión TC/0009/13, puesto que dicho fallo: 1. No desarrolla sistemáticamente los medios invocados por el accionante. En efecto, si bien estos medios figuran transcritos en la Sentencia núm. 030- 2017-SEEN-00345, en ella no figura una correlación entre la norma jurídica utilizada para fundamentar la decisión y su aplicación al caso en concreto. 2. No manifiesta los argumentos pertinentes ni suficientes para determinar adecuadamente el fundamento de la decisión. En la Sentencia núm. 030-2017- SEEN-00345 figuran consideraciones jurídicamente correctas respecto a los puntos decididos, más no se procedió de igual manera con relación al fondo del asunto, particularmente lo relativo a resolver el asunto entre el derecho de libre acceso a la información pública y el deber de reserva a cargo de la Administración Tributaria. 3. No manifiesta las consideraciones pertinentes que permitan determinar los razonamientos en que se fundamenta la decisión adoptada. La decisión establece que, contrario a lo establecido por la DGII, la información solicitada por el amparista no se encuentra protegida por el deber se reserva, pero no incluye razonamiento alguno que permita establecer el fundamento de dicha afirmación. 4. No evita la mera enunciación genérica de principios o la indicación de las disposiciones legales que hayan sido violadas o que establezcan alguna limitante en el ejercicio de una acción. Puede advertirse que los párrafos 15 y 16 relacionados con el fondo de la decisión se limitan a la enunciación genérica de principios o disposiciones legales, para luego establecer, sin razonamiento alguno que permita subsumir los hechos en el derecho, que la información solicitada no se encuentra protegida por el deber de reserva. 5. No asegura que la fundamentación de los fallos cumpla la función de legitimar las actuaciones de los tribunales frente a la sociedad a la que va dirigida la actividad jurisdiccional. Por la ausencia absoluta de razonamiento que permita establecer el fundamento del tribunal de amparo para establecer efectivamente que la información solicitada por el amparista no se encuentra protegida por el deber de reserva, conclusión a la cual arriba el dispositivo de la decisión ahora recurrida, impide la legitimación de la misma en el sentido requerido por la Sentencia TC/0009/13.

TC/0129/21, numeral 11, f, pág. 20 — PDF oficial

g. Este requerimiento de legitimación de las sentencias ha sido reiterado por esta sede constitucional en numerosos casos, tanto para recursos de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, como para recursos de revisión constitucional de sentencias de amparo. Con base en las precedentes consideraciones, esta sede constitucional estima que la referida sentencia núm. 030-2017-SEEN-00345 no satisfizo el aludido test de la debida motivación, exigencia abordada por este colegiado en innumerables ocasiones. En efecto, tal como se ha expuesto, para fundamentar su decisión, dicho tribunal se basó de manera general en argumentos exentos de razonamientos atinentes a la cuestión planteada, por lo que básicamente carece de adecuada sustentación jurídica.

h. Reiterando los principios expuestos, este colegiado también precisó en su Sentencia TC/0178/17 lo que sigue:

11.7. En este contexto, resulta oportuno indicar que la motivación de una sentencia debe procurar, por un lado, que las partes envueltas en el proceso, así́ como los terceros, conozcan el fundamento de la decisión adoptada, y que el mismo sea fruto de la correlación entre la aplicación razonada del derecho al caso concreto y el fallo de la resolución exteriorizada en la argumentación que se plasma; y por otro lado, que permita un control mediante el ejercicio de los recursos dispuestos por ley.

TC/0129/21, numeral 11, g–11.7, pág. 21 — PDF oficial

11.8. Ese control se ejerce en la medida en que las decisiones jurisdiccionales estén provistas de motivos lógicos, razonables, no arbitrarios, y conforme con el principio pro actione o principio de interpretación más favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial, de manera que los jueces o tribunales que tienen entre sus funciones revisar las sentencias o resoluciones emanadas de jurisdicciones de un grado inferior, puedan determinar la admisión o rechazo de los recursos que les sean sometidos a su escrutinio, examinando los argumentos en que las mismas se fundamentan.

i. Tomando como base estos precedentes jurisprudenciales, el Tribunal Constitucional estima procedente revocar la sentencia objeto del presente recurso de revisión por los motivos previamente expuestos, en vista de que no cumple con los parámetros de motivación de las decisiones de amparo, asimismo, resulta violatoria del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva del recurrente. Así las cosas, el Tribunal Constitucional pasará a conocer la acción de amparo, en virtud del principio de autonomía procesal y del criterio establecido por esta jurisdicción en su Sentencia TC/0071/13.

TC/0129/21, numeral 11, 11.8–i, pág. 22 — PDF oficial

12. Sobre la acción de amparo

a. El señor José Manuel Mora Apolinario interpuso una acción de amparo contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por supuesta violación al derecho de libre acceso a la información pública, por negarse a entregar, mediante certificación, una información relativa al pago de impuestos por ganancia de capital relativa a una operación ejecutada entre los accionistas de dos sociedades comerciales. Por otro lado, la parte accionada solicitó que fuera declarada inadmisible la acción de amparo por extemporánea, cuestión que debe ser resuelta antes de conocer del fondo de la acción de amparo.

b. Conforme a las disposiciones del artículo 70.2 de la Ley núm. 137-11, el juez apoderado de la acción de amparo, luego de instruido el proceso, podrá dictar sentencia declarando inadmisible la acción, sin pronunciarse sobre el fondo cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los sesenta días que sigan a la fecha en que el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha conculcado un derecho fundamental.

c. Tal y como se ha señalado, la existencia de un plazo de prescripción que tiene como finalidad sancionar con la inadmisión, la inactividad de quien se presume agraviado, debe comenzar a contarse a partir del momento en que el agraviado tuvo conocimiento de la conculcación a su derecho fundamental.

TC/0129/21, numeral 12, a–c, pág. 23 — PDF oficial

d. En la especie, tal y como se desprende de la revisión del expediente, la solicitud de información fue presentada el veintiocho (28) de agosto de dos mil dieciocho (2018) ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la cual dio respuesta mediante Comunicación G. L. Núm. 1205395, del veintiuno (21) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) (sin constancia de la fecha en la cual fue notificada). Más adelante, el señor José Manuel Mora Apolinario presentó un recurso jerárquico el nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2018) ante el Ministerio de Hacienda, fecha que constituye elemento de prueba suficiente de que el accionante había tomado conocimiento del presunto acto que, de acuerdo con sus argumentos, le ha conculcado un derecho fundamental, pero que también interrumpía el plazo para actuar ante el tribunal de amparo. El Ministerio de Hacienda dio respuesta mediante Comunicación MH-2018- 033103, del dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018), (sin constancia de la fecha en la cual fue notificada).

e. Ahora bien, tal y como se verifica en el expediente, el accionante –hoy parte recurrida– interpuso su acción de amparo el cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), de manera que no existiendo en el presente caso constancia de la fecha en que fue notificada la Comunicación MH-2018- 033103, y tampoco el transcurso de un plazo de sesenta (60) días entre la fecha del acto [dieciséis (16) de octubre de dos mil dieciocho (2018)] y la fecha de interposición de la acción [cuatro (4) de diciembre de dos mil dieciocho (2018)] procede rechazar dicho pedimento, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo.

TC/0129/21, numeral 12, d–e, pág. 23 — PDF oficial

f. En cuanto a la cuestión de fondo, para resolver el caso, el Tribunal se debe adentrar a analizar i) el derecho de libre acceso a la información pública y ii) el derecho a la intimidad y el consecuente deber de reserva a cargo de la Administración Tributaria. Finalmente, concluir respecto de la solución del caso.

12.1. Derecho de libre acceso a la información pública

g. En cuanto al primer punto, i) derecho de libre acceso a la información pública, existen importantes disposiciones normativas contenidas en la Constitución y en tratados internacionales sobre derechos humanos. El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a investigar y recibir informaciones, en los siguientes términos: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

TC/0129/21, numeral 12, f–g, pág. 24 — PDF oficial

h. Dicho derecho a la información fue consagrado en instrumentos internacionales posteriores, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13), y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), concebidos como sigue: Artículo 13. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección…. Artículo 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

TC/0129/21, numeral 12, h, pág. 25 — PDF oficial

i. Las disposiciones normativas transcritas forman parte de nuestro derecho interno por haber sido objeto de ratificación por el Congreso Nacional. Por otra parte, el derecho de libre acceso a la información pública, si bien mantenía rango constitucional en tanto que formaba parte del bloque de constitucionalidad, a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del veintiséis (26) de enero de dos mil diez (2010) es incorporado taxativamente en la Constitución dominicana. En efecto, el artículo 49.1 y su párrafo establece lo siguiente: Artículo 49.- Libertad de expresión e información. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. 1) Toda persona tiene derecho a la información. Este derecho comprende buscar, investigar, recibir y difundir información de todo tipo, de carácter público, por cualquier medio, canal o vía, conforme determinan la Constitución y la ley; (…) Párrafo. - El disfrute de estas libertades se ejercerá respetando el derecho al honor, a la intimidad, así como a la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, de conformidad con la ley y el orden público.

j. El Tribunal cuenta con vasta jurisprudencia, de las cuales se pueden rescatar algunas para la solución del presente caso. En ese sentido, este tribunal constitucional estableció en su Sentencia TC/0042/12 estableció:

i) El derecho a la información pública tiene una gran relevancia para el fortalecimiento de la democracia, ya que su ejercicio garantiza la transparencia y permite a los ciudadanos controlar y fiscalizar el comportamiento de los Poderes Públicos.

TC/0129/21, numeral 12, i–i, pág. 26 — PDF oficial

k. Con la finalidad de garantizar la efectividad del derecho a la información, consagrado en los indicados instrumentos internacionales y la Constitución dominicana, fue promulgada la Ley núm. 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, en la cual se especifican las limitaciones al acceso en razón de intereses públicos o privados preponderantes (arts. 17 y 18).

l. En el mismo sentido, el artículo 17 del indicado estatuto establece, entre otras limitaciones y excepciones, en su literal j): Información sobre la cual no se pueda vulnerar el secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o administrativas en casos particulares. Asimismo, el artículo 18 de la referida ley regula sobre el interés privado preponderante como límite al acceso a la información pública.

m. Finalmente, este tribunal constitucional reconoce que el derecho de libre acceso a la información pública es uno de los medios más idóneos de control de la gestión de la Administración Pública y de allí parte de su importancia.

12.2. Derecho a la intimidad y el consecuente deber de reserva a cargo de la Administración Tributaria

n. En cuanto al segundo punto, ii) derecho a la intimidad, y el consecuente deber de reserva a cargo de la administración tributaria, el Tribunal ha desarrollado una jurisprudencia en la justa medida que le ha sido planteado en casos anteriores al respecto; sin embargo, el presente caso constituye una oportunidad para caracterizar la naturaleza y límites del deber de reserva a cargo de la Administración Tributaria, el cual tiene su fundamento en el secreto tributario (o secreto fiscal), el cual a su vez, tiene su origen en el derecho a la intimidad.

TC/0129/21, numeral 12, k–n, pág. 27 — PDF oficial

o. En lo relativo a las disposiciones normativas contenidas en tratados internacionales sobre derechos humanos, el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho a la privacidad en los siguientes términos: Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

p. Dicho derecho a la privacidad fue consagrado en instrumentos internacionales posteriores, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11.2), y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (artículo 17.1), concebidos como sigue: Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad (…) 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Artículo 17 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.

TC/0129/21, numeral 12, o–p, pág. 28 — PDF oficial

q. Por otra parte, el derecho a la intimidad se encuentra consagrado en la Constitución dominicana. En efecto, el artículo 44.2) establece: Artículo 44.- Derecho a la intimidad y el honor personal. Toda persona tiene derecho a la intimidad. Se garantiza el respeto y la no injerencia en la vida privada, familiar, el domicilio y la correspondencia del individuo. Se reconoce el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Por tanto: (…) 2) Toda persona tiene el derecho a acceder a la información y a los datos que sobre ella o sus bienes reposen en los registros oficiales o privados, así como conocer el destino y el uso que se haga de los mismos, con las limitaciones fijadas por la ley. El tratamiento de los datos e informaciones personales o sus bienes deberá hacerse respetando los principios de calidad, licitud, lealtad, seguridad y finalidad. Podrá solicitar ante la autoridad judicial competente la actualización, oposición al tratamiento, rectificación o destrucción de aquellas informaciones que afecten ilegítimamente sus derechos.

TC/0129/21, numeral 12, q, pág. 29 — PDF oficial

r. En cuanto a la intimidad como límite al derecho de libre acceso a la información pública, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse respecto de la divulgación de datos personales no consentida, en el sentido de que la entrega de ciertos datos personales vulnera derechos a la dignidad, integridad, intimidad y honor. En su decisión TC/0011/12 sostuvo: J) A la luz de la precedente exposición, el Tribunal Constitucional estima que la divulgación no consentida de datos contenidos en los registros de la Dirección General de Migración resulta un ejercicio desproporcionado del derecho a la información, que vulnera el núcleo esencial del derecho fundamental a la dignidad, la integridad, la intimidad y el honor de las personas registradas, cuando carezca de incidencia en asuntos de interés colectivo y concierna personas cuya relevancia pública no haya sido alegada ni tampoco establecida.

s. Este tribunal constitucional se ha pronunciado de manera reiterada al emitir las sentencias TC/0011/12 4 , TC/0042/12 5 , TC/0052/13 6 , TC/0062/13 7 y TC/0084/13 8 , estableciendo como criterio que el libre acceso a la información pública aplica siempre que la información no sea de carácter personal, pues esta última escapa al objetivo de la Ley núm. 200- 04, del veintiocho (28) de julio de dos mil cuatro (2004), de Libre Acceso a la Información Pública, que es propiciar transparencia y la publicidad de la gestión pública.

t. Más aún, este derecho a la intimidad se extiende también a las personas jurídicas, como estableció este colegiado en su Sentencia TC/0563/15 en los siguientes términos:

TC/0129/21, numeral 12, r–t, pág. 29 — PDF oficial

10.10.3. Al iniciar el correspondiente análisis, la primera cuestión que debe quedar establecida es el reconocimiento a las personas jurídicas de la titularidad de ciertos derechos fundamentales que eran vinculados exclusivamente a la persona humana, tema que ha sido considerablemente aceptado en la actualidad, con respecto al cual la doctrina ha señalado que la “titularidad de los derechos fundamentales, en la medida que lo permitan los términos de su reconocimiento, y la 4 Del tres (3) de mayo de dos mil doce (2012). 5 Del veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012). 6 Del fecha nueve (9) de abril de dos mil trece (2013). 7 Del fecha diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013) 8 Del cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013) naturaleza de su objeto, contenido o relaciones vitales a que se refieran, corresponde asimismo a las personas jurídicas, y, en su caso, a grupos y colectivos que no lo sean… 9

TC/0129/21, numeral 12, 10.10.3, pág. 30 — PDF oficial

10.10.4. Este tribunal ha dado por sentada la titularidad del derecho a la privacidad e intimidad de las personas jurídicas, al fundamentar en la Sentencia TC/0027/1210 lo que a continuación se transcribe: 9.12. Respecto a la alegada violación al derecho de la privacidad de la empresa y de la correspondencia, la primera se corresponde con lo que ha desarrollado la teoría española como un derecho a la fidelidad empresarial que firman las partes para no divulgar cuestiones propias de una empresa y, en el caso de la especie, ni siquiera puede ser aplicado este principio de fidelidad, porque no está en juego ninguna fórmula o procedimiento que atente contra el desarrollo de una de las empresas; la segunda, privacidad de la correspondencia, por haberse dispuesto en la resolución que en un plazo no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha de publicación de esta, las compañías distribuidoras remitan a la Secretaría de Estado, copia del contrato suscrito con cada detallista, pues tal exigencia persigue controlar el cumplimiento de la política de comercio interno que ha sido instaurada por la autoridad competente. En cambio, la privacidad de la correspondencia está destinada a resguardar esencialmente los siguientes bienes jurídicos: 1) la libertad de toda persona para comunicarse con otras, sin que se produzcan interrupciones o interferencias ilegales o arbitrarias; 2) la reserva o el secreto de aquello que se escribe o habla entre quienes se hayan comunicado; y 3) el derecho a la intimidad o privacidad.” 9 Solozábal, Juan José. Algunas cuestiones básicas de la teoría de los derechos fundamentales: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época) Núm. 71. Enero-Marzo 1991.

TC/0129/21, numeral 12, 10.10.4, pág. 31 — PDF oficial

u. Asimismo, con la finalidad de garantizar la intimidad en cuanto a la información recabada por la Administración Tributaria la Ley núm. 11-92, que instituye el Código Tributario de la República Dominicana, estableció el deber de reserva en los siguientes términos: Artículo 47. Deber De Reserva. (Modificado por la Ley No.147-00, del 27 de diciembre del 2000). Las declaraciones e informaciones que la Administración Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros por cualquier medio, en principio tendrán carácter reservado y podrán ser utilizadas para los fines propios de dicha administración y en los casos que autorice la ley. Párrafo I. No rige dicho deber de reserva en los casos en que el mismo se convierta en un obstáculo para promover la transparencia del sistema tributario, así como cuando lo establezcan las leyes, o lo ordenen órganos jurisdiccionales en procedimientos sobre tributos, cobro compulsivo de éstos, juicios penales, juicio sobre pensiones alimenticias, de familia o disolución de régimen matrimonial. Se exceptuarán también la publicación de datos estadísticos que, por su generalidad, no permitan la individualización de declaraciones, informaciones o personas. Párrafo II. Cuando un contribuyente haya pagado los impuestos establecidos en los Títulos II, III y IV de este Código, tendrá derecho a solicitar y recibir de la Administración Tributaria, la información sobre el valor de cada uno de los impuestos pagados bajo estos títulos por los demás contribuyentes que participan en el mercado en el que opera el primero.

TC/0129/21, numeral 12, u, pág. 32 — PDF oficial

v. Este deber de reserva tiene como razón de ser, el hecho de que la Administración Tributaria, en virtud de sus amplios poderes de investigación y fiscalización, así como del correlativo deber de colaboración de los particulares, accede a información perteneciente a la esfera íntima del particular, que implica un derecho de rango constitucional. 10 Es así como se hace imperativo proteger la información sensible del contribuyente, limitando a la Administración Tributaria a su utilización para el fin primario perseguido, es decir, recaudar los impuestos. Sin perjuicio de la habilitación legal para transferir esta información a otros entes u órganos públicos, cuando estos últimos justifiquen que es imprescindible para el cumplimiento de sus funciones y sujetos también a similar obligación de reserva o confidencialidad.

TC/0129/21, numeral 12, v, pág. 33 — PDF oficial

w. En el plano comparado, nuestro homólogo del Perú ha establecido lo siguiente: “… el Tribunal Constitucional tiene reconocido en su jurisprudencia que entre los atributos asociados al derecho a la intimidad se encuentran el secreto bancario y la reserva tributaria [STC 004-2004-AI/TC, fundamento 34], y si bien cada uno de ellos garantizan ámbitos vitales diferenciados, su tutela está dirigida a "preservar un aspecto de la vida privada de los ciudadanos, en sociedades donde las cifras pueden configurar, [...] una especie de 'biografía económica' del individuo", perfilándolo y poniendo en riesgo no sólo su derecho a la intimidad en sí mismo, sino también otros bienes de igual trascendencia, como su seguridad o su integridad [STC 0004-2004-APTC, fundamento 35]. De esta manera, es posible concluir que la reserva tributaria y el secreto bancario forman parte del contenido constitucionalmente protegido del 10 LUEIRO, Natalia; PLANELLES, Valeria y SAN MARTIN, Fernanda, “El secreto tributario. Concepto, alcance y limitaciones. Una visión más allá del derecho tributario”, Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo, No. 26, 2014, p. 189. derecho a la intimidad, o, como se le ha denominado, a "poseer una intimidad”.” 11

x. Igualmente, al amparo del marco normativo dominicano, este tribunal ha definido, dentro del marco de excepción al derecho de libre acceso a la información pública, a la información catalogada como confidencial, a aquella información que está en poder del Estado y que sólo compete a sus titulares, de índole estratégica para decisiones de gobierno, acción sancionadora o procesos administrativos o judiciales. También abarca la información protegida por secreto bancario, tributario, comercial, industrial, tecnológico y bursátil; y la relativa al derecho a la intimidad de las personas [Sentencia TC/0512/16, resaltado nuestro].

TC/0129/21, numeral 12, w–x, pág. 33 — PDF oficial

y. Al analizar el presente caso, el Tribunal Constitucional estima que la información solicitada por el accionante, señor José Manuel Mora Apolinario, respecto del monto del pago (impuesto), recibido por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por concepto de Ganancia de Capital, como consecuencia de la transacción suscrita entre la empresa internacional Ambev Brasil Bebidas, S.A. (Compañía de Bebidas Americanas, o Compañía de Bebidas de las Américas), y la empresa E. León Jiménez, S.A., propietaria del 83.5% de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana (CDN), en virtud de la cual Ambev adquirió el 51% de las acciones de la Cervecería Nacional Dominicana (CND) en 2011 y 2012, se encuentra dentro de las informaciones protegidas por el secreto tributario (o reserva o secreto fiscal) de donde nace el deber de reserva (o deber de sigilo) de la Administración Tributaria para proteger el derecho a la intimidad. De manera que, al no probar el solicitante que existe una de las excepciones legales, 12 la Dirección General de Impuestos 11 República del Perú, Tribunal Constitucional, Sentencia recaída en el Expediente 00009-2014-PI/TC [Disponible en https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/00009-2014-AI.pdf] [Último acceso 23 marzo 2020, 07:50 p.m.]. 12 Ley Núm. 200-04, General de Libre Acceso a la Información Pública. Internos (DGII) debió actuar como lo hizo, y rechazar la solicitud de información.

TC/0129/21, numeral 12, y, pág. 34 — PDF oficial

z. Recurriendo nueva vez a la jurisprudencia comparada, el Tribunal Constitucional del Perú ha advertido que, si bien el secreto bancario y la reserva tributaria constituyan la concreción, en el plano económico, de una manifestación del derecho a la intimidad no quiere decir que sean absolutos 13 sin embargo, argumenta también el referido tribunal, es criterio reiterado de este Tribunal el que toda limitación de un derecho, esto es, la realización de una injerencia que incida en su ámbito de protección, debe atender a un fin constitucional legítimo y ser acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad. 14

TC/0129/21, numeral 12, z, pág. 35 — PDF oficial

aa. Por tanto, la divulgación no consentida de información contenida en los registros de la Dirección General Impuestos Internos (DGII) resulta un ejercicio desproporcionado del derecho a la información que vulnera el núcleo esencial del derecho fundamental a la intimidad y al secreto tributario o reserva fiscal, cuando no se ha justificado en una de las excepciones contempladas en el ordenamiento jurídico. Artículo 18.- La solicitud de información hecha por los interesados podrá ser rechazada cuando pueda afectar intereses y derechos privados preponderantes, se entenderá que concurre esta circunstancia en los siguientes casos: Cuando se trate de datos personales cuya publicidad pudiera significar una invasión de la privacidad personal. No obstante, la Administración podría entregar estos datos e informaciones si en la petitoria el solicitante logra demostrar que esta información es de interés público y que coadyuvará a la dilucidación de una investigación en curso en manos de algún otro órgano de la administración pública. Cuando el acceso a la información solicitada pueda afectar el derecho a la propiedad intelectual, en especial derechos de autor de un ciudadano. Cuando se trate de datos personales, los mismos deben entregarse sólo cuando haya constancia expresa, inequívoca, de que el afectado consiente en la entrega de dichos datos o cuando una ley obliga a su publicación. 13 República del Perú, Tribunal Constitucional, Sentencia recaída en el Expediente 00009-2014-PI/TC [Disponible en https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/00009-2014-AI.pdf] [Último acceso 23 marzo 2020, 07:50 p.m.]. 14 Íd.

TC/0129/21, numeral 12, aa, pág. 35 — PDF oficial

bb. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reivindica en su recurso el secreto empresarial y comercial, como refuerzo a su argumento de que el Tribunal Superior Administrativo estaba imposibilitado de ordenar la entrega de la información solicitada. Este tribunal constitucional ve propicia la ocasión para referirse a la naturaleza autónoma del secreto tributario, de suerte que no necesita un secreto previo (secreto comercial o mercantil, secreto bancario, secreto profesional) para que opere el deber de reserva de la Administración Tributaria; por ello, esta no solo debe guardar reserva de las informaciones privadas a las que tiene acceso en función de sus amplios poderes de investigación y fiscalización, que alcanza a informaciones protegidas por otro secreto, sino que el deber de reserva opera de pleno derecho y de manera autónoma a la preexistencia de otro secreto.

cc. Finalmente, la idea del deber de reserva que obliga a la Administración Tributaria, no solo se refiere a la Dirección General del Impuestos Internos (DGII), sino que a cualquier otra entidad u organismo estatal que sea sujeto activo de la actividad tributaria, y este deber de reserva se extiende al ente u órgano requirente de la Administración Pública en caso de que la Administración Tributaria le haya transferido válidamente una información sujeta a reserva.

TC/0129/21, numeral 12, bb–cc, pág. 36 — PDF oficial

dd. En razón de todo lo anterior, este tribunal constitucional entiende que en el presente caso no se ha verificado una vulneración al derecho de libre acceso a la información pública, al tratarse la información requerida por el accionante de información sujeta a un deber de confidencialidad o reserva legal que, a su vez, tiene su fundamento en el derecho constitucional a la intimidad de las empresas 15 titulares de la información reservada. 15 Este Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado respecto a que personas jurídicas puedan ser titulares de derechos fundamentales y, a tal efecto, ha establecido que “las personas naturales o físicas y las personas jurídicas, ambas, pueden ser –y de hecho son– titulares de derechos fundamentales. Cabe resaltar que los derechos fundamentales que alcanzan a Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto disidente del magistrado Hermógenes Acosta de los Santos y los votos salvados de las magistradas Alba Luisa Beard Marcos y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por los motivos de hecho, derecho y los precedentes, anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional

TC/0129/21, numeral 12, dd, pág. 36 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo interpuesto por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), contra la Sentencia núm. 030-04-2019-SSEN- 00035, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

SEGUNDO: ACOGER en cuanto al fondo, el recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 030-04-2019-SSEN-00035, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo el cuatro (4) de febrero de dos mil diecinueve (2019). la persona jurídica no lo hacen en la misma dimensión que a la persona física, dado los componentes que caracterizan la operatividad de cada una. Empero, a modo de ejemplo, podríamos citar, de manera enunciativa y no taxativa, que estas – las personas jurídicas– gozan de derechos fundamentales, tales como: libertad de empresa, propiedad, debido proceso, intimidad y honor personal, libertad de expresión e información, libertad de asociación, entre otros.” [Sentencia TC/0404/16, acápite 10, literal e)].

TERCERO: RECHAZAR en cuanto al fondo la acción de amparo interpuesta por el señor José Manuel Mora Apolinario contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por los motivos expuestos en el cuerpo de esta decisión.

CUARTO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución, y los artículos 7.6 y 66 de la referida Ley núm. 137-11.

QUINTO: COMUNICAR esta sentencia, por Secretaría, para su conocimiento y fines de lugar, a la recurrente, Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y al recurrido, señor José Manuel Mora Apolinario.

SEXTO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional, en virtud del artículo 4 de la Ley núm. 137-11.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0129/21, del 20 de enero de 2021. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0129-21. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.