Sentencia TC/0224/19
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 7 de agosto de 2019 · Expediente TC-052016-0386
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Temas: Derecho de propiedad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0224/19?
La ocupación de la parcela de Rincón Largo, S.R.L. por el Estado, a través de la Lotería Nacional dominicana, sin decreto expropiatorio ni pago previo del justo precio, constituyó una expropiación irregular por vía de hecho administrativa contraria al artículo 51.1 de la Constitución. La falta de pago mantuvo la vulneración del derecho de propiedad, por lo que la acción de amparo se interpuso en tiempo hábil. La vía contencioso-administrativa corresponde cuando se controvierte el justiprecio o la causa de la expropiación; en este caso, el avalúo no fue objetado y no era necesario acudir a otra jurisdicción para fijar el precio. El juez de amparo no podía inadmitir la acción con la sola indicación de otra vía: debía explicar por qué era efectiva para proteger el derecho. La falta de esa motivación justificó revocar la sentencia recurrida (TC/0224/19, numeral 10, g–h, pág. 30; TC/0224/19, numeral 10, k, pág. 33; TC/0224/19, numeral 10, l, pág. 34; TC/0224/19, numeral 10, m, pág. 35; TC/0224/19, numeral 11, b–c, pág. 37).
El principio de efectividad justificó una tutela judicial diferenciada que, además de ordenar el pago del justiprecio, tomara en cuenta el acceso a la propiedad inmobiliaria titulada y a la vivienda digna de los ocupantes del barrio La Lotería. El Tribunal dispuso consignar el pago de forma prorrateada en dos ejercicios presupuestarios, atendiendo también a la sostenibilidad fiscal, y fijó una astreinte por el retardo en la consignación, en atención a la gravedad de las violaciones comprobadas (TC/0224/19, numeral 11, i, pág. 47; TC/0224/19, numeral 11, j, pág. 47; TC/0224/19, numeral 11, k, pág. 48).
Decisión
Admite en cuanto a la forma el recurso de revisión, lo acoge en cuanto al fondo, revoca la Sentencia núm. 00337-2016 y acoge la acción de amparo de Rincón Largo, S.R.L. Ordena el pago de RD$206,324,000.00 por concepto de justiprecio, con consignación prorrateada en el Presupuesto General del Estado de 2020 y 2021 a cargo de la Lotería Nacional dominicana, y fija a favor de Rincón Largo, S.R.L. una astreinte solidaria e indivisible de RD$50,000.00 por cada día de retardo en la consignación, a contar desde la notificación de la sentencia, a cargo de la Lotería Nacional dominicana, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Bienes Nacionales y el Estado dominicano.
Citas textuales clave
“Conviene destacar que, por vía de hecho administrativa, debe entenderse una actuación material de la Administración carente de cobertura jurídica, que perturba el ejercicio de sus derechos por los particulares y prescinde de las reglas procesales establecidas.” (TC/0224/19, numeral 10, g–h, pág. 30)
“Cabe destacar que, de acuerdo con el criterio de esta sede constitucional, tal como se ha señalado, las expropiaciones deben ser encausadas por la vía contenciosa administrativa cuando exista controversia sobre el justiprecio o las causas de expropiación invocadas por el Estado.” (TC/0224/19, numeral 10, k, pág. 33)
“Por consiguiente, resulta insuficiente simplemente enunciar la existencia de otra vía judicial, puesto que incumbe al juez de amparo «la responsabilidad de explicar los elementos que permitan establecer si la otra vía es o no eficaz».” (TC/0224/19, numeral 10, l, pág. 34)
Normas interpretadas
Constitución: artículos 51.1, 51.2, 51.5, 59 y 233.
Ley núm. 137-11: artículos 7.4, 70.1, 70.2, 70.3, 93, 95, 96, 97 y 100.
Ley núm. 344 de 1943: artículo 2, con las modificaciones de las leyes núm. 108-05 y núm. 51-07.
Ley núm. 86-11: artículo 4.
Precedentes que cita el Tribunal
Tribunal Constitucional: TC/0406/14, TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15, TC/0233/17, TC/0122/15, TC/0224/16, TC/0109/17, TC/0195/15, TC/0670/16, TC/0004/17, TC/0134/17, TC/0739/17, TC/0007/12, TC/0193/14, TC/0059/16, TC/0318/14, TC/0015/16, TC/0401/16, TC/0205/13, TC/0261/14, TC/0017/16, TC/0009/13, TC/0021/12, TC/0030/12, TC/0083/12, TC/0084/12, TC/0098/12, TC/0097/13, TC/0185/13, TC/0012/14, TC/0181/17, TC/0127/14, TC/0569/16, TC/0011/14, TC/0082/14, TC/0167/14, TC/0155/14, TC/0367/14, TC/0833/17, TC/0197/13, TC/0217/13, TC/0070/13, TC/0053/14, TC/0038/14, TC/0624/15, TC/0211/16, TC/0659/17, TC/0211/15 y TC/00438/17.
Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala: Sentencia núm. 23, de 21 de agosto de 2013.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
7. Síntesis del conflicto
La sociedad comercial Rincón Largo, S.R.L. sometió una acción de amparo contra la Lotería Nacional dominicana, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Bienes Nacionales y el Estado dominicano, alegando la violación por estas entidades de su derecho fundamental de propiedad, así como al debido proceso, desde la década de mil novecientos setenta (1970). En ese sentido, Rincón Largo, S.R.L. aduce que la Lotería Nacional dominicana incurrió en dicha conculcación al ocupar y disponer arbitrariamente de la parcela de su propiedad núm. 7-C-8-I (Distrito Catastral núm. 8, municipio y provincia Santiago). La accionante alega, asimismo, la construcción por la indicada entidad de cientos de viviendas en la referida parcela, las cuales fueron atribuidas a favor de particulares a través de los sorteos semanales celebrados por la Lotería Nacional dominicana. Rincón Largo, S.R.L; manifiesta, además, que la referida accionada edificó numerosos condominios en el aludido terreno, cuyos apartamentos fueron asignados a maestros y profesores. Todo ello, según expresa la mencionada accionante, sin haber el Estado dominicano decretado la expropiación de la aludida parcela ni tampoco haberle pagado su justo valor, según el art. 51.1 de la Constitución. Al estimar que había sido víctima de una evidente conculcación de derechos, Rincón Largo, S.R.L. reclamó al juez de amparo verificar la apropiación efectuada en su perjuicio de la referida parcela de su propiedad núm. 7-C-8-I; actuación que, a su juicio, fue efectuada por la Lotería Nacional dominicana a través de una «ocupación irregular», una «expropiación indirecta» o una «expropiación irregular por vía de hecho administrativa». La indicada accionante en amparo (y actual recurrente en revisión) solicitó, en consecuencia, ordenar a la referida entidad estatal, así como al Ministerio de Hacienda, a la Dirección Nacional de Bienes Nacionales y al Estado dominicano, el pago de la suma de doscientos seis millones trescientos veinticuatro mil pesos dominicanos ($206,324,000.00), por concepto «del saldo del valor de la Parcela núm. 7-C-8-I», según avalúo efectuado por la Dirección Nacional de Catastro. La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, apoderada de la acción de amparo antes descrita, decidió su inadmisión mediante la Sentencia núm. 00337- 2016, en virtud del artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, estimando que el recurso contencioso administrativo resultaba más efectivo para ordenar el pago del justo precio reclamado. En desacuerdo con dicho fallo, Rincón Largo, S.R.L. interpuso el recurso de revisión de amparo que hoy nos ocupa.
9. Admisibilidad del recurso de revisión constitucional de sentencia de
amparo El Tribunal Constitucional estima admisible el presente recurso de revisión constitucional de sentencia de amparo, en atención a los siguientes razonamientos:
a. Los presupuestos procesales de admisibilidad del recurso de revisión de amparo fueron establecidos por el legislador en los artículos 95, 96, 97 y 100 de la Ley núm. 137-11, a saber: sometimiento dentro del plazo previsto para su interposición (art. 95); inclusión de los elementos mínimos requeridos por la ley (art. 96); calidad del recurrente en revisión (TC/0406/14) y satisfacción de la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada (art. 100).
b. En cuanto al plazo para la interposición del recurso, la parte in fine del artículo 95 de la Ley núm. 137-11 prescribe su sometimiento, a más tardar, dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación de la sentencia recurrida. Sobre el particular, esta sede constitucional reconoció dicho plazo como hábil, excluyendo los días no laborables; además de considerarlo franco, descartando el día inicial (dies a quo) y el día final o de vencimiento (dies ad quem). 3 Este colegiado también dictaminó, al respecto, estimar la fecha de toma de conocimiento por el recurrente de la sentencia integra en cuestión como el punto de partida para el inicio del cómputo del plazo indicado. 4 En la especie, se ha comprobado la interposición del recurso de revisión por Rincón Largo, S.R.L., el siete (7) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), y su notificación a las partes recurridas, el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis (2016). Del cotejo de ambas fechas, se verifica el transcurso de seis (6) días calendario, si 3 Véanse TC/0061/13, TC/0071/13, TC/0132/13, TC/0137/14, TC/0199/14, TC/0097/15, TC/0468/15, TC/0565/15, TC/0233/17, entre otras decisiones. 4 Véanse TC/0122/15, TC/0224/16, TC/0109/17, entre otras decisiones. descartamos el día inicial del plazo, el treinta y uno (31) de agosto) y el día del vencimiento, el siete (7) de septiembre), los cuales no deben ser computados (dies a quo y dies ad quem). Además, durante dicho período de seis (6) días, el sábado, tres (3) y el domingo, cuatro (4) no fueron laborables, razón por la cual también deben ser excluidos. En consecuencia, el recurso de revisión de amparo de la especie fue interpuesto por Rincón Largo, S.R.L. en un plazo de cuatro (4) días francos y hábiles, satisfaciendo así el requerimiento del referido art. 95 de la Ley núm. 137-11.
c. Por otra parte, el art. 96 de la Ley núm. 137-11 requiere la inclusión en el recurso de «las menciones exigidas para la interposición de la acción de amparo», así como hacer «constar además de manera clara y precisa los agravios causados por la decisión impugnada». 5 Luego de comprobar el cumplimiento de ambos requisitos en la especie, este colegiado desestima el medio de inadmisión sometido en sentido contrario por la Procuraduría General Administrativa. En efecto, de una parte, las menciones relativas al sometimiento de recurso figuran en las páginas 1 y 4 de la instancia en revisión; 6 y, de otra parte, la recurrente, Rincón Largo, S.R.L., expone en las páginas 21 y 33 de la indicada instancia en revisión las razones en cuya virtud el juez de amparo erró al considerar la vía contenciosa-administrativa como más efectiva que la vía del amparo para tutelar los derechos fundamentales invocados en la especie, provocando una violación a su derecho a la tutela judicial efectiva. 5 Véanse TC/0195/15 y TC/0670/16. 6 Los argumentos principales expuestos al respecto por la recurrente en revisión, Rincón Largo, S.R.L., son los siguientes: «55. En consecuencia, por haber cercenado el Estado todas las dimensiones y el contenido esencial del derecho de propiedad de Rincón Largo, no solo a través de la expropiación irregular llevada a cabo por la Lotería Nacional Dominicana, sino mediante las omisiones que han servido como aval para dejar sin restituir el equivalente económico de dichos terrenos por parte de las autoridades que durante todo el tiempo que ha durado la expropiación han sido involucradas en los procedimientos y gestiones desplegados por la Recurrente, la violación de este derecho ha trascendido de lo meramente legal y se ha convertido en una vulneración grosera agravada, además, por la sentencia recurrida.[…]. 57. Por tanto, con el dictado de la sentencia recurrida, la Primera Sala del TSA contribuyó con la prolongación de la conculcación del derecho fundamental de propiedad de Rincón Largo perpetrada por la Lotería Nacional Dominicana, organismo que manifestó en audiencia de amparo su responsabilidad en la ocupación de los terrenos en cuestión y la disposición para cumplir con su obligación de pago. Esta actuación vulneradora del derecho de propiedad de la Recurrente se materializa, entre otras afirmaciones contenidas en la sentencia, a través de la siguiente interpretación incorrecta del caso: El legislador ha establecido un procedimiento especial para tutelar los derechos vulnerados en la emisión de actos administrativos, como lo es el contencioso administrativo. […]».
d. En igual sentido, tomando en cuenta el precedente sentado en la Sentencia TC/0406/14, 7 sólo las partes intervinientes en la acción de amparo ostentan la calidad para presentar un recurso de revisión constitucional contra la sentencia relativa a la acción. En el presente caso, la hoy recurrente, Rincón Largo, S.R.L., ostenta la calidad procesal idónea, pues fungió como única accionante en el marco de la acción de amparo resuelta por la sentencia recurrida en la especie, motivo por el cual resulta satisfecho el presupuesto procesal objeto de estudio.
e. En cuanto al requisito de especial transcendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada en el recurso, de acuerdo con en el art. 100 de la Ley núm. 137-11, 8 este colegiado definió dicho elemento en su Sentencia TC/0007/12. 9 En relación con este aspecto, la Procuraduría General Administrativa ha argumentado el incumplimiento en el recurso de la exigencia antes citada, solicitando, en consecuencia, el pronunciamiento de su inadmisión a este colegiado. Sin embargo, contrario a lo argüido por el indicado órgano, esta sede constitucional estima satisfecho en el recurso de la especie la condición atinente a la especial trascendencia o relevancia constitucional. Este criterio se funda en el interés del Tribunal Constitucional de desarrollar el modus operandi de las expropiaciones irregulares o meras apropiaciones por vías de hecho administrativas efectuadas por el Estado dominicano, respecto de inmuebles pertenecientes a particulares, así como sus 7 Precedente reiterado en las decisiones TC/0004/17, TC/0134/17, TC/0739/17, entre otras. 8 Dicho requisito se encuentra concebido en la indicada disposición en los términos siguientes: «La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales». 9 En esa decisión, el Tribunal expresó que «[…] tal condición sólo se encuentra configurada, entre otros, en los supuestos: 1) que contemplen conflictos sobre derechos fundamentales respecto a los cuales el Tribunal Constitucional no haya establecido criterios que permitan su esclarecimiento; 2) que propicien, por cambios sociales o normativos que incidan en el contenido de un derecho fundamental, modificaciones de principios anteriormente determinados; 3) que permitan al Tribunal Constitucional reorientar o redefinir interpretaciones jurisprudenciales de la ley u otras normas legales que vulneren derechos fundamentales; 4) que introduzcan respecto a estos últimos un problema jurídico de trascendencia social, política o económica cuya solución favorezca en el mantenimiento de la supremacía constitucional». consecuencias violatorias de derechos fundamentales a la luz de la Constitución y de la Ley núm. 137-11.
f. En virtud de los motivos enunciados, el Tribunal Constitucional rechaza el medio de inadmisión planteado por la Procuraduría General Administrativa, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la presente sentencia. Y, por tanto, al quedar comprobados todos los presupuestos de admisibilidad del presente recurso de revisión de amparo, el Tribunal Constitucional lo admite a trámite y procede a conocer su fondo.
10. Conocimiento del fondo del recurso de revisión constitucional de
sentencia de amparo Luego del estudio del expediente que nos ocupa, el Tribunal Constitucional procederá a exponer los argumentos en cuya virtud acogerá parcialmente las pretensiones de Rincón Largo, S.R.L. (recurrente en revisión), en cuanto a la revocación de la sentencia de amparo recurrida, con base en los argumentos que se exponen a continuación.
a. Según hemos previamente indicado, el presente caso se contrae a una revisión de sentencia de amparo interpuesta por la sociedad Rincón Largo, S.R.L. contra la Sentencia núm. 00337-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el quince (15) de agosto de dos mil dieciséis (2016). Esta decisión inadmitió la acción de amparo presentada por la aludida actual recurrente y entonces accionante contra la Lotería Nacional dominicana, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Bienes Nacionales y el Estado dominicano para obtener el pago del condigno justiprecio por concepto de «un supuesto acto expropiatorio», del inmueble identificado como la parcela núm. 7-C-8-I, D.C. núm. 8, municipio y provincia Santiago. La referida entidad accionante en amparo pretendía lograr por esa vía la restauración de sus derechos a la tutela efectiva del derecho de propiedad y al debido proceso, que aduce le fueron quebrantados por las referidas entidades aludidas, entonces accionadas en amparo y hoy partes recurridas en revisión.
b. En la pág. 3 de su escrito de defensa, la Lotería Nacional dominicana otorgó aquiescencia a la referida imputación de Rincón Largo, S.R.L. en los siguientes términos: 1.2.- A que el Estado Dominicano ocupó la totalidad de la parcela No.7-C-8- I del Distrito Catastral número 8, del municipio de Santiago, con una extensión territorial de cincuenta y un mil quinientos ochenta y un punto cero cuatro (51,58104) metros cuadrados (mts2), terrenos de la propiedad de la recurrente en revisión, adquiridos mediante Acto bajo Firma Privada contentivo de Aporte en Naturaleza a su favor, amparada en el Certificado de Título No 174, expedido a su favor, en fecha doce (12) del mes de diciembre del año mil novecientos setenta y tres (1973). 1.3- La referida situación fue reconocida por más de uno de los administradores generales que han estado al frente de la LOTERÍA NACIONAL DOMINICANA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, desde entonces, situación que impide que —en la actualidad— pretendamos desdecir el reconocimiento del derecho de propiedad de la razón social RINCON LARGO, S. R. L, en atención a principios tan básicos como el de coherencia. No obstante, la Lotería Nacional dominicana se niega a honrar el pago del justiprecio a favor de Rincón Largo, S.R.L. alegando la persistencia del Poder Ejecutivo en no emitir a esta fecha el decreto expropiatorio correspondiente respecto a la parcela núm. 7-C-8-I.
c. En cuanto a los fundamentos adoptados en la recurrida Sentencia núm. 00337- 2016 para decidir la acción de amparo antes descrita, el juez a quo, al valorar las pretensiones de la accionante a la luz de los hechos y los presupuestos procesales de admisibilidad establecidos en el art. 70 de la Ley núm. 137-11, advirtió lo siguiente: 17.- En la especie estamos en presencia de un asunto relacionado a un supuesto acto de expropiatorio, donde supuesta o realmente se anula un derecho fundamental, toda vez que según lo argüido por la parte accionante se ha vulnerado la protección del derecho de propiedad debidamente registrado desde el año 63, Registro de Títulos emitió su certificado de título correspondiente que debe y requiere la garantía del Estado; que esos terrenos fueron expropiados de manera forzosa en el cien por ciento de esos derechos, pues en los mismos se edificó el local de la Lotería, edificios de condominios para asignárselos a profesores, además de que por sorteo que se celebraban semanalmente se asignaban parcelas y casas a quienes actualmente ocupan y usufructúan dichos terrenos. 18. Que las entidades accionadas, especialmente la Lotería Nacional Dominicana y la Dirección Nacional de Bienes Nacionales, admiten estar ocupando los terrenos propiedad de la accionante y en el expediente figuran sendos documentos mediante los cuales se verifica que desde el año 1985 el Secretario Administrativo de la Presidencia instruyó al Administrador General de la Lotería Nacional Dominicana para que dicha entidad procediera al pago, informándole a la accionante que está en disposición de efectuar el pago correspondiente al referido inmueble previo depósito de la documentación requerida. Que todas las partes están contestes en que aun a la fecha de la presente Acción de Amparo el Poder Ejecutivo no ha emitido decreto alguno que formalice la expropiación de los terrenos objeto de la presente litis. 10
d. Con base en estos razonamientos, los magistrados del Tribunal Superior Administrativo dictaminaron la inadmisibilidad de la citada acción, en virtud del art.
70.1 de la Ley núm. 137-11, fundándose en que […] el propulsor del amparo tiene abierta la vía contenciosa administrativa, a la cual puede acceder a través del correspondiente recurso contencioso administrativo, puesto que el accionante requiere que mediante la presente acción se ordene el pago de los valores que constan la avaluación realizada por la Dirección General de Catastro sin la emisión del correspondiente Decreto que declare la expropiación por parte del Estado Dominicano. Como consecuencia de este último argumento, la recurrente, Rincón Largo, S.R.L., considera que el tribunal a quo no realizó una adecuada valoración de los elementos fácticos que configuraban la violación de sus derechos fundamentales ni tampoco efectuó una correcta valoración de la eficiencia de la vía del amparo para obtener el pago del justiprecio debido, especialmente, en cuanto a la ausencia de controversia con relación al monto establecido por la Dirección Nacional de Catastro respecto al valor del inmueble irregularmente expropiado.
e. En relación con el fondo del recurso que nos ocupa, se advierte que el tribunal a quo inadmitió la acción promovida por Rincón Largo, S.R.L., estimando a la jurisdicción contenciosa-administrativa como una vía más efectiva para ordenar al Estado el pago del justiprecio incontrovertido a favor de la accionante en amparo, con motivo de «un supuesto acto expropiatorio» efectuado por el Estado de la parcela núm. 7-C-8-I. Sin embargo, el Tribunal Constitucional determinó, mediante su 10 Pág. 10 (in fine) y 11 (ab initio) de la Sentencia núm. 00337-2016. Sentencia TC/0193/14, que cuando el precio ofrecido (o valor determinado) por la Administración Pública no es objeto de contestación por los legítimos propietarios resulta innecesario apoderar a la jurisdicción correspondiente para la fijación del justo precio, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 de la Ley núm. 344, del veintinueve (29) de julio de mil novecientos cuarenta y tres (1943). 11 En efecto, con ocasión del reclamo por concepto de la aludida indemnización, este colegiado consideró en la citada decisión lo siguiente:
k. Además, este tribunal constitucional ha podido verificar que entre el Estado dominicano, representado por la Presidencia de la República (Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, organismo adscrito al Poder Ejecutivo), con la participación de la Dirección General del Catastro Nacional, han reconocido que el Estado dominicano le adeuda por concepto de expropiación a los señores Olga Hillevi Astrid Nova Muñoz y Juan Bautista Nova Muñoz la suma de ciento treinta millones setecientos once mil seiscientos sesenta y seis pesos con setenta centavos (RD$ 130, 711,666.70). El precio precedentemente señalado no ha sido objeto de contestación por los legítimos propietarios, razón por la cual no existe la necesidad de apoderar a la jurisdicción correspondiente para la fijación del justo precio, de conformidad con los establecido por el artículo 2 de la Ley núm. 344 del veintinueve (29) de julio de mil novecientos cuarenta y tres (1943), modificada por la Ley núm. 108-05 y la Ley núm. 51-07. 12
f. De otra parte, puede, asimismo, observarse que, mediante la recurrida Sentencia núm. 00337-2016, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo contribuyó a perpetuar la limitación antijurídica del derecho de propiedad ocasionada casi medio siglo antes por el Estado dominicano en perjuicio de Rincón 11 Modificada por la Ley núm. 108-05 y la Ley núm. 51-07. 12 Subrayado nuestro. Largo, S.R.L., en vez de acogerse al criterio establecido por este colegiado en la Sentencia TC/0059/16. Mediante esta última decisión, el Tribunal Constitucional dictaminó que para remediar conflictos suscitados entre la Administración Pública y los particulares (causados por limitaciones estatales antijurídicas al derecho de propiedad sobre bienes inmuebles) el juez de amparo debía conocer de la acción, ya que «el asunto que nos ocupa no responde propiamente a un proceso de expropiación, por lo que las acciones judiciales que sobre la materia fueron creadas por el legislador, no podrían considerarse tan efectivas como el amparo». 13
g. Como se ha podido advertir, la limitación al derecho de propiedad del entonces amparista en la especie, Rincón Largo, S.R.L., no fue resultado de una acción formal y apegada al debido proceso por la Administración Pública, a la luz del artículo 51.1 de la Constitución, disposición que fue regulada por el legislador mediante la referida Ley núm. 344. Muy por el contrario, la indicada restricción al derecho de propiedad se derivó de una actuación evidentemente antijurídica de parte de la Lotería Nacional dominicana que, mediante una expropiación irregular por vía de hecho administrativa ejecutada por el Estado dominicano a través de la Lotería Nacional dominicana (sin intervenir decreto de expropiación o acto traslativo de propiedad y sin pago previo del justo precio) despojó a la indicada Rincón Largo, S.R.L. de toda posibilidad material y jurídica de uso, goce y disfrute de la parcela núm. 7-C-8-I.
h. Conviene destacar que, por vía de hecho administrativa, debe entenderse una actuación material de la Administración carente de cobertura jurídica, que perturba el ejercicio de sus derechos por los particulares y prescinde de las reglas procesales establecidas. Se trata de un concepto proveniente del derecho administrativo francés, definido por el Tribunal Constitucional español como «cualquier actuación 13 Subrayado nuestro. administrativa no respaldada en forma legal por el procedimiento administrativo legitimador de la singular actuación material, entendiendo como elemento característico de la vía de hecho la inexistencia de acto de cobertura jurídica». 14
i. En este orden de ideas, la doctrina y la jurisprudencia consideran que constituye una vía de hecho administrativa, en materia de expropiación, la arbitraria e irregular ocupación de inmuebles pertenecientes a particulares ejecutada por la Administración al margen de las previsiones sustantivas y procesales vigentes. Nuestra Suprema Corte de Justicia ha estimado atinadamente que cuando el Estado se apodera mediante vías de hecho de un inmueble perteneciente a un particular origina una expropiación irregular. En efecto, de acuerdo con la Sentencia núm. 23, expedida por la Tercera Sala de dicha alta corte, el veintiuno (21) de agosto de dos mil trece (2013), este último mecanismo queda configurado cuando el Estado ocupa y dispone de terrenos privados, «[…] sin antes haber cumplido con el previo pago del justo precio […], ni haber realizado las gestiones necesarias establecidas por las leyes para la obtención del mismo». 15 En la especie, la Suprema Corte de Justicia rindió la referida decisión respecto a un caso concerniente a la irregular expropiación efectuada por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales de un inmueble perteneciente a un particular, en ausencia de un decreto expropiatorio y sin que se hubiere honrado el pago del justo precio. Dicha alta corte desglosó el indicado concepto de expropiación irregular por vía de hecho administrativa en los siguientes términos: Considerando, que […] al establecer en su sentencia que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales incurrió en vías de hecho que perjudicaron el derecho de propiedad de la hoy recurrida usufructuar unos terrenos de su propiedad que quedaron enclavados dentro del área del 14 Tribunal Supremo, 29 de octubre de 2010. 15 Suprema Corte de Justicia, Tercera Sala, Sentencia núm. 23, de 21 de agosto 2013.
Parque Mirador Oeste y en base a esto ordenar que la hoy recurrente indemnizara a dicha recurrida por la ocupación ilegítima de esta propiedad, el Tribunal Superior Administrativo dictó una sentencia apegada al derecho y sin incurrir en ninguno de los vicios invocados por la recurrente en los medios que se examinan; […] Considerando, que en consecuencia y tras comprobar que la hoy recurrente no agotó el procedimiento establecido por la ley, ya que ocupó los terrenos propiedad de la hoy recurrida sin antes haber cumplido con el previo pago del justo precio a la parte entonces accionante, ni haber realizado las gestiones necesarias establecidas por las leyes para la obtención del mismo, dicho tribunal hizo una justa aplicación del derecho al establecer como lo hace en su sentencia, que en la especie quedó configurada la vulneración al derecho de propiedad consagrado por el artículo 51 de la Constitución; […] Considerando, que de lo expuesto en los motivos anteriores se desprende, que al establecer en su sentencia que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales debía indemnizar a la hoy recurrida por la expropiación irregular de su propiedad […] así como por la reparación de los daños sufridos por esta a consecuencia de esta vía de hecho de la Administración, el tribunal a-quo efectuó una buena aplicación del derecho a los hechos ampliamente apreciados, dictando una sentencia que contiene motivos suficientes y pertinentes que respaldan su decisión[…], por lo que se rechazan los medios que se examinan, al ser improcedentes y mal fundados;» 16
j. Cabe afirmar, en consecuencia, que la especie comparte las mismas circunstancias fácticas análogas al resuelto por la Sentencia TC/0059/16 (reseñada en el precedente literal f), razón por la que se impone admitir que el caso que nos 16 Subrayados nuestros. ocupa también entra al ámbito de la competencia tuitiva del juez de amparo. En efecto, las expropiaciones inmobiliarias constituyen restricciones al derecho de propiedad ejecutadas por el Estado mediante actos traslativos de propiedad de los bienes en cuestión, con apego al debido proceso y sólo en casos de utilidad pública o de interés social. Estas expropiaciones dan lugar al otorgamiento de una indemnización especial previa a favor de la persona expropiada, que deberá ser equivalente al justo valor determinado entre las partes por mutuo acuerdo, o decidido mediante sentencia de tribunal competente, de acuerdo con la ley que rige la materia. Por consiguiente, salvo declaratoria de estado de emergencia o de defensa (art. 51.1, in fine), el Estado no podrá ordenar ninguna expropiación sin disponer previamente el pago de una indemnización a favor del expropiado y deberá garantizarle a este último, durante todo el proceso de determinación del justiprecio y pago, el pleno derecho de goce, disfrute y disposición sobre el bien de que se trate.
k. Cabe destacar que, de acuerdo con el criterio de esta sede constitucional, tal como se ha señalado, las expropiaciones deben ser encausadas por la vía contenciosa administrativa cuando exista controversia sobre el justiprecio o las causas de expropiación invocadas por el Estado. 17 En el supuesto contrario, o sea, cuando el monto del justo precio resulte incontrovertido (como resulta en el caso que nos ocupa) deviene procedente ya sea la vía del amparo ordinario, o del amparo de cumplimiento, propiciando que, a través del art. 4 de la Ley núm. 86-11, sobre Disponibilidad de Fondos Públicos, de trece (13) de abril de dos mil once (2011), 18 el reclamante pueda solicitar a la Administración, en caso de necesidad, la 17 TC/0193/14, TC/0318/14, TC/0015/16 y TC/0401/16. 18 «Artículo 4.- En caso de que el presupuesto correspondiente al ejercicio financiero en que la condena se haga exigible carezca de fondos suficientes para satisfacerla, el Ministerio de Hacienda, en los casos de obligaciones del Gobierno Central y de los organismos autónomos y descentralizados no financieros; el Alcalde del ayuntamiento, en los casos del Distrito Nacional y los municipios, y el Director, en el caso de los distritos municipales, deberán efectuar las previsiones, a los fines de su inclusión en el ejercicio presupuestario siguiente». consignación del pago del condigno justo precio en el ejercicio presupuestario siguiente. 19 Precisamente, en ese tenor, Rincón Largo, S.R.L. solicitó (en el ordinal cuarto del dispositivo de sus conclusiones en la instancia de amparo), «que se ORDENE la consignación del monto de indemnización por expropiación establecido en el ordinal anterior, en la Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2017, con cargo a la LOTERÍA NACIONAL DOMINICANA».
l. Con base en la argumentación previamente expuesta, dados los preceptos constitucionales que resultan afectados en los casos de expropiaciones (en sus diferentes modalidades), la protección del derecho de propiedad amerita de parte del juez de amparo una tutela y valoración especial tendente a la restauración del derecho fundamental violentado. Al efecto, resulta oportuno reiterar el reconocimiento por este tribunal constitucional de la efectividad de la acción de amparo para casos como el de la especie, según fue establecido en la Sentencia TC/0059/16, decidiendo lo siguiente: […] el asunto que nos ocupa no responde propiamente a un proceso de expropiación, por lo que las acciones judiciales que sobre la materia fueron creadas por el legislador, no podrían considerarse tan efectivas como el amparo. Tampoco, las que son consecuencia de hechos punibles, puesto que en la especie se ventila un conflicto relativo a una alegada ocupación violenta de terrenos ubicados dentro de parcelas que colindan, y, además, lo que pretende el recurrente es que se pague el justo valor de su propiedad. Aunado a lo anterior, al momento de pronunciar la inadmisibilidad de una acción de amparo, con base en la causal establecida en el artículo 70.1 de la Ley núm. 137-11, resulta esencial que el juez apoderado indique tanto la vía judicial efectiva para la protección del derecho que se alega conculcado, así como las razones de su 19 Véanse TC/0205/13, TC/0193/14, TC/0261/14, TC/0017/16 y TC/0059/16. efectividad. Por consiguiente, resulta insuficiente simplemente enunciar la existencia de otra vía judicial, puesto que incumbe al juez de amparo «la responsabilidad de explicar los elementos que permitan establecer si la otra vía es o no eficaz». 20
m. En conclusión, respecto a la revisión jurisdiccional de la sentencia de amparo objeto del presente recurso de revisión, este colegiado ha determinado que, al pretender el juez de amparo motivar su decisión de inadmisión por existencia de otra vía efectiva sólo se limitó a describir el conflicto en cuestión sin indicar claramente las razones en cuya virtud resultaba efectivo el recurso contencioso-administrativo para remediar una violación manifiestamente antijurídica; omisión, por demás, ratificada por la misma infractora del derecho de propiedad. Esta situación resulta agravada en vista de que las violaciones antes descritas fueron advertidas por dicho juzgador durante la instrucción de la citada acción de amparo, como se comprueba en el acápite 18 de su Sentencia núm. 00337-2016, que figura transcrito en el precedente literal b) del presente epígrafe. La indebida motivación antes observada resulta insuficiente y contradice los precedentes establecidos en las decisiones TC/0009/13 (sobre la indicación precisa de la otra vía efectiva) y TC/0193/14 (sobre las justificaciones de la efectividad de la otra vía), relativos a los casos en que el juez de amparo estime necesario inadmitir una acción a favor de una vía ordinaria. Efectivamente, tanto la omisión descrita en el párrafo anterior, como el desconocimiento por el juez de amparo de los precedentes constitucionales previamente citados, vician la decisión objeto del presente recurso por deficiencia motivacional, motivo por el que este colegiado revoca la Sentencia núm. 00337- 2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el quince (15) de agosto de dos mil dieciséis (2016), tal como se asentará en el dispositivo de la presente sentencia. Acto seguido, aplicando el principio de economía procesal, 20 Véanse TC/0021/12, TC/0030/12, TC/0083/12, TC/0084/12, TC/0098/12 y TC/0097/13, entre otros fallos. este colegiado procede a abocarse a conocer el fondo de la acción de amparo, siguiendo el criterio sentado en sus precedentes. 21
11. Conocimiento de la acción de amparo
Abordaremos, primero, las condiciones de admisión de la acción de amparo de la especie (A), antes de considerar los méritos del fondo de la misma (B). A. Admisión de la acción amparo Respecto a la admisión de la acción de amparo que nos ocupa, el Tribunal Constitucional expone los siguientes razonamientos:
a. Tal como se ha previamente expresado, el trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017), la sociedad Rincón Largo, S.R.L presentó una acción de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo contra la Lotería Nacional dominicana, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Bienes Nacionales y el Estado dominicano, la cual fue inadmitida mediante la referida Sentencia núm. 00337-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo. Posteriormente, en su instancia de revisión contra ese fallo, dicha parte accionante solicitó, esencialmente, lo siguiente: SEGUNDO: CONSTATAR y DECLARAR, en el momento que procesalmente corresponda, que la expropiación irregular realizada por la LOTERIA NACIONAL DOMINICANA y la omisión continua en el pago de la correspondiente indemnización por dicho concepto, repercute en la violación del derecho de propiedad de RINCON LARGO, S.R.L. con relación a la Parcela No. 7-C-8-I, Distrito Catastral No. 8, del Municipio y Provincia de 21 Véanse TC/0071/13, TC/0185/13, TC/0012/14, TC/0181/17, TC/0127/14 y TC/0569/16. Santiago, que cuenta con una extensión superficial de unos 51,581.4 metros cuadrados, así como en la vulneración del derecho a las garantías del debido proceso en perjuicio de la Accionante, por las razones argumentadas. TERCERO: ORDENAR a la LOTERÍA NACIONAL DOMINICANA, el MINISTERIO DE HACIENDA, la DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES y al ESTADO DOMINICANO, al pago de la suma de Doscientos Seis Millones Trescientos Veinticuatro Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (RD$206,324,000.00), por concepto del saldo del valor de la Parcela No. 7-C-8-I, Distrito Catastral No. 8, del municipio y provincia de Santiago, que cuenta con una extensión superficial de unos 51,581.4 metros cuadrados, expropiada irregularmente a RINCON LARGO, S.R.L. CUARTO: Que se ORDENE la consignación del monto de indemnización por expropiación establecido en el ordinal anterior, en la Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2017, con cargo a la LOTERIA NACIONAL DOMINICANA. QUINTO: Que se ORDENE una astreinte ascendente a RD$75,000OO por cada día de retardo en la consignación del pago de la indemnización debida en la Ley del Presupuesto General del Estado.
b. De su parte, las entidades accionadas presentaron sus respectivos medios y argumentos de defensa. La Lotería Nacional dominicana y la Dirección General de Bienes Nacionales solicitaron que la suerte de la acción fuera decidida soberanamente por el juez de amparo. A su vez, el Estado dominicano, el Ministerio de Hacienda y la Procuraduría General Administrativa requirieron, de manera principal, la inadmisión de la acción de amparo, en virtud de los numerales 1 y 3 del artículo 70 de la Ley núm. 137-11; y, subsidiariamente, el total rechazo del fondo de dicha acción, estimando infundadas las pretensiones de la entidad accionante.
c. Sobre la admisibilidad de la acción de amparo, en un primer aspecto, este colegiado advierte que su sometimiento en tiempo hábil (exigida por el art. 70.2 de la Ley Núm. 137-11) fue satisfecha por la accionante, ya que las violaciones invocadas en la especie son de naturaleza continua. En efecto, se imputa al Estado dominicano la comisión de una grave afectación del derecho fundamental de propiedad en perjuicio de Rincón Largo, S.R.L., con motivo de una expropiación estatal irregular efectuada por vía de hecho administrativa a través de la Lotería Nacional dominicana; vulneración caracterizada por la sucesiva denegación por parte del Estado de saldar su obligación de pago respecto a la indicada accionante, infracción que subsistirá hasta su total subsanación.
d. Nuestra jurisprudencia constitucional, en casos análogos atinentes a violaciones continuas, ha dictaminado y reiterado que estas últimas se definen como «aquellas que se renuevan bien sea por el tiempo que transcurra sin que la misma sea subsanada o bien por las actuaciones sucesivas, en este caso por parte de la Administración Pública, que reiteran la violación». 22 Igualmente, mediante Sentencia TC/0011/14 (precedente que también resulta aplicable al caso), este colegiado dispuso sobre la violación continua que «[…] se trata de una situación en la cual la violación asume una naturaleza continua, que repercute de igual forma de momento a momento, por lo que la misma se prolonga en el tiempo». 23 Además, en la Sentencia TC/0205/13, fueron igualmente sentados otros principios que resultan aplicables al caso que nos ocupa. 24 Se impone concluir, en consecuencia, que la presente acción de amparo fue presentada en tiempo hábil. 22 TC/0205/13, pp. 19-20; TC/0082/14, pp. 12-13; y TC/0167/14, p. 19. 23 TC/0155/14, p. 10; y TC/0367/14. 24 «ff) En la especie, se ha podido comprobar la actividad constante de los recurridos, desde el momento de la expropiación hasta días antes de la acción de amparo, procurando obtener, por parte de la administración competente, el pago correspondiente a la
e. Cabe indicar, asimismo, que el Ministerio de Hacienda presentó dos medios de inadmisibilidad respecto a la acción de amparo. El primer medio, fundado en el art. 70.1 de la Ley núm. 137-11, concierne al criterio de dicho órgano en estimar al recurso contencioso-administrativo como la vía más efectiva para lograr el cobro del justiprecio originado por una expropiación; mientras que el segundo medio, basado en el art. 70.3 de la indicada ley, atañe a la supuesta ausencia en la especie de alguna violación de derecho fundamental imputable a la Lotería Nacional dominicana. El Tribunal Constitucional rechaza el primer medio invocado por el aludido órgano, considerando, de una parte, a la acción de amparo como la vía más efectiva para tutelar el derecho fundamental de propiedad conculcado arbitrariamente en perjuicio de Rincón Largo, S.R.L., 25 tal como fue desarrollado en el precedente acápite 10.l) de esta sentencia. Y, de otra parte, tomando como base otros precedentes jurisprudenciales, 26 al igual que argumentos previamente expuestos, 27 este colegiado también rechaza el segundo medio sometido por el Ministerio de Hacienda, relativo a la supuesta notoria improcedencia de la acción de amparo, según el art. 70.3 de la Ley núm. 137-11. Esta desestimación se funda en la verificación de que el caso de la especie atañe a una expropiación irregular estatal perpetrada por vía de hecho administrativa que despojó a Rincón Largo, S.R.L del derecho al usus, fructus y abusus de la parcela núm. 7-C-8-1, propiedad legítima de esta última. En consecuencia, con base en la configuración fáctica de la especie, como en la admisión de la accionada respecto a las infracciones constitucionales que se le imputan, y los precedentes sentados por este colegiado, 28 quedan fehacientemente acreditadas las indicadas violaciones de derechos fundamentales ocasionadas por las compensación de la que son acreedores. Tal situación evidencia la continuidad de la afectación al derecho fundamental de los recurridos, por lo que el plazo con el cual contaban para interponer la acción de amparo se mantuvo renovándose, aun dieciocho (18) años más tarde». 25 Sobre la efectividad del amparo como vía más efectiva para tutelar derechos fundamentales, véanse también: TC/0833/17, TC/0197/13, TC/0217/13 y TC/0205/13. 26 Sentados por las Sentencias TC/0070/13, TC/0053/14 y TC/0059/16. 27 Véanse los literales h) e i) del epígrafe 10 de la presente sentencia. 28 Véanse sentencias TC/0038/14, TC/0624/15, TC/0211/16 y TC/0659/17. partes recurridas a los derechos fundamentales de Rincón Largo, S.R.L., las cuales han de ser tuteladas por vía de la acción de amparo. B. Conocimiento del fondo de la acción de amparo Respecto al fondo de la presente acción de amparo, esta sede constitucional externa los razonamientos siguientes:
a. Según su instancia de amparo, Rincón Largo, S.R.L. expone haber sido despojada, de manera arbitraria, de un inmueble que legítimamente le pertenecía, mediante una apropiación irregular por vía de hecho administrativa «sin haber intervenido para ello una expropiación de conformidad con la ley 344 de 1943 o una venta de común acuerdo […]»; 29 hecho cuya ocurrencia tuvo lugar hace más de 40 años, luego de que la Administración ocupara «la totalidad de la parcela 7-C-8-I del Distrito Catastral número 8, del municipio de Santiago, con una extensión superficial de 51,581.04 metros cuadrados […] para la construcción de las viviendas que semanalmente rifaba la Lotería Nacional». 30
b. De acuerdo con una detallada relación fáctica, fielmente avalada en las piezas que obran en el expediente, la accionante, Rincón Largo, S.R.L., demuestra las infatigables e infructuosas gestiones por ella efectuadas durante varias décadas, 31 tendentes a la obtención, por parte del Estado dominicano, del pago del justiprecio correspondiente a la parcela 7-C-8-I. Dicha accionante aduce que, a pesar de esa historia de reclamaciones y procesos judiciales, la violación a su derecho de propiedad aún persiste a la fecha, de todo lo cual resulta una evidente violación del derecho fundamental de propiedad. 29 Pág. 4, numeral 2). 30 Pág. 5, numeral 3 a). 31 Incluyendo la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad contra el oficio núm. 3795 emitidito por la Lotería Nacional Dominicana el 24 de julio de 1986, aún pendiente de fallo ante este colegiado.
c. Tomando como base la argumentación jurídica de la recurrente en revisión, así como los elementos probatorios que reposan en el expediente, este tribunal constitucional ha podido acreditar lo siguiente: • La Dirección General de Bienes Nacionales dispuso una indagatoria acerca de la irregular del inmueble de la especie mediante el Oficio núm. 7635, de catorce (14) de julio de mil novecientos setenta y cinco (1975). Dicha investigación arrojó como resultado que real y efectivamente, el Estado Dominicano ha ocupado la totalidad de la Parcela No. 7-C-8-I, del Distrito Catastral No. 8, del Municipio de Santiago, con una extensión superficial de 51,581.04 Metros Cuadrados, registrada a favor de la Compañía Rincón Largo, C. por A.», según consta en el oficio emitido por el Encargado de Bienes Nacionales en Santiago de los Caballeros del veintiuno (21) de julio de mil novecientos setenta y cinco (1975). • Ante la admisión de la infracción constitucional más arriba descrita, la accionante en amparo y hoy recurrente en revisión solicitó al entonces contralor de la República, mediante misiva de tres (3) de mayo de mil novecientos ochenta y tres (l983), que el pago del justiprecio a su favor por causa de la expropiación fuera sometido a la presidencia de la República. Esta última, mediante misiva de doce (12) de marzo de mil novecientos ochenta y cinco (1985), recomendó a la Lotería Nacional Dominicana lo siguiente: […] proceder al pago correspondiente a la propiedad de 51,581.04 metros cuadrados, de la Parcela 7-6-8-1, del Distrito Catastral #8, del Municipio de Santiago, donde está construido el denominado “Barrio de La Lotería”, y que fuera ocupado a las señoras Rosario Eloy. Vda. Sued y Sofía Sued Vda.
Candelario, aceptando la propuesta de RD$5.00 (cinco pesos) por metro cuadrado, que, aunque es mayor que la evaluación o tasación realizada en 1977, entendemos compensa el tiempo transcurrido sin haber sus legítimos propietarios disfrutado del pago que, en términos de equidad y justicia, les corresponde, dejando así definitivamente zanjado dicho problema y solucionada la disparidad existente entre las señoras antes mencionadas y la Lotería Nacional Dominicana. • En consecuencia, la Lotería Nacional dominicana expresó su acogimiento de lo propuesto por la presidencia de la República y solicitó a la accionante la documentación pertinente para formalizar la adquisición del inmueble objeto de discusión, mediante misiva de veintiocho (28) de marzo mil novecientos ochenta y cinco (1985). A su vez, dicha petición fue contestada favorablemente por la accionante mediante misiva de uno (1) de abril de mil novecientos ochenta y cinco (1985). • En ese orden de ideas, a fin de celebrar los actos mediante los cuales se regularizarían las violaciones cometidas contra la accionante, la Lotería Nacional dominicana, solicitó a la presidencia de la República un mandato expreso a favor de la primera, que le permitiera asumir la representación del Estado dominicano en los instrumentos legales que se suscribieren al efecto, mediante oficio de veinticinco (25) de abril de mil novecientos ochenta y cinco (1985). Sin embargo, mediante oficio de seis (6) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986), la Lotería Nacional dominicana comunicó a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo lo siguiente: que en razón de que ciertamente el Estado Dominicano ocupa de manera irregular los 51,581.4 metros cuadrados, propiedad de RINCON LARGO, C.
POR A., precede profundizar las investigaciones, a fin de determinar, si corresponde a la LOTERIA NACIONAL o a otra institución del Estado, la obligación de pagar el justo precio por los terrenos a sus legítimos propietarios […] Hasta tanto los pormenores relativos al esclarecimiento definitivo de esta cuestión no se producen, resulta poco posible que la institución bajo mi dirección, o cualquier otra, pueda decidirse a ordenar el pago correspondiente. Esta misma situación le fue comunicada a la accionante por la Lotería Nacional dominicana mediante misiva núm. 3795, de veinticuatro (24) de julio de mil novecientos ochenta y seis (1986). • El inmueble en cuestión fue valorado por la Dirección General del Catastro Nacional en la suma de doscientos seis millones, trecientos veinticuatro mil pesos dominicanos ($206,324,000.00), mediante el avalúo núm. 160-13, de cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013). Ante la inercia de las accionadas, el veinticuatro (24) de junio de dos mil tres (2003), la accionante intentó vender el inmueble directamente a los correspondientes agraciados de los sorteos de la Lotería Nacional dominicana, sin ello generar ninguna respuesta positiva.
d. En este orden de ideas, de acuerdo con el dictamen expedido por este tribunal constitucional en la Sentencia TC/0205/13, 32 […] para que una persona pueda ser privada de su propiedad de manera que la afectación a su derecho fundamental sea mínima, es preciso que se garantice: 1) la legalidad de la actuación; 2) el debido proceso y la tutela 32 Reiterada en la Sentencia TC/0211/15. judicial efectiva; y 3) el pago previo del justo valor del bien, es decir una previa indemnización, salvo que interviniera una declaratoria de estado de emergencia o de defensa, caso en que dicho pago podría ser posterior […]. Esta decisión enfatiza a continuación la relevancia que alcanza el pago del justo precio en el proceso expropiatorio como sigue: Resulta entonces que uno de los elementos esenciales en la declaratoria de utilidad pública de un bien inmueble, propiedad de una persona, es el pago del justo valor, el cual se comporta como una indemnización que se reconoce al propietario que ha sido despojado de su derecho, con la finalidad de compensarle, transformando ese derecho de propiedad en un derecho a un crédito en contra del Estado.
e. En la especie ha quedado demostrado que Rincón Largo, S.R.L. ha sido víctima de una expropiación irregular ejecutada por el Estado mediante una vía de hecho administrativa, a través de la Lotería Nacional dominicana, que transgrede flagrantemente las disposiciones del artículo 51.1 de nuestra Ley Fundamental, puesto que el Tribunal Constitucional no ha verificado la existencia en el caso de ninguna de las causales constitucionales justificativa de esa conducta. En efecto, la indicada recurrente en revisión fue arbitrariamente despojada de su derecho de propiedad sobre la referida parcela núm. 7-C-8-I, inmueble que fue subdividido en solares por la Lotería Nacional Dominicana en los cuales construyó cientos de viviendas que luego atribuyó a particulares mediante los sorteos semanales organizados por dicha dependencia estatal. 33 33 Tal como se ha visto, la Lotería Nacional Dominicana edificó asimismo numerosos condominios sobre la indicada parcela propiedad de Rincón Largo, S.R.L., que procedió a asignárselos a maestros. De manera que esta dependencia estatal (adscrita actualmente al Ministerio de Hacienda, antigua Secretaría de Finanzas), así como el Estado dominicano, obtuvieron elevados beneficios durante muchos años, usufructuando la parcela núm. 7-C-8-I. 34 Todo ello, en flagrante violación al derecho de propiedad de Rincón Largo, S.R.L., la cual, de manera paralela, ha luchado infructuosamente durante casi medio siglo, tratando de lograr que el Estado dominicano le pague el justo precio correspondiente a la indicada parcela núm. 7-C-8-I.
f. Cabe destacar, a partir de las piezas integrantes del expediente de la especie, que esta sede constitucional ha comprobado que Rincón Largo, S.R.L. obtuvo lícitamente el derecho de propiedad sobre la parcela de referencia, y no como resultado de las actuaciones proscritas por la Carta Sustantiva en su art. 51.5 (confiscación o decomiso), o en virtud de cualquier otra infracción prevista en las leyes penales. Es decir, que el estudio del caso revela que el derecho de propiedad de la indicada accionante resulta legítimo e incontrovertible, en razón de no haber sido identificada ninguna situación anómala o excepcional que haya justificado de parte del Estado dominicano la irregular expropiación por vía de hecho administrativa de la parcela núm. 7-C-8-I, efectuada a través de la Lotería Nacional dominicana; proceso ejecutado sin la condigna emisión del decreto de expropiación y del previo pago del justo valor de dicho inmueble, de acuerdo con lo que dispuso esta sede constitucional en la Sentencia TC/0053/14).
g. No obstante, en su escrito de defensa, 35 el Ministerio de Hacienda ha considerado a la vía contenciosa administrativa como la más efectiva para lograr el cobro de la indicada deuda contraída por la Administración frente a Rincón Largo, S.R.L., criterio generador de la indefinida postergación del cumplimiento de la obligación constitucional de resarcir previamente a Rincón Largo, S.R.L. En este 34 Dicha parcela ha sido denominada por la población como «Barrio de la Lotería». 35 Véase la pág. 3 del escrito de defensa de la recurrida Lotería Nacional Dominicana. contexto, el Tribunal Constitucional estima que, por el contrario, la acción de amparo resulta ser la vía más efectiva para procurar tutela contra violaciones como las producidas en la especie, especialmente cuando, de acuerdo con sus precedentes, ha dictaminado que […] la expropiación es un límite negativo del derecho de propiedad que tienen los particulares, por el otorgamiento de los bienes y derechos que estos tienen sobre las propiedades de que se trate para dar cumplimiento a fines supraindividuales, teniendo la administración la obligación de compensar el sacrificio del titular de ese derecho, operando esta exigencia como un límite a la potestad expropiatoria que tiene la administración. 36
h. En este orden de ideas, esta sede constitucional estima que, en el expediente de la especie, no subsiste ya ningún elemento de naturaleza legal pendiente de ser dirimido en justicia en relación con el presente caso, motivo por el cual ha cesado la necesidad de apoderar a otra jurisdicción para la fijación del justo precio de la parcela núm. 7-C-8-I. 37 Sin embargo, como un elemento de naturaleza social de importancia, queda aún por destacar la existencia en el expediente de varias misivas de particulares enunciadas en el epígrafe 8 (literales j, k y l) de la presente decisión. Estas comunicaciones revelan la penosa incertidumbre colectiva padecida durante varias décadas por varios centenares de los «agraciados» de viviendas en los referidos sorteos celebrados por la Lotería Nacional (actuales residentes del «Barrio de La Lotería»), con motivo de la inercia inherente al proceso de expropiación irregular estatal ejecutada por vía de hecho administrativa, objeto del conflicto tocante a la parcela núm. 7-C-8-I (aun catastralmente registrada a nombre de Rincón Largo, S.R.L.). 36 TC/0261/14, p. 18. 37 TC/0193/14 y TC/0261/14.
i. Al respecto, el Tribunal Constitucional advierte que, como garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales, nuestra Ley Sustantiva prescribe en sus artículos 51.2 38 y 59 39 sendos derechos fundamentales de carácter económico y social atinentes, respectivamente, al acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada y a la vivienda digna, los cuales figuran como prioridades fundamentales de las políticas públicas del Estado dominicano. A la luz de dichas importantes normas constitucionales, esta corporación estima que no debe ser marginalizado del alcance de la presente sentencia el gran conflicto social que concierne a los ocupantes de viviendas en el barrio La Lotería anteriormente aludido. En esta virtud, apelando al principio de efectividad 40 que rige el derecho procesal constitucional, el juez debe adoptar todas las medidas pertinentes que garanticen la efectividad de su decisión para tutelar todos los derechos fundamentales afectados en el conflicto sometido a su consideración, así como la restauración del orden constitucional violentado por la expropiación irregular por vía de hecho administrativa ejecutada por la Lotería Nacional en relación con la parcela núm. 7-C-8-I perteneciente a Rincón Largo, S.R.L.
j. A la luz de la argumentación expuesta y en vista de las peculiaridades del presente caso, este colegiado estima procedente acoger la acción de amparo promovida por la indicada accionante y hoy recurrente en revisión, Rincón Largo, 38 «Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. […] 2) El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad, en especial a la propiedad inmobiliaria titulada». Subrayado nuestro. 39 «Artículo 59.- Derecho a la vivienda. Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda». Subrayado nuestro. 40 «Artículo 7.- Principios Rectores. El sistema de justicia constitucional se rige por los siguientes principios rectores: […] 4) Efectividad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, respetando las garantías mínimas del debido proceso y está obligado a utilizar los medios más idóneos y adecuados a las necesidades concretas de protección frente a cada cuestión planteada, pudiendo conceder una tutela judicial diferenciada cuando lo amerite el caso en razón de sus peculiaridades». S.R.L., mediante una tutela judicial diferenciada, en virtud del referido principio de efectividad atinente a los procesos rectores de la justicia constitucional.
Y, en este sentido, considera pertinente ordenar al Estado dominicano pagarle a la entidad indicada, a través de la Lotería Nacional Dominicana, la suma de doscientos seis millones, trecientos veinticuatro mil pesos dominicanos ($206,324,000.00), por concepto del justiprecio determinado por el avalúo núm. 160-13, realizado por la Dirección General del Catastro Nacional el cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013), respecto de la parcela núm. 7-C-8-I, propiedad legítima de Rincón Largo, S.R.L; valor que no ha sido objetado por esta última ni tampoco por ninguna de las partes recurridas en revisión. Por consiguiente, esta sede constitucional entiende justo y apegado a nuestro ordenamiento jurídico disponer que el pago de la indicada suma adeudada a Rincón Largo, S.R.L., por concepto de pago de justiprecio (con motivo de la expropiación irregular efectuada por vía de hecho administrativa que nos ocupa), sea sometida al Congreso Nacional; medida que tendría por objeto garantizar la consignación prorrateada de dicho pago, con cargo a la Lotería Nacional Dominicana, en el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado en los dos (2) próximos años, tal como se indicará en el dispositivo de esta decisión. Esta modalidad de pago excepcional se aplica en atención al principio de efectividad de la justicia constitucional, así como del artículo 233 constitucional, que ordena al Poder Ejecutivo elaborar el correspondiente proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado bajo «un marco de sostenibilidad fiscal, asegurando que el endeudamiento público sea compatible con la capacidad de pago del Estado».
k. Finalmente, conviene abordar la solicitud de fijación de una astreinte propuesta por la accionante en amparo y recurrente en revisión, Rincón Largo, S.R.L. (en virtud los términos del art. 93 de la Ley núm. 137-11), ascendente a un monto de setenta y cinco mil pesos ($75,000.00) por cada día de retardo en realizar la consignación del pago de la indemnización debida en la Ley del Presupuesto General del Estado. Al respecto, resulta pertinente destacar que el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/00438/17, reiteró la prerrogativa discrecional que incumbe al juez de amparo de imponer astreintes en los casos sometidos a su arbitrio, ya sea en favor del accionante o de una institución sin fines de lucro; facultad que deberá ser ejercida de acuerdo con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En ese tenor, este colegiado, considerando los hechos y la gravedad de las violaciones comprobadas y advertidas en la especie, estima procedente la fijación de una astreinte, según los términos y monto que figurará en el dispositivo de esta decisión. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. Figuran incorporados los votos disidentes de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Alba Luisa Beard Marcos y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Constan en acta los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Khoury y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión de amparo promovido por Rincón Largo, S.R.L. contra la Sentencia núm. 00337-2016, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el quince (15) de agosto de dos mil dieciséis (2016).
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el recurso de revisión descrito en el ordinal anterior y, en consecuencia, REVOCAR la Sentencia núm. 00337-2016.
TERCERO: ACOGER, la acción de amparo promovida por Rincón Largo, S.R.L. contra la Lotería Nacional dominicana, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Ministerio de Hacienda y el Estado dominicano, con base en la argumentación que figura en la presente sentencia; y por tanto, ORDENAR el pago a favor de Rincón Largo, S.R.L. de un monto ascendente a doscientos seis millones, trecientos veinticuatro mil pesos dominicanos ($206,324,000.00), por concepto de pago del justiprecio determinado por la Dirección General del Catastro Nacional mediante el avalúo núm. 160-13, realizado el cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013), respecto de la parcela núm. 7-C-8-I, Distrito Catastral núm. 8, municipio y provincia Santiago, cuyo derecho de propiedad se encuentra amparado en el Certificado de Título núm. 174, expedido a favor de Rincón Largo, S.R.L. el doce (12) de diciembre de mil novecientos setenta y tres (1973).
CUARTO: DISPONER la consignación prorrateada del referido monto de doscientos seis millones, trescientos veinticuatro mil pesos dominicanos ($206,324,000.00) en la Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente a los años dos mil veinte (2020) y dos mil veintiuno (2021), a favor de Rincón Largo, S.R.L., por concepto de indemnización por expropiación estatal irregular efectuada por vía de hecho administrativa, con cargo a la Lotería Nacional dominicana.
QUINTO: ORDENAR la fijación solidaria e indivisible a favor de Rincón Largo, S.R.L. de un astreinte por un monto de cincuenta mil pesos ($50,000.00), a cargo de la Lotería Nacional dominicana, el Ministerio de Hacienda, la Dirección General de Bienes Nacionales y el Estado dominicano (a contar de la fecha de notificación de esta decisión), por cada día de retardo en la consignación del pago prorrateado de la indicada indemnización de doscientos seis millones trescientos veinticuatro mil pesos dominicanos ($206,324,000.00) en la Ley del Presupuesto General del Estado correspondiente a los años dos mil veinte (2020) y dos mil veintiuno (2021).
SEXTO: COMUNICAR la sentencia, por secretaría, para conocimiento y fines de lugar, a la parte recurrente, Rincón Largo, S.R.L.; y a las partes recurridas, Estado dominicano, Lotería Nacional dominicana, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Bienes Nacionales y Procuraduría General Administrativa.
SÉPTIMO: DISPONER que la presente sentencia sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0224/19, del 7 de agosto de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0224-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.