Sentencia TC/0168/14

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 7 de agosto de 2014 · Expediente TC-05-2013-0143

Recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor José Villi Poche Valdez contra la Sentencia núm. 224-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Principio de autonomia procesal

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0168/14?

El recurso de revisión tiene especial trascendencia constitucional porque plantea conflictos relativos a los derechos al debido proceso, a la seguridad, a la libertad, al trabajo y a la igualdad. El amparo es la vía idónea y efectiva para proteger el debido proceso y el derecho de defensa frente a la cancelación del nombramiento, pues el tribunal de origen no demostró que la vía administrativa fuera más adecuada. Al revocar la sentencia recurrida, el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo del amparo en aplicación del principio de autonomía procesal y de los derechos a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva (TC/0168/14, numeral 10, a–b, pág. 10; TC/0168/14, numeral 11, a–c, pág. 11; TC/0168/14, numeral 11, d–e, pág. 12).

La cancelación por una conducta ilícita atribuida al recurrente no es un simple acto administrativo, sino una sanción sujeta a las reglas del debido proceso. Debió celebrarse un procedimiento disciplinario que evaluara objetivamente las faltas atribuidas y permitiera al afectado conocer la investigación y defenderse. La investigación del Ministerio Público determinó que el recurrente no participó en los hechos y no se acreditó que se hubiera seguido un proceso penal o disciplinario que culminara en la sanción con respeto de sus garantías. La cancelación sin procedimiento disciplinario fue, por tanto, arbitraria y lesionó el derecho de defensa y el debido proceso. La astreinte es una sanción pecuniaria, no una indemnización, por lo que su eventual liquidación debe beneficiar a la sociedad a través de una institución estatal y no al agraviado (TC/0168/14, numeral 11, g–i, pág. 13; TC/0168/14, numeral 11, j–l, pág. 14; TC/0168/14, numeral 11, m–n, pág. 15).

Decisión

Admite en cuanto a la forma y acoge en cuanto al fondo el recurso de revisión, revoca la Sentencia núm. 224-2013 y declara admisible y acoge la acción de amparo por violación del debido proceso y del derecho de defensa. Ordena restituir al recurrente en su rango con las calidades, atributos y derechos adquiridos y pagarle los salarios dejados de percibir hasta su reintegración, todo en un plazo máximo de sesenta días desde la notificación; impone a la Policía Nacional y a su Jefatura una astreinte de RD$10,000.00 por cada día de retardo a favor del CONANI y declara el recurso libre de costas.

Citas textuales clave

“el tribunal a-quo no demostró que la vía administrativa era más adecuada que la vía del amparo para salvaguardar los derechos en cuestión, por lo que debió conocer el fondo de dicha acción.” (TC/0168/14, numeral 11, a–c, pág. 11)
“De manera que, en la especie se trata de una actuación ejercida por la Policía Nacional en el ejercicio de su potestad sancionadora, la cual se encuentra sometida a las reglas del debido proceso, tal como lo establece el artículo 69, numeral 10, de la Constitución.” (TC/0168/14, numeral 11, g–i, pág. 13)
“De modo que la ausencia de un procedimiento disciplinario sancionador que concluya con la imposición de una sanción contra el señor Poche Valdez constituye una actuación arbitraria de la Policía Nacional, la cual lesiona su derecho de defensa y del debido proceso.” (TC/0168/14, numeral 11, m–n, pág. 15)

Normas interpretadas

Constitución de la República: artículos 68, 69 (en particular, numeral 10) y 72 (incluida su parte final). Ley núm. 137-11: artículos 7, 66 y 100. Convención Interamericana de Derechos Humanos: artículo 8.1.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0075/14, TC/0071/13, TC/0048/12, TC/0096/12, TC/0027/13, TC/0016/13, TC/0017/13, TC/0078/13, TC/0102/13, TC/0203/13, TC/0204/13, TC/0206/13 y TC/0217/13.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Síntesis del conflicto

Conforme a los documentos depositados en el expediente y a los hechos y argumentos invocados por las partes, el recurrente, José Villi Poche Valdez, interpuso ante el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo, alegando violación al derecho de defensa, al debido proceso, al derecho a la dignidad y el derecho al trabajo, a raíz de que el director central de Recursos Humanos de la Policía Nacional le notificara el once (11) de abril de dos mil trece (2013) que su nombramiento como capitán de la Policía Nacional había sido cancelado por haberse determinado, mediante investigación, su complicidad en hechos calificados como tráfico internacional de drogas ilícitas, previstos en la Ley núm. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana. En ocasión de la acción de amparo, la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo emitió la Sentencia núm. 224-2013 el dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013). Dicha decisión declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el recurrente, por la existencia de otra vía judicial que protege de manera efectiva los derechos del accionante. El recurrente, no conforme con la decisión del tribunal a-quo, introdujo ante el Tribunal Constitucional un recurso de revisión constitucional contra dicha sentencia el quince (15) de agosto de dos mil trece (2013).

TC/0168/14, numeral 8, pág. 9 — PDF oficial

10. Admisibilidad del presente recurso de revisión constitucional en

materia de amparo El Tribunal Constitucional estima que el presente recurso de revisión constitucional resulta admisible, en atención a las siguientes razones jurídicas:

a. El artículo 100 de la referida ley núm. 137-11 establece: Requisitos de admisibilidad. La admisibilidad del recurso está sujeta a la especial trascendencia o relevancia constitucional de la cuestión planteada, que se apreciará atendiendo su importancia para la interpretación, aplicación y general eficacia de la Constitución, o para la determinación del contenido, alcance y la concreta protección de los derechos fundamentales, a que se demuestre la especial trascendencia o relevancia constitucional del caso.

b. Luego de haber estudiado y ponderado los documentos y hechos más importantes del expediente que nos ocupa, llegamos a la conclusión que el presente caso entraña especial trascendencia o relevancia constitucional, toda vez que se aprecian conflictos sobre los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad, a la libertad, al trabajo y a la igualdad, los cuales deben ser atendidos y resueltos en aras de la preservación de la supremacía constitucional y del fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

TC/0168/14, numeral 10, a–b, pág. 10 — PDF oficial

11. Sobre el presente recurso de revisión constitucional en materia de

amparo En cuanto al fondo del presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo, el Tribunal Constitucional ha podido comprobar que:

a. Contrario al criterio de la sentencia impugnada, el amparo es la vía idónea y efectiva para la protección de los derechos que reclama el recurrente con miras a obtener un juicio disciplinario justo, imparcial e igualitario, de manera que se garantice el debido proceso de ley y sean puestos bajo salvaguarda todos los derechos, conforme al elevado designio de la justicia constitucional.

b. La acción de amparo intentada por el señor José Villi Poche Valdez era perfectamente admisible, dado que es la vía idónea para proteger el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, los cuales según argumenta, le han sido violados. Además, el tribunal a-quo no demostró que la vía administrativa era más adecuada que la vía del amparo para salvaguardar los derechos en cuestión, por lo que debió conocer el fondo de dicha acción.

c. Al referirse a la naturaleza de este tipo de actuaciones de la administración, el Tribunal Constitucional ha establecido: (…) la cancelación del recurrido no constituye un simple acto administrativo, de los que en la dinámica cotidiana de las instituciones públicas, toman sus directivos en ejercicio de sus atribuciones, sino que, constituye, en la realidad de los hechos, una sanción a la comisión de una actuación ilegal que le es atribuida al recurrente […]. Este tribunal analiza el objeto de su apoderamiento actual, un recurso de revisión de amparo con el que un ciudadano busca proteger el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, los cuales según argumenta, le han sido violados 1 .

TC/0168/14, numeral 11, a–c, pág. 11 — PDF oficial

d. En tal virtud y en aplicación del principio de la autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva (artículos 72 y 69 de la Constitución), y los principios rectores del proceso constitucional antes descritos, el Tribunal Constitucional debe conocer el fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida 2 .

e. El recurrente ingresó a la Policía Nacional con el rango de raso el primero (1º) de abril del año dos mil (2000), mediante la Orden Especial núm. 026-2000, y fue cancelado con el rango de capitán de esa institución el once (11) de abril de dos mil trece (2013), mediante telefonema oficial emitido por la oficina del jefe de la Policía Nacional el primero (1º) de febrero de dos mil doce (2012).

TC/0168/14, numeral 11, d–e, pág. 12 — PDF oficial

f. El once (11) de abril de dos mil trece (2013), el recurrente fue informado, mediante la certificación expedida por el director central de Recursos Humanos de la Policía Nacional, Rafael A. Cabrera Sarita, el once (11) de abril de dos mil trece (2013), de que dicha cancelación se había producido: Por haberse determinado, mediante investigación realizada al efecto por una Comisión investigadora e institucional, que en contubernio con el Segundo Teniente Francisco Alberto Burgos García, F.A.D., y Sargento Cirilo Eduardo del Rosario Márquez, P.N., suministró informaciones falsas e incurrió en prevaricación, ocasión en que fungía como Sub-Encargado de los servicios del Centro de Investigación y Coordinaciones Conjuntas de la Dirección Nacional de Control de Drogas, con asiento en el Aeropuerto Internacional Dr. José Francisco 1 Sentencia TC/0075/14 del 23 de abril de 2014. Literales e) y g) del Título 11. Páginas 10 y 11. 2 Sentencia TC/0071/13, del 7 de mayo de 2013. Peña Gómez, con la finalidad de tergiversar la realidad de los hechos en relación al trasiego de (43) paquetes de “Cocaína”, con un peso aproximado de 44.89 kilogramos, decomisados en el interior de dos maletas que fueron desmontadas del vuelo No. AF-3563 de la línea aérea Air France, para ser sometidas a una nueva revisión, en fecha 17-10-2011, luego que éstos últimos supuestamente las chequearan mientras se encontraban de servicio en el puesto de Inspección de Equipajes Facturados (make-up, S-8), de la referida terminal aérea, presentándose allí el indicado Capitán, P.N., con la deliberada intención de evitar que se realizara este proceso, y que además, había amonestado a la Cabo Katherine Rosario Peña, P.N., momento en que insistiera en inspeccionar las indicadas maletas en la máquina de rayos X, lo que deja evidenciada su vinculación en este hecho, por lo que se hizo indigno de seguir perteneciendo a las filas de la Policía Nacional.

TC/0168/14, numeral 11, f, pág. 12 — PDF oficial

g. En tal virtud, el recurrente incoó el presente recurso de revisión constitucional en materia de amparo con el objeto de proteger sus derechos y garantías fundamentales que, según argumenta, le han sido violados, muy especialmente, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. De modo que, corresponde a este tribunal constitucional determinar si la mencionada cancelación fue realizada en respeto de los derechos fundamentales del señor Poche Valdez.

h. En cuanto a la naturaleza del acto atacado en la acción de amparo, este tribunal ha tenido la oportunidad de pronunciarse en su Sentencia TC/0048/12, en la cual fija el criterio de que la cancelación del recurrente no constituye un simple acto administrativo, de los que en la dinámica cotidiana de las instituciones públicas toman sus directivos en ejercicio de sus atribuciones, sino que la misma constituye, en la realidad de los hechos, una sanción a la comisión de una actuación ilegal que le es atribuida al recurrente 3 . De manera que, en la especie se trata de una actuación ejercida por la Policía Nacional en el ejercicio de su potestad sancionadora, la cual se encuentra sometida a las reglas del debido proceso, tal como lo establece el artículo 69, numeral 10, de la Constitución.

i. Ahora bien, tras estudio del expediente podemos evidenciar que salvo la investigación realizada por el Ministerio Público, previo a la cancelación del recurrente, la cual determinó su no participación en los hechos investigados, tampoco existe prueba alguna de que el señor Poche Valdez, a propósito de esos hechos, fuera objeto de proceso penal o disciplinario que, con el correspondiente respeto de sus derechos fundamentales, culminara con la imposición de la sanción correspondiente.

TC/0168/14, numeral 11, g–i, pág. 13 — PDF oficial

j. De manera que, esta actuación de la Policía Nacional contraviene el orden constitucional, específicamente en sus artículos 68 y 69 que establecen las garantías protegidas por el debido proceso. Así mismo, viola el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que reza de la siguiente forma: Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

k. En efecto, la mencionada sentencia TC/0048/12 establece: 3 Subrayado es nuestro. El respeto al debido proceso y, consecuentemente, al derecho de defensa, se realiza en el cumplimiento de supuestos tales como la recomendación previa a la adopción de la decisión sancionatoria; que dicha recomendación haya sido precedida de una investigación; que dicha investigación haya sido puesta en conocimiento del afectado; y que éste haya podido defenderse.

l. En tal virtud, en la especie ha debido desarrollarse un proceso disciplinario orientado a evaluar con objetividad las supuestas faltas cometidas y a determinar las sanciones que correspondieran. Sin embargo, no se ha presentado prueba alguna de que los órganos encargados hayan realizado una investigación de los hechos por los que el recurrente ha sido sancionado con su cancelación, y más aún, tampoco se celebró un proceso disciplinario sometido a las reglas del debido proceso.

TC/0168/14, numeral 11, j–l, pág. 14 — PDF oficial

m. De modo que la ausencia de un procedimiento disciplinario sancionador que concluya con la imposición de una sanción contra el señor Poche Valdez constituye una actuación arbitraria de la Policía Nacional, la cual lesiona su derecho de defensa y del debido proceso.

n. Con relación al astreinte, es criterio de este tribunal constitucional establecer que se trata propiamente de una sanción pecuniaria y no de una sanción indemnizatoria por los daños y perjuicios irrogados a una determinada persona, por lo que su eventual liquidación no debe favorecer al agraviado, sino a la sociedad a través las instituciones estatales dedicadas a resolver determinadas problemáticas sociales, la cual se indicará en el dispositivo de la presente decisión [Sentencia TC/0048/12 del ocho (8) de octubre de dos mil doce (2012)] 4 . 4 Este criterio ha sido reiterado en las sentencias TC/0096/12 del 21 de diciembre; TC/0027/13 del 6 de marzo; TC/0016/13 del 20 de febrero; TC/0017/13 del 20 de febrero; TC/0027/13 del 6 de marzo; TC/0071/13 del 7 de Esta decisión, firmada por los jueces del tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jottin Cury David y Rafael Díaz Filpo, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados el voto salvado de la magistrada Leyda Margarita Piña Medrano, primera sustituta, presidenta en funciones, así como el voto particular de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional

TC/0168/14, numeral 11, m–n, pág. 15 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: ADMITIR, en cuanto a la forma, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo interpuesto por el señor José Villi Poche Valdez contra la Sentencia núm. 224-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013).

SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, el indicado recurso de revisión constitucional en materia de amparo y, en consecuencia, REVOCAR la indicada sentencia núm. 224-2013, dictada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo el dieciocho (18) de julio de dos mil trece (2013).

TERCERO: DECLARAR admisible la acción de amparo interpuesta por el señor José Villi Poche Valdez el quince (15) de agosto de dos mil trece (2013), mayo; TC/0078/13 del 7 de mayo; TC/0102/13 del 20 de junio; TC/0203/13 del 13 de noviembre; TC/0204/13 del 13 de noviembre; TC/0206/13 del 13 de noviembre; y TC/0217/13 del 22 de noviembre. porque se ha violentado el derecho al debido proceso y el derecho de defensa del recurrente.

CUARTO: ACOGER la acción de amparo incoada por José Villi Poche el veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013) contra la Jefatura de la Policía Nacional.

CUARTO: DISPONER que el recurrente, José Villi Poche Valdez, sea restituido en el rango que ostentaba al momento de su cancelación el once (11) de abril de dos mil trece (2013), con todas sus calidades, atributos y derechos adquiridos hasta ese momento.

QUINTO: DISPONER que al recurrente le sean saldados los salarios dejados de pagar desde el momento de su cancelación hasta la fecha en que se produzca su reintegración a las filas policiales.

SEXTO: ORDENAR que lo dispuesto en los numerales cuarto y quinto de este dispositivo sea ejecutado en un plazo no mayor de sesenta (60) días a contar a partir de la notificación de esta sentencia.

SÉPTIMO: IMPONER un astreinte de DIEZ MIL PESOS CON 00/100 (RD$10,000.00) por cada día de retardo en la ejecución de la presente decisión, contra la Policía Nacional y de su Jefatura y en favor de la institución Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).

OCTAVO: NOTIFICAR la presente decisión, por Secretaría, al recurrente, José Villi Poche Valdez, a la parte recurrida, la Policía Nacional y su Jefatura, así como a la institución Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), para su conocimiento y fines de lugar.

NOVENO: DECLARAR el presente recurso libre de costas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 72, in fine, de la Constitución de la República, y los artículos 7 y 66 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales del trece (13) de junio de dos mil once (2011).

DECIMO: DISPONER que la presente decisión sea publicada en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0168/14, del 7 de agosto de 2014. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0168-14. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.