Sentencia TC/0182/20

Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 23 de junio de 2020 · Expediente TC-01-2015-0033

Relativo a la acción directa en inconstitucionalidad incoada por Escolástica Martínez, Víctor Manuel González Linares & Balbuena, S. R. L. contra el artículo 13 de la Ley núm. 344, de mil novecientos cuarenta y tres (1943), los artículos 2, 3, 5, 6 y 8 del Decreto núm. 343-13, dictado por el Poder Ejecutivo el diez (10) de diciembre del dos mil trece (2013); y el Oficio núm. 0293/2015, emitido por el abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Noreste el veinticuatro (24) de agosto de dos mil quince (2015).

Sentencia oficial (PDF)

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Temas: Derecho de propiedad

¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0182/20?

La legitimación activa y el interés legítimo y jurídicamente protegido se presumen si el Tribunal verifica que la persona física goza de sus derechos de ciudadanía o que la persona jurídica está constituida y registrada conforme a la ley. Esa presunción no amplía el objeto de la acción directa, que se limita a actos normativos y a actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución. El decreto de expropiación y el oficio que solicita fuerza pública para ocupar el inmueble se refieren a una situación concreta y carecen de carácter normativo. Además, la potestad de dictar el decreto deriva del artículo 1 de la Ley núm. 344, no directamente de la Constitución, por lo que el decreto es impugnable por la vía contencioso-administrativa (TC/0182/20, numeral 8, k–9.2, pág. 19; TC/0182/20, numeral 8, 9.3–9.4, pág. 20; TC/0182/20, numeral 8, 9.5, pág. 20).

El artículo 51.1 de la Constitución exige el pago previo del justo valor del bien expropiado, determinado por acuerdo de las partes o, a falta de acuerdo, por el tribunal competente. Solo una declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa permite que la indemnización no sea previa. El artículo 13 de la Ley núm. 344 contradecía esa garantía al permitir la ocupación por una declaración de urgencia del Poder Ejecutivo y el depósito del valor fijado por el Catastro Nacional, sin determinación judicial previa del justo precio. Para mantener la disposición en el ordenamiento, el Tribunal dictó una sentencia manipulativa condicional al amparo del artículo 47 de la Ley núm. 137-11 (TC/0182/20, numeral 8, 10.5–10.7, pág. 23; TC/0182/20, numeral 8, 10.11–10.13, pág. 26; TC/0182/20, numeral 8, 10.19–10.20, pág. 29; TC/0182/20, numeral 8, 10.21, pág. 30).

Decisión

Declara inadmisible la acción contra el Decreto núm. 343-13 y el oficio identificado como núm. 0297/15 en el dispositivo y como núm. 0293/15 en los fundamentos. Admite la acción contra el artículo 13 de la Ley núm. 344 y declara su conformidad constitucional condicionada al texto fijado en el dispositivo: a falta de acuerdo sobre el valor del bien, la entrada en posesión por ese procedimiento exige una declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa y el depósito del valor catastral según tasación debidamente actualizada, sin perjuicio de que se discuta judicialmente un suplemento de precio; si el inmueble está registrado, ejecuta la entrada en posesión el Abogado del Estado.

Citas textuales clave

“En efecto, la acción directa está orientada al ejercicio de un control in abstracto de los actos y disposiciones normativas dimanadas de las autoridades públicas y órganos estatales; es decir, del contenido de la norma y no de su aplicación en concreto a un caso particular.” (TC/0182/20, numeral 8, 9.3–9.4, pág. 20).
“De acuerdo con el artículo 51.1 de la Constitución, este colegiado interpreta que, en casos donde el Estado y el propietario no pueden llegar a un acuerdo con relación al precio de la propiedad, solo un tribunal competente puede autorizar y fijar el justo precio.” (TC/0182/20, numeral 8, 10.11–10.13, pág. 26).
“Esta última tendría como propósito garantizar la permanencia del señalado artículo 13 en nuestro ordenamiento legal.” (TC/0182/20, numeral 8, 10.21, pág. 30).

Normas interpretadas

Constitución: artículos 2, 6, 7, 51.1, 138, 139, 147, 185.1, 263 y 265. Ley núm. 137-11: artículos 7 (numerales 1, 3, 4, 5, 6, 9 y 11), 36, 37 y 47. Ley núm. 344: artículos 1 y 13. Ley núm. 13-07: artículo 1. Ley núm. 107-13: artículo 12.6.

Precedentes que cita el Tribunal

TC/0131/14, TC/345/19, TC/0047/12, TC/0057/18, TC/0031/13, TC/0033/13, TC/0048/13, TC/0599/15, TC/0713/16, TC/0009/17, TC/0234/14, TC/0110/13, TC/0535/15, TC/0184/14, TC/0157/15, TC/0207/15, TC/0148/13, TC/0170/13, TC/0224/17, TC/01725/13 (TC/0172/13 en la nota 14), TC/0200/13, TC/0280/14, TC/0379/14, TC/0010/15, TC/0334/15, TC/0075/16, TC/0145/16, TC/0195/14, TC/0221/14, TC/0041/13, TC/0051/12, TC/0093/12, TC/0261/14, TC/0202/13, TC/0237/13, TC/0088/12 y TC/0339/14; Sentencia núm. 9 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, del 17 de noviembre de 2004.

Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia

8. Legitimación activa o calidad de la accionante y de los intervinientes

voluntarios

8.1. La legitimación activa o calidad ha sido definida por en la jurisprudencia constitucional como “la capacidad procesal que le reconoce el Estado a un persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes” (véase la Sentencia TC/0131/14).

8.2. Con relación con la legitimación para accionar en inconstitucional el artículo 185, numeral 1 de la Constitución de la República dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido […].

8.3. En ese mismo tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11 establece: Calidad para Accionar. “La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido”.

TC/0182/20, numeral 8, 8.1–8.3, pág. 13 — PDF oficial

8.4. En la especie, la accionante sustenta su interés legítimo y jurídicamente protegido, tras haber sido parte en un recurso de casación, en cuyo acto de emplazamiento no le fueron notificados todos los documentos que pretende hacer valer la parte recurrente, lo cual, a su juicio, debe ser contemplado como un requisito esencial en las menciones contenidas en el citado artículo 6 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación. Con base en esta alegada omisión, el accionante invoca contra dicho texto la violación a su derecho de defensa. En tal virtud, cuenta con la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, de conformidad con el referido artículo 185.1 de la Constitución.

8.5. No obstante, es necesario que este órgano colegiado precise lo concerniente a la legitimación de que gozan todas las personas para ser parte con interés legítimo y jurídicamente protegido en la especie que este tribunal conoce.

8.6. Mediante su Sentencia TC/345/19 1 este órgano constitucional estableció, como precedente vinculante, el criterio que a continuación se transcribe:

a. Tal y como se advierte de las disposiciones preceptivas esbozadas precedentemente, si bien la Constitución vigente no contempla una acción popular existe la posibilidad de que cualquier persona, con un interés legítimo y jurídicamente protegido, pueda ejercer la acción directa de inconstitucionalidad.

TC/0182/20, numeral 8, 8.4–a, pág. 13 — PDF oficial

b. Sobre la susodicha legitimación procesal el Tribunal Constitucional ha mantenido la constante de que cuando se trata de particulares o cualquier persona, para determinar su calidad e identificar el interés jurídico y legítimamente protegido, debe verificarse un hilo conductor que denote tensiones entre la vigencia o aplicación de la norma atacada y los intereses de quien promueve la acción directa de inconstitucionalidad. Siempre, con la intención de permitirle al pueblo ─como soberano que es─ acceder a este palmario mecanismo de control de la constitucionalidad.

c. De hecho, esta ha sido la postura desarrollada por este Tribunal Constitucional desde su sentencia TC/0047/12, del 3 de octubre de 2012, donde indicamos que una persona tiene interés legítimo y jurídicamente protegido cuando ha demostrado que goza de sus derechos de ciudadanía e 1 Dictada el 16 de septiembre de 2019. invoca que la vigencia de la norma le causa perjuicios 2 ; o, como se indicó en la sentencia TC/0057/18, del 22 de marzo de 2018, que “una persona física o moral tendrá interés legítimo y jurídicamente protegido cuando demuestre que la permanencia en el ordenamiento jurídico de la norma cuestionada le causa un perjuicio y, por el contrario, la declaratoria de inconstitucionalidad le proporciona un beneficio”. 3

TC/0182/20, numeral 8, b–c, pág. 14 — PDF oficial

d. Han sido varios los matices en los que el Tribunal hasta ahora ha enfocado la acreditación de la legitimación procesal activa o calidad de aquellos que ejercen la acción directa de inconstitucionalidad. Basta, como muestra, recordar que para ejercer un control directo sobre la constitucionalidad de normas de naturaleza electoral morigeramos el criterio ─de que el interés jurídico y legítimamente protegido depende de una afectación directa generada por la validez de la norma al accionante─ considerando el estatus de ciudadanía de la parte accionante y la posibilidad de afectar el derecho a elegir y ser elegido ante la vigencia de la norma calificada de inconstitucional (sentencias TC/0031/13 y TC/0033/13, ambas del 15 de marzo de 2013). 4

TC/0182/20, numeral 8, d, pág. 15 — PDF oficial

e. Asimismo, la exigencia del interés legítimo y jurídicamente protegido se ha visto grandemente atenuada, en el sentido de que no se ha exigido un perjuicio directamente experimentado por el accionante a fin de identificar su calidad o legitimación procesal, ante supuestos donde: (i) el objeto de la norma abarca intereses difusos y el promotor de la acción no hace eco de un interés particular o perjuicio directo, sino colectivo (sentencias TC/0048/13, del 9 de abril de 2013; TC/0599/15, del 17 de diciembre de 2015; TC/0713/16, del 23 de diciembre de 2016 y 2 Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0047/12 del 3 de octubre de 2012, p. 5. 3 Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0057/18 del 22 de marzo de 2018, p. 9. 4 Tribunal Constitucional dominicano, sentencias TC/0031/13 del 15 de marzo de 2013, pp. 6-7; y TC/0033/13 del 15 de marzo de 2013, pp. 7-8. TC/0009/17, del 11 de enero de 2017) 5 ; igual cuando el accionante es la persona encargada de establecer políticas sobre regulación de recursos hidráulicos, como el agua, que comportan un interés difuso (sentencia TC/0234/14, del 25 de septiembre de 2014) 6 ;

TC/0182/20, numeral 8, e, pág. 15 — PDF oficial

(ii) El objeto de la norma atacada regula a una asociación que congrega a un conjunto de profesionales de un sector ─alguaciles o contadores públicos─ y el gremio como tal ─a pesar de no ser afectado directamente─ se encuentra facultado para procurar la protección de los intereses de sus miembros (sentencias TC/0110/13, del 4 de julio de 2013 y TC/0535/15, del 1 de diciembre de 2015) 7 ; igual cuando la acción es promovida por una asociación cuyos integrantes son personas jurídicas que en su actividad cotidiana se podrían ver afectadas por la norma impugnada (sentencia TC/0184/14, del 15 de agosto de 2014) 8 ; lo mismo cuando se trata de una asociación sin fines de lucro que tiene por misión el estudio de temas ligados a la soberanía del Estado dominicano (sentencia TC/0157/15, del 3 de julio de 2015) 9 o actúe en representación de la sociedad (sentencia TC/0207/15, del 6 de agosto de 2015) 10 ; (iii) El objeto de la norma atacada imponga obligaciones fiscales sobre una empresa beneficiada con un régimen de tributación especial (sentencia TC/0148/13, del 12 de septiembre de 2013) 11 ; (iv) El objeto de la norma atacada pueda afectar el derecho a elegir de una persona que goza de la condición de ciudadano y le concierne, como votante, resguardar que su derecho al sufragio activo sea ejercido acorde a 5 Tribunal Constitucional dominicano, sentencias TC/0048/13 del 9 de abril de 2013, pp. 8-9; TC/0599/15 del 17 de diciembre de 2015, pp. 112-113;

TC/0182/20, numeral 8, e, pág. 15 — PDF oficial

TC/0713/16 del 23 de diciembre de 2016, pp. 17-18; y TC/0009/17 del 11 de enero de 2017, pp. 9-10. 6 Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0234/14 del 25 de septiembre de 2014, pp. 12-14. 7 Tribunal Constitucional dominicano, sentencias TC/0110/13 del 4 de julio de 2013, pp. 7-8; y TC/0535/15 del 1 de diciembre de 2015, pp. 17-18. 8 Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0184/14 del 15 de agosto de 2014, pp. 16-17. 9 Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0157/15 del 3 de julio de 2015, pp. 24-25. 10 Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0207/15 del 6 de agosto de 2015, pp. 15-16. 11 Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0148/13 del 12 de septiembre de 2013, p. 8. los términos constitucionalmente previstos (sentencia TC/0170/13, del 27 de septiembre de 2013) 12 ; y (v) El accionante es una organización política cuya función procura garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos, ya que estas se encuentran situadas entre el Estado y el ciudadano (sentencia TC/0224/17, del 2 de mayo de 2017 13 ;

TC/0182/20, numeral 8, e, pág. 15 — PDF oficial

f. De la misma manera, otra matización realizada por el Tribunal a la cuestión del interés legítimo y jurídicamente protegido, a fin de posibilitar aún más el acceso al control concentrado, es que el precepto normativo impugnado en inconstitucionalidad pueda afectar la esfera jurídica o el ámbito de intereses del accionante (sentencia TC/01725/13, del 27 de septiembre de 2013) 14 . De igual forma, el Tribunal ha reconocido legitimación cuando los efectos de la ejecución de las disposiciones contenidas en la norma o acto atacado pueden alcanzar al accionante (sentencias TC/0200/13, del 7 de noviembre de 2013; TC/0280/14, del 8 de diciembre de 2014; TC/0379/14, del 30 de diciembre de 2014; TC/0010/15, del 20 de febrero de 2015; TC/0334/15, del 8 de octubre de 2015; TC/0075/16, del 4 de abril de 2016 y TC/0145/16, del 29 de abril de 2016) 15 .

TC/0182/20, numeral 8, f, pág. 17 — PDF oficial

g. Otro contexto en donde el Tribunal dilató el apercibimiento de la legitimación procesal activa y la configuración de un interés legítimo y jurídicamente protegido, abriendo aún más el umbral para que cualquier persona accione por la vía directa, es cuando el accionante advierte que se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la ley o acto normativo 12 Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0170/13 del 27 de septiembre de 2013, pp. 7-8. 13 Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0224/17 del 2 de mayo de 2017, pp. 49-51. 14 Tribunal Constitucional dominicano, sentencia TC/0172/13 del 27 de septiembre de 2013, pp. 10-11. 15 Tribunal Constitucional dominicano, sentencias TC/0200/13 del 7 de noviembre de 2013, pp. 27-28; TC/0280/14 del 8 de diciembre de 2014, pp. 8-9; TC/0379/14 del 30 de diciembre de 2014, pp. 14-15; TC/0010/15 del 20 de febrero de 2015, pp. 29- 30; TC/0334/15 del 8 de octubre de 2015, pp. 9-10; TC/0075/16 del 4 de abril de 2016, pp. 14-16; y TC/0145/16 del 29 de abril de 2016, pp. 10-11. impugnado (sentencias TC/0195/14, del 27 de agosto de 2014 y TC/0221/14, del 23 de septiembre de 2014) 16 .

h. Todas estas variantes en que ha incurrido el Tribunal Constitucional para retener la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que procura el ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad, a partir de la atemperación de la percepción del interés jurídico y legítimamente protegido, son muestra de que el ánimo de este colegiado siempre ha sido que el pueblo, encarnado en el ciudadano que goce de sus derechos de ciudadanía y las persona morales constituidas conforme a la ley, tengan la opción de fiscalizar la constitucionalidad de las normas por esta vía, sin mayores complicaciones u obstáculos procesales.

TC/0182/20, numeral 8, g–h, pág. 17 — PDF oficial

i. En ese sentido, ante la meridiana imprecisión y vaguedad que se desprende del requisito de comprobación de la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que pretenda ejercer la acción directa de inconstitucionalidad, mediante la acreditación de un interés jurídico y legítimamente protegido, es que este Tribunal Constitucional se dispondrá a reorientar, en aras de expandirlo, el enfoque con que se ha manejado la legitimación procesal activa como requisito de acceso al control concentrado de la constitucionalidad. Esto, por aplicación de los principios de accesibilidad, constitucionalidad, efectividad e informalidad previstos en el artículo 7, numerales 1), 3), 4) y 9) de la ley número 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales.

j. Por tanto, es imperativo recordar que la acción directa de inconstitucionalidad supone un proceso constitucional instituido para que la ciudadanía, profesando su derecho a participar de la democracia de acuerdo a las previsiones de las cláusulas de soberanía popular y del Estado social y democrático de Derecho preceptuadas en los artículos 2 y 7 de la Constitución dominicana, tenga la oportunidad ─real y efectiva─ de 16 Tribunal Constitucional dominicano, sentencias TC/0195/14 del 27 de agosto de 2014, pp. 10-11; y TC/0221/14 del 23 de septiembre de 2014, pp. 12-14. controlar la constitucionalidad de aquellas leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y actos que contravengan el contenido de nuestra Carta Política; esto, ante este Tribunal Constitucional, a fin de preservar la supremacía constitucional, el orden constitucional y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

TC/0182/20, numeral 8, i–j, pág. 18 — PDF oficial

k. En efecto, de ahora en adelante tanto la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que interponga una acción directa de inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido, se presumirán en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución dominicana. Esta presunción, para el caso de las personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la persona goza de sus derechos de ciudadanía. En cambio, cuando se trate de personas jurídicas, dicha presunción será válida siempre y cuando el Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y registradas de conformidad con la ley. 9. Sobre la inadmisibilidad de la acción en contra del Decreto núm. 343-13 y del Oficio 0293/15

9.1. El accionante reclama mediante su acción directa en inconstitucionalidad la nulidad del Decreto núm. 343-13, dictado por el Poder Ejecutivo el diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013), y que dispone la expropiación forzosa de un inmueble de su propiedad; así como contra el Oficio núm. 0293/15, emitido por el procurador general de la Corte de Apelación en funciones de abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Noreste.

9.2. La acción directa en inconstitucionalidad, como proceso constitucional, está reservada para la impugnación de aquellos actos señalados en los artículos 185.1 de la Constitución de la República y 36 de la Ley núm.137-11 (leyes, decretos, resoluciones, reglamentos y ordenanzas); es decir, aquellos actos estatales de carácter normativo o bien aquellos actos que, sin poseer dicho carácter, son dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República, según precedente contenido en la Sentencia TC/0041/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013).

TC/0182/20, numeral 8, k–9.2, pág. 19 — PDF oficial

9.3. En la especie, el referido Decreto núm. 343-13, dictado por el Poder Ejecutivo el diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013), así como el referido oficio núm. 0293-2015, no poseen carácter normativo, pues solo conciernen a una situación jurídica específica y concreta, en este caso la expropiación forzosa de un bien inmueble y la solicitud de fuerza pública para la ocupación del mismo.

9.4. En efecto, la acción directa está orientada al ejercicio de un control in abstracto de los actos y disposiciones normativas dimanadas de las autoridades públicas y órganos estatales; es decir, del contenido de la norma y no de su aplicación en concreto a un caso particular. En ese sentido el Tribunal ha establecido en una decisión anterior: … el objeto de la acción directa en inconstitucionalidad está orientado a garantizar la supremacía de la Constitución de República respecto de otras normas estatales de carácter infraconstitucional, pero no puede constituirse en un instrumento para reivindicar situaciones particulares y concretas, las cuales deben encaminarse por ante las jurisdicción contenciosa- administrativa.” 17

TC/0182/20, numeral 8, 9.3–9.4, pág. 20 — PDF oficial

9.5. El atacado decreto núm. 343-13 tampoco constituye un acto dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución, pues la facultad específica de dictar decretos de expropiación no se la confiere de manera directa la Ley Fundamental al jefe de Estado, sino el artículo 1 de la Ley núm. 344, del treinta y 17 Sentencia TC/0051/12 de fecha diecinueve (19) de octubre del año dos mil doce; párrafo 8.2, pág. 11; del Tribunal Constitucional Dominicano uno (31) de julio de mil novecientos cuarenta y tres (1943) sobre Procedimiento de Expropiación, (G.O. 5951); legislación que, además, regula y norma tanto el decreto como todo el procedimiento de expropiación, por lo que no se trata de un acto sujeto a un control concentrado de constitucionalidad, sino susceptible de ser impugnado mediante la acción contencioso-administrativa de conformidad con las disposiciones del párrafo único del artículo 1 de la Ley núm. 13-07, del cinco (5) de febrero de dos mil siete (2007) que le atribuye al Tribunal Superior Administrativo competencia para conocer los procedimientos relativos a la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social.

TC/0182/20, numeral 8, 9.5, pág. 20 — PDF oficial

9.6. Este criterio respecto de la impugnación de los decretos de expropiación por la vía de la acción judicial ordinaria y no por medio de la acción directa en inconstitucionalidad ha sido una concepción tradicional de la jurisprudencia dominicana desde el régimen jurídico anterior a la Constitución de dos mil diez (2010), pues la Suprema Corte de Justicia en funciones de jurisdicción constitucional así lo reconoció, cuando estableció: Considerando, que, en los casos de expropiación de inmuebles por causa de utilidad pública que se dispongan en virtud de la Constitución y de la ley, se trata del ejercicio de una facultad que la ley sustantiva del Estado confiere al Poder Ejecutivo, cuyo decreto al respecto no puede al mismo tiempo resultar inconstitucional; que la falta de pago previo del o los inmuebles objeto de expropiación, no justifica el ejercicio de la acción en declaratoria de inconstitucionalidad a que se contrae la instancia de la impetrante, dado que, tratándose en tales casos de una venta forzosa, el expropiado puede demandar el pago del precio convenido o establecido y, en relación con las irregularidades en que se haya incurrido en el procedimiento de expropiación, incluyendo el decreto, la acción pertinente es la de nulidad y no la de inconstitucionalidad; que por tanto, la acción a que se contrae la instancia precedentemente indicada, por las razones señalada debe ser declarada inadmisible. [Sentencia núm. 9, del diecisiete (17) de noviembre del dos mil cuatro (2004); B.J. 1128; Pleno SCJ)]

TC/0182/20, numeral 8, 9.6, pág. 21 — PDF oficial

9.7. Por todas las anteriores consideraciones, el Tribunal procede a declarar, como al efecto, inadmisible la presente acción directa en inconstitucionalidad en torno al Decreto núm. 343-13 y al Oficio núm. 0293/15, al no tratarse los actos impugnados de alguno de los actos sujetos por su naturaleza a un control concentrado o abstracto de constitucionalidad. 10. Sobre la solicitud de inconstitucionalidad contra el artículo 13 de la Ley núm. 344 de mil novecientos cuarenta y tres (1943)

10.1 El accionante sostiene que el artículo 13 de la Ley núm. 344-43 habilita un procedimiento al vapor para el despojo y saqueo de propiedad privada que resulta contrario al artículo 51 de la Constitución, pues este argumenta que se posibilita la expropiación sin que el previo pago sea realizado al propietario del inmueble expropiado.

10.2 Al analizar las disposiciones de la referida ley núm. 344-43, norma que ha estado en vigencia por 76 años, en contraposición del artículo 51 de la Constitución, y a la luz de los principios de aplicación e interpretación de los derechos fundamentales, este colegiado estudiará si dicha norma está conforme o no a la Constitución.

10.3 La Ley núm. 344-43, del veintinueve (29) de julio de mil novecientos cuarenta y tres (1943), establece un procedimiento especial para las expropiaciones que sean intentadas por el Estado, esencialmente enfocándose en las fases judicial y administrativa del procedimiento de expropiación. 18 18 Jiménez Martínez, K. M. (2017). La buena adminitración como base de la potestad expropiatoria Estatal. Santo Domingo, República Dominicana: Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

TC/0182/20, numeral 8, 9.7–10.3, pág. 22 — PDF oficial

10.4 El artículo en cuestión, el 13 de la Ley núm. 344-43, concibe un procedimiento de expropiación para los terrenos que son declarados de utilidad pública y exista controversia entre el propietario y el Estado para el establecimiento de un acuerdo con relación al precio de la propiedad. El artículo estipula lo siguiente: Art. 13- (Modificado por la Ley No. 471 del 2 de noviembre de 1964). En caso de que no haya acuerdo sobre el valor de la propiedad que deba ser adquirida y el Poder Ejecutivo declare la urgencia, el Estado, los Municipios y el Distrito Nacional podrá entrar en posesión de dichos bienes para los fines perseguidos por la expropiación una vez que se haya depositado en la Tesorería Nacional en una cuenta especial, fuera de la Cuenta República Dominicana, el valor fijado por el Catastro Nacional como precio de los mismos a reserva de discutir si procede o no el pago de un suplemento de precio, ante el Tribunal competente, el cual será apoderado directamente por medio de una instancia. Párrafo I. Los valores a depositar de acuerdo con este artículo deberán ser hechos en cheques a favor del Tesorero Nacional remitidos por vía de la Contraloría y Auditoría General con las explicaciones correspondientes en cada caso. Párrafo II. (Agregado por la Ley No. 486 del 10 de noviembre de 1964). En caso de que se trate de un inmueble registrado, la entrega en posesión del mismo por el Estado, los Municipios o el Distrito Nacional, será ejecutada por el Procurador Fiscal del Distrito Nacional correspondiente. Si fuere necesario dichos funcionarios podrán requerir el uso de la fuerza pública para los fines arriba indicados.

TC/0182/20, numeral 8, 10.4, pág. 23 — PDF oficial

10.5 De la exégesis del texto anteriormente transcrito queda establecido que el procedimiento crea una situación discriminatoria al ciudadano producto de que el Estado aún no efectuado el pago, pueda en caso en que no se llegue a un acuerdo sobre el justo precio, tomar posesión del inmueble. Esto resulta que el Estado está habilitado por el art. 13 de ocupar la propiedad del ciudadano sin previo pago, lo que contradice lo establecido por la constitución en el numeral 1 del artículo 51, que estipula: 1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaratoria de Estado de Emergencia o de Defensa, la indemnización podrá no ser previa;

10.6 De esta manera, la Constitución dispuso en su artículo 51.1 que las únicas situaciones extraordinarias en donde el pago de la indemnización pudiera ser posterior a la expropiación de una propiedad son: cuando exista una declaración de un estado de emergencia (art. 263) 19 y/o de defensa (art. 265) 20 realizada por el Congreso Nacional en situaciones donde se amerite.

10.7 En este sentido, el artículo 13 plantea un procedimiento ad-hoc para que el Poder Ejecutivo, en casos de urgencia, pueda expropiar terrenos que hayan sido declarado de utilidad pública, sin que se fije previamente el justo precio por ante un tribunal competente como establece la Constitución en su artículo 51.1.

TC/0182/20, numeral 8, 10.5–10.7, pág. 23 — PDF oficial

10.8 Por consiguiente, el artículo 51.1 hace referencia a la importancia de la ejecución de la indemnización 21 de la propiedad, la cual deberá ser un proceso 19 Artículo 265 de la Constitución Dominicana. - Estado de Emergencia. El Estado de Emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos en los artículos 263 y 264 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país, o que constituyan calamidad pública. 20 Artículo 263 de la Constitución Dominicana. - Estado de Defensa. En caso de que la soberanía nacional o la integridad territorial se vean en peligro grave e inminente por agresiones armadas externas, el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de las facultades inherentes a su cargo, podrá solicitar al Congreso Nacional la declaratoria del Estado de Defensa. 21 La indemnización es un término que abarca además de además del valor del bien, la compensación del perjuicio causado por la expropiación como un daño adicional. Escobar, P. R., Fernandez García, B., Fuertes López, F. J., Palomar Olmeda, A., & Reballo Rico, A. (2016). La defensa judicial frente a una exporpiación forzosa. Madrid, España: Aranzadi. previo a la transferencia de la propiedad. Según la doctrina dominante, a indemnización deberá revestir lo siguiente: 1) No puede haber expropiación sin indemnización; 2) debe ser previa; 3) debe ser justa; 4) debe ser de orden reparatorio; 5) puede ser en naturaleza.

TC/0182/20, numeral 8, 10.8, pág. 24 — PDF oficial

10.9 Esta sede constitucional ha establecido, en su Precedente TC/0093/12, que en casos entre particulares el traspaso de la titularidad de la propiedad solo se efectuará después de la entrega del pago. […] al estar señalada la condición de que la propiedad no se transfiere al comprador hasta tanto no (sic) se pague la totalidad del precio convenido, tal y como se ha consignado en la cláusula tercera del contrato modelo, queda evidenciado que los suscribientes de dichos contratos no adquieren todavía la condición de propietarios, por lo que mal podría invocarse violación alguna a un derecho cuya titularidad aún no se posee, por lo que dicho medio de inconstitucionalidad debe ser, como al efecto, desestimado.

10.10 Como consecuencia, este tribunal constitucional en su decisión TC/0261/14 en un caso de expropiación forzosa manifestó un criterio con relación a realidades en donde exista un carácter controvertido en determinar el justo precio de una propiedad. […] si una o ambas partes no están de acuerdo con el precio que deba darse para el pago del justo valor, el cual debe ser dirimido por un tribunal competente, acorde con los procedimientos que disponga la normativa legal que rija en los procesos expropiatorios que sean de índole contencioso. Luego de agotada esa etapa y realizado el pago del justo valor determinado de forma voluntaria o a través de una decisión judicial definitiva, la administración puede iniciar los procesos para que el referido bien pase definitivamente al patrimonio público.

TC/0182/20, numeral 8, 10.9–10.10, pág. 25 — PDF oficial

10.11 Es importante resaltar que el proceso de expropiación tiene dos etapas: la primera, una administrativa, que inicia con la declaratoria de utilidad pública por el presidente de la República; luego una etapa judicial donde le corresponde al juez administrativo ordenar la expropiación, y culmina con la sentencia que declara la procedencia o no de la expropiación y determina el justo precio.

10.12 De acuerdo con el artículo 51.1 de la Constitución, este colegiado interpreta que, en casos donde el Estado y el propietario no pueden llegar a un acuerdo con relación al precio de la propiedad, solo un tribunal competente puede autorizar y fijar el justo precio. En caso de expropiación, el tribunal competente es el Tribunal Contencioso Administrativo. 22

10.13 Sin embargo, el artículo 13 de la Ley núm. 344, de mil novecientos cuarenta y tres (1943), que como vimos es preconstitucional, en divergencia con la voluntad del artículo 51.1 de la Constitución, establece una contradicción al indicar que el justo precio será determinado por el valor que determine el Catastro Nacional, ya que dicha institución pública depende del Poder Ejecutivo, y no es un tribunal competente el que velará por cumplir con el debido proceso, tutela judicial efectiva y motivar sus decisiones.

TC/0182/20, numeral 8, 10.11–10.13, pág. 26 — PDF oficial

10.14 Es imprescindible resaltar que, en virtud del artículo 12, numeral 6) de la Ley núm. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del seis (6) de agosto del año dos mil trece (2013), instaura que se debe garantizar la efectividad de los servicios públicos y otras actividades de interés general, en especial su cobertura universal, 22 Establecido por el artículo 1 párrafo 1 literal c) de la ley 13-07 que crea el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo de fecha cinco (5) de febrero del año dos mil siete (2007) continua y de calidad. Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad y evitar dilaciones indebidas.

TC/0182/20, numeral 8, 10.14, pág. 26 — PDF oficial

10.15 Esta sede constitucional en su Sentencia TC/0202/13 consagró el derecho a la buena administración con rango constitucional, estipulando que: El mandato del artículo 138 de la Carta Magna, que somete la Administración al derecho, disponiendo textualmente lo que sigue: “La Administración Pública está sujeta en su actuación a los principios de eficacia, jerarquía, objetividad, igualdad, transparencia, economía, publicidad y coordinación, con sometimiento pleno al ordenamiento jurídico del Estado”. Dicho sometimiento es reafirmado por el artículo 139 de la Constitución, al disponer que los tribunales controlen la legalidad de los actos de la Administración, y permitir a la ciudadanía requerir ese control a través de “procedimientos legales”, entre los cuales juega papel estelar la opción inicialmente decidida por la empresa afectada, la acción constitucional de amparo. El artículo 147 de la Constitución ordena que “los servicios públicos están destinados a satisfacer las necesidades de interés colectivo”. Además, este tribunal constitucional ha opinado sobre los temas precedentemente reseñados, se destacan otros derechos o garantías frente a la Administración derivados de su sometimiento al derecho y del derecho a la buena administración. La “obligación positiva” de la administración no consiste en responder afirmativamente todas las pretensiones que se le dirijan, sino de que se responda y se haga en tiempo prudente, para no afectar garantías y derechos, como se estableció en la Sentencia TC/0237/13, al interpretar que: (…) las instituciones públicas están en la obligación de ofrecer una pronta respuesta a los ciudadanos que acuden a solicitar un servicio. Esta respuesta puede ser positiva o negativa, y, en el caso de resultar de esta última naturaleza, debe justificarse o motivarse y, en la eventualidad de no hacerlo, no se estarían observando los principios de transparencia y eficacia consagrados en el referido artículo 138 de la Constitución de la República.

TC/0182/20, numeral 8, 10.15, pág. 27 — PDF oficial

10.16 Con respecto al referido precedente y al caso en cuestión se consagra la noción de que las actuaciones de la Administración Pública están sujetas a supervisiones judiciales ante un tribunal que permita a las personas garantizar sus derechos, lo que en el actual corresponde al derecho fundamental al goce y disfrute de la propiedad privada.

10.17 Por ese motivo, entendemos que el artículo 13 de la Ley núm. 344-43 cercena la función que le atribuye la Constitución a los tribunales de controlar la legalidad de las actuaciones de la Administración Pública, de facultar al Catastro Nacional para establecer el monto para el justo precio y no permitir al ciudadano poner en cuestión dicho valor y judicializar el diferenciado con este el Estado.

10.18 De esta manera, esta sede constitucional dictó la Sentencia TC/0088/12, en la que establece los elementos que garantizan un derecho de propiedad efectiva: Que la concesión del derecho de propiedad tiene tres dimensiones para que pueda ser efectivo, como son: el goce, el disfrute y la disposición. Este derecho ha sido definido como el derecho exclusivo al uso de un objeto o bien aprovecharse de los beneficios que este bien produzca y a disponer de dicho bien, ya sea transformándolo, distrayéndolo o transfiriendo los derechos sobre los mismos. En ese sentido, la Constitución dispone en su artículo 51 que: “El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes.

TC/0182/20, numeral 8, 10.16–10.18, pág. 28 — PDF oficial

10.19 Es por todo lo anterior que este tribunal entiende que el artículo 13 de la Ley núm. 344, de mil novecientos cuarenta y tres (1943), transgrede las garantías del derecho de propiedad consagrado por el artículo 51 de la Constitución, pues la propia Carta Magna establece la necesidad de un previo pago para la ejecución de la transferencia del derecho de propiedad y en casos donde el propietario y el Estado no puedan llegar a un acuerdo del justo precio, solo un tribunal competente podrá establecer el justo precio y autorizar el traspaso de la propiedad.

10.20 En relación con la emisión de sentencias manipulativas de tipo condicional, el Tribunal Constitucional, en su Sentencia TC/0339/14, fijó el siguiente criterio:

TC/0182/20, numeral 8, 10.19–10.20, pág. 29 — PDF oficial

16.13. En lo relativo a los artículos 12, 14 y 41, los cuales en su ámbito regulatorio rigen lo ateniente a las tasas proporcionales y fijas dispuesto en la Ley núm. 2334-1885, este tribunal constitucional estima necesario adecuar y modular su contenido para que estén acordes con la normativa constitucional, adoptando una sentencia del tipo manipulativa condicional, la cual permite a este órgano proceder a la transformación del significado de la parte afectada de inconstitucionalidad con el objeto de evitar su expulsión del ordenamiento jurídico. En consecuencia, con todo lo antes expresado, conforme a los principios de favorabilidad y oficiosidad consagrados en los numerales 5 y 11, respectivamente del artículo 7 de la Ley 137-11 sobre el Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales, a fin de no dejar ninguna brecha que pueda dar lugar a causar incertidumbres durante el proceso que realiza el Estado para la expropiación forzosa de inmuebles, y acorde al antes señalado artículo 47 de la referida Ley 137-11, este tribunal procederá a realizar una sentencia interpretativa, con la finalidad de evitar el defecto normativo, precedentemente referido, para garantizar su conformidad con la Constitución, tal como será señalado en dispositivo de esta sentencia.

TC/0182/20, numeral 8, 16.13, pág. 29 — PDF oficial

10.21 De acuerdo con los motivos expuestos, procede, de una parte, que este tribunal, basándose en la facultad que le confiere el referido artículo 47 23 de la Ley núm. 137-11, dicte una sentencia manipulativa de tipo condicional. 24 Esta última tendría como propósito garantizar la permanencia del señalado artículo 13 en nuestro ordenamiento legal. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; Alba Luisa Beard Marcos y Víctor Joaquín Castellanos Pizano, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Wilson Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el tribunal Constitucional.

TC/0182/20, numeral 8, 10.21, pág. 30 — PDF oficial

Dispositivo (texto de lo decidido)

DECIDE:

PRIMERO: DECLARAR INADMISIBLE la acción directa en inconstitucionalidad del veintiuno (21) de septiembre de dos mil quince (2015) interpuesta por Escolástica Martínez, Víctor Manuel González Linares & Balbuena, S. R. L. contra el Decreto núm. 343-13, dictado por el Poder Ejecutivo el diez (10) de diciembre de dos mil trece (2013) y contra el Oficio núm. 0297/15 emitido por el abogado del Estado de la Jurisdicción Noreste. 23 El Tribunal Constitucional, en todos los casos que conozca, podrá dictar sentencias interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando la constitucionalidad del precepto impugnado, en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado a la Constitución o no se interprete en el sentido o sentidos que considera inadecuados. 24 Sentencia TC/0339/14, del 22 de diciembre de 2014 (págs. 20-21)

SEGUNDO: ADMITE la presente acción directa en inconstitucionalidad del veintiuno (21) de septiembre de dos mil quince (2015) interpuesta por Escolástica Martínez, Víctor Manuel González Linares & Balbuena, S. R. L. en contra el artículo 13 de la Ley núm. 344, de mil novecientos cuarenta y tres (1943).

TERCERO: DECLARA que para que sea conforme a la Constitución el artículo 13 de la Ley núm. 344, de mil novecientos cuarenta y tres (1943) deberá tener el contenido siguiente: Art. 13- (Modificado por la Ley No. 471 del 2 de noviembre de 1964). En caso de que no haya acuerdo sobre el valor de la propiedad que deba ser adquirida y se declare el Estado de Emergencia o de Defensa, conforme a los términos que establece la Constitución, el Estado, los Municipios y el Distrito Nacional podrá entrar en posesión de dichos bienes para los fines perseguidos por la expropiación una vez que se haya depositado en la Tesorería Nacional en una cuenta especial, fuera de la Cuenta República Dominicana, el valor fijado por el Catastro Nacional, mediante una tasación debidamente actualizada, como precio de los mismos a reserva de discutir si procede o no el pago de un suplemento de precio, ante el Tribunal competente, el cual será apoderado directamente por medio de una instancia. Párrafo I. Los valores a depositar de acuerdo con este artículo deberán ser hechos en cheques a favor del Tesorero Nacional remitidos por vía de la Contraloría y Auditoría General con las explicaciones correspondientes en cada caso. Párrafo II. (Agregado por la Ley No. 486 del 10 de noviembre de 1964). En caso de que se trate de un inmueble registrado, la entrada en posesión del mismo por el Estado, los Municipios o el Distrito Nacional, será ejecutada por el Abogado del Estado. Si fuere necesario dichos funcionarios podrán requerir el uso de la fuerza pública para los fines arriba indicados

CUARTO: DECLARAR los procedimientos del presente proceso libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales.

QUINTO: ORDENAR la comunicación de la presente sentencia, por Secretaría, a la parte accionante Escolástica Martínez, Víctor Manuel González Linares & Balbuena, S. R. L. y a la Procuraduría General de la República.

SEXTO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.

Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0182/20, del 23 de junio de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0182-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.