Sentencia TC/0441/19
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 10 de octubre de 2019 · Expediente TC-012018-0050
Ficha elaborada con asistencia de inteligencia artificial a partir del texto oficial de la sentencia. Aún no ha sido revisada por el equipo de IDECON: verifique siempre en la fuente oficial.
Temas: Derecho a la libertad de expresión · Derecho de defensa · Tutela judicial efectiva y debido proceso
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0441/19?
El Tribunal reconoció la legitimación de los partidos por estar directa y jurídicamente afectados por la Ley núm. 33-18 y la de Soraya Aquino en su calidad de ciudadana dominicana; además, rechazó el medio general de inadmisión porque la acción estaba suficientemente fundamentada (TC/0441/19, numeral 10, 10.4–10.6, pág. 56; TC/0441/19, numeral 11, 11.4, pág. 59). Conservó el artículo 8 mediante interpretación conforme: las otras cuatro causas de renuncia automática requieren comprobar la aprobación o el consentimiento del afiliado, mientras que criticar candidaturas postuladas por su partido no produce la renuncia automática, pues ello supondría censura previa y desconocería la democracia interna y el debido proceso; cualquier sanción por esos pronunciamientos exige un juicio disciplinario conforme a los estatutos y con las debidas garantías (TC/0441/19, numeral 12, 12.1.5–12.1.6, pág. 61; TC/0441/19, numeral 12, 12.1.7, pág. 62; TC/0441/19, numeral 12, 12.1.9, pág. 63; TC/0441/19, numeral 12, 12.1.10, pág. 64; TC/0441/19, numeral 12, 12.1.11–12.2, pág. 64). La prohibición de alianzas en el primer certamen discrimina a organizaciones sujetas a los mismos requisitos de reconocimiento y restringe de manera desproporcionada la equidad electoral, la libertad de asociación y la democracia interna (TC/0441/19, numeral 12, 12.2.4, pág. 66; TC/0441/19, numeral 12, 12.2.5, pág. 66; TC/0441/19, numeral 12, 12.2.6–12.2.7, pág. 67; TC/0441/19, numeral 12, 12.2.8–12.2.9, pág. 68; TC/0441/19, numeral 12, 12.2.10–12.3, pág. 69). Limitar la precampaña al ámbito interno vulnera la igualdad y la razonabilidad, pues da ventaja a quienes ocupan cargos públicos e impide que la propaganda llegue a electores no militantes en primarias abiertas (TC/0441/19, numeral 12, 12.3.1–12.3.3, pág. 70; TC/0441/19, numeral 12, 12.3.6–12.4, pág. 72). El Tribunal consideró en sus fundamentos que el artículo 44.4 restringe la libertad de expresión con base en percepciones subjetivas, aunque no lo incluyó en el dispositivo; juzgó que el párrafo III vulnera la personalidad de la pena y la razonabilidad al imponer a la organización la retención de fondos por hechos ajenos en los que puede no haber participado. También consideró que exigir militancia mínima para postularse restringe el derecho a elegir y ser elegido y la libertad de asociación (TC/0441/19, numeral 12, 12.4.8–12.4.9, pág. 77; TC/0441/19, numeral 12, 12.4.19, pág. 81; TC/0441/19, numeral 12, 12.4.20, pág. 82; TC/0441/19, numeral 12, 12.8.4, pág. 93; TC/0441/19, dispositivo, pág. 99).
Las encuestas son compatibles con la democracia interna si se emplean según lo decidido por la organización y las firmas encuestadoras observan la legislación electoral; la intervención de la Junta Central Electoral en las primarias favorece la transparencia sin excluir a las entidades políticas, y la identificación legal de la fuente de financiamiento satisface el artículo 237 de la Constitución (TC/0441/19, numeral 12, 12.5.3–12.5.5, pág. 84; TC/0441/19, numeral 12, 12.5.6–12.5.7, pág. 85; TC/0441/19, numeral 12, 12.6.5–12.7, pág. 89; TC/0441/19, numeral 12, 12.7.3–12.8.1, pág. 91). El plazo de treinta días antes de la precampaña permite a los militantes conocer de antemano las reservas, y el tope del 20 % limita razonablemente la discrecionalidad de la dirigencia y protege las aspiraciones de la militancia (TC/0441/19, numeral 12, 12.9.3–12.9.5, pág. 96; TC/0441/19, numeral 12, 12.9.6–12.10.1, pág. 97). Sin hacerlo constar en el dispositivo, el Tribunal declaró inadmisibles por cosa juzgada las impugnaciones del artículo 44.6 y del párrafo III del artículo 45, y por fundamentación insuficiente las dirigidas contra el párrafo II del artículo 45 y contra la ley en su conjunto, así como los reproches basados en los artículos 184 y 277 respecto del artículo 46 y en el artículo 184 respecto del artículo 49.3 (TC/0441/19, numeral 12, 12.4.12–12.4.13, pág. 79; TC/0441/19, numeral 12, 12.5.8–12.5.10, pág. 86; TC/0441/19, numeral 12, 12.5.13–12.6.2, pág. 88; TC/0441/19, numeral 12, 12.6.5–12.7, pág. 89; TC/0441/19, numeral 12, 12.8.5–12.9, pág. 94; TC/0441/19, numeral 12, 12.10.2–12.10.3, pág. 98).
Decisión
Declara buena y válida la acción en cuanto a la forma y, en cuanto al fondo, declara conformes con la Constitución los artículos 45, párrafo I, 46, 47, 57 y 58 de la Ley núm. 33-18, y no conformes los artículos 25.12, 43, 44, párrafo III, y 49.3. Declara conforme el artículo 8 bajo la interpretación de que los pronunciamientos contra candidaturas del propio partido no causan renuncia automática y solo pueden sancionarse mediante juicio disciplinario con las garantías del debido proceso; declara el proceso libre de costas y ordena la comunicación y publicación de la sentencia.
Citas textuales clave
“dichos pronunciamientos no producirán la renuncia automática de los militantes que así procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso” (TC/0441/19, dispositivo, pág. 99).
“el medio empleado para lograr el fin procurado no solo no es adecuado, sino que es ilegítimo, debido a que desconoce derechos fundamentales o constitucionales” (TC/0441/19, numeral 12, 12.2.8–12.2.9, pág. 68).
“Esta disposición tiene por finalidad que el Tribunal Constitucional no se aboque a ejercer nuevamente el control de constitucionalidad sobre normas y actos cuya inconstitucionalidad haya sido pronunciada y que, en tal virtud, hayan sido excluidos del ordenamiento jurídico.” (TC/0441/19, numeral 12, 12.5.11–12.5.12, pág. 87).
Normas interpretadas
Constitución: artículos 39, 40.8, 40.14, 40.15, 47, 49, 69, 74.1, 74.2, 185.1, 211, 212, 216 y 237.
Ley núm. 33-18: artículos 7, 8, 25.12, 43 (parte capital), 44 (acápites 4 y 6 y párrafo III), 45 (párrafos I, II y III), 46 (parte capital), 47, 49.3, 57, 58 y 75.1.
Ley núm. 137-11: artículos 7.6, 37, 38, 45, 47 y 49, párrafo II.
Ley núm. 15-19: artículos 198 y 199.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0131/14, TC/0345/19, TC/0531/15, TC/0192/15, TC/0044/12, TC/0563/15, TC/0033/12, TC/0594/16, TC/0075/16, TC/0437/16, TC/0092/19, TC/0046/15, TC/0162/13, TC/0150/13 y TC/0214/19; C-748/09 y T-550/12 de la Corte Constitucional de Colombia.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
10. Legitimación activa o calidad de los accionantes
10.1 La legitimación activa o calidad ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como “la capacidad procesal que le reconoce el Estado a un persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes” [véase la Sentencia TC/0131/14, de uno (1) de julio de dos mil catorce (2014)].
10.2 En relación con la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185.1 de la Constitución de la República dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido […].
10.3 En ese mismo sentido, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11 establece: “Calidad para accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido”.
10.4 A este respecto, este tribunal es del criterio que las entidades políticas accionantes en el presente caso gozan de legitimación activa para interponer la presente acción directa de inconstitucionalidad debido a que, en su condición de partidos políticos, se ven directa y jurídicamente afectados por la Ley núm. 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y por consiguiente, tienen un interés legítimo y jurídicamente protegido a la luz de lo prescrito por el artículo 185.1 de la Constitución de la República, de conformidad con el precedente establecido por este tribunal en su Sentencia TC/0345/19, de dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019).
10.5 En cuanto a la legitimación de la accionante, señora Soraya Aquino, en su calidad de ciudadana dominicana, este tribunal ha verificado que, de conformidad con el precedente establecido en la Sentencia TC/0345/19, goza de legitimación para interponer la presente acción directa de inconstitucionalidad.
10.6 En cuanto a los intervinientes voluntarios, señores Bartolomé Pujals y Lety Melgen, conforme a lo comprobado por este órgano constitucional cumplieron con los requisitos establecidos en los artículos 19 y 20 del Reglamento Jurisdiccional de este tribunal.
11. Análisis del medio de inadmisión planteado
11.1. En sus escritos de opinión y de conclusiones, la Cámara de Diputados solicitó que sea declarada la inadmisibilidad de la presente acción directa de inconstitucionalidad sobre la base de que los accionantes no exponen, de manera clara y precisa, los motivos de la inconstitucionalidad aducida al no indicar la transgresión a los textos constitucionales impugnados. Este pedimento es una cuestión previa, la cual, en tanto que tal, debe ser decidida en primer término por ese tribunal.
11.2. El artículo 38 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, establece: “Acto Introductivo. El escrito en que se interponga la acción será presentado ante la Secretaría del Tribunal Constitucional y debe exponer sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideren [sic] vulneradas”.
11.3. Contrario a lo alegado por la Cámara de Diputados, este tribunal considera que los accionantes sí fundamentan debidamente su acción, conforme a lo exigido por el citado texto. Ciertamente, la presente acción tiene su fundamento –según los accionantes– en la (alegada) transgresión, por parte de los textos atacados, de los derechos a la libre expresión y difusión del pensamiento, la libre asociación, la igualdad de condiciones y de elegir y ser elegido, así como la vulneración de los principios de razonabilidad, asociación, equidad y democracia interna de los partidos y sus militantes. A este respecto es preciso indicar que esta acción está sustentada, de manera principal, sobre la base de las consideraciones que se consignan, de manera textual, a continuación: […] la medida establecida como medio para alcanzarlo (prohibición de alianzas en primer proceso electoral), no resulta adecuada y genera restricciones a derechos como la libertad de asociación, creando una situación más adversa a la que existiera ante la ausencia de la misma. Las condiciones para el reconocimiento y el mantenimiento de dicho reconocimiento por parte de una organización política, ya son debidamente especificados [sic] en la ley, por lo que no pueden tomarse medidas tan lesivas a derechos fundamentales como la prohibición analizada. Por demás, aceptar una medida como esta para conseguir el fin sobre el cual especulamos, supondría considerar a priori que toda organización que en su primer proceso electoral desea realizar alianzas lo hace con la intención de mantener su reconocimiento. Queda demostrado, a partir del test de igualdad, que la prohibición establecida en el artículo 25.12 de la Ley No. 33-18 genera una discriminación no justificada en contra de las organizaciones que participan en su primer proceso electoral, vulnerando de esa manera los artículos 39, 212 párrafo IV y 216.2 de la Constitución. Estas infracciones constitucionales redundan a su vez en una vulneración al derecho a la libertad de asociación consagrado de manera general en el artículo 47 de la Constitución, y de manera específica para las organizaciones políticas en el artículo 216. Y es que este derecho implica que las especiales asociaciones que constituyen las organizaciones políticas puedan a su vez vincularse entre sí de cara a participar de manera conjunta en procesos electorales. Ese, y no otro, debe ser el sentido de una democracia que reconoce el pluralismo político y que, por tanto, requiere de consensos que en términos electorales son concretizados mediante alianzas entras las distintas organizaciones políticas.
11.4. Las consideraciones precedentes ponen de manifiesto que la presente acción de inconstitucionalidad está suficientemente fundamentada, lo que evidencia la falta de sustento de lo alegado por la Cámara de Diputados en el sentido apuntado. Procede, por consiguiente, rechazar el referido medio de inadmisión, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la sentencia.
12. Análisis de los medios de inconstitucionalidad invocados
Para fundamentar la presente acción directa de inconstitucionalidad, los accionantes invocan los medios que a continuación se indica:
12.1. En cuanto al artículo 8
12.1.1. El artículo 8 de la Ley núm. 33-18 establece como causa de renuncia automática: La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, la participación en actividades de partidos contrarios, o la aceptación de candidaturas por otro partido, implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente ley, previa comprobación de que cualquiera de esas situaciones fueren con su aprobación o consentimiento.
12.1.2. De la lectura del citado artículo este tribunal verifica que este texto establece cinco causas de renuncia automática, que son: 1. La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político; 2. el apoyo a otra candidatura contraria; 3. hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido; 4. la participación en actividades de partidos contrarios; o 5. la aceptación de candidaturas por otro partido.
12.1.3. El señalado artículo legal también establece, en adición, que la renuncia automática de la afiliación anterior estará sujeta a las condiciones consignadas en el artículo 7 de la ley, donde se deberá hacer constar la aprobación o consentimiento del afiliado.
12.1.4. Los accionantes e intervinientes voluntarios consideran que las señaladas causas de renuncia automática, a excepción de la primera, resultan contrarias a los artículos 49, 69, acápite 4, 10 y 216 de la Constitución de la República.
12.1.5. En lo concerniente a “la afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político”, “el apoyo a otra candidatura contraria”, “la participación en actividades de partidos contrarios” y “la aceptación de candidaturas por otro partido”, este tribunal es de criterio que dicho texto no transgrede las disposiciones constitucionales citadas por los accionantes, en el entendido de que la renuncia debe estar precedida de la aprobación o el consentimiento del afiliado, tal como establece la parte final del cuestionado artículo. Además, con dichas causas de renuncia se pretende salvaguardar los intereses de la asociación política y, con ello, la obligación de los militantes de un partido político de coadyuvar al logro de los objetivos partidarios [véase la Sentencia TC/0531/15, de diecinueve (19) de noviembre de dos mil quince (2015)], así como procurar la fidelidad de los militantes a dicha entidad y a los intereses comunes de todos ellos.
12.1.6. En cuanto a la prohibición de “hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido”, el Tribunal Constitucional considera que con dicha disposición se viola el derecho a la libertad de expresión e información consagrado en el artículo 49 de la Constitución, toda vez que con ello se censura previamente a los afiliados al partido, constituyéndose en un obstáculo para el derecho de estos a emitir sus opiniones cuando sean contrarias al candidato o al partido a que pertenecen, sin establecerse las razones que justifiquen dicho impedimento.
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12.1.7. Asimismo, la referida causa es contraria al principio de democracia interna, que, según lo dispuesto en el artículo 216 de la Constitución, es uno de los pilares del régimen de partidos políticos instaurado por el constituyente dominicano. Es preciso consignar que la doctrina ya se ha referido a las garantías de la democracia interna de los partidos respecto de la participación efectiva de los militantes. En este sentido ha sostenido que … cuando sus líderes y candidatos se elijan por los miembros, a través de mecanismos competitivos; en donde las decisiones sean inclusivas y sean tomadas con la participación voluntaria de sus miembros; los órganos de gobierno no discriminen la integración de los diferentes grupos (incluso aquellos que son minoritarios); aquellos que piensen distinto puedan expresar sus preferencias sin temor a ser castigados; los candidatos, cargos públicos y autoridades rinden cuentas de sus actos a través de mecanismos de control efectivo y se dé el respeto de una serie de derechos y responsabilidades que garanticen la igualdad de los miembros en cualquier proceso de toma de decisiones. 3
12.1.8. Este tribunal ha precisado que de la lectura del artículo 216 de la Constitución se puede apreciar que el constituyente ha dejado claramente establecido que los partidos políticos son 3 Flavia Freidenberg, “Democracia interna: reto ineludible de los partidos políticos”, Revista de derecho electoral, núm. 1, primer semestre, Universidad de Salamanca, 2006, pág. 6. (El subrayado es nuestro). instituciones públicas (sentencia TC/0192/15 § 10.k), si bien de naturaleza no estatal con base asociativa, por lo que deben contar con estructuras democratizadoras que garanticen el derecho de sus militantes a intervenir en la vida interna de la agrupación, a efecto de dar cumplimiento al derecho de participación política, lo que implica la legítima aspiración a ocupar un puesto de dirección o de representación dentro de las estructuras partidarias y a no ser removido arbitrariamente de esos puestos [Sentencia TC/0531/15, de diecinueve (19) de noviembre de dos mil quince (2015), § 11.5.f). Por tal razón, los partidos, agrupaciones y movimientos políticos están sometidos al control jurisdiccional, de modo que sus normas o actos que lesionen o amenacen con vulnerar derechos fundamentales devienen en un presupuesto objetivo que permite a los ciudadanos afectados requerir la intervención contralora de la jurisdicción, a fin de restaurar su goce o impedir que sean conculcados.
12.1.9. De lo anterior se desprende que los partidos políticos están sujetos al cumplimiento de las normas relativa a la democracia interna, las que traen consigo, a su vez, las que son propias del debido proceso, no solo las previstas, de manera expresa, por el artículo 69 de la Constitución, sino, además, las que se suman a estas por el mandato del artículo 74.1 de la Constitución. Ello debe ser entendido así, ya que, como bien señalan los accionantes, la imposición de sanciones, de manera anticipada, a los militantes políticos (con su renuncia automática como miembros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos por el solo hecho de hacer los referidos pronunciamientos) constituye una violación del derecho, previo a toda sanción, a un juicio público, oral y contradictorio y a todas las garantías que conforman el debido proceso, de conformidad con los textos indicados.
12.1.10. En razón de ello, y con el propósito de salvaguardar el principio de la democracia interna de las entidades políticas y las garantías del debido proceso, y de conformidad con el principio de la interpretación conforme, y a fin de salvar la constitucionalidad del referido artículo 8, este tribunal constitucional procederá a desestimar la declaratoria de inconstitucionalidad de dicho texto, pero emitiendo una sentencia interpretativa respecto de este, a fin de adecuarlo a la Constitución, haciendo uso de las atribuciones que le reconoce el artículo 47 de la Ley núm. 137- 11, 4 texto que le ha servido de sustento en importantes casos de ponderación de principios constitucionales y de obligada aplicación del principio de razonabilidad. 5 Esta facultad tiene el propósito de garantizar la permanencia de la norma atacada en nuestro ordenamiento jurídico, evitando un vacío normativo innecesario, a condición de que dicha norma sea interpretada procurando armonizar o conciliar el fin perseguido por el legislador con los medios empleados por este, con la finalidad de no lesionar la primacía de la Constitución frente a las normas de carácter adjetivo.
12.1.11. De conformidad con lo dicho, y a fin de que el señalado texto sea conforme con la Constitución de la República, se dispone que este debe expresar que, en caso de que un militante de un partido, agrupación o movimiento políticos haga pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, no producirán su renuncia de manera automática, en respeto del principio a la democracia interna. Esto así sin perjuicio de la facultad que tiene la entidad política correspondiente de imponer sanciones contra dicho militante, en cuyo caso la sanción solo será válida si es dictada con ocasión de la celebración de un juicio 4 El artículo 47 de la Ley núm. 137-11 dispone: “El Tribunal Constitucional, en todos los casos que conozca, podrá dictar sentencias interpretativas de desestimación o rechazo que descartan la demanda de inconstitucionalidad, declarando la constitucionalidad del precepto impugnado, en la medida en que se interprete en el sentido que el Tribunal Constitucional considera como adecuado a la Constitución o no se interprete en el sentido o sentidos que considera inadecuados”. 5 Véase las sentencias TC/0044/12, de doce (12) de septiembre de dos mil doce (2012) y TC/0563/15, de cuatro (4) de diciembre de dos mil quince (2015). disciplinario de conformidad con lo establecido en los estatutos partidarios y en el que sean observadas las garantías que conforman el debido proceso.
12.2. En cuanto al acápite 12 del artículo 25 Respecto del acápite 12 del artículo 25 de la referida ley, este órgano colegiado procede a hacer las consideraciones que constan a continuación:
12.2.1. El referido artículo reza de la siguiente manera: “Prohibiciones. Se prohíbe a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos: […] 12) Concurrir aliados en el primer proceso electoral ante el cual se presentan, debiendo entonces postular candidaturas propias en ese certamen, de cualquier nivel que se trate”.
12.2.2. Los accionantes, así como los intervinientes voluntarios, alegan que el artículo citado transgrede las disposiciones contenidas en los artículos 39, 40.15, 47, 211, 212.IV y 216.2 de la Constitución de la República, ya que establece un trato diferenciado entre los partidos políticos ya reconocidos y los de nuevo reconocimiento, pues prohíbe que estos últimos pueden concurrir aliados en el primer proceso electoral, creando así una situación de desventaja en el desarrollo de sus campañas y actividades. Sostienen, asimismo, que el referido texto también vulnera la democracia interna de dichos partidos ante la imposibilidad de decidir sobre sus alianzas estratégicas.
12.2.3. Sobre la alegada vulneración al principio de igualdad entre los partidos políticos, este tribunal, afiliándose a la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia, 6 ha adoptado el llamado test de igualdad, 7 respecto del cual se hace conocido un método cuya idoneidad y razonabilidad coadyuvan a la labor del juez constitucional, pues estos permiten evaluar si una norma transgrede este principio. Sus elementos fundamentales son los siguientes: 1. Determinar si las situaciones de los sujetos bajo revisión son similares. 2. Analizar la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado. 3. Destacar los fines perseguidos por el trato disímil, los medios para alcanzarlos y la relación entre medios y fines.
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12.2.4. Al analizar los elementos del referido principio de igualdad, este tribunal verifica que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deben satisfacer, para su reconocimiento, los mismos requisitos exigidos por la Ley núm. 275-97, Ley Electoral de la República Dominicana, de veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos noventa y siete (1997). Además, su conformación y funcionamiento están amparados bajo las mismas prerrogativas constitucionales, sin que nuestra Carta Sustantiva establezca ningún tipo de distinción. Por tanto, los partidos políticos que participan en su primer proceso electoral como los demás son tratados de igual manera por la Constitución de la República.
12.2.5. Una simple lectura del acápite 12 del artículo 25 de la Ley núm. 33-18 pone en evidencia que dicho texto prohíbe a los partidos que participan en su primer proceso electoral pactar acuerdos con otros partidos o agrupaciones políticas para concurrir aliados a ese proceso, impedimento que no se establece a los partidos que 6 Vid. C-748/09, de veinte (20) de octubre de dos mil nueve (2009), de la Corte Constitucional de Colombia. 7 Vid. TC/0033/12, de quince (15) de agosto de dos mil doce (2012) y TC/0594/16, de veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciséis (2016). ya han participado en procesos electorales anteriores. Con dicho texto se procura, aparentemente, de conformidad con el artículo 75 de la ley, hacer desaparecer, eliminar o disolver, mediante la supresión de la personería jurídica, los partidos, agrupaciones o movimientos políticos que no obtengan el uno por ciento (1%) de los votos válidos emitidos en el proceso electoral en que participen por primera vez. Sin embargo, con independencia de que de la lectura del referido texto no se puede determinar con claridad el fin perseguido por el legislador, es evidente que dicha disposición no es cónsona con los principios en los que está cimentada la democracia representativa dominicana ni con los fines esenciales que, respecto a los partidos políticos, ha dejado nítidamente establecido el constituyente dominicano en el artículo 216 de la Constitución. Ello significa, por consiguiente, que la disposición atacada no es adecuada ni idónea respecto de los fines perseguidos, puesto que, como se evidencia, el trato desigual que da a los señalados partidos políticos genera una situación de discriminación en contra de las entidades políticas que participan por primera vez en un proceso electoral y, por tanto, de privilegio en favor de los demás partidos, vulnerando así el derecho a la igualdad, reconocido como derecho fundamental por el artículo 39 de la Constitución de la República, texto que, en su acápite 1, “condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos y virtudes”.
12.2.6. Así ponderado, el acápite 12 del artículo 25 de la Ley núm. 33-18 también es contrario a los artículos 211 y 212.IV de la Constitución de la República, puesto que, al disponer que la Junta Central Electoral pueda disolver, mediante resolución y al amparo del artículo 75.1 de la Ley núm. 33-18, la personería de los partidos, desconoce el mandato contenido en esos textos, los cuales imponen a la Junta Central Electoral la obligación de organizar, dirigir, supervisar y velar los procesos electorales para que estos se lleven a cabo con sujeción, entre otros, al principio de equidad, desconocido por el texto atacado de inconstitucionalidad, ya que, como se ha indicado, el referido artículo 25.12 establece un trato desigual y de privilegio entre los partidos (sobre la base de su participación en dichos procesos), contraviniendo el derecho a la igualdad y al trato equitativo.
12.2.7. En cuanto a la alegada vulneración al principio de razonabilidad establecida en el artículo 40.15 de la Constitución, este tribunal, en su Sentencia TC/0044/12, de veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012), se pronunció respecto del test de razonabilidad, con el objetivo de establecer si la norma atacada cumple con los parámetros constitucionales exigidos por el artículo 40.15 de la Constitución de la República, en cuanto a la justificación y utilidad de la norma. En esa decisión, a fin de ser verificados y determinar si se cumplía con el principio de razonabilidad, este tribunal fijó como componentes del indicado test los siguientes elementos: • Establecer qué se busca con la norma objetada (análisis de la finalidad). • Determinar cómo se va a lograr lo buscado (análisis del medio). • Determinar qué tan propicia es la medida para alcanzar lo buscado (análisis de la relación medio-fin).
TC/0441/19, numeral 12, 12.2.6–12.2.7, pág. 67 — PDF oficial
12.2.8. En lo concerniente a la finalidad, el artículo 25.12 de la Ley núm. 33- 18 presumiblemente procura, en concordancia con su artículo 75.1, según lo dicho, la desaparición de la vida política partidista de todas aquellas entidades que al participar en su primer proceso electoral no logren obtener, por simpatía electoral propia, el 1 % de los votos válidos emitidos. Para lograr el fin perseguido, el texto cuestionado ha prohibido a los partidos que concurren por primera vez la posibilidad de concurrir en alianza con otros partidos a su primer proceso electoral, lo cual, según el criterio establecido up supra por este tribunal, constituye una violación, al menos, de los artículos 39.1, 211 y 212.IV de la Constitución de la República. Esto significa que el medio empleado para lograr el fin procurado no solo no es adecuado, sino que es ilegítimo, debido a que desconoce derechos fundamentales o constitucionales.
12.2.9. Las precedentes consideraciones ponen de manifiesto que la vulneración de los derechos fundamentales o constitucionales señalados constituye un sacrificio mayor (por ser lesiva para el ejercicio de esos derechos) que las ventajas o beneficios que conlleva la aplicación del texto por parte de la Junta Central Electoral y, por tanto, dicho texto no satisface el requisito de la proporcionalidad requerida para que se considera que una norma es razonable. Por consiguiente, el referido texto no supera el test de razonabilidad.
TC/0441/19, numeral 12, 12.2.8–12.2.9, pág. 68 — PDF oficial
12.2.10. En lo que respecta a la alegada vulneración a la libertad de asociación y democracia interna de los partidos, estipulada en los artículos 47 y 216 de la Constitución, es preciso indicar que este tribunal ha podido verificar que la ley de partidos reconoce, en la parte considerativa de la norma, que …todas las personas merecen recibir un trato igualitario ante la ley, a los fines de disponer de la misma protección y trato de las instituciones y sus autoridades, sin tener que ser objeto de ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, condición social o personal. Por tanto, el hecho de impedir que los partidos que van a su primer proceso electoral se asocien con otras entidades políticas (prohibición que no afecta a los partidos que ya han participado en otros procesos electorales), sitúa a los primeros en una situación de desventaja, puesto que estas alianzas deben considerarse como parte esencial de la libertad que tienen los partidos políticos de garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos en igualdad de condiciones. Por tanto, vedar la participación en los procesos electorales en esas condiciones, de conformidad con los intereses particulares de los partidos que pactan, su conveniencia y discrecionalidad, vulnera la libertad de asociación (consagrada como derecho fundamental por el artículo 47 de la Constitución) y el derecho a la democracia interna de los partidos políticos (prevista por el artículo 216 de la Constitución). De conformidad con las precedentes consideraciones, procede declarar no conforme con la Constitución el acápite 12 del artículo 25 de la Ley núm. 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
12.3. En cuanto a la parte capital del artículo 43
12.3.1. La parte capital del artículo 43 de la Ley núm. 33-18 dispone lo siguiente: “Propaganda permitida durante la precampaña. La precampaña política es un proceso limitado a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos”.
12.3.2. Este texto, tal como sostienen los accionantes es inconstitucional por vulnerar el principio de razonabilidad establecido en el artículo 40.15 de la Constitución de la República. Se puede válidamente afirmar, en este sentido, que, ciertamente, el artículo atacado establece un contrasentido referente al proceso de la precampaña por limitarlo dentro de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, pese a que estas entidades pueden utilizar el padrón universal otorgado por la Junta Central Electoral para las primarias abiertas.
12.3.3. Asimismo, como entienden los accionantes, ese texto vulnera el principio de igualdad, consagrado por artículo 39 de la Constitución. En efecto, si se establecen una comparación entre los precandidatos que ocupan posiciones ejecutivas, congresuales o municipales y aquellos que no las ocupan, se llegará fácilmente a la conclusión de que los primeros tienen ventajas sobre los segundos, sobre todo porque en la ley de partidos ni en la Ley núm. 275-97, Ley Electoral de la República Dominicana, no existe ninguna disposición que regule el ejercicio de la función pública cuando esta colida con aspiraciones a cargos electivos.
TC/0441/19, numeral 12, 12.3.1–12.3.3, pág. 70 — PDF oficial
12.3.4. Ello es así según lo juzgado por este tribunal respecto del mencionado principio de igualdad, sobre la base del citado test o juicio de igualdad, el cual puede auxiliarse el juez constitucional a fin de evaluar cualquier situación y establecer si una norma transgrede ese principio. Los elementos fundamentales ya previamente citados hacen referencia a lo siguiente: 1. Determinar si la situación es de los sujetos bajo revisión son similares. 2. Analizar la razonabilidad, proporcionalidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado. 3. Destacar los fines perseguidos por el trato disímil, los medios para alcanzarlos y la relación entre medios y fines.
12.3.5. En el presente caso, este tribunal advierte, en cuanto al primero de los elementos que componen el referido test, que el medio empleado por el artículo atacado pretende, al limitar o circunscribir la precampaña política al ámbito interno de cada partido, no es lógicamente cónsono con el texto de la Ley núm. 33-18, que permite a las entidades políticas organizar sus respectivas campañas internas utilizando un padrón electoral universal sobre la base de elecciones primarias abiertas, lo que obliga a los precandidatos, por necesidad, a dirigir su propaganda hacia electores y eventuales votantes que no son militantes de sus partidos, debiendo romper para ello el círculo interno de los partidos.
TC/0441/19, numeral 12, 12.3.4–12.3.5, pág. 71 — PDF oficial
12.3.6. Parece obvio que la prohibición de la campaña externa a los partidos con padrón abierto constituye un valladar para que la propaganda de sus precandidatos llegue a los electores que no son militantes de esos partidos, lo que no es lógico y razonable, vulnerando así el principio de razonabilidad previsto por el artículo 40.15 de nuestra Ley Fundamental, pues, a la luz de lo dicho, la limitación de la precampaña dentro de las entidades políticas no es un medio idóneo empleado por el legislador, conforme a lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley núm. 33-18, para alcanzar el señalado fin perseguido, sobre todo si se entiende que los precandidatos no podrían disponer de todos los medios legítimos que permitan las normas reglamentarias de cada entidad política para hacer llegar su propuesta electoral a los electores que no militan en su organización política.
12.3.7. En este sentido, el medio previsto por la ley de partidos (al establecer el señalado límite a las actividades proselitistas) permite advertir que la referida restricción es ilógica e irrazonable, además de arbitraria, ya que, si bien, por una parte, la medida, de incuestionable interés público, procura la paz ciudadana, no es menos cierto, por otra parte, que ella no constituye el medio idóneo para lograr esos fines, de conformidad con lo precedentemente apuntado.
12.3.8. De lo anterior se concluye que el artículo 43 de la Ley núm. 33-18 vulnera el artículo 39 de la Constitución, relativo al principio de igualdad, así como los artículos 40.15 y 74.2, sobre el principio de razonabilidad. En consecuencia, procede declarar la nulidad de dicho texto.
12.4. En cuanto a los acápites 4 y 6 y al párrafo III del artículo 44
12.4.1. El artículo 44 de la Ley núm. 33-18 dispone: Propaganda prohibida en el período de precampaña. Durante el período de precampaña o campaña interna, queda prohibido: […] 4) Toda propaganda política que se fundamente, haga referencia o pueda percibirse de manera negativa, irrespetuosa o contraria a los principios, costumbres y valores culturales de la comunidad local, regional o nacional, en el orden religioso, racial, de preferencia sexual, o de cualquier otra naturaleza que contravenga las buenas costumbres. 6) La difusión de mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos será sancionada conforme a los artículos 21 y 22 de la Ley No. 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Párrafo III: Las violaciones al presente artículo serán sancionadas con la retención de los fondos públicos que aporta el Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos conforme a la ley.
12.4.2. Los accionantes alegan que los acápites 4 y 6 del artículo 44 de la ley 33-18 resultan contrarios al artículo 49 de la Constitución, sobre libertad de expresión e información. En este sentido, entienden, primeramente, que el indicado inciso 4 “… contiene aspectos que hacen de la supuesta conducta pretenda ser un delito administrativo derivado de subjetividades que convierten la misma en inaplicable […]. Que establecer que un ilícito esté basado en algo que pueda percibirse es aceptar que se creen delitos indeterminados en materia administrativa, y que, si se toma en cuenta la tipicidad, el texto atacado no cuenta con los elementos necesarios, como son la claridad y la precisión”.
TC/0441/19, numeral 12, 12.4.1–12.4.2, pág. 73 — PDF oficial
12.4.3. Los accionantes alegan, también, la inconstitucionalidad del párrafo III del referido artículo de la ley, por entender que vulnera los artículos 40.8 y 40.14 de la Constitución, que consagran el principio de la personalidad de las penas, al establecer que “nadie puede ser sometido a medida de coerción sino por su propio hecho”, el primero, y que “nadie es penalmente responsable por el hecho de otro”, el segundo.
12.4.4. En relación con la alegada vulneración del acápite 4 del artículo 44, este tribunal (al referirse a la libertad de expresión e información) en su Sentencia TC/0075/16, de cuatro (4) de abril de dos mil dieciséis (2016), puntualizó, entre otras cosas, lo siguiente: El Art. 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dispone: Libertad de Pensamiento y de Expresión.1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. […] Desde la perspectiva jurídica, la esencia del honor se basa en la dignidad humana, que es predicable en virtud del artículo 38 de la Constitución, siendo uno de los derechos que encabezan el Título II de la misma que se denomina “De los derechos, garantías y deberes fundamentales.
TC/0441/19, numeral 12, 12.4.3–12.4.4, pág. 74 — PDF oficial
12.4.5. Asimismo, respecto del ejercicio de este derecho fundamental, en su Sentencia TC/0437/16, de trece (13) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), este tribunal estableció lo siguiente: […] Sobre el alcance para ejercer el derecho fundamental a la libertad de expresión y difusión del pensamiento en las redes sociales, sin que ello repercuta de manera negativa en los derechos e intereses de terceras personas. En ese tenor, este Tribunal Constitucional estima que, para garantizar el orden jurídico y una pacífica convivencia, el umbral de dicho derecho debe limitarse a que su difusión no se encuentre impregnada de frases obscenas, expresiones injuriosas o insultantes, ni fundamentada en informaciones ilógicas y desproporcionadas. Al respecto, cabe aclarar que, para determinar si la opinión o el pensamiento difundido a través de estos medios masivos de comunicación se traduce en una afectación a los derechos fundamentales de cualquier persona –ya sea física o jurídica– que se considere afectada por el mismo, debe partirse de un margen de razonabilidad objetiva que permita separar las impresiones personales e interpretaciones que se puedan tener sobre tales publicaciones. Entonces, solo así es que podrían advertirse los límites a que se encuentra ceñido el ejercicio de este novedoso y creciente derecho.
12.4.6. En este mismo sentido, la Corte Constitucional de Colombia señaló, en su Sentencia T-550/12, de trece (13) de julio de dos mil doce (2012), que: La libertad de expresión se aplica en Internet del mismo modo que en otros medios de comunicación, concluyéndose que las redes sociales no pueden garantizar un lugar para la difamación, el denuesto, la grosería, la falta de decoro y la descalificación. Ciertamente, ningún fundamento se deriva del artículo 20 de la Constitución, ni de la normativa internacional, ni de precepto alguno que, al margen de la veracidad, valide la divulgación de agravios, improperios, vejámenes ni infundios por cualquier clase de medio de comunicación.
12.4.7. Es preciso indicar, además, que este tribunal, en la Sentencia TC/0092/19, de veintiuno (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019), se refirió a la libertad de expresión como … un pilar fundamental para el funcionamiento de la democracia y del Estado social y democrático de Derecho. En toda sociedad abierta o verdaderamente democrática, es indispensable pues la protección y promoción de la libre circulación de información, ideas y expresiones de todo tipo. El Estado tiene un deber esencial de garantizar neutralidad ante los contenidos y que no queden personas, grupos, ideas o medios de expresión excluidos a priori del debate público.
TC/0441/19, numeral 12, 12.4.6–12.4.7, pág. 76 — PDF oficial
12.4.8. Además, cuando el inciso 4 establece que “toda propaganda política que se fundamente, haga referencia o pueda percibirse de manera negativa”, puede entenderse que lo hace de acuerdo con las impresiones con que el afectado puede apreciar el mensaje. En este sentido, la percepción no se basa en supuestos objetivos, pues no son constitucionalmente válidas las prohibiciones relativas a la difusión del pensamiento al margen de las limitaciones que la propia Constitución y las demás normas del bloque de constitucionalidad establecen para preservar los derechos al honor o la reputación, a la intimidad, a la dignidad y a la moral de las personas, así como a la seguridad nacional, al orden público, a la salud y a la moral pública, ya que, fuera de esos casos, la expresión y difusión del pensamiento debe ser ejercida con libertad y sin censura previa. Por todo lo anteriormente dicho, este tribunal entiende que el acápite 4 del artículo 44 de la Ley núm. 33-18 es contrario al ejercicio de la libertad de expresión es información y, por tanto, al artículo 49 de la Constitución.
12.4.9. Asimismo, mediante la presente acción los accionantes pretenden que se declare la inconstitucionalidad del inciso 6 del artículo 44 de la Ley núm. 33-18. Al respecto es preciso advertir que la inconstitucionalidad erga omnes de ese texto fue declarada por este tribunal mediante la Sentencia TC/0092/19, de veintiuno (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019), por contravenir los artículos 49 de la Constitución de la República y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto del derecho a la libertad de expresión, el artículo 40.15 de la Constitución, que consagra el principio de razonabilidad, y el artículo 69.7, sobre el principio de legalidad.
TC/0441/19, numeral 12, 12.4.8–12.4.9, pág. 77 — PDF oficial
12.4.10. En consonancia con lo anteriormente señalado, es preciso consignar que el artículo 45 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, prescribe que “las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento”. Esta disposición tiene por finalidad que el Tribunal Constitucional no se aboque a ejercer nuevamente el control de constitucionalidad sobre normas y actos cuya inconstitucionalidad haya sido pronunciada y, en tal virtud, han sido excluidos del ordenamiento jurídico.
12.4.11. En torno al asunto que nos ocupa el Tribunal Constitucional, mediante la Sentencia TC/0046/15, de treinta (30) de mayo de dos mil quince (2015), ha fijado el siguiente criterio: Sobre este punto, se puede aducir que el carácter de cosa juzgada de las sentencias que declaran la anulación de las normas y actos del ordenamiento jurídico por estar afectados de inconstitucionalidad busca, en su esencia, el resguardo de la seguridad jurídica y el respecto de la confianza legítima, en la medida en que impide que se reapertura el juicio de constitucionalidad de una norma ya examinada. Por otro lado, permite que las normas y actos declarados contrarios a la Carta Magna sean reintroducidos en el ordenamiento jurídico, y, por demás, contribuye a racionalizar las decisiones de este tribunal constitucional, puesto que busca que las mismas sean consistentes y hagan explícito el razonamiento decisivo, así como su fundamento constitucional.
TC/0441/19, numeral 12, 12.4.10–12.4.11, pág. 78 — PDF oficial
12.4.12. En consecuencia, este tribunal constitucional, al constatar que la Sentencia TC/0092/19, de veintiuno (21) de mayo de dos mil diecinueve (2019), acogió una acción de inconstitucionalidad respecto de la misma norma impugnada en el presente proceso, procede a declarar la inadmisibilidad, por existir cosa juzgada, de la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los accionantes contra el numeral 6 del artículo 44 de la Ley núm. 33-18, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de esta sentencia.
12.4.13. Los accionantes alegan, por igual, la inconstitucionalidad del párrafo III del referido artículo 44, por entender que este vulnera los artículos 40.8 y 40.14 de la Constitución, que consagran el principio de la personalidad de la pena, los cuales prescriben, de manera respectiva, que “nadie puede ser sometido a medidas de coerción sino por su propio hecho” y que “nadie es penalmente responsable por el hecho de otro”.
TC/0441/19, numeral 12, 12.4.12–12.4.13, pág. 79 — PDF oficial
12.4.14. Sobre el principio de personalidad de la pena, este tribunal señaló en su Sentencia TC/0162/13, de dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013), lo siguiente: Nuestra Carta Sustantiva fundamenta la imputabilidad penal en el principio de la personalidad de la pena. Tal aseveración es patente al examinar el mandato que ella contiene de que nadie pueda ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa. En este precepto, que únicamente permite la pena por los actos que cometa la persona y descarta que se castigue por su condición o por lo que desee, sienta o piense, se percibe claramente que el principio de culpabilidad está fundamentado en la voluntad, o sea, en la facultad de ordenar y decidir la propia conducta. De la adopción del principio de culpabilidad como condición para la imputación penal, se desprende el principio de la personalidad de las penas, consagrado en el numeral 14 del artículo 40 de la Constitución y que expresa que “nadie es penalmente responsable por el hecho del otro.
12.4.15. Por otra parte, el estudio del párrafo III del artículo 44 de la ley permite concluir que este texto no señala el sujeto o los sujetos a que se encuentra dirigida la prohibición que establece. Ciertamente, de su lectura solo puede concluirse que existe un número de determinadas acciones que se encuentran vedadas durante el período de precampaña o campaña interna.
TC/0441/19, numeral 12, 12.4.14–12.4.15, pág. 79 — PDF oficial
12.4.16. En tal sentido, ha de entenderse que dicho enunciado tiene que ir dirigido a las personas, sean físicas o jurídicas, que se dediquen a las actividades proselitistas dentro del período de la precampaña de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Este razonamiento se hace partiendo del análisis conjunto de la norma, pues la misma se encuentra bajo el título “Período de Precampaña o Campaña Interna”, y está únicamente dirigida a los sujetos que allí son mencionados.
12.4.17. Este órgano colegiado procede, a continuación, a análisis de la norma objetada. Esta prevé una sanción de índole administrativo en perjuicio de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, por las violaciones a las prohibiciones que señala el artículo 44.
12.4.18. No obstante, en este sentido se presenta la misma situación preestablecida en la consideración anterior. En efecto, no ha sido señalado, de manera directa, el sujeto a que va dirigido la norma, pues solo se señala, de manera limitada: “las violaciones del presente artículo serán sancionadas…”. Por tanto, no se puede determinar cuál es el sujeto que debe ejecutar la acción para que se configure la sanción administrativa. Pero como se ha dicho, del análisis conjunto de la norma se puede colegir que se refiere a todos aquellos sujetos envueltos en la precampaña.
TC/0441/19, numeral 12, 12.4.16–12.4.18, pág. 80 — PDF oficial
12.4.19. Partiendo de lo anterior es que entendemos que se da el símil con el régimen subsidiario o en cascada de responsabilidad penal, en donde partidos, agrupaciones y movimientos políticos responderán por las acciones prohibidas en que pueda incurrir cualquiera de los sujetos que se encuentre dentro de las actividades propias de la precampaña. De esa manera, se puede prever una sanción administrativa en contra del conglomerado que se establece en la norma, sin que necesariamente exista un nivel de participación en la acción vedada. Esto evidencia una responsabilidad en el hecho de otro. Dicha presunción de responsabilidad resulta arbitraria, toda vez esto podría ocasionar que la persona castigada sea diferente aquella quien ha desarrollado la acción tipificada como prohibida, lo que es incompatible con el principio de personalidad de la pena, como señalan los accionantes. Por lo que, en caso de que un sujeto diferente a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, ejecute, realice o ejerza una de las acciones prevista en el artículo 44 de la referida ley, debe ser la responsable directa por su accionar y no así los sujetos para el cual se dirige la sanción administrativa prevista en el párrafo III analizado. De no ser así se contradice el principio de la personalidad de la pena.
12.4.20. Este tribunal detecta, además, una deficiencia en la configuración de la sanción aplicable, la cual afecta su constitucionalidad. En efecto, si bien el artículo 44 de la Ley núm. 33-18 establece una serie de conductas prohibidas en los períodos de precampaña o de campaña interna de las entidades políticas (detalladas en los incisos 1 a 8 y en el párrafo I del citado artículo), solo configura una sanción común a todas las conductas prohibidas; sanción que recae en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, afectando, de manera específica, los fondos públicos que estos reciben, debido a la retención que resulta de la sanción. Si bien la simple penalización de entidades morales por el hecho de personas relacionadas a estas no constituye per se una violación al principio de la personalidad de la pena, en el presente caso se trata de entidades políticas que cumplen una función pública determinada de capital importancia, como es la de servir de vehículo a la formación y expresión de la voluntad popular. Adicionalmente, las actuaciones prohibidas se refieren a actuaciones de propaganda política, promoción de candidaturas, difusión de mensajes y similares en períodos de precampaña que pueden ser atribuidas de manera directa a los precandidatos que violen o por cuyas instrucciones sean violadas las normas señaladas, incluso sin apoyo o conocimiento de esas entidades políticas y de sus organismos de dirección. Más aún, al establecerse como única sanción aquella dirigida a la retención de fondos públicos, afectando así las finanzas de la organización por el hecho de uno o más de sus precandidatos, se están afectando las finanzas de la organización como entidad con personalidad jurídica distinta a la de sus miembros, sino, también, a todos sus demás miembros, especialmente a aquellos que hayan optado o decidido optar por cargos en esa misma contienda, quienes, de resultar victoriosos en la precampaña, se verían afectados por la referida retención. Por último, dicha disposición (que parece procurar la eficacia de la norma, de conformidad con la amenaza de aplicación de la sanción contra la entidad política) es violatoria del principio de razonabilidad, en tanto que esta pretende obligar a que determinados individuos, entes particulares (los precandidatos), se abstengan de realizar una actuación prohibida o no deseada y, sin embargo, la sanción recae sobre el conglomerado (la entidad política), afectando a la totalidad de sus miembros. De ello resulta, como se ha dicho, que la norma impugnada viola, como se ha dicho, el principio de razonabilidad al no existir proporcionalidad entre las consecuencias jurídicas de la misma y el fin perseguido.
12.4.21. De lo indicado se concluye que el párrafo III del artículo 44 de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos políticos no es conforme con la Constitución, por lo que procede declarar su nulidad.
12.5. En cuanto a los párrafos I, II y III del artículo 45
12.5.1. Los párrafos I, II y III del referido artículo disponen lo que se expresa a continuación: Párrafo I.- Las primarias, convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas son las modalidades mediante las cuales los partidos, agrupaciones y movimientos políticos escogen sus candidatos y candidatas. Los candidatos y candidatas seleccionados mediante cualquiera de estas modalidades quedan habilitados para ser inscritos en la junta electoral correspondiente, de conformidad con la Constitución y la ley. Párrafo II.- Cada partido, agrupación y movimiento político tiene derecho a decidir la modalidad, método y tipo de registro de electores o padrón para la selección de candidatos y candidatas a cargo de elección popular. Párrafo III.- El organismo competente en cada partido, agrupación y movimiento político de conformidad con la presente ley para decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos o candidatas son los siguientes: Comité Central, Comisión Ejecutiva, Comisión Política, Comité Nacional o el equivalente a uno de estos, de igual manera tiene facultad para decidir la modalidad y método a utilizar.
12.5.2. Los accionantes alegan que el párrafo I del artículo 45 de la Ley núm. 33-18 vulnera el artículo 216 de la Constitución al considerar las encuestas como un método impracticable que viola el derecho de los militantes de escoger el candidato que los representará. Asimismo, los accionantes invocan la declaratoria de inconstitucionalidad del párrafo II del referido artículo.
TC/0441/19, numeral 12, 12.4.21–12.5.2, pág. 83 — PDF oficial
12.5.3. En igual sentido, los accionantes alegan la inconstitucionalidad del párrafo III del mismo artículo, que vulnera los artículos 47 y 216 de la Constitución dominicana y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al permitir que un grupo que conforma el partido sea el que decida el método de elección de todos los candidatos a funciones públicas electivas.
12.5.4. Es preciso aclarar que en cuanto a la alegada vulneración constitucional por parte del párrafo I del artículo 45, los accionantes solo atacan lo que se refiere a las encuestas como modalidad para escoger los candidatos y candidatas de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, no así los demás aspectos.
12.5.5. En este sentido es necesario precisar, como punto de partida, que, tal y como ha precisado este tribunal respecto a la democracia interna de los partidos, conforme a lo previsto por el artículo 216 constitucional, que procede dejar debidamente establecido que los partidos políticos son entidades “… de naturaleza no estatal con base asociativa, por lo que deben contar con estructuras democratizadoras que garanticen el derecho de sus militantes a intervenir en la vida interna de la agrupación…” [TC/0531/15, de diecinueve (19) de noviembre de dos mil quince (2015)]. De ello se concluye que, en relación con este aspecto de la cuestión planteada, este tribunal debe tener como norte indiscutido, dentro de los límites razonables, el respeto de la democracia interna de los partidos y, por ende, de la voluntad libérrima de sus miembros, siempre que esta sea conforme con el principio de legalidad y la supremacía de la Constitución y las demás normas que integran el bloque de constitucionalidad.
TC/0441/19, numeral 12, 12.5.3–12.5.5, pág. 84 — PDF oficial
12.5.6. Teniendo en cuenta que la encuesta es definida como la consulta hecha a un número representativo de personas para conocer determinadas cuestiones que les afectan o su opinión sobre un asunto, 8 y que, por tanto, ha sido tradicionalmente considerada como un método científico que, de manera aleatoria, permite medir el grado de aceptación y rechazo (así como otros elementos medibles) de un candidato en el mercado electoral, esto no impide que, de conformidad con lo decidido internamente por los partidos, la encuesta se haga entre los militantes de una entidad política o en una entidad con padrón abierto, ya que el carácter aleatorio de este método puede incluir militantes del partido, así como el grado de simpatía y rechazo de sus candidatos dentro y fuera de la entidad, dato que puede ser del interés de la entidad y de sus militantes, según el criterio predominantes de estos, según se ha dicho, lo que es obviamente conforme a la democracia interna de los partidos políticos, con independencia de los márgenes de error de este método. Ello así sin dejar de reconocer el margen de error de las encuestas y el latente peligro de la 8 Diccionario práctico del Estudiante, Real Academia Española, España, 2012, pág. 261. manipulación, siempre posible, de los resultados de este método de medición. En este sentido, este tribunal considera que las encuestas, como método de selección de candidatos, requerirá que las firmas encuestadoras contratadas por los partidos observen lo dispuesto en los artículos 198 y 199 de la Ley núm. 15-19, Orgánica de Régimen Electoral.
12.5.7. Por consiguiente, no se advierte que el método de las encuestas (sobre la base de lo indicado) contradice, en derecho y puridad, los artículos 47 de la Constitución y 16 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, siempre que sea interpretado y aplicado en la forma precedentemente indicada.
TC/0441/19, numeral 12, 12.5.6–12.5.7, pág. 85 — PDF oficial
12.5.8. En consecuencia, procede declarar que el texto atacado no contraviene la Constitución.
12.5.9. Sobre la alegada inconstitucionalidad del párrafo II del artículo 45 de la Ley núm. 33-18, los accionantes no desarrollan los argumentos que justifican su pretensión, por lo que su petición en ese sentido carece de claridad, certeza, especificidad y pertinencia. 9 En razón de ello, procede declarar la inadmisibilidad de la acción en cuanto a este párrafo del artículo atacado, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la sentencia.
12.5.10. En la Sentencia TC/0214/19, de veintidós (22) de julio de dos mil diecinueve (2019), este tribunal se ha referido al asunto relativo a la inconstitucionalidad del párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18, lo que significa que la cuestión a que ella se refiere es cosa juzgada, con efecto erga omnes, por consiguiente. En esa ocasión este tribunal declaró la inconstitucionalidad de la 9 Sentencia TC/0150/13, de doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013). expresión del párrafo III del artículo 45 de la Ley núm. 33-18 que señala: “son los siguientes: Comité Central, Comisión Ejecutiva, Comisión Política, Comité Nacional o el equivalente a uno de estos, de igual manera tiene facultad para decidir la modalidad y método a utilizar”, y pronunció la nulidad de esta parte de la disposición legal, consignando la interpretación correcta de ésta.
TC/0441/19, numeral 12, 12.5.8–12.5.10, pág. 86 — PDF oficial
12.5.11. En consonancia con lo señalado, es necesario indicar que el artículo 45 de la Ley núm. 137-11 prescribe que “las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordenamiento”. Esta disposición tiene por finalidad que el Tribunal Constitucional no se aboque a ejercer nuevamente el control de constitucionalidad sobre normas y actos cuya inconstitucionalidad haya sido pronunciada y que, en tal virtud, hayan sido excluidos del ordenamiento jurídico.
12.5.12. En torno a este asunto el Tribunal Constitucional ha fijado, mediante la Sentencia TC/0046/15, de treinta (30) de marzo de dos mil quince (2015), el siguiente criterio: Sobre este punto, se puede aducir que el carácter de cosa juzgada de las sentencias que declaran la anulación de las normas y actos del ordenamiento jurídico por estar afectados de inconstitucionalidad busca, en su esencia, el resguardo de la seguridad jurídica y el respecto de la confianza legítima, en la medida en que impide que se reaperture [sic] el juicio de constitucionalidad de una norma ya examinada. Por otro lado, permite que las normas y actos declarados contrarios a la Carta Magna sean reintroducidos en el ordenamiento jurídico, y, por demás, contribuye a racionalizar las decisiones de este tribunal constitucional, puesto que busca que las mismas sean consistentes y hagan explícito el razonamiento decisivo, así como su fundamento constitucional.
TC/0441/19, numeral 12, 12.5.11–12.5.12, pág. 87 — PDF oficial
12.5.13. En consecuencia, este tribunal constitucional, al constatar que la Sentencia TC/0214/19, de veintidós (22) de julio de dos mil diecinueve (2019), acogió una acción de inconstitucionalidad respecto de la misma norma impugnada en el presente proceso, procede a declarar la inadmisibilidad, por existir cosa juzgada constitucional, la acción directa de inconstitucionalidad por los accionantes, Partido Alianza País (ALPAIS), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicano por el Cambio (DXC), Frente Amplio (FA), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática (OD) y señora Soraya Aquino, sin necesidad de hacerlo constar en el dispositivo de la sentencia.
12.6. En cuanto a la parte capital del artículo 46
12.6.1. El referido artículo prescribe lo siguiente: Carácter simultáneo de las primarias. Los partidos políticos que decidan hacer primarias la celebrarán de forma simultánea. La Junta Central Electoral es responsable de reglamentar, organizar, administrar, supervisar y arbitrar el proceso de primarias para la escogencia de los candidatos y candidatas a cargos de elección popular.
12.6.2. Los accionantes alegan que la parte capital del artículo 46 vulnera los artículos 47, 184 y 277 de la Constitución, por entender que el referido artículo dispone la organización de los procesos internos de los partidos políticos a cargo a la Junta Central Electoral (JCE).
TC/0441/19, numeral 12, 12.5.13–12.6.2, pág. 88 — PDF oficial
12.6.3. Este tribunal se ha referido a la libertad de asociación consignada en el artículo 47 de la Constitución de la República, concebida como …un derecho civil y político esencial […] que consiste en la facultad de que disponen los seres humanos de unirse y formar grupos, asociaciones u organizaciones libremente, con objetivos de concreción lícitos, la libertad de retirarse de las mismas en caso de así decidirlo. También comprende el derecho a no ser obligado a pertenecer a una asociación.
12.6.4. La Sentencia TC/531/15, de diecinueve (19) de noviembre de dos mil quince (2015), ya citada, ha reconocido que el artículo 216 de la Constitución reconoce … como especie de la libertad genérica de asociación, el derecho de asociación política. Este último comprende la posibilidad de que ciudadanas y ciudadanos constituyan libremente, conforme a la ley, partidos, agrupaciones o movimientos políticos, o bien puedan optar por formar parte de los ya existentes…
TC/0441/19, numeral 12, 12.6.3–12.6.4, pág. 89 — PDF oficial
12.6.5. Dicho lo anterior, este tribunal entiende que el derecho reconocido por el artículo atacado a la Junta Central Electoral es conforme con la Constitución por no transgredir la libertad de asociación, prevista en el artículo 47 de la Constitución, ni la democracia interna de los partidos, consignada en el artículo 216 de la Constitución. Esto así porque la previsión legal tiene su sustento en que la participación de la Junta Central Electoral en la organización de los procesos de selección de candidatos no excluye a las entidades políticas de esos procesos. Además, del estudio del artículo 212 de la Constitución se infiere que nada impide que el legislador ordinario otorgue a la Junta Central Electoral otras atribuciones a las especificadas en ese texto, entre la que está la contribuir a la organización de los procesos electorales internos de las entidades políticas. Esto se pone de manifiesto en que la intervención de la Junta Central Electoral tiene por propósito garantizar un proceso electoral más transparente en lo concerniente al ejercicio de la democracia interna de las entidades políticas, lo cual es conforme con lo dispuesto en el artículo 212 de la Constitución, relativo a las atribuciones de dicho organismo.
12.6.6. En lo que concierne a los artículos 184 y 277 de la Constitución de la República, la acción directa de inconstitucionalidad será declarada inadmisible en aplicación del artículo 38 de la Ley núm. 137-11, en razón de que los accionantes no explican, con claridad, certeza, especificidad y pertinencia, 10 en qué consiste la alegada vulneración de los referidos textos, requisitos mínimos de exigibilidad de toda acción de inconstitucionalidad.
12.7. En cuanto al artículo 47
12.7.1. El artículo 47 de la Ley núm. 33-18 dispone lo que a continuación se transcribe: Apropiación de fondos para las primarias. Los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de 10 Ibíd. elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística.
12.7.2. Los accionantes alegan que este artículo transgrede el artículo 237 de la Constitución, ya que, según declaraciones públicas y mediante documentos entregados a los partidos políticos, la Junta Central Electoral determinó que la organización de las elecciones primarias conlleva un gasto aproximado de cinco mil millones de pesos dominicanos ($5,000,000,000.00) y la fuente identificada solo provee unos mil quinientos millones de pesos dominicanos ($1,500,000,000.00). Este cálculo viene dado porque la contribución económica del Estado a los partidos es de un cuarto de los ingresos nacionales, los cuales están estimados para el dos mil diecinueve (2019) en unos seiscientos ochenta y siete mil treinta y cuatro millones seiscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y siete pesos dominicanos ($687,034,634,477.00), de donde se concluye que la fuente identificada en la ley es insuficiente.
TC/0441/19, numeral 12, 12.7.1–12.7.2, pág. 90 — PDF oficial
12.7.3. En tal sentido, este tribunal verifica que los accionantes no precisan la transgresión que ese texto causa a nuestra Ley Fundamental. Se puede inferir, más bien, que los accionantes hacen referencia a que el aporte asignado por el Estado no es suficiente y que es necesario un aumento de éstos para la realización de las elecciones primarias de los partidos, pues el artículo 237 de la Constitución versa sobre la obligación del pago por parte de las fuentes que la ley identifique, como ocurre en el caso de la especie, ya que la parte capital del artículo 46 de la Ley núm. 33-18 identifica las fuentes que proveerán los recursos necesarios para dichas elecciones, al disponer: “…del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”. Por consiguiente, ese artículo no vulnera el artículo 237 de la Constitución.
12.8. En cuanto al inciso 3 del artículo 49
12.8.1. El artículo 49.3 de la Ley núm. 33-18 prescribe: Requisito para ostentar una precandidatura. Para aspirar y ostentar una precandidatura o candidatura en representación de un partido, agrupación o movimiento político, se requiere: 3) Que tenga un tiempo de militancia o permanencia mínimo en el partido, agrupación o movimiento político consignado en los estatutos orgánicos del partido, agrupación o movimiento político por la que aspira a postularse.
TC/0441/19, numeral 12, 12.7.3–12.8.1, pág. 91 — PDF oficial
12.8.2. Tanto los accionantes como los intervinientes voluntarios alegan que el numeral 3 del artículo 49 de la ley viola los artículos 22.1, 47, 184 y 216 de la Constitución y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativos, ambos, a la libertad de asociación, al imponer la prohibición a los partidos políticos de designar candidatos que no sean militantes de los partidos políticos. Entienden que los partidos políticos, gracias a su autonomía funcional, pueden determinar que una persona que no pertenezca a sus filas pueda ser postulada por dichas entidades, conforme al principio de la democracia interna de los partidos y al derecho de elegir y ser elegido.
12.8.3. Este tribunal en un caso similar, en la Sentencia TC/0531/15, de diecinueve (19) de noviembre de dos mil quince (2015), se ha referido a la igualdad de derechos a elegir y ser elegidos, tanto de los ciudadanos que no pertenecen a las filas de los partidos políticos como los que militan en el mismo, en el sentido de que … es una tradición arraigada de la a democracia contemporánea, el que los partidos políticos permitan que ciudadanas y ciudadanos no militantes aspiren, a través suyo, a cargos de elección popular. Con ello se aseguran que personas de reconocido prestigio y arraigo popular, coincidentes con su programa político y la visión ideológica de gobernar que éste proyecta, puedan hacer causa común en el logro de la finalidad esencial para la cual existen los partidos: ‘servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad. Esta apertura hacia líderes de la sociedad civil, religiosos, deportistas, artistas, entre otros, encuentra justificación en el rol instrumental que, conforme el artículo 216 de la Constitución, están llamados a jugar los partidos políticos para “garantizar la participación de ciudadanas y ciudadanos en los procesos políticos’ y ‘contribuir a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular’ ”.
12.8.4. El estudio del artículo atacado constituye una barrera para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido y la libertad asociación, toda vez que, como bien ha establecido en la sentencia citada, nada debe impedir que el ciudadano que recién ingresa a las filas y quiere aspirar pueda optar inmediatamente conforme a los principio que fundamentan la democracia contemporánea que procuran mayor libertad a los partidos para elegir candidatos con el propósito de permitir que más personas confluyan en la vida política. En este sentido debe entenderse que no es necesario esperar un tiempo de militancia determinado para que un ciudadano manifieste su interés de aspirar a una candidatura de elección popular. Además, y es quizás lo más importante, siempre es previsible que, dadas determinadas situaciones históricas, es probable que los partidos, agrupaciones o movimientos políticos tengan la necesidad de postular candidatos que no sean militantes de ninguna organización política, pero que, puedan ser considerados como candidatos para representar los intereses tácticos o estratégicos de la entidad. Es precisamente en esos específicos contextos en que tiene pertinencia el precedente establecido por este tribunal mediante la Sentencia TC/0531/15. Ello significa que el texto atacado vulnera la Constitución de la República.
12.8.5. En lo relativo a la alegada inconstitucionalidad del artículo 184 de la Constitución, los accionantes no precisan en qué consiste la alegada vulneración, lo que significa que no satisfacen las condiciones a que se refiere el artículo 38 de la Ley núm. 137-11, el cual dispone que “el escrito en que se interponga la acción será presentado ante la Secretaría del Tribunal Constitucional y debe exponer sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las disposiciones constitucionales que se consideren vulneradas”. En razón de ello, procede declarar la inadmisibilidad de este pedimento, sin necesidad de hacerlo constar en la parte dispositiva de la presente decisión.
12.9. En cuanto a los artículos 57 y 58
12.9.1. Los artículos atacados establecen lo que a continuación se transcribe: Artículo 57. Candidaturas reservadas en los casos de alianza o fusión. Las candidaturas asignadas o reservadas por un partido, agrupación o movimiento político a dirigentes del mismo partido o de otro partido, agrupación o movimiento político como resultado de una alianza electoral o fusión, tendrán validez legal si las mismas son reservadas por lo menos treinta días antes del inicio de la precampaña correspondiente a la celebración de las primarias organizadas para la elección de los candidatos a cargo de elección popular. Artículo 58.- Porcentaje para las reservas. En el marco de lo establecido en la Constitución y la presente ley, el organismo de máxima dirección colegiada de todo partido, agrupación o movimiento político, con la aprobación de sus integrantes, tiene el derecho de reservar a conveniencia de su organización política, incluyendo los puestos cedidos a dirigentes de la misma organización o por acuerdos, alianzas o fusiones con otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos, un máximo de candidaturas a cargos de elección popular equivalente al veinte por ciento (20%) del total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidas por la Constitución y las leyes.
12.9.2. Los accionantes alegan que los artículos mencionados vulneran los artículos 47, 40.15, 74.2, 216 de la Constitución dominicana y el artículo 16 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Al analizar los artículos atacados se evidencia una restricción de las alianzas y coaliciones, tanto en el tiempo (momento en el cual habrán de producirse: antes de la designación de los candidatos), como el porcentaje para las reservas de las candidaturas de elección popular.
TC/0441/19, numeral 12, 12.9.1–12.9.2, pág. 94 — PDF oficial
12.9.3. Este tribunal, en la Sentencia TC/0044/12, de veintiuno (21) de septiembre de dos mil doce (2012), se ha referido en cuanto al test de razonabilidad con el objetivo de establecer si la norma atacada cumple con los parámetros constitucionales exigidos por el artículo 40.15 de la Constitución de la República, en cuanto a la justicia y utilidad de la norma, desarrollando los siguientes componentes para ser verificados: • Establecer qué se busca con la norma objetada (análisis de la finalidad). • Determinar cómo se va a lograr lo buscado (análisis del medio). • Determinar qué tan propicia es la medida para alcanzar lo buscado (análisis de la relación medio-fin).
12.9.4. Respecto al primer supuesto, se puede inferir que los artículos atacados tienen por objetivo limitar el tiempo y el porcentaje en que se deben concertar las reservas de candidaturas por parte de los partidos políticos como resultado de las fusiones o alianzas. En cuanto al segundo supuesto, sobre el análisis del medio, la ley para lograr su objetivo establece un plazo de treinta (30) días antes de la precampaña para de las reservas de candidaturas. De igual forma, asigna un porcentaje de veinte por ciento (20%) para esta reserva, para el total de las nominaciones para los puestos de senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores, subdirectores y vocales de distritos municipales establecidas por la Constitución y las leyes.
12.9.5. En lo que concerniente a la relación medio-fin se puede verificar que la medida es idónea para lograr el fin perseguido, puesto que al limitar el tiempo al periodo antes de la precampaña se pretende que los militantes conozcan de manera previa las alianzas que realizará su partido con otras entidades, a los fines de determinar la posibilidad de sus aspiraciones, así como el desarrollo de la promoción y propaganda de sus candidaturas.
TC/0441/19, numeral 12, 12.9.3–12.9.5, pág. 96 — PDF oficial
12.9.6. En cuanto al porcentaje del veinte por ciento (20%), el tope impuesto es razonable si se entiende que con ello se contribuye al fortalecimiento interno de los partidos, sobre la base de las lógicas aspiraciones personales de sus militantes, sobre todo si se asume que establecer ese tope es un reconocimiento a la fidelidad y a los derechos de esa militancia. Además, ese tope del veinte por ciento (20%) es un límite razonable a la discrecionalidad de la dirigencia de los partidos en la cesión de los cargos electivos cuando pactan alianzas con otras entidades políticas en detrimento de los derechos de sus militantes.
12.9.7. En cuanto a la alegada violación a la libertad de asociación estipulada en el artículo 47 de la Constitución dominicana y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo precedentemente indicado pone de manifiesto que los límites impuestos por los textos analizados no contrarían el derecho de asociación ni la democracia interna de las entidades políticas o de sus militantes.
12.9.8. Por consiguiente, procede declarar el carácter constitucional de los artículos 57 y 58 de la ley 33-18.
12.10. Alegada violación de la ley de partidos del artículo 40.15 de la Constitución
12.10.1. Los accionantes alegan que en la ley de partidos en su conjunto existe un divorcio entre el objeto de la ley y los artículos atacados, incongruencia que – según afirman– viola el principio de razonabilidad consignado en la Constitución.
TC/0441/19, numeral 12, 12.9.6–12.10.1, pág. 97 — PDF oficial
12.10.2. Este tribunal, en la Sentencia TC/0150/13, de doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), ha establecido que “… todo escrito contentivo de una acción directa de inconstitucionalidad debe indicar las infracciones constitucionales que se le imputan al acto o norma infraconstitucional cuestionada”. En tal virtud, la infracción constitucional debe tener: • Claridad: Significa que la infracción constitucional debe ser identificada en el escrito en términos claros y precisos. • Certeza: La infracción denunciada debe ser imputable a la norma infraconstitucional objetada. • Especificidad: Debe argumentarse en qué sentido el acto o norma cuestionado vulnera la Constitución de la República. • Pertinencia: Los argumentos invocados deben ser de naturaleza constitucional, y no legales o referidos a situaciones puramente individuales.
12.10.3. En la especie, los accionantes, al pretender en su escrito introductivo la declaratoria de inconstitucionalidad de la totalidad de la ley, no establecen en qué medida dicha disposición legal viola con claridad, certeza, especificidad y pertinencia la Constitución de la República, ni los argumentos de naturaleza constitucional que justifican su pretensión. En razón de ello, procede declarar, sin hacerlo constar en el dispositivo de la presente decisión, la inadmisibilidad de la acción en cuanto a la ley en su conjunto, pues dicha acción carece, en este sentido, de los requisitos mínimos de exigibilidad de toda acción directa de inconstitucionalidad.
TC/0441/19, numeral 12, 12.10.2–12.10.3, pág. 98 — PDF oficial
12.11. Comunicación de la sentencia De conformidad con el párrafo II, del artículo 49, de la Ley núm. 137-11, se comunicará a la Junta Central Electoral, en virtud de lo dispuesto en artículo 212 de la Constitución, en su calidad de órgano constitucional que regula el proceso electoral. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figura la firma de la magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez, en razón de que no participó en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la Ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Alba Luisa Beard Marcos y Wilson S. Gómez Ramírez. Constan en acta los votos salvados de los magistrados Lino Vásquez Sámuel, segundo sustituto; y Justo Pedro Castellanos Khoury, los cuales se incorporarán a la presente decisión de conformidad con el artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestas, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARA buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad, interpuesta por el Partido Alianza País (ALPAIS), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicano por el Cambio (DXC), Frente Amplio (FA), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática (OD) y la señora Soraya Aquino contra los artículos 8, 25, acápite 12; 43, parte capital; 44, acápites 4 y 6 y párrafo III; 45, párrafos I, II y III; 46, parte capital; artículo 47, acápite 3; 49, 57 y 58 de la Ley núm. 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018).
SEGUNDO: DECLARA, en cuanto al fondo, conformes con la Constitución de la República los siguientes artículos: 45, párrafo I; 46, 47, 57 y 58 de la Ley núm. 33- 18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por los motivos antes expuestos.
TERCERO: DECLARA no conforme con la Constitución de la República los siguientes artículos: 25, acápite 12; 43; 44, párrafo III; y 49, acápite 3, de la Ley núm. 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, de trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), por los motivos antes expuestos.
CUARTO: DECLARA que la disposición contenida en el artículo 8 de la Ley núm. 33-18, para que sea conforme con la Constitución, tendrá el siguiente contenido: “Causas de renuncia automática de afiliación. La afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político, el apoyo a otra candidatura contraria, la participación en actividades de partidos contrarios o la aceptación de candidaturas por otro partido implicarán la renuncia automática a toda afiliación anterior, cumpliendo con los requisitos establecidos en el artículo 7 de la presente ley, previa comprobación de que cualquiera de esas situaciones fuere con su aprobación o consentimiento”. Sin embargo, hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, para que sea conforme a la Constitución deberá leerse de manera que se interprete en el sentido de que “dichos pronunciamientos no producirán la renuncia automática de los militantes que así procedieren y que, en caso de que la entidad política en que militan pretendiere sancionarlos, la sanción impuesta solo será válida si fuere dictada con ocasión de un juicio disciplinario llevado a cabo con observancia de las garantías del debido proceso”.
QUINTO: DECLARA el presente proceso libre de costas, según lo dispuesto por el artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
SEXTO: ORDENA la comunicación, por Secretaría, de la presente sentencia, a la parte accionante, Partido Alianza País (ALPAIS), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicano por el Cambio (DXC), Frente Amplio (FA), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática (OD) y señora Soraya Aquino, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados y a la Procuraduría General de la República.
SÉPTIMO: ORDENA, la comunicación, por Secretaría, a la Junta Central Electoral, en su calidad de órgano constitucional que regula el proceso electoral, conforme a los establecido en el artículo 212 de la Constitución.
OCTAVO: DISPONE la publicación de la presente decisión en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0441/19, del 10 de octubre de 2019. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0441-19. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.