Sentencia TC/0037/20
Tribunal Constitucional de la República Dominicana · 10 de febrero de 2020 · Expediente TC-01-2019-0014
Relativo a la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Alianza por el Rescate de Barahona (ARBA) contra los artículos 131 y 132 de la Ley núm. 15-19, del dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019).
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Temas: Derecho a la autodeterminación · Derecho a la libre organización · Derecho al trabajo · Derecho de igualdad
¿Qué estableció el Tribunal en la TC/0037/20?
Para acceder al control concentrado de constitucionalidad se presumen la legitimación activa y el interés legítimo y jurídicamente protegido cuando el Tribunal verifica que la persona física goza de sus derechos de ciudadanía o que la persona jurídica está constituida y registrada conforme a la ley. En este caso, el Tribunal reconoció legitimación a la Alianza por el Rescate de Barahona porque, como agrupación política, resulta directa y jurídicamente afectada por las disposiciones impugnadas (TC/0037/20, numeral 8, i–j, pág. 21; TC/0037/20, numeral 8, k–8.7, pág. 22).
Los partidos y las agrupaciones políticas son comparables para el test de igualdad: tienen los mismos fines constitucionales y legales, y su distinto alcance territorial no constituye una diferencia determinante (TC/0037/20, numeral 9, 9.1.9–9.1.10, pág. 26). El artículo 131 no supera el segundo criterio del test: impedir a las agrupaciones aliarse o coaligarse con partidos limita irrazonablemente el cumplimiento de sus fines y les impide contribuir en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana. Además, considerar como fusión toda alianza entre agrupaciones similares desconoce la voluntad de sus miembros y vulnera la libertad de asociación, autodeterminación y libre organización. Por conexidad, las definiciones de fusión, alianza y coalición deben interpretarse de modo que incluyan a las agrupaciones y movimientos políticos (TC/0037/20, numeral 9, 9.1.12–9.1.13, pág. 28; TC/0037/20, numeral 9, 9.1.14–9.2, pág. 28). En cambio, el artículo 132 no distingue entre partidos y agrupaciones ni prohíbe alianzas: exige un pacto escrito y previamente aprobado por la Junta Central Electoral para sumar votos. La contradicción alegada con el artículo 131 no evidencia una infracción constitucional y queda fuera del ámbito de control de esta acción (TC/0037/20, numeral 9, 9.2.1–d, pág. 29; TC/0037/20, numeral 9, 9.2.3, pág. 31).
Decisión
El Tribunal admite la acción en cuanto a la forma, la acoge en cuanto al artículo 131 de la Ley núm. 15-19 y declara esa disposición no conforme con la Constitución. Por conexidad, dispone que las definiciones de fusión, alianza y coalición contenidas en los numerales 1 al 4 del artículo 2 se interpreten de manera extensiva a las agrupaciones y movimientos políticos; rechaza la acción respecto del artículo 132, lo declara conforme con la Constitución y declara el procedimiento libre de costas.
Citas textuales clave
“Esta presunción, para el caso de las personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la persona goza de sus derechos de ciudadanía.” (TC/0037/20, numeral 8, k–8.7, pág. 22)
“su respectivo alcance nacional y local no es un criterio que constituya una distinción determinante entre ambos sujetos” (TC/0037/20, numeral 9, 9.1.9–9.1.10, pág. 26)
“en la simple lectura de su contenido no se verifica ninguna distinción entre los partidos y agrupaciones políticas ni prohibición de alianza” (TC/0037/20, numeral 9, 9.2.1–d, pág. 29)
Normas interpretadas
Constitución de la República: artículos 2, 6, 7, 39, 47, 185.1 y 216, en particular su numeral 2.
Ley núm. 137-11: artículos 7, numerales 1, 3, 4, 6 y 9, y 37.
Ley núm. 33-18: artículo 3, numerales 1 al 3.
Ley núm. 15-19: artículos 2, numerales 1 al 4, 130, 131 y 132.
Precedentes que cita el Tribunal
TC/0131/14, TC/0345/19, TC/0047/12, TC/0057/18, TC/0031/13, TC/0033/13, TC/0048/13, TC/0599/15, TC/0713/16, TC/0009/17, TC/0234/14, TC/0110/13, TC/0535/15, TC/0184/14, TC/0157/15, TC/0207/15, TC/0148/13, TC/0170/13, TC/0224/17, TC/0172/13 (citada como TC/01725/13 en el cuerpo del texto), TC/0200/13, TC/0280/14, TC/0379/14, TC/0010/15, TC/0334/15, TC/0075/16, TC/0145/16, TC/0195/14, TC/0221/14, TC/0033/12 y TC/0006/14.
Razonamiento del Tribunal, con su ubicación en la sentencia
8. Legitimación activa o calidad de la accionante
8.1. La legitimación activa o calidad ha sido definida por la jurisprudencia constitucional como “la capacidad procesal que le reconoce el Estado a un persona física o jurídica, así como a órganos o agentes del Estado, conforme establezca la Constitución o la ley, para actuar en procedimientos jurisdiccionales como accionantes” (véase la Sentencia TC/0131/14).
8.2. En relación con la legitimación para accionar en inconstitucionalidad, el artículo 185, numeral 1 de la Constitución de la Republica dispone: Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para conocer en única instancia: 1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido […].
8.3. En ese mismo tenor, el artículo 37 de la Ley núm. 137-11 establece: Calidad para Accionar. La acción directa en inconstitucionalidad podrá ser interpuesta, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido.
8.4. En la especie, la parte accionante sustenta su interés legítimo y jurídicamente protegido en su condición de ser una agrupación política legalmente reconocida, cuyos intereses alegadamente resultan afectados por las disposiciones contenidas en los citados artículos 131 y 132 de la Ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral.
8.5. No obstante, es necesario que este órgano colegiado precise lo concerniente a la legitimación de que gozan todas las personas para ser parte con interés legítimo y jurídicamente protegido en la especie que este tribunal conoce.
8.6. Mediante su Sentencia TC/0345/19, 1 este órgano constitucional estableció, como precedente vinculante, el criterio que a continuación se transcribe:
a. Tal y como se advierte de las disposiciones preceptivas esbozadas precedentemente, si bien la Constitución vigente no contempla una acción popular existe la posibilidad de que cualquier persona, con un interés legítimo y jurídicamente protegido, pueda ejercer la acción directa de inconstitucionalidad.
b. Sobre la susodicha legitimación procesal el Tribunal Constitucional ha mantenido la constante de que cuando se trata de 1 Dictada el dieciséis (16) de septiembre de dos mil diecinueve (2019). particulares o cualquier persona, para determinar su calidad e identificar el interés jurídico y legítimamente protegido, debe verificarse un hilo conductor que denote tensiones entre la vigencia o aplicación de la norma atacada y los intereses de quien promueve la acción directa de inconstitucionalidad. Siempre, con la intención de permitirle al pueblo ─como soberano que es─ acceder a este palmario mecanismo de control de la constitucionalidad.
c. De hecho, esta ha sido la postura desarrollada por este Tribunal Constitucional desde su sentencia TC/0047/12, del 3 de octubre de 2012, donde indicamos que una persona tiene interés legítimo y jurídicamente protegido cuando ha demostrado que goza de sus derechos de ciudadanía e invoca que la vigencia de la norma le causa perjuicios 2 ; o, como se indicó en la sentencia TC/0057/18, del 22 de marzo de 2018, que “una persona física o moral tendrá interés legítimo y jurídicamente protegido cuando demuestre que la permanencia en el ordenamiento jurídico de la norma cuestionada le causa un perjuicio y, por el contrario, la declaratoria de inconstitucionalidad le proporciona un beneficio”. 3
d. Han sido varios los matices en los que el Tribunal hasta ahora ha enfocado la acreditación de la legitimación procesal activa o calidad de aquellos que ejercen la acción directa de inconstitucionalidad. Basta, como muestra, recordar que para ejercer un control directo sobre la constitucionalidad de normas de naturaleza electoral morigeramos el criterio ─de que el interés jurídico y legítimamente protegido depende de una afectación directa generada por la validez de la norma al accionante─ considerando el estatus de ciudadanía de la parte accionante y la posibilidad de afectar el derecho a elegir y 2 Sentencia TC/0047/12, del tres (3) de octubre de dos mil doce (2012), p. 5. 3 Sentencia TC/0057/18, del veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018), p. 9. ser elegido ante la vigencia de la norma calificada de inconstitucional (sentencias TC/0031/13 y TC/0033/13, ambas del 15 de marzo de 2013). 4
e. Asimismo, la exigencia del interés legítimo y jurídicamente protegido se ha visto grandemente atenuada, en el sentido de que no se ha exigido un perjuicio directamente experimentado por el accionante a fin de identificar su calidad o legitimación procesal, ante supuestos donde: (i) el objeto de la norma abarca intereses difusos y el promotor de la acción no hace eco de un interés particular o perjuicio directo, sino colectivo (sentencias TC/0048/13, del 9 de abril de 2013; TC/0599/15, del 17 de diciembre de 2015; TC/0713/16, del 23 de diciembre de 2016 y TC/0009/17, del 11 de enero de 2017) 5 ; igual cuando el accionante es la persona encargada de establecer políticas sobre regulación de recursos hidráulicos, como el agua, que comportan un interés difuso (sentencia TC/0234/14, del 25 de septiembre de 2014) 6 ; (ii) El objeto de la norma atacada regula a una asociación que congrega a un conjunto de profesionales de un sector ─alguaciles o contadores públicos─ y el gremio como tal ─a pesar de no ser afectado directamente─ se encuentra facultado para procurar la protección de los intereses de sus miembros (sentencias TC/0110/13, del 4 de julio de 2013 y TC/0535/15, del 1 de diciembre de 2015) 7 ; 4 Sentencias TC/0031/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), pp. 6-7; y TC/0033/13, del quince (15) de marzo de dos mil trece (2013), pp. 7-8. 5 Sentencias TC/0048/13, del nueve (9) de abril de dos mil trece (2013), pp. 8-9; TC/0599/15, del diecisiete (17) de diciembre de dos mil quince (2015), pp. 112-113;
TC/0713/16, del veintitrés (23) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), pp. 17-18; y TC/0009/17, del once (11) de enero de dos mil diecisiete (2017), pp. 9-10. 6 Sentencia TC/0234/14, del veinticinco (25) de septiembre de dos mil catorce (2014), pp. 12-14. 7 Sentencias TC/0110/13, del cuatro (4) de julio de dos mil trece (2013), pp. 7-8; y TC/0535/15, del primero (1 ro ) de diciembre de dos mil quince (2015), pp. 17-18. igual cuando la acción es promovida por una asociación cuyos integrantes son personas jurídicas que en su actividad cotidiana se podrían ver afectadas por la norma impugnada (sentencia TC/0184/14, del 15 de agosto de 2014) 8 ; lo mismo cuando se trata de una asociación sin fines de lucro que tiene por misión el estudio de temas ligados a la soberanía del Estado dominicano (sentencia TC/0157/15, del 3 de julio de 2015) 9 o actúe en representación de la sociedad (sentencia TC/0207/15, del 6 de agosto de 2015) 10 ; (iii)El objeto de la norma atacada imponga obligaciones fiscales sobre una empresa beneficiada con un régimen de tributación especial (sentencia TC/0148/13, del 12 de septiembre de 2013); 11 (iv) El objeto de la norma atacada pueda afectar el derecho a elegir de una persona que goza de la condición de ciudadano y le concierne, como votante, resguardar que su derecho al sufragio activo sea ejercido acorde a los términos constitucionalmente previstos (sentencia TC/0170/13, del 27 de septiembre de 2013) 12 ; y (v) El accionante es una organización política cuya función procura garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos, ya que estas se encuentran situadas entre el Estado y el ciudadano (sentencia TC/0224/17, del 2 de mayo de 2017 13 ;
f. De la misma manera, otra matización realizada por el Tribunal a la cuestión del interés legítimo y jurídicamente protegido, a fin de 8 Sentencia TC/0184/14, del quince (15) de agosto de dos mil catorce (2014), pp. 16-17. 9 Sentencia TC/0157/15, del veintitrés (3) de julio de dos mil quince (2015), pp. 24-25. 10 Sentencia TC/0207/15, del seis (6) de agosto de dos mil quince (2015), pp. 15-16. 11 Sentencia TC/0148/13, del doce (12) de septiembre de dos mil trece (2013), p. 8. 12 Sentencia TC/0170/13, del veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013), pp. 7-8. 13 Sentencia TC/0224/17, del dos (2) de mayo de dos mil diecisiete (2017), pp. 49-51. posibilitar aún más el acceso al control concentrado, es que el precepto normativo impugnado en inconstitucionalidad pueda afectar la esfera jurídica o el ámbito de intereses del accionante (sentencia TC/01725/13, del 27 de septiembre de 2013) 14 . De igual forma, el Tribunal ha reconocido legitimación cuando los efectos de la ejecución de las disposiciones contenidas en la norma o acto atacado pueden alcanzar al accionante (sentencias TC/0200/13, del 7 de noviembre de 2013; TC/0280/14, del 8 de diciembre de 2014; TC/0379/14, del 30 de diciembre de 2014; TC/0010/15, del 20 de febrero de 2015; TC/0334/15, del 8 de octubre de 2015; TC/0075/16, del 4 de abril de 2016 y TC/0145/16, del 29 de abril de 2016) 15 .
g. Otro contexto en donde el Tribunal dilató el apercibimiento de la legitimación procesal activa y la configuración de un interés legítimo y jurídicamente protegido, abriendo aún más el umbral para que cualquier persona accione por la vía directa, es cuando el accionante advierte que se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la ley o acto normativo impugnado (sentencias TC/0195/14, del 27 de agosto de 2014 y TC/0221/14, del 23 de septiembre de 2014) 16 .
h. Todas estas variantes en que ha incurrido el Tribunal Constitucional para retener la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que procura el ejercicio de la acción directa de inconstitucionalidad, a partir de la atemperación de la percepción del 14 Sentencia TC/0172/13, del veintisiete (27) de septiembre de dos mil trece (2013), pp. 10-11. 15 Sentencias TC/0200/13, del siete (7) de noviembre de dos mil trece (2013), pp. 27-28; TC/0280/14, del ocho (8) de diciembre de dos mil catorce (2014), pp. 8-9; TC/0379/14, del treinta (30) de diciembre de dos mil catorce (2014), pp. 14-15; TC/0010/15, del veinte (20) de febrero de dos mil quince (2015), pp. 29-30; TC/0334/15, del ocho (8) de octubre de dos mil quince (2015), pp. 9-10; TC/0075/16, del cuatro (4) de abril de dos mil dieciséis (2016), pp. 14-16 y TC/0145/16, del veintinueve (29) de abril de dos mil dieciséis (2016), pp. 10-11. 16 Sentencias TC/0195/14, del veintisiete (27) de agosto de dos mil catorce (2014), pp. 10-11 y TC/0221/14, del veintitrés (23) de septiembre de dos mil catorce (2014), pp. 12-14. interés jurídico y legítimamente protegido, son muestra de que el ánimo de este colegiado siempre ha sido que el pueblo, encarnado en el ciudadano que goce de sus derechos de ciudadanía y las persona morales constituidas conforme a la ley, tengan la opción de fiscalizar la constitucionalidad de las normas por esta vía, sin mayores complicaciones u obstáculos procesales.
i. En ese sentido, ante la meridiana imprecisión y vaguedad que se desprende del requisito de comprobación de la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que pretenda ejercer la acción directa de inconstitucionalidad, mediante la acreditación de un interés jurídico y legítimamente protegido, es que este Tribunal Constitucional se dispondrá a reorientar, en aras de expandirlo, el enfoque con que se ha manejado la legitimación procesal activa como requisito de acceso al control concentrado de la constitucionalidad. Esto, por aplicación de los principios de accesibilidad, constitucionalidad, efectividad e informalidad previstos en el artículo 7, numerales 1), 3), 4) y 9) de la ley número 137-11, orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales.
j. Por tanto, es imperativo recordar que la acción directa de inconstitucionalidad supone un proceso constitucional instituido para que la ciudadanía, profesando su derecho a participar de la democracia de acuerdo a las previsiones de las cláusulas de soberanía popular y del Estado social y democrático de Derecho preceptuadas en los artículos 2 y 7 de la Constitución dominicana, tenga la oportunidad ─real y efectiva─ de controlar la constitucionalidad de aquellas leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas y actos que contravengan el contenido de nuestra Carta Política; esto, ante este Tribunal Constitucional, a fin de preservar la supremacía constitucional, el orden constitucional y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.
k. En efecto, de ahora en adelante tanto la legitimación procesal activa o calidad de cualquier persona que interponga una acción directa de inconstitucionalidad, como su interés jurídico y legítimamente protegido, se presumirán en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución dominicana. Esta presunción, para el caso de las personas físicas, estará sujeta a que el Tribunal identifique que la persona goza de sus derechos de ciudadanía. En cambio, cuando se trate de personas jurídicas, dicha presunción será válida siempre y cuando el Tribunal pueda verificar que se encuentran constituidas y registradas de conformidad con la ley.
8.7. Precisado todo lo anterior, la parte accionante cuenta con la legitimación requerida para accionar en inconstitucionalidad por vía directa, de conformidad con el referido artículo 185.1 de la Constitución, debido a que, en su condición de agrupación política se ve directa y jurídicamente afectada por las disposiciones contenidas en los citados artículos 131 y 132 de la Ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral.
9. Análisis de la presente acción directa en inconstitucionalidad
Mediante la presente acción, la Alianza por el Rescate de Barahona (ARBA) solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 131 y 132 de la Ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral, los cuales serán analizados por separado en función de los medios invocados.
9.1. En cuanto al artículo 131 de la Ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral
9.1.1. En virtud de lo establecido en el artículo 131 de la Ley núm. 15-19, se prohíbe a las agrupaciones políticas establecer alianza o coalición con los partidos políticos, y en caso de que lo hagan con otra agrupación similar, se consideran fusionadas en una sola para todos los fines de dicha ley.
9.1.2. A criterio de la accionante, dicha disposición vulnera el derecho a la igualdad reconocido en el artículo 39 de la Constitución dominicana, ya que mientras a los Partidos Políticos se les permite establecer alianzas y coaliciones, a las agrupaciones políticas se les prohíbe, lo cual limita la participación popular en los mecanismos de poder y produce un monopolio de ciertos partidos en el quehacer político nacional.
9.1.3. De igual forma, la accionante promueve la violación al derecho a la libertad de asociación consagrado en el artículo 46 de la Constitución dominicana, toda vez que obligar a la fusión, cuando dos agrupaciones políticas practiquen la unidad, es contrario a la voluntad de los agrupados y sus organizaciones, pues si esa hubiese sido la intención, se hubiesen agrupado en una sola agrupación, no en dos o más agrupaciones políticas.
9.1.4. Por su parte, tanto el procurador general de la República como la Cámara de Diputados sostienen el rechazo de los medios señalados, bajo el argumento de que los partidos políticos se diferencian de los movimientos políticos, por las reglas que regulan su formación y por su alcance electoral. Por tanto, el legislador ordinario no incurre en discriminación alguna por establecer tratos distintos en función a su naturaleza. La alianza o coalición solo procede entre agrupaciones de idéntica naturaleza, lo que no pudiere ocurrir entre un partido político y un movimiento político.
9.1.5. Precisado lo anterior, procede someter la referida disposición impugnada al denominado test de igualdad, herramienta argumentativa empleada por este tribunal para verificar si la norma transgrede o no dicho principio. Dicho test implica valorar los siguientes criterios: 1ro. La existencia de casos o supuestos fácticos semejantes; 2do. Que tal diferenciación resulte objetiva, proporcional y razonablemente justificada; y 3ro. Que no implique consecuencias desproporcionadas en cuanto a la finalidad perseguida. 17
9.1.6. Al examinar el primer criterio, la existencia de casos o supuestos fácticos semejantes, es preciso referirse a la naturaleza jurídica de los partidos políticos y las agrupaciones políticas. Estos están contemplados en el artículo 216 de la Constitución dominicana en la siguiente forma: Partidos Políticos. La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son: 1) Garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; 2) Contribuir, en igualdad de condiciones, a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; 17 Véase la Sentencia TC/0033/12, del quince (15) de agosto de dos mil doce (2012). 3) Servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.
9.1.7. Esas organizaciones políticas, en sintonía con lo expresado en la Sentencia TC/0006/14, 18 constituyen, además, un espacio de participación de los ciudadanos en los procesos democráticos donde los integrantes manifiestan su voluntad en la construcción de propósitos comunes, convirtiéndose de esta manera en el mecanismo institucional para acceder mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular y desde allí servir al interés nacional, el bienestar colectivo y el desarrollo de la sociedad.
9.1.8. En ese orden de ideas, los partidos políticos y las agrupaciones políticas están definidos en el artículo 3, numerales 1 al 3 de la Ley núm. 33- 18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, 19 en los siguientes términos: 1) Partidos, agrupaciones, movimientos políticos: Los partidos, agrupaciones y movimientos políticos son asociaciones dotadas de personería jurídica e integradas por ciudadanos con propósitos y funciones de interés público que, de manera voluntaria y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Constitución y las leyes, se organizan con el fin primordial de contribuir al fortalecimiento del régimen democrático constitucional, acceder a 18 Dictada el catorce (14) de enero de dos mil catorce (2014), fundamento 10.2.n. 19 Promulgada el trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018). cargos de elección popular e influir legítimamente en la dirección del Estado en sus diferentes instancias, expresando la voluntad ciudadana, para servir al interés nacional y propiciar el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad. 2) Partidos Políticos: Los partidos políticos son aquellas asociaciones organizadas conforme a la Constitución y las leyes, y su alcance será de carácter nacional, es decir con presencia y representación en todo el territorio nacional; tienen derecho a presentar candidaturas en todos los niveles de elección y en todas las demarcaciones incluyendo las del exterior. 3) Agrupaciones Políticas: Las agrupaciones políticas son de alcance local, cuyo ámbito puede ser de carácter provincial y municipal o del Distrito Nacional. En el caso de las agrupaciones políticas provinciales, estas pueden presentar candidaturas municipales en todos los municipios de la provincia. Las agrupaciones políticas provinciales, además de presentar candidaturas congresuales podrán presentar candidaturas municipales, en todos los municipios de la provincia. Estas agrupaciones políticas tienen los mismos objetivos señalados para los partidos políticos en el numeral 1) de este artículo, en el artículo 10 de esta ley y estarán igualmente sujetas a la Constitución y las leyes.
9.1.9. Con base en las disposiciones precedentemente transcritas, se evidencia que tanto los partidos políticos como las agrupaciones políticas son asociaciones dotadas de personería jurídica e integradas por ciudadanos con propósitos y funciones de interés público; a las cuales la Constitución y la indicada ley núm. 33-18 les atribuyen los mismos fines. En tal virtud, su respectivo alcance nacional y local no es un criterio que constituya una distinción determinante entre ambos sujetos; lo que permite establecer que se encuentra configurado el primer requisito del indicado test de igualdad.
9.1.10. A seguidas procede examinar si el tratamiento diferenciado contenido en la disposición impugnada resulta objetiva, proporcional y razonablemente justificado. En ese sentido, conviene delimitar que el término de alianza o coalición se entiende como la unión temporal de dos o más organizaciones políticas, con el fin de concurrir unidos a la competencia electoral, presentando la misma candidatura en todos o algunos de los niveles de gobierno (nacional, provincial, local) y en todas o algunas de las categorías de cargos a elegir.
9.1.11. La Ley núm. 15-19, en su artículo 2, numerales 1 al 3 presenta los conceptos de alianza, coalición y fusión como modalidades de vinculación de los distintos partidos que deciden unir sus fuerzas y los define de la siguiente forma: 2) Alianza: Acuerdo establecido entre dos o mas partidos para participar conjuntamente en uno o más niveles de elección y en una o mas demarcaciones electorales de acuerdo a lo que establece la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. 3) Coalición: es el conjunto de Partidos políticos que postulan los mismos candidatos y que han establecido en un documento el alcance y contenido de sus acuerdos. Los integrantes de la coalición podrán pactar, aunque no con todos ellos, siempre que tengan en común un partido que los personifique, de acuerdo a lo que establece la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. 4) Fusión: Integración de dos o más partidos con el objeto de constituir uno solo para todos los fines legales y electorales.
9.1.12. A criterio de este tribunal constitucional, esas modalidades de vinculación constituyen instrumentos estratégicos que deben estar habilitados no solo a los partidos, sino también a las agrupaciones políticas para que, dentro de su alcance, los puedan adoptar para enfrentar elecciones de cargo y demás decisiones relativas a las campañas y los comicios. En ese tenor, las alianzas y coaliciones electorales se enfocan en la consecución de maximizar votos, bancas, afiliados y/ o financiamiento y lograr la supervivencia política de las organizaciones, por lo que su prohibición para las agrupaciones políticas limita irrazonablemente la consecución de sus fines, más aun, cuando en el artículo 130 de la Ley núm. 15-19 se contemplan dichas modalidades para las candidaturas de todos niveles (presidencial, senatorial, diputados, municipal, congresionales y municipales en una o varias demarcaciones políticas).
9.1.13. Aunado a la prohibición de alianzas o coaliciones con los partidos políticos impuesta a las agrupaciones políticas, la disposición impugnada también establece una presunción legal que tipifica como fusión toda alianza “con otra agrupación similar”; generando así una distorsión al margen de la voluntad de sus miembros que es incompatible, a todas luces, con la libertad de asociación, autodeterminación y libre organización reconocida no solo a los partidos, sino también a las agrupaciones y movimientos políticos, en el citado artículo 216 de la Carta Magna.
9.1.14. De igual forma, se evidencia que el tratamiento diferenciado contenido en la disposición impugnada impide abiertamente que las agrupaciones políticas cumplan con el mandato constitucional previsto en el numeral 2 del artículo 216 de la Carta Magna, de contribuir, en igualdad de condiciones, 20 a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana, 20 Negritas nuestras. respetando el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular.
9.1.15. Tras verificar que la disposición contenida en el artículo 131 de la Ley núm. 15-19 no supera el segundo criterio del test de igualdad, no procede continuar con el análisis del tercero y último, por lo que se concluye que el citado texto legal es violatorio al derecho a la igualdad, la libertad de asociación, autodeterminación y libre organización de las organizaciones políticas, consagrados en los artículos 39, 47, y 216 de la Constitución de la República; y consecuentemente al principio de la supremacía constitucional, consagrado en su artículo 6 que sanciona con nulidad de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a la Constitución.
9.1.16. Producto de los señalamientos que anteceden, procede acoger las pretensiones formuladas por la parte accionante contra el artículo 131 de la Ley núm. 15-19, a fin de declararlo no conforme con la Constitución dominicana; así como también, por conexidad, disponer una interpretación conforme de los numerales 1 al 4 del artículo 2 de la Ley núm. 15-19 para que, en las definiciones de las modalidades de vinculación, su lectura se haga extensiva a las agrupaciones y movimientos políticos.
9.2. En cuanto al artículo 132 de la Ley núm. 15-19, Orgánica del Régimen Electoral
9.2.1. Sobre los votos obtenidos previo a las alianzas, el artículo 132 de la Ley núm. 15-19 establece: A los partidos y agrupaciones que no hayan hecho pacto de alianza o coalición, no podrán sumárseles los votos para los fines de una elección, aunque hubiesen presentado los mismos candidatos, si no ha existido pacto de alianza escrito y aprobado previo a la celebración de las elecciones por la Junta Central Electoral.
9.2.2. De la lectura de la instancia introductiva de la acción se puede interpretar que la parte accionante invoca las mismas infracciones constitucionales (principio de igualdad y libertad de asociación) que sustenta contra el artículo 131 de dicha ley; sin embargo, cabe aclarar que dichos medios no pueden extenderse al artículo 132, porque en la simple lectura de su contenido no se verifica ninguna distinción entre los partidos y agrupaciones políticas ni prohibición de alianza y, en ese sentido, la accionante invoca una contradicción con la misma ley, tal como se evidencia en los argumentos de la accionante, que se trascriben a continuación:
a) Una lectura del artículo 132 de la Ley 15-19 demuestra que intrínsecamente es contradictorio y que también es contradictorio con el artículo 131 de la misma ley, siendo violatorio de los artículos 39, 47, 216 y 6 de la Constitución de la República.
b) El referido artículo se refiere a los votos obtenidos previo a las alianzas y su sumatorio incluyendo a las agrupaciones.
c) Termina diciendo: “Si no ha existido pacto de alianza escrito y aprobado previo a la celebración de las elecciones por la Junta Central”.
d) Es decir, que por un lado se plantea la posibilidad de alianza y por el otro se niega; en todo caso, no solo por contradictorio, sino también por violatorio a la Constitución debe ser declarado no conforme con la misma.
9.2.3. En función del planteamiento que antecede y al no evidenciarse ninguna violación a la Constitución, este tribunal decide rechazar los cargos promovidos contra el artículo 132 de la Ley núm. 15-19, con respecto al cual solo ha sido claramente sustentada por la accionante, una contradicción con la misma ley en su artículo 131 (que será declarado inconstitucional), cuestión que escapa al ámbito de control de la presente acción. Esta decisión, firmada por los jueces del Tribunal, fue adoptada por la mayoría requerida. No figuran las firmas de los magistrados Milton Ray Guevara, presidente; Alba Luisa Beard Marcos y Ana Isabel Bonilla Hernández, en razón de que no participaron en la deliberación y votación de la presente sentencia por causas previstas en la ley. Figuran incorporados los votos salvados de los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Wilson S. Gómez Ramírez y Katia Miguelina Jiménez Martínez. Por las razones y motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, el Tribunal Constitucional
Dispositivo (texto de lo decidido)
DECIDE:
PRIMERO: DECLARAR buena y válida, en cuanto a la forma, la presente acción directa de inconstitucionalidad interpuesta el dos (2) de mayo de dos mil diecinueve (2019) por la Alianza por el Rescate de Barahona (ARBA), contra los artículos 131 y 132 de la Ley núm. 15-19, del dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019), por haber sido interpuesta de conformidad con las normas que rigen la materia.
SEGUNDO: ACOGER, en cuanto al fondo, la indicada acción directa de inconstitucionalidad, en lo que respecta al artículo 131 de la Ley núm. 15-19, del dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019) y, en consecuencia, DECLARAR no conforme con la Constitución de la República la citada disposición legal.
TERCERO: DECLARAR que las definiciones de fusión, alianza y coalición contenidas en los numerales 1 al 4 del artículo 2 de la Ley núm. 15-19, para que sean conformes a la Constitución en su artículo 216, deben interpretarse de manera extensiva a las agrupaciones y movimientos políticos.
CUARTO: RECHAZAR, en cuanto al fondo, la indicada acción directa de inconstitucionalidad, en lo que respecta al artículo 132 de la Ley núm. 15-19, del dieciocho (18) de febrero de dos mil diecinueve (2019) y, en consecuencia, DECLARAR conforme con la Constitución de la República la citada disposición legal.
QUINTO: DECLARAR el presente procedimiento libre de costas, de conformidad con las disposiciones del artículo 7.6 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, del trece (13) de junio de dos mil once (2011).
SEXTO: ORDENAR que la presente decisión sea notificada, por Secretaría, a la parte accionante, Alianza por el Rescate de Barahona (ARBA); al procurador general de la República, al Senado y la Cámara de Diputados de la República Dominicana, para los fines que correspondan.
SÉPTIMO: DISPONER su publicación en el Boletín del Tribunal Constitucional.
Cómo citar: Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Sentencia TC/0037/20, del 10 de febrero de 2020. Ficha disponible en idecon.org/repositorio/tc/tc-0037-20. La fuente oficial y única con valor jurídico es el texto publicado por el Tribunal Constitucional.